Opinión pública y justicia: Una relación conflictiva.

Sobre por qué insultamos a abogados, jueces y fiscales, pero no a paleontólogos o matemáticos.

¿Es conflictiva la relación entre la opinión pública y la justicia? Veamos:

Jueces enfermos”; “¿está la fiscalía tomada por psicópatas?”; “Si yo fuera familia de esa niña, ese mismo día mato al juez”; “Se me ocurre si el Juez no será un pederasta de mierda”; “Hay leguleyos que lo único que se merecen es una gran patada en los testículos”; y un clásico: “¿Pensaría igual si eso mismo se lo hacen a su hija?”.

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Todo lo anterior son citas extraídas de las secciones de comentarios de medios digitales. Evidentemente, no todos los lectores opinan así, pero, aparte de noticias de juicios, soy muy aficionado a leer noticias sobre paleontología y no recuerdo haber visto nunca un comentario similar sobre un paleontólogo; tampoco sobre un astrofísico o un matemático.

¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué somos más implacables con fiscales, jueces y abogados que con otros profesionales? Voy a explicar algunos de los que creo que son los motivos:

Nuestro sentido de la justicia.

No tenemos un sentido innato de la paleontología ni de la astrofísica. En cambio, antes incluso de hablar, ya tenemos sentido de la justicia, una característica que compartimos con otros primates, lo que sugiere que está escrita en nuestro código. Por eso, todo aquello que percibamos como una injusticia va a provocar en nosotros una reacción emocional.

Eso lo saben bien los autores de ficción, que juegan con nuestros sentimientos: Nos hacen ser testigos de un crimen horrible y durante un tiempo nos mantienen en vilo, hasta que por fin el delincuente acaba muerto o aplastado bajo una pila de pruebas incontestables.

La función del sistema no es satisfacer nuestras necesidades emocionales sino tutelar los derechos de todos.

Ese es el tipo de justicia que realmente nos gusta: rápida e implacable. Desgraciadamente, no es el tipo de justicia que vamos a poder obtener normalmente en el mundo real. Ya no es solo que haya crímenes imposibles de esclarecer ni que el sistema sea lento e imperfecto; es que, además, su función no es satisfacer nuestras necesidades emocionales sino tutelar los derechos de todos, incluyendo los de los delincuentes.

Y eso genera frustración. Es el precio que pagamos por haber renunciado al linchamiento, que sí que era una forma de justicia que atendía básicamente a las emociones.

La estrecha relación entre justicia y política.

La justicia está estrechamente ligada a la política, uno de los temas que más divisiones causa en la sociedad. Tenemos a políticos procesados por la justicia, tenemos a políticos metiendo mano en la justicia y tenemos decisiones políticas que quedan invalidadas porque chocan de bruces con la ley. La cuestión de si jueces y fiscales actúan de forma independiente se convierte entonces en un tema de suma relevancia.

Desgraciadamente, la insistencia de algunos de nuestros partidos en controlar puestos claves del poder judicial arroja una sombra de duda sobre la totalidad del sistema. Además, desde algunas ideologías se promueven eslóganes como “justicia patriarcal”, “justicia franquista”, etc., lo que predispone a sus seguidores a valorar todas y cada una de las decisiones judiciales bajo una luz determinada.

En consecuencia, la justicia se convierte en el campo de batalla de muchas guerras distintas.

Todos sabemos de derecho.

Hay disciplinas que están blindadas contra el amateurismo. Por ejemplo, si yo cojo un texto de física, es fácil que retroceda intimidado al encontrarme algo como esto: “Los dos grados de libertad del campo asociados al muón corresponden a sus dos estados quirales del campo, el muón levógiro y el muón dextrógiro, que están mezclados gracias al campo de Higgs…”.

