Jueces e ideología.

Una reflexión sobre la posible influencia del origen social de la Judicatura en sus sesgos.

 

El juez Henry Charles Lopes, (Ilustración de Vanity Fair).

El viernes me vi envuelto en una tormenta de Twitter. Todo comenzó a raíz de un tuit de Gaspar Llamazares en el que atribuía al sistema de acceso mediante oposición la “sensibilidad mayoritariamente conservadora” de la Judicatura. Yo le pregunté si había estudios que acreditasen dicho sesgo, y después fue interviniendo cada vez más gente en la conversación, hasta que mis notificaciones empezaron a echar humo.

No es mi intención entrar ahora a analizar quién dijo qué y quién tenía razón en qué. Creo que todo el mundo tenía al menos parte de razón, y que muchas de las discusiones más acaloradas se debieron más a malentendidos que a desacuerdos profundos.

Ahora bien, una de las cosas buenas de ver debatir, sobre todo cuando debaten personas con cosas interesantes que decir, es que te estimula a pensar. Y voy a intentar plasmar aquí adónde ha acabado llevando esa tormenta mis pensamientos:

 

Lo primero: ¿Debe la ideología de los jueces influir en sus resoluciones?

El camino para que la ideología entre en la ley es el Parlamento.

A veces veo a gente que reclama que los jueces hagan una interpretación progresista de la ley. No estoy de acuerdo. Creo que el camino para que la ideología entre en la ley es el Parlamento, que es donde están los representantes elegidos por la ciudadanía. Los jueces no son quienes para reorientar la legislación, ni en sentido progresista, ni en sentido conservador, ni en cualquier otro.

Ahora bien, una cosa es intentar respetar la voluntad del legislador y otra conseguirlo. Los seres humanos tenemos sesgos.

 

¿Cómo pueden entrar los sesgos en las resoluciones?

Hay algún experimento que indica que la fuerza de los sesgos ideológicos es tal que podrían llegar a distorsionar incluso nuestra capacidad para hacer cálculos matemáticos.

Y si eso es ocurre en matemáticas, tanto más puede suceder en derecho, donde siempre queda un espacio para la interpretación. La aplicación de la ley no puede ser simplemente mecánica. Para empezar, es imposible que se haya previsto toda la casuística. Además, a veces las leyes contienen defectos de redacción o se han hecho deliberadamente ambiguas para facilitar los pactos entre fuerzas distintas. En otras palabras, se ha dado un patadón hacia delante y se le ha lanzado el problema a la Judicatura.

 

Pero, si hay margen para la interpretación, ¿qué mecanismos de defensa hay contra la desviación ideológica?

Que haya que motivar las resoluciones y que a lo largo de todo el proceso acaben participando distintos fiscales, jueces y magistrados debería reducir el riesgo de que una resolución se salga de lo razonable. Pero eso, por sí mismo, no evita completamente los sesgos, porque lo razonable a menudo no va a ser una única respuesta, sino un rango de distintas respuestas posibles.

Eso es, hoy por hoy, inevitable. En la aplicación de la ley siempre hay zonas de grises, donde no se pueda afirmar con rotundidad que un tono es mejor que otro.

Pero la cuestión está entonces si, al sumar todas las tonalidades de las decenas de miles de resoluciones, se aprecia que acaba predominando un color concreto.

Si la Judicatura es una representación equilibrada de la pluralidad de nuestra sociedad, eso no debería ocurrir; tendríamos un gris neutro. Ahora bien, si de media están más escorados hacia un lado, por mucho que se esfuercen en ser imparciales, sus sesgos van a entrar en juego y van a desviar la ley, en mayor o menor medida, de lo que era la voluntad del Legislador.

Por eso es lícito preguntarse si los jueces son una muestra representativa de la sociedad. Y una y otra vez se oye la afirmación de que presentan un claro sesgo conservador como consecuencia del sistema de oposiciones, que favorece a quienes vienen de familias pudientes.

¿Es así? ¿Es justa esa acusación? No son preguntas que se presten a una respuesta sencilla, y para afrontarlas voy a descomponer el problema en 3 aspectos:

1- ¿Influye la clase social en las posibilidades de llegar a juez?
2- ¿Hasta qué punto determina la clase social la ideología política?
3-Y ¿hasta qué punto depende la ideología de otros factores?

