Seis comentarios sobre derecho penal hechos por un lego

Un intento de tomar algo de perspectiva al hablar de delitos sexuales

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Con

1: Nadie niega que todo delito sexual es una forma de violencia

Todo delito sexual es, por definición, una agresión y un acto de violencia. Por eso mismo se castiga, porque causa un daño a la víctima. Ahora bien, para hacer leyes necesitamos términos que permitan distinguir unas conductas de otras, unos delitos de otros. Así pues, en el ámbito jurídico, “violencia” y “agresión” se usan con unos significados más específicos que en su uso común, para señalar unas conductas en las que la violencia o la intimidación se manifiestan de unas formas concretas.
Y hacer ese uso más restringido no es quitarle importancia a otras conductas. Es, sencillamente, diferenciarlas.

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2: Lo fundamental no es cómo llamamos el delito sino cómo lo castigamos

Es perfectamente lícito debatir sobre qué términos son más adecuados para denominar los delitos; cuáles reflejan mejor el sentir de la sociedad; cuáles son más respetuosos con las víctimas; cuáles son más precisos. Pero eso no debería distraernos de lo fundamental: una pena no es más o menos justa en función de cómo se llame el delito, sino de su proporcionalidad con respecto a la gravedad de la conducta.
Así pues, lo más importante no es si en el Código Penal a una penetración no consentida se la llama “violación”, “abuso sexual” o “agresión sexual”. Lo más importante es que la conducta esté tipificada y que haya los instrumentos para distinguir aquellos casos que merecen mayor o menor reproche penal.
Y en España todas las violaciones son delito.

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3: No se le puede poner a todos los delincuentes sexuales la máxima pena

Incluso cuando se trata de delitos que nos repugnan, hay que distinguir entre conductas más o menos graves. Inevitablemente, todas las escalas que se hagan van a tener un elemento de arbitrariedad, y siempre va a surgir la tentación de enzarzarse a discutir dónde marcar las diferencias.
Pero lo que no se puede hacer es empujar y empujar hasta que al final castiguemos igual un tocamiento a un niño dormido que una agresión muy violenta a un niño aterrorizado.

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4: Siempre va a haber pelotas en la línea

Es indudable que hay que intentar mejorar las leyes todo lo que sea posible. Ahora bien, inevitablemente siempre vamos a tropezar con casos dudosos.
Y ante ellos hay dos posturas: mantener el tradicional “in dubio pro reo” o decidir que preferimos condenar incluso sin estar seguros del todo. Pero, si tomamos esa postura, habrá que hacerlo con todos los delitos y asumir las consecuencias.
Porque lo que no se puede hacer es decidir que vamos a considerar algo probado o no en función del asco que nos dé un delito concreto. El progreso en justicia no pasa por darle rienda suelta a nuestra tendencia al linchamiento.

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5: Los jueces no hacen la ley ni pueden cambiarla

Es cierto que los jueces tienen margen para interpretar. Es necesario porque ninguna ley puede prever toda la casuística y la legislación nunca es todo lo clara que debería ser. Pero ese margen no llega hasta el punto de poder leer A donde es evidente que pone B. Los jueces no han sido votados y no es su misión falsificar la voluntad del legislador.
Así pues, si queremos endurecer o suavizar las penas, el camino pasa por el Parlamento y no por presionar a la Judicatura.

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6: No, los periodistas no saben más de derecho que los juristas ni son moralmente superiores

Hay, indudablemente, juristas malos y también periodistas que saben mucho de derecho.  Pero esa moda que se ha extendido entre buena parte de la profesión de dedicarse continuamente a enmendarle la plana a jueces y fiscales es ridícula.
La todología está muy extendida y parece que con Google tenemos la sabiduría infinita al alcance de los dedos. Pero no; unas cuantas consultas por Internet no sustituyen ni la experiencia ni la formación especializada, y los periodistas tampoco son seres rebosantes de moralidad que vienen a salvarnos de los pérfidos leguleyos.
Un ingrediente esencial de la sabiduría es la prudencia y, desgraciadamente, una buena parte del periodismo parece haber decidido arrojar la suya por la ventana. Por una parte, a menudo se deja que la ideología arrolle el rigor. Por otra, en un contexto de precariedad laboral, muchos buscan hacerse con un público, y suele ser más fácil conseguirlo complaciendo prejuicios populares que dando información objetiva.
Sin embargo, ese es un camino muy peligroso y por el que los ciudadanos no deberíamos seguirlos.