Pero en derecho, aunque también hay algunos “palabros” (usucapión, censo enfitéutico, etc.) la mayor parte de los tecnicismos no son sino acepciones más restringidas de expresiones de uso común. Por eso, es relativamente fácil pensar que, simplemente con saber leer y un poco de sentido común, uno ya está preparado para ejercer desde el sofá de casa. Ves una noticia, le echas un vistazo a un par de artículos del Código Penal y pim, pam, pum, dictas una sentencia mucho más justa que la de esos magistrados a los que “les han dado el título en una tómbola”. Por eso, tanto periodistas como el público en general nos lanzamos con frecuencia a la pista de patinaje, haciendo molinetes con los brazos y mezclando con alegre inconsciencia querellas con demandas y homicidios con asesinatos.

La libertad de interpretación

Es evidente que los juristas tienen cierto grado de libertad a la hora de interpretar las leyes. Si no, no habría discrepancias. Y, como toda libertad, sin duda a veces se usará mal. Ahora bien, también creo que los legos tendemos a sobrestimarla.

Cuando nosotros leemos un artículo de una ley, tendemos a verlo como una unidad aislada, mientras que los profesionales tienen que considerarlo como una pieza de un sistema.

Así, por ejemplo, cuando nosotros vemos la expresión “agresión sexual” la podemos entender en un sentido muy amplio, abarcando cualquier acto sexual ilícito, mientras que para un profesional tiene un significado mucho más restringido. Y cuando nosotros consultamos un artículo de una ley, tendemos a leerlo como una unidad aislada, mientras que los profesionales tienen que considerarlo como una pieza de un sistema. Por consiguiente, su interpretación queda condicionada por el encaje de ese artículo en toda una serie de ejes, entre los que destaca el de toda la jurisprudencia posterior. En ese sentido, el conocimiento no los hace más libres sino más esclavos.

Y de nuevo esas diferencias son una fuente de frustración. Ante un delito que nos parece particularmente asqueroso, los legos querríamos tirar hacia arriba, desplazándonos hacia los artículos que imponen castigos más duros, un camino por el que los profesionales a veces no nos pueden seguir. Y viceversa; en otras ocasiones nosotros preferiríamos que una conducta quedase sin castigo, mientras que jueces y fiscales tienen que aplicar la ley incluso cuando no están de acuerdo con ella.

Cómo decidimos lo que es verdad.

Vivir es difícil; exige estar tomando continuamente decisiones con información imperfecta. Por eso, la evolución y el aprendizaje nos han dotado de toda una serie de recursos que sacrifican rigor a cambio de agilidad. Así, nos apoyamos en el instinto, la intuición, los juicios por analogía, aprendizajes culturales y esas mezclas de todo lo anterior que son los prejuicios y el sentido común. Y estamos tan acostumbrados a usarlos para tomar decisiones que a menudo los empleamos para alcanzar convicciones. A menudo acabamos estando psicológicamente seguros de cosas de las que, en pura lógica, no podríamos estarlo.

Sin embargo, eso tiene un coste. La historia está llena de catástrofes causadas por el exceso de confianza en nuestras certezas. Por eso, la especialización ha ido unida al desarrollo de métodos más exigentes. Afortunadamente, los ingenieros que desarrollan los aviones en los que volamos ya no se conforman con usar el sentido común o la intuición. De hecho, estos lo que indicarían es que un monstruo de metal de cientos de toneladas no debería poder despegar.

Aficionados y profesionales utilizamos formas distintas para llegar a la verdad y, como consecuencia, a menudo no llegamos a la misma verdad.

Ahora bien, por mucho que en nuestro campo profesional aprendamos a usar métodos rigurosos, cuando nos adentramos en un campo que nos es ajeno nos quedamos sin ellos. Entonces es fácil que volvamos a recurrir a los que nos son naturales. Y la justicia no es una excepción. Por eso, aficionados y profesionales utilizamos formas distintas para llegar a la verdad y, como consecuencia, a menudo no llegamos a la misma verdad.

Así, mientras miles de personas pueden tener la convicción personal de que lo que afirma una presunta víctima es cierto, los jueces pueden estar obligados a considerar que su testimonio no reúne las condiciones necesarias para ser considerado un hecho probado.

Y esa disparidad de criterios es otra enorme fuente de frustración.