 

1- ¿Influye la clase social en las posibilidades de llegar a juez?

La respuesta es sí. Es evidente que existe un problema con el ascensor social, no solo en España, pero también en España. No es que esté completamente averiado, pero tampoco funciona todo lo bien que debería. Sigue siendo difícil salir de la clase social en la que se nace.

Sin embargo, cabe señalar que ese no es un problema que afecte en exclusiva a la Judicatura. Un niño que crezca en la pobreza lo tiene más difícil para ser juez, pero también para ser médico, catedrático o arquitecto. Y es cierto que dedicar un tiempo de estudio a preparar una oposición sin el apoyo de una beca añade un plus de dificultad; pero, por otra parte, la oposición en sí misma es un mecanismo bastante más igualitario que algunos de los que existen en el ámbito privado. Muchos profesionales liberales y empresarios heredan despachos, clientelas, contactos y negocios.

Frente a eso se puede argumentar que, puesto que el Judicial es un poder, es más problemático que el acceso a él sea desigual. Ahora bien, lo cierto es que ningún poder, sea el judicial, el legislativo o incluso aquellos que están fuera del Estado, como el poder económico, está distribuido de forma equitativa por toda la sociedad. En los parlamentos están más representados quienes tienen estudios superiores que quienes carecen de ellos; los ricos y clases medias más que los pobres. Y sería ingenuo pensar que, mientras los jueces se ven influidos por sus sesgos de clase, los parlamentarios no tienen puntos ciegos.

La herencia marca la distribución de la riqueza y del poder en todas las esferas.

No nos vamos a caer ahora del guindo si descubrimos que no vivimos en una meritocracia pura, y que aunque la democracia liberal sea un sistema mejor que otros, está lejos de ser perfectamente justo. La herencia marca la distribución de la riqueza y del poder en todas las esferas. Ese es un problema que todavía no hemos resuelto.

 

2- ¿Hasta qué punto determina la clase social la ideología?

Es otra cuestión extremadamente complicada. Si hacemos una distribución de los votantes a lo largo del eje izquierda/derecha, no nos quedan todos los ricos en el extremo derecho, las clases medias en el centro y los pobres en la izquierda. La distribución es mucho más irregular. Hay más simpatizantes de Podemos, por ejemplo, en las clases altas que entre los obreros.

Y en parte esa irregularidad se debe a que ahora mismo la ideología política no encaja en un único eje, el de la tradicional lucha de clases, sino que es multidimensional. Así, por ejemplo, “izquierda” es ahora una etiqueta paraguas bajo la que caben muchas cosas distintas e incluso contradictorias, desde las políticas identitarias hasta ciertos tipos de ecologismo, pasando por el independentismo o algunas formas de antiglobalización. De hecho, unos de los fenómenos llamativos en Cataluña fue ver como Ciudadanos conseguía buenos resultados en el cinturón metropolitano de Barcelona mientras que a la Cup le iba proporcionalmente mejor en los barrios céntricos.

¿Significa eso que no haya correlación entre extracción social e ideología política? No. Es seguro que la hay. Pero lo que sí que significa es que esa correlación es más relativa y compleja de lo que parece a primera vista, y que por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de sacar conclusiones apresuradas.

 

3 -¿Hay más factores relacionados con la ideología que la extracción social?

De nuevo la respuesta es sí. Edad, lugar donde uno ha crecido, lugar donde se vive, religiosidad…  Hay estudios que muestran relaciones entre nuestra ideología y nuestros rasgos psicológicos y genéticos. Y también se puede encontrar una relación entre profesión e ideas políticas que no es atribuible de forma exclusiva al origen social. Y esta relación, efectivamente, muestra que los juristas, así como los médicos, tienden a estar más a la derecha, mientras que, por ejemplo, los profesores de universidad o los ingenieros están más a la izquierda.

Sin embargo, es muy difícil saber hasta qué punto eso se debe a que la ideología previa influye en la elección de una carrera, o es esta y la experiencia profesional la que va moldeando la ideología. Probablemente sea una mezcla de las dos. Y todo eso es difícil de medir y de compensar.