(Nota: he de agradecer los comentarios de @ireneaguiar_ y @Seren_juez, que me han hecho intentar matizar mejor algún punto).
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En contra del indulto a Juana Rivas

Hacer justicia no es complacer a la opinión pública

Juaa Rivas
“A Good Beginning”, Udo J. Keppler, 1899

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Sabemos que en España se ha hecho a veces un uso arbitrario del indulto. Y eso es dañino. No tiene ningún sentido que el Poder Legislativo apruebe unas leyes y que el Poder Judicial las aplique, para que al final el Poder Ejecutivo debilite su eficacia por la puerta de atrás.

Sin embargo, aunque critiquemos los excesos, creo que los indultos sí que pueden estar justificados en casos muy concretos, ya sea porque las circunstancias particulares del reo son excepcionales o porque lo son las del delito. Es imposible que quienes redactan las leyes puedan prever todas las situaciones y, por tanto, es inevitable que tarde o temprano nos topemos con un caso desconcertante, en el que la aplicación recta de la ley pueda no acabar de dar una solución satisfactoria.

Un ejemplo famoso e interesante nos los ofrece el naufragio del yate Mignotte en 1884. Sus cuatro tripulantes quedaron a la deriva en un bote, a más de mil kilómetros de la costa más cercana, sin agua y con dos latas de nabos por todo alimento. Durante los primeros días sobrevivieron con los nabos y con una tortuga que consiguieron capturar.

Después pasaron aproximadamente una semana sin comer nada y bebiendo poco más que su propia orina. Para entonces el más joven de ellos, que había ingerido además agua salada, yacía en proa agonizante.  Tras algunas dudas y discusiones, el capitán y otro de los tripulantes decidieron matarlo mientras su sangre aún fuese aprovechable, y los tres supervivientes se alimentaron con él hasta que fueron rescatados cuatro días más tarde.

Cuando regresaron a Inglaterra, el capitán y su primer oficial fueron procesados y condenados a muerte. Sin embargo, a petición del propio tribunal, se les concedió un indulto parcial y su pena quedó finalmente reducida a seis meses de cárcel.

Podemos debatir todo lo que queramos si la condena a muerte fue justa y si el indulto fue justo, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que estamos ante un caso realmente excepcional, no ante el tipo de asesinato en el que puede estar pensando quien redacta una ley..

Y ¿qué ocurre con Juana Rivas?

¿Es el suyo también un caso excepcional? Si nos ceñimos a los hechos, la respuesta es no; de hecho, es un caso prototípico de sustracción parental: un progenitor que reside en el extranjero se trae a su país a sus hijos de vacaciones, y después decide retenerlos de forma ilegal, eludiendo la intervención de los jueces competentes, que son quienes deben garantizar que se respetan los derechos, no solo de los padres, sino también de los menores.

Mucha gente dirá que la excepcionalidad venía dada por la necesidad de proteger a los niños de un padre maltratador. Ahora bien, ese argumento tiene dos problemas para mantenerse en pie. El primero es que hasta ahora no se ha podido acreditar que lo que afirma Rivas de que sus hijos corrían peligro sea cierto. Y el segundo es que es habitual que los progenitores que llevan a cabo sustracciones las justifiquen asegurando que actuaron así para proteger a los menores.

Por lo tanto, volvemos a la casilla de salida: la sustracción llevada a cabo por Juana Rivas es prototípica. Son prototípicos los hechos y prototípica la manera de intentar excusarlos. Y no se puede decir que, en comparación con otros culpables del mismo delito, se haya mostrado particularmente proclive a colaborar con las autoridades. Así pues, si en su caso está justificado el indulto, lo estaría también en el de prácticamente todas las demás sustracciones parentales, con lo cual más nos valdría borrar ese delito del Código Penal.