Conclusión: ¿Merecen los juristas nuestros insultos?

Nuestros insultos, no; nuestra crítica, sí. En democracia, toda actividad pública debe estar sometida a control. Y, sin duda, estas profesiones tienen su porcentaje de malas decisiones.

Pero si vamos a exigirles a los profesionales que sean objetivos y rigurosos, sería coherente que nosotros aplicásemos los mismos criterios a la hora de evaluar su trabajo. La crítica infundada es solo ruido y hace más mal que bien. Además, si está sesgada ideológicamente, lo que hace es presionar para que la justicia también lo esté.

Y hay otro factor a considerar: La mayoría de las veces basamos nuestras opiniones en la información simplificada que nos transmiten quienes actúan de intermediarios. Por lo tanto, es necesario que seamos también críticos con esa información, porque, si no, es posible que acabemos tomando por despropósito de un juez o fiscal lo que en realidad es un despropósito del intermediario. En otras palabras, tenemos que plantearnos si las manchas que vemos en la fotografía estaban en el original o en la lente de la cámara. Hay periodistas y juristas que hacen una labor de divulgación e información muy buena. Pero también hay veces en que esa información no está a la altura, como denuncia este artículo de Tsevan Rabtan.

Ahora bien, de la calidad de la información que transmiten medios y redes hablaremos ya, si acaso, otro día.

¿Es justo el derecho a la secesión unilateral?

Olvidemos un momento lo legal y lo político y debatamos lo que es justo.

Hay dos dimensiones que vienen dominando el debate público sobre el tema de Cataluña: la política y la legal. Pero hay una tercera que, en el fragor de la batalla, parece haber quedado prácticamente olvidada: la dimensión moral. Es decir, dejando aparte si es legal o no y los métodos con que se persigue, ¿es justo en sí mismo el derecho a la secesión unilateral?

Lo curioso, además, es que esa falta de debate no se debe a un acuerdo general sino justo a lo contrario, a un desacuerdo absoluto. Y en el origen de ese desacuerdo están dos formas de entender cómo se puede satisfacer el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

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Unos creen que ese derecho se puede satisfacer mediante mecanismos de participación política en los estados existentes, mientras que los otros piensan que hay que reconocer, además, el derecho a la secesión unilateral. Un pueblo, dicen, debe poder decidir su destino sin estar sometido a voluntades ajenas.

A primera vista, el argumento de los secesionistas suena convincente. Al fin y al cabo, a todos nos gusta decidir por nosotros mismos las cuestiones que nos afectan, y por eso la idea arranca con facilidad un eco emotivo. Ahora bien, si la examinamos con atención, presenta varios problemas.

Lo que está en discusión es cuál es el universo electoral válido, cuál es la mayoría que puede arrastrar a una minoría.

El primero es que un pueblo no tiene una única voluntad. Eso es una ficción del lenguaje. Por lo tanto, cuando un colectivo vota, nadie decide por sí mismo sino que la mayoría decide por todos. Que haya minorías que se ven arrastradas en decisiones que no comparten es una consecuencia inevitable de la democracia y su contrato social. Así pues, lo que realmente está en discusión es cuál es el universo electoral válido, cuál es la mayoría que puede arrastrar a una minoría. Y los independentistas entienden que el universo electoral debe ser lo que ellos identifican como su nación.

Sin embargo, la realidad es que no hay ningún criterio objetivo que permita definir con exactitud qué es una nación. Por mucho que se debata sobre historia, lengua y cultura, nada de eso nos va a dar una respuesta definitiva. Al final, los criterios objetivos se tienen que completar con los subjetivos.

Esa falta de precisión no plantea problemas cuando nos vamos a casos extremos, como ocurre con las colonias. Podemos debatir mucho sobre cuántos pueblos habitaban el subcontinente indio en 1947 y si el Reino Unido era una nación o varias, pero tenemos una certeza: los habitantes del subcontinente y los de Reino Unido no constituían un único pueblo. Por eso, la independencia de la India resulta fácil de justificar.