 

Conclusión:

El tema es lo suficientemente complejo como para merecer que se ahonde en él. Y hay muchos más aspectos que se podrían examinar. Sin embargo, si la pregunta es si hay sesgos en los jueces, mi convencimiento es que sí, pero no porque los jueces constituyan una élite de espaldas a la sociedad, sino precisamente porque forman parte de ella y toda la sociedad está impregnada de sesgos; al fin y al cabo, está constituida por humanos.

Eso no significa que debamos aceptarlo sin más. El progreso siempre pasa por la crítica y el cambio, y hay que estar abiertos a modificar los sistemas de oposición, que sin duda serán mejorables,  y a intentar conseguir que el acceso a la Judicatura sea lo más plural posible, así como también a perfeccionar los mecanismos para minimizar el impacto de los sesgos en las resoluciones judiciales.

Ahora bien, dos comentarios:

El problema del acceso a la Judicatura no es sino un episodio de una batalla más grande: la del funcionamiento del ascensor social.

El primero es que, como ya he señalado, el problema del acceso a la Judicatura no es sino un episodio de una batalla más grande: la del funcionamiento del ascensor social. Así pues, si realmente lo que queremos es una sociedad más justa y con un mayor reparto del poder, lo que se necesita es una estrategia mucho más amplia. No se trata de resolver la igualdad de oportunidades para ser fiscal o juez. Hay que avanzar en la igualdad de oportunidades en general.

Y el segundo es que, de la misma forma que es bueno que ejerzamos el sentido crítico para examinar si el sistema de oposiciones es justo y eficaz, también es bueno que usemos ese mismo sentido crítico para preguntarnos por qué se pone tanto el foco sobre los sesgos de los jueces y fiscales, mientras se debaten menos, por ejemplo, los sesgos ideológicos de los profesores de universidad, periodistas y otros colectivos que también contribuyen a dar forma a nuestra sociedad.

No dudo que parte de las críticas no estén motivadas por una preocupación sincera por el funcionamiento de la Justicia. Pero así como los jueces tienen inevitablemente sesgos, quienes los critican también. Y me parece que una buena parte de quienes cuestionan continuamente los valores de la Judicatura (y no me refiero a Gaspar Llamazares) lo que quieren no es una justicia ideológicamente neutra, sino una que comparta sus propios valores.

 

 

 

 

 

 

La sentencia de La Manada: perdidos en las palabras.

El punto de vista de un filólogo sobre algunas de las polémicas.

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La sentencia del llamado caso de La Manada ha sido lo suficientemente polémica como para serlo a varios niveles.  Uno de ellos es el terminológico, con encendidos debates en torno a palabras como “agresión”, “violación” o “intimidación”.

Aunque hace años que mi vida profesional ha tomado otro camino, soy filólogo por formación. En una carrera aprendes muchas cosas, pero hay algunas que son particularmente reveladoras. Para mí una de ellas fue descubrir que el valor de una expresión lingüística es siempre relativo, incluso cuando no lo parece.

Es frecuente ver debates acalorados entre personas que piensan que están discutiendo lo mismo simplemente porque lo llaman igual.

Sin embargo, eso es algo que se olvida a menudo, lo que constituye una fuente inagotable de polémicas estériles. Así, es frecuente ver debates acalorados entre personas que piensan que están discutiendo lo mismo simplemente porque lo llaman igual, cuando en realidad están hablando de cosas distintas. Por decirlo gráficamente, uno habla del Sócrates filósofo mientras el otro habla del Sócrates futbolista y, lógicamente, a ambos les parece que el otro dice disparates.

Creo que en el llamado caso de La Manada ha habido algunas de estas polémicas equívocas, pero, puesto que el debate sobre la dichosa sentencia está tan cargado emocionalmente, antes de referirme a ella voy a dar un pequeño rodeo y usar un ejemplo menos problemático:

Imaginemos que salgo a tomar algo y en un momento de descuido alguien me roba el móvil. Afortunadamente, hay testigos y la policía consigue dar con el delincuente, que confiesa. Así pues, hay denuncia del robo, testigos del robo y confesión del robo. Y, sin embargo, no hay condena por robo. Lo que hay es condena por hurto.

¿Entonces estábamos todos equivocados? ¿No era robo sino hurto?

Pues no, no estábamos equivocados. Como con el famoso gato de Schrödinger, es cierta una cosa y la contraria. En un juzgado y en una sentencia, la palabra que describe de forma apropiada los hechos es “hurto”. Pero si estoy con unos amigos y quiero contarles lo sucedido, lo lógico es llamarlo robo,  porque si lo llamo hurto, lo que conseguiré será quedar como un pedante y distraer a mis interlocutores de la información que estoy intentando transmitir.