Ahora bien, sí que hay una dimensión en la que este caso es excepcional: su relevancia mediática. El movimiento feminista decidió hacer bandera del caso Juana Rivas y se movilizó en consecuencia. Hubo manifestaciones, artículos de prensa, entrevistas en televisión. Y ya sea por motivos ideológicos o por simple empatía, hay un porcentaje considerable de personas que se implicaron emocionalmente con su causa y acabaron convencidas de que Rivas decía la verdad. Y en ese sentido, pues, sí que su caso se diferencia de muchos otros que pasan sin pena ni gloria por los juzgados.

Pero eso nos plantea una pregunta: ¿está justificado conceder un indulto a alguien simplemente porque una buena parte de la opinión pública, incluyendo a políticos y periodistas, haya decidido creer su versión?

En mi opinión, la respuesta es no. La justicia, para merecer tal nombre, tiene que mantenerse en el campo delimitado por las pruebas, los razonamientos y las leyes. Y en el momento en que la sacamos de ahí para llevarla al terreno de las creencias populares, las emociones y los sesgos ideológicos, se convierte en otra cosa. Y no creo que sea de recibo que un indulto dependa de lo mucho que uno haya aparecido en la prensa y en la televisión. No me parecería lógico que Juana Rivas se libre de la cárcel por ser famosa, mientras que Juana X cumple su condena por no serlo..

Y sin embargo, dos matices

Cuando se produce una disputa entre una pareja de desconocidos, se pueden adoptar tres posturas. La primera es tomar partido por uno de los implicados y dar por buena su versión contra viento y marea. La segunda es tomar partido por el otro implicado y defenderlo con la misma ferocidad.

Pero la tercera, y a mi parecer la única lógica, es dudar de los dos y atenerse a lo que digan las pruebas. Eso implica renunciar a esa certeza absoluta que proporciona la fe y aceptar que lo que manejamos es solo una aproximación a la verdad, siempre susceptible de ser modificada. No cabe, pues, descartar que con el tiempo afloren nuevos hechos que reivindiquen, al menos en parte, la conducta de Juana Rivas.

Y por otro lado, este artículo está escrito para oponerse a un indulto total, que creo que sería más una cesión al populismo y a la presión de grupos organizados que un acto de justicia. Hay, sin embargo, quienes defienden la concesión de un indulto parcial afirmando que la condena a Juana Rivas es excesiva en comparación con las que se imponen por otros delitos. Esa me parece una línea argumental mucho más lógica y contra la que yo, habida cuenta de mi ignorancia de ese aspecto de la cuestión, no tengo nada que decir.

“Fiat iustitia, et pereat mundus”; hágase justicia y perezca el mundo.

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Juana Rivas y la responsabilidad.

¿Hasta qué punto podemos obviar las consecuencias de nuestros actos?

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Uno de los aspectos más preocupantes del caso Juana Rivas ha sido el de revelar la tremenda confusión que hay en parte de la sociedad española sobre lo que es tener responsabilidades, sean estas a nivel personal, profesional, político o incluso de país. Parece que se estuviera reivindicando un nuevo derecho: el de la irresponsabilidad a discreción.

Sin embargo, las responsabilidades existen. Y negarse a asumirlas no es un heroico acto de lucha reivindicativa, como parecen creer algunos, sino simple y pura incoherencia.

Pero vayamos paso a paso:

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La responsabilidad de Juana Rivas

A estas alturas es difícil distinguir a la Juana Rivas real del personaje o personajes que han ido construyendo los medios, pero en cualquier caso hay un dato indiscutible: cuando decidió irse a vivir en Italia con Francesco Arcuri era una mujer mayor de edad.