En cambio, en situaciones como la de España en 2017, conseguir respuestas funcionales es mucho más difícil, como podemos ver con algunos ejemplos:

Empecemos por uno personal: Mi hermano y yo nos criamos juntos y hemos vivido casi siempre en la misma provincia. Sin embargo, a estas alturas hablamos lenguas distintas y, si nos forzasen a escoger una nacionalidad, no escogeríamos la misma. ¿Cuál de las dos posturas es más lícita? Puesto que estamos tratando con una identificación que se apoya en lo subjetivo, ambas son igual de lícitas. Por eso, en el momento en que se intenta identificar la nación con el Estado se crea un problema insoluble, porque no hay ninguna fórmula que pueda ser válida para los dos al mismo tiempo. O bien mi hermano tendrá la sensación de que vive en un Estado que abarca mucho más que su nación, o yo tendré la sensación de que la mayor parte de la mía ha quedado fuera.

Segundo ejemplo: Cataluña. Imaginemos que hay una mayoría de catalanes que quiere la independencia. Ahora bien, esa mayoría no va a estar distribuida uniformemente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si en la provincia de Barcelona predominan los que quieren quedarse en España? No estamos hablando de un barrio o una casa; Barcelona, al fin y al cabo, tiene más población que muchos países y unas fronteras bien definidas. ¿Podría Barcelona decidir por sí misma a qué Estado prefiere pertenecer? ¿Y una unidad más pequeña que la provincia?

Es difícil justificar por qué Cataluña tendría que ser indisoluble al tiempo que afirmas que España no. Si bien hay motivos históricos y culturales para defender que Cataluña sea una unidad, también los hay para que lo sea España. De nuevo, se trata del choque de unas subjetividades contra otras.

Es estéril invocar un supuesto derecho moral si no hay unos criterios objetivos para identificar al titular de ese derecho.

En definitiva, es estéril invocar un supuesto derecho moral si no hay unos criterios objetivos para identificar al titular de ese derecho. Desde el momento en que esa identificación va a depender, en última instancia, de los sentimientos, servirá para defender aspiraciones que se contradicen entre sí, sin que podamos afirmar que una es más justa que las demás.

Personalmente, creo que la idea de que parcelando los Estados existentes vamos a conseguir otros hechos a medida de los pueblos es una quimera, y una quimera peligrosa, además. En casos como el de Cataluña no hay nacionalidades nítidamente separadas por ríos y cordilleras, sino que están irremediablemente entremezcladas. Y la democracia no consiste en convertir en un objetivo político que todo el mundo comparta una identidad, sino en construir marcos en los que las personas tengan la libertad de desarrollar sus identidades (nacionales o de cualquier otro tipo) libremente. Y eso no significa renunciar a las raíces culturales. Lo que significa es no convertirlas en una fortaleza en la que encastillarse.

Por otra parte, hay quienes intentan justificar el derecho a la secesión presentándolo, precisamente, como un mecanismo de regeneración democrática. Según ellos, España sería un estado fallido, atrapado por su pasado, y la secesión, un estímulo para salir de ese anquilosamiento. Sin embargo, dejando aparte lo discutible que es esa visión tan negra de nuestro país, ese sería en todo caso un argumento para defender la secesión, pero no la unilateralidad. Toda sociedad contiene minorías con ideas sobre cómo mejorar la democracia. Es más, todos los individuos las tenemos. Pero, precisamente porque vivimos en una democracia, no podemos imponerlas sin contar con la mayoría.

En definitiva, creo que las apelaciones a un supuesto derecho moral a decidir, aunque puedan sonar atractivas, no están bien fundamentadas. Ahora bien, hay más de dos millones de personas en Cataluña que piensan de manera diferente, y cuando tienes un sector tan importante de la población que no se identifica con el Estado, hay un problema de primer orden. Cómo se pueda solucionar ya es otra cuestión, porque una cosa son las disquisiciones teóricas y otra muy diferente las realidades políticas.

(Este texto ha sido modificado a raíz de los comentarios de martisegura, a quien agradezco que me estimulase a seguir pensando)