En definitiva, no existe la palabra apropiada. El éxito de un acto comunicativo depende de escoger la más adecuada para crear la impresión que deseamos en un contexto concreto. Y las palabras no son más que instrumentos para crear esa impresión.

Vayamos ahora a la famosa sentencia del caso de la manada:

Los términos “intimidación” y “agresión”.

“¿Cómo no te vas a sentir intimidada si te rodean cinco personas?”; “Pues para mí, que alguien te toque sin que tú quieras es siempre una agresión.”; “Si esto no es intimidación, va a haber que cambiar la definición del diccionario de la R.A.E.”.

Todas estas frases son comprensibles, pero cometen el error del que nos alerta la diferencia entre robo y hurto: el de pensar que en un ámbito técnico los términos tienen que significar lo mismo que en el lenguaje corriente.

Además, estas quejas desplazan el foco de atención desde los actos de los acusados hacia los sentimientos de la víctima. No soy experto en Derecho, pero, si no me equivoco, el protagonista de un proceso penal es el presunto delincuente, y por ello los términos hay que entenderlos como una descripción de su conducta más que de los efectos psicológicos que la misma pueda causar en otras personas.

El término “violación”.

El caso del término “violación” es todavía más curioso y complejo. Al parecer, cuando se reformó el Código Penal en 1995, se decidió eliminarlo por considerarlo ligado a la sexualidad reproductiva más que al concepto de libertad sexual. Años más tarde se recuperó, pero de una forma muy restringida. Actualmente no aparece en los artículos que se refieren al delito de abuso sexual, ni siquiera cuando el abuso consiste en una penetración no consentida, sino que solamente lo hace en el artículo 179, que tiene la siguiente redacción: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años “.

Con esto lo que ocurrió es que se produjo otro descuadre bastante peculiar entre el lenguaje corriente y el técnico, porque si para la R.A.E y para el hablante común una violación es cualquier penetración no consentida, para el Código, aparentemente, no.

Todo eso preparó un magnífico escenario para una tormenta, que ha acabado estallando ahora con el caso deLa Manada.

¿Qué es lo que ocurre? ¿Es que la sentencia no reconoce que hubo violación?

Lo que ocurre es que tenemos un nuevo gato de Schrödinger. La sentencia da por acreditado que hubo penetraciones no consentidas y lo tiene en cuenta a la hora de establecer la pena, por lo que se puede decir que se han castigado las violaciones. Ahora bien, no lo hace por el artículo 179, así que también se puede afirmar que no hay reos de violación y, por lo tanto, que no se ha reconocido que hubo violación.

Puesto que podemos afirmar ambas cosas, la opción que elijamos va a depender fundamentalmente del público al que nos dirijamos y del mensaje que queramos transmitir.

Si queremos ser precisos y centrarnos en las particularidades del caso concreto, lo lógico sería apartar a un lado el término “violación” con toda su problemática. Al fin y al cabo, nadie ha discutido nunca que hubo penetraciones. Lo que se discute es si hubo consentimiento y si hubo intimidación; en definitiva, si hubo delito y, de haberlo, si es abuso o agresión sexual. Eso es lo que tienen que dilucidar los profesionales, y a ese debate la palabra “violación” no aporta nada.

El caso de La Manada no es solo un caso judicial sino también el escenario de una batalla ideológica mucho más amplia.

Ahora bien,  el caso de La Manada no es solo un caso judicial sino también el escenario de una batalla ideológica mucho más amplia, y ahí el término “violación” se erige en protagonista.  ¿Quiero transmitir que el sistema funciona o que las violaciones quedan en gran medida impunes? ¿Quiero defender el trabajo del Poder Judicial o quiero hablar de justicia patriarcal? Según busque una cosa u otra, puedo aferrarme a la definición del diccionario de la R.A.E. o a la expresión “reo de violación” del CP.