Fijar su residencia allí tenía una consecuencia inevitable: la de aceptar la competencia de los tribunales italianos en todo lo referente al derecho de familia, incluyendo cualquier posible disputa por la custodia de sus hijos. ¿Es eso injusto? No, en principio más que injusto parece lógico; ningún tribunal puede estar mejor situado para decidir sobre unos niños que los del lugar donde viven, donde están escolarizados y donde van al pediatra.

Arrepentirse de las decisiones que uno toma es muy humano. Y en algún momento Juana Rivas se arrepintió de haberse ido a vivir en Italia y prefirió quedarse en España. No tenemos la certeza de si lo hizo para escapar de una situación insoportable de maltrato o si simplemente se cansó de estar en tierra extraña y prefirió volver a la propia. Lo que sí sabemos es que decidió saltarse las vías legales para poder quedarse con sus hijos, y que más tarde decidió ignorar las resoluciones tanto de los tribunales italianos como las de los españoles.

En cualquier caso, motivase lo que motivase esa serie de decisiones, lo que está claro es que acabaron yendo contra sus propios intereses. No cabe, pues, calificarlas de responsables.

Para pelear por nuestros derechos hay vías legales e ilegales. Y si optas por las ilegales, es absurdo esperar que los tribunales te den la razón.

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La responsabilidad del entorno de Juana Rivas y del movimiento feminista

Cuando una persona se equivoca, la forma de ayudarla no es animarla a perseverar en el error. Y lo mejor que se podía haber hecho por Juana Rivas hubiese sido convencerla para que obedeciese los mandatos judiciales. A partir de ahí, se le podría haber dado un asesoramiento verdaderamente profesional e incluso prestado apoyo para disputar la custodia de sus hijos ante los tribunales italianos.

Seguramente en su entorno hubo alguna voz sensata, así como también las hubo dentro del movimiento feminista, que, afortunadamente, no es monolítico. Pero esas voces no solo no fueron escuchadas sino que incluso fueron criticadas con dureza, quedando al final tapadas bajo una oleada de irresponsabilidad colectiva.

A Juana Rivas se la animó a jugar la partida a un todo o nada, cuando estaba claro que el resultado probable iba a ser nada o peor que nada.

A Juana Rivas se la paseó por los platós de televisión, convirtiendo su vida y la de sus hijos en materia  para un culebrón. Y se la animó a echarle un pulso al Estado, a jugarse la partida a un todo o nada, cuando estaba claro que el resultado probable iba a ser nada o peor que nada.

Y todo eso se hizo mientras se convertía el caso en un ariete al servicio de una causa ideológica. Lo importante era poder denunciar el machismo, la justicia patriarcal; en definitiva, tener una nueva Rosa Parks, sin preocuparse demasiado de si la persona en cuestión realmente quería interpretar ese papel o solo aspiraba a ganar su pequeña batalla particular.

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El Convenio de la Haya y nuestra responsabilidad como país

Las leyes segregacionistas contra las que luchó Rosa Parks eran evidentemente injustas.

Pero ¿cuáles son  esas normas tan patriarcales a las que se enfrentó Juana Rivas?

Un caso como este es complejo, pero el núcleo fundamental ha sido la aplicación del comúnmente conocido como Convenio de la Haya de 1980. Contra lo que mucha gente parece pensar, la justicia española no ha tomado la decisión de entregarle los niños a “un maltratador”, por la sencilla razón de que no son los tribunales españoles los que han decidido a quién dar la custodia. Lo único que han hecho nuestros jueces es decir que hay que atenerse a lo que decidan los tribunales italianos, que son los competentes.

Los mayores beneficiarios del Convenio de la Haya son precisamente aquellos a quienes el movimiento feminista dice defender: las mujeres y sus hijos.

El Convenio de la Haya es un acuerdo internacional firmado por más de 80 países y que obliga a restituir a los menores a su país de residencia cuando un progenitor se los ha llevado ilegalmente del mismo. Su finalidad es proteger los derechos del otro progenitor, pero, sobre todo, los de los propios niños, garantizando que las disputas por las custodias no se solucionan a las bravas, sin que intervenga un juez que tutele los derechos de los menores. Y puesto que los jueces tienden a otorgarle la custodia a las madres antes que a los padres, cuesta trabajo ver cómo eso puede ser una manifestación del heteropatriarcado.

Es cierto que el Convenio prevé que en el caso de que la devolución ponga en peligro a los menores esta puede suspenderse. Y muchos han argumentado que, puesto que Francesco Arcuri tenía una condena por un delito de lesiones en el ámbito familar y puesto que Juana Rivas lo acusaba de maltratarla, había que suspender la entrega para proteger a los niños.

Ahora bien, la condena de Arcuri es por un único episodio ocurrido en 2009, antes incluso de la concepción del segundo hijo. Y no hay ninguna prueba de que haya vuelto a tener lugar otro incidente ni de que el padre haya maltratado jamás a sus hijos. Por otra parte, si con la palabra de los progenitores que han sustraído a los menores bastase para paralizar las devoluciones, nunca se podría llevar a cabo ninguna.

En este caso concreto podía ser razonable pedirle a los jueces italianos que estuviesen especialmente atentos,  pero no había ningún argumento de peso para negarse a la devolución de los niños. El Convenio de la Haya no es una norma española sino un acuerdo internacional, y es infantil pensar que podemos empezar a decirle a otros países que no nos fiamos de su capacidad para proteger a sus residentes sin que eso acabe teniendo consecuencias.

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La responsabilidad tras la sentencia a Juana Rivas

La sentencia a Juana Rivas ha provocado una nueva oleada de críticas. Parte de ellas están bien argumentadas y son posiblemente justas. Ahora bien, hay dos aspectos que llaman la atención:

En primer lugar, la absoluta falta de autocrítica por parte de aquellos que animaron a Juana Rivas a seguir por un camino equivocado. Mientras que todo vale para intentar desacreditar la sentencia, desde cuestionar la fecha de la misma hasta rebuscar en el pasado del juez, no se ha escuchado prácticamente ningún mea culpa. Los que en su momento decidieron desoír las advertencias de los juristas, ahora que se ha producido la condena solo ven en ella la confirmación de sus teorías: nos domina el patriarcado. Ningún error propio. Todos ajenos.

La inmensa mayoría de las críticas se parten de dar como cierto e indiscutible lo que no deja de ser una versión de parte.

En segundo lugar, es destacable que la inmensa mayoría de las críticas parten de dar como cierto e indiscutible lo que no deja de ser una versión de parte: que Juana Rivas se llevó a sus hijos para ponerlos a salvo.

Así, por ejemplo, Alberto Garzón afirmaba en un tuit: “Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de cárcel por intentar proteger a sus hijos de un maltratador. Una justicia patriarcal profundamente injusta…” y Ana Pardo de Vera, la directora de Público, lanzaba un mensaje muy parecido en otro tuit: “Ésta es la sentencia de la justicia patriarcal contra una mujer que intentó proteger a sus hijos de un maltratador condenado…”. Y los suyos no son las excepciones. Hay literalmente miles de tuits, artículos y declaraciones en el mismo sentido.

Como ya señalé antes, no sabemos realmente los motivos por los que actuó Juana Rivas. Sobre lo que ocurrió en Caloforte hay dos versiones contradictorias y es perfectamente lícito creerse una, creerse la otra o dudar de las dos. Pero lo que no se puede hacer es confundir creer con saber.

Hace tiempo que vemos como buena parte de la sociedad española parece pensar que la justicia debería funcionar en base a creencias y emociones, dejando a un lado los razonamientos y las pruebas. Es un prejuicio popular que a lo largo de la historia levanta con frecuencia la cabeza. Pero lo que es completamente irresponsable es que haya periodistas y cargos políticos que se dediquen a alentarlo. Algunos lo harán por cálculo interesado, otros por puro fanatismo, pero todos juntos están empujando para desplazar a los tribunales desde la aplicación de la ley hacia la satisfacción de los sentimientos populares; es decir, del juicio al prejuicio.

Y de todas las irresponsabilidades en torno a este caso, esa puede que sea la más grave y peligrosa.

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