El lenguaje es un campo lícito para la disputa política y, además, es mejor que esta se lleve a cabo en este tipo de terrenos antes que en las calles. Sin embargo, hay algunos aspectos que me parecen dignos de señalar:

El primero es que estas disputas terminológicas a veces a lo que parecen responder es a un puro afán punitivo, porque ante un delito que se percibe como particularmente repugnante surge la tentación de tirar hacia arriba.  Convendría distinguir pues hasta qué punto lo que se está pidiendo es que los nombres de los delitos y sus interpretaciones reflejen una nueva sensibilidad o hasta qué punto lo que se está pidiendo es, sencilla y llanamente, más años de cárcel para satisfacer a una opinión pública indignada. Y conviene recordar que lo fundamental para que haya justicia no es el nombre del delito sino la proporcionalidad de la pena.

El segundo es que la vía para que una visión política entre en el Derecho debería ser a través del Poder Legislativo y no a través del Poder Judicial. Pero pedirle a los jueces que interpreten  los términos de forme acorde a una “demanda social”, que se expresa fundamentalmente en manifestaciones y artículos de opinión, supone abrirle la puerta a la ideología a un ámbito que debería ser esencialmente técnico. Y eso no es malo o bueno en función de cuál sea esa ideología. Es malo en sí mismo.

Por último,  me gustaría hablar de esa queja tan frecuente de que el lenguaje jurídico está desconectado del de la calle, algo que a veces se interpreta como un síntoma de que los juristas viven de espaldas a la realidad social.

¿Podemos acercar el lenguaje jurídico al común?

Como filólogo, soy favorable a todo proceso que lleve a mejorar la claridad y la accesibilidad de los mensajes, y creo que es algo en lo que se podría y se debería avanzar. Ahora bien, también creo que hay que ser conscientes de qué es posible y a partir de qué punto entramos en el terreno de la fantasía. Y lo cierto es que, aunque hiciésemos ahora un enorme esfuerzo para que hubiese una correspondencia perfecta entre el lenguaje jurídico y el de la calle, en poco tiempo se separarían de nuevo, por la sencilla razón de que se rigen y evolucionan de acuerdo a reglas diferentes.

Las funciones principales de los lenguajes técnicos y científicos son la descriptiva y la prescriptiva, y en ambas es fundamental la precisión, por lo que están dispuestos a cometer muchos sacrificios en su búsqueda. No les importa ser redundantes, no les importa ser monótonos, no les importa ser aburridos. Quieren ser claros.

Los seres humanos no queremos hablar como el prospecto de un medicamento.

En cambio, el lenguaje común tiene, además, otra función fundamental: la expresiva. Los seres humanos no queremos hablar como el prospecto de un medicamento sino que necesitamos que nuestras emociones estén presentes en nuestras interacciones. Para eso usamos el humor, la ironía, metáforas, símiles e hipérboles. Además, empleamos también la lengua  como elemento diferenciador. Las nuevas generaciones quieren distinguirse de las anteriores; unos grupos de otros; unas clases sociales de otras. Nos vestimos con nuestras palabras igual que nos vestimos con la ropa o el corte de pelo. Y por eso el idioma también está sujeto a las modas y a un continuo proceso de cambio. Las lenguas son seres vivos y en continua evolución, y la de la calle no se va a conformar con avanzar a ese ritmo lento y minucioso de los lenguajes técnicos, y los lenguajes técnicos tampoco pueden sacrificar la precisión para correr detrás del de la calle.

¿Cuál es la solución? Pues aceptar la realidad: que la lengua es maravillosamente polifacética y expresiva precisamente porque los términos que usamos no tienen un significado absoluto sino relativo, y que le corresponde a nuestra inteligencia ser capaz de llegar a los conceptos por un lado y a la realidad por el otro sin quedarse atrapada en las palabras.

 

Opinión pública y justicia: Una relación conflictiva.

Sobre por qué insultamos a abogados, jueces y fiscales, pero no a paleontólogos o matemáticos.

¿Es conflictiva la relación entre la opinión pública y la justicia? Veamos:

Jueces enfermos”; “¿está la fiscalía tomada por psicópatas?”; “Si yo fuera familia de esa niña, ese mismo día mato al juez”; “Se me ocurre si el Juez no será un pederasta de mierda”; “Hay leguleyos que lo único que se merecen es una gran patada en los testículos”; y un clásico: “¿Pensaría igual si eso mismo se lo hacen a su hija?”.

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Todo lo anterior son citas extraídas de las secciones de comentarios de medios digitales. Evidentemente, no todos los lectores opinan así, pero, aparte de noticias de juicios, soy muy aficionado a leer noticias sobre paleontología y no recuerdo haber visto nunca un comentario similar sobre un paleontólogo; tampoco sobre un astrofísico o un matemático.

¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué somos más implacables con fiscales, jueces y abogados que con otros profesionales? Voy a explicar algunos de los que creo que son los motivos:

Nuestro sentido de la justicia.

No tenemos un sentido innato de la paleontología ni de la astrofísica. En cambio, antes incluso de hablar, ya tenemos sentido de la justicia, una característica que compartimos con otros primates, lo que sugiere que está escrita en nuestro código. Por eso, todo aquello que percibamos como una injusticia va a provocar en nosotros una reacción emocional.

Eso lo saben bien los autores de ficción, que juegan con nuestros sentimientos: Nos hacen ser testigos de un crimen horrible y durante un tiempo nos mantienen en vilo, hasta que por fin el delincuente acaba muerto o aplastado bajo una pila de pruebas incontestables.

La función del sistema no es satisfacer nuestras necesidades emocionales sino tutelar los derechos de todos.

Ese es el tipo de justicia que realmente nos gusta: rápida e implacable. Desgraciadamente, no es el tipo de justicia que vamos a poder obtener normalmente en el mundo real. Ya no es solo que haya crímenes imposibles de esclarecer ni que el sistema sea lento e imperfecto; es que, además, su función no es satisfacer nuestras necesidades emocionales sino tutelar los derechos de todos, incluyendo los de los delincuentes.

Y eso genera frustración. Es el precio que pagamos por haber renunciado al linchamiento, que sí que era una forma de justicia que atendía básicamente a las emociones.

La estrecha relación entre justicia y política.

La justicia está estrechamente ligada a la política, uno de los temas que más divisiones causa en la sociedad. Tenemos a políticos procesados por la justicia, tenemos a políticos metiendo mano en la justicia y tenemos decisiones políticas que quedan invalidadas porque chocan de bruces con la ley. La cuestión de si jueces y fiscales actúan de forma independiente se convierte entonces en un tema de suma relevancia.

Desgraciadamente, la insistencia de algunos de nuestros partidos en controlar puestos claves del poder judicial arroja una sombra de duda sobre la totalidad del sistema. Además, desde algunas ideologías se promueven eslóganes como “justicia patriarcal”, “justicia franquista”, etc., lo que predispone a sus seguidores a valorar todas y cada una de las decisiones judiciales bajo una luz determinada.

En consecuencia, la justicia se convierte en el campo de batalla de muchas guerras distintas.

Todos sabemos de derecho.

Hay disciplinas que están blindadas contra el amateurismo. Por ejemplo, si yo cojo un texto de física, es fácil que retroceda intimidado al encontrarme algo como esto: “Los dos grados de libertad del campo asociados al muón corresponden a sus dos estados quirales del campo, el muón levógiro y el muón dextrógiro, que están mezclados gracias al campo de Higgs…”.

Pero en derecho, aunque también hay algunos “palabros” (usucapión, censo enfitéutico, etc.) la mayor parte de los tecnicismos no son sino acepciones más restringidas de expresiones de uso común. Por eso, es relativamente fácil pensar que, simplemente con saber leer y un poco de sentido común, uno ya está preparado para ejercer desde el sofá de casa. Ves una noticia, le echas un vistazo a un par de artículos del Código Penal y pim, pam, pum, dictas una sentencia mucho más justa que la de esos magistrados a los que “les han dado el título en una tómbola”. Por eso, tanto periodistas como el público en general nos lanzamos con frecuencia a la pista de patinaje, haciendo molinetes con los brazos y mezclando con alegre inconsciencia querellas con demandas y homicidios con asesinatos.

La libertad de interpretación

Es evidente que los juristas tienen cierto grado de libertad a la hora de interpretar las leyes. Si no, no habría discrepancias. Y, como toda libertad, sin duda a veces se usará mal. Ahora bien, también creo que los legos tendemos a sobrestimarla.

Cuando nosotros leemos un artículo de una ley, tendemos a verlo como una unidad aislada, mientras que los profesionales tienen que considerarlo como una pieza de un sistema.

Así, por ejemplo, cuando nosotros vemos la expresión “agresión sexual” la podemos entender en un sentido muy amplio, abarcando cualquier acto sexual ilícito, mientras que para un profesional tiene un significado mucho más restringido. Y cuando nosotros consultamos un artículo de una ley, tendemos a leerlo como una unidad aislada, mientras que los profesionales tienen que considerarlo como una pieza de un sistema. Por consiguiente, su interpretación queda condicionada por el encaje de ese artículo en toda una serie de ejes, entre los que destaca el de toda la jurisprudencia posterior. En ese sentido, el conocimiento no los hace más libres sino más esclavos.

Y de nuevo esas diferencias son una fuente de frustración. Ante un delito que nos parece particularmente asqueroso, los legos querríamos tirar hacia arriba, desplazándonos hacia los artículos que imponen castigos más duros, un camino por el que los profesionales a veces no nos pueden seguir. Y viceversa; en otras ocasiones nosotros preferiríamos que una conducta quedase sin castigo, mientras que jueces y fiscales tienen que aplicar la ley incluso cuando no están de acuerdo con ella.

Cómo decidimos lo que es verdad.

Vivir es difícil; exige estar tomando continuamente decisiones con información imperfecta. Por eso, la evolución y el aprendizaje nos han dotado de toda una serie de recursos que sacrifican rigor a cambio de agilidad. Así, nos apoyamos en el instinto, la intuición, los juicios por analogía, aprendizajes culturales y esas mezclas de todo lo anterior que son los prejuicios y el sentido común. Y estamos tan acostumbrados a usarlos para tomar decisiones que a menudo los empleamos para alcanzar convicciones. A menudo acabamos estando psicológicamente seguros de cosas de las que, en pura lógica, no podríamos estarlo.

Sin embargo, eso tiene un coste. La historia está llena de catástrofes causadas por el exceso de confianza en nuestras certezas. Por eso, la especialización ha ido unida al desarrollo de métodos más exigentes. Afortunadamente, los ingenieros que desarrollan los aviones en los que volamos ya no se conforman con usar el sentido común o la intuición. De hecho, estos lo que indicarían es que un monstruo de metal de cientos de toneladas no debería poder despegar.

Aficionados y profesionales utilizamos formas distintas para llegar a la verdad y, como consecuencia, a menudo no llegamos a la misma verdad.

Ahora bien, por mucho que en nuestro campo profesional aprendamos a usar métodos rigurosos, cuando nos adentramos en un campo que nos es ajeno nos quedamos sin ellos. Entonces es fácil que volvamos a recurrir a los que nos son naturales. Y la justicia no es una excepción. Por eso, aficionados y profesionales utilizamos formas distintas para llegar a la verdad y, como consecuencia, a menudo no llegamos a la misma verdad.

Así, mientras miles de personas pueden tener la convicción personal de que lo que afirma una presunta víctima es cierto, los jueces pueden estar obligados a considerar que su testimonio no reúne las condiciones necesarias para ser considerado un hecho probado.

Y esa disparidad de criterios es otra enorme fuente de frustración.

Conclusión: ¿Merecen los juristas nuestros insultos?

Nuestros insultos, no; nuestra crítica, sí. En democracia, toda actividad pública debe estar sometida a control. Y, sin duda, estas profesiones tienen su porcentaje de malas decisiones.

Pero si vamos a exigirles a los profesionales que sean objetivos y rigurosos, sería coherente que nosotros aplicásemos los mismos criterios a la hora de evaluar su trabajo. La crítica infundada es solo ruido y hace más mal que bien. Además, si está sesgada ideológicamente, lo que hace es presionar para que la justicia también lo esté.

Y hay otro factor a considerar: La mayoría de las veces basamos nuestras opiniones en la información simplificada que nos transmiten quienes actúan de intermediarios. Por lo tanto, es necesario que seamos también críticos con esa información, porque, si no, es posible que acabemos tomando por despropósito de un juez o fiscal lo que en realidad es un despropósito del intermediario. En otras palabras, tenemos que plantearnos si las manchas que vemos en la fotografía estaban en el original o en la lente de la cámara. Hay periodistas y juristas que hacen una labor de divulgación e información muy buena. Pero también hay veces en que esa información no está a la altura, como denuncia este artículo de Tsevan Rabtan.

Ahora bien, de la calidad de la información que transmiten medios y redes hablaremos ya, si acaso, otro día.