Sobre el debate del número de denuncias falsas en VG

Y por qué lo que importa no es solo la cantidad

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Es un aforismo conocido el que afirma que la primera víctima de un conflicto es siempre la verdad. E inevitablemente se ha cumplido también en lo que se refiere a la cifra de denuncias falsas por violencia de género, un tema que está en medio de un intenso conflicto ideológico y que por tanto a menudo se trata sin ningún tipo de rigor ni de pudor.

En un extremo están quienes, aferrándose a informes de la Fiscalía que en realidad detallan una cosa relacionada pero distinta, se empeñan en darnos una cifra con decimales e incluso centesimales. En el otro están quienes pretenden que toda denuncia que no acabe en condena se considere falsa. Y por el medio podemos encontrar todo tipo de opiniones, muchas de ellas derivadas de experiencias personales, respetables como testimonios pero inevitablemente parciales.

La verdad es que nadie sabe exactamente cuál es el número de denuncias falsas. Y el ideal sería que, para zanjar el debate, se pudiera hacer un estudio serio, con mentalidad científica, que nos dijera en qué rango es razonable pensar que nos estamos moviendo. Pero creo que en las condiciones actuales va a ser imposible.

En primer lugar, cuando hay una guerra, los menos interesados en internarse en medio del campo de batalla a hacer ciencia son precisamente los más neutrales. Por el contrario, los más beligerantes son quienes están dispuestos a aprovechar toda nueva oportunidad para hacer propaganda.

En segundo lugar, quienes intentasen llevar a cabo ese estudio no iban a poder hacerlo en la tranquila asepsia de un laboratorio, sino que se iban a ver sometidos, visto lo visto, a presiones tremendas.

Y por último, aunque se superasen los obstáculos uno y dos, los resultados, fueran los que fuesen, serían inevitablemente rechazados y desacreditados por aquellos con cuyos prejuicios no concordasen. A estas alturas, las posturas están demasiado cementadas como para que vayan a cambiar simplemente porque la verdad venga a llamar a la puerta.

Hay que resignarse, pues, a que probablemente durante un tiempo esa incógnita x va a seguir siendo un balón de fútbol que patear de a un lado a otro.

Hay que resignarse, pues, a que probablemente durante un tiempo esa incógnita x va a seguir siendo un balón de fútbol que patear de a un lado a otro.

Y no es el propósito de este artículo sumarse a las apuestas. Como todo hijo de vecino, yo también tengo mis intuiciones, pero, puesto que reconozco que no tienen bases muy sólidas, me voy a abstener de compartirlas.

Lo que sí quiero, en cambio, es contradecir a aquellos que afirman que es un tema al que prestamos una atención que no merece. No coincido por una razón: el contexto en el que ese debate se está produciendo.

En condiciones normales, estaría de acuerdo con ellos. Si el número de denuncias falsas fuese reducido o al menos similar al que se da en otros delitos, no estaría justificado prestarle una atención especial.

Pero no estamos en condiciones normales. Ya está aceptado que en los casos de violencia de género el testimonio de la víctima, cuando reúne determinadas condiciones, puede ser suficiente para condenar. Pero hay activistas, partidos, asociaciones y periodistas que están pidiendo ir mucho más allá, como que la mera denuncia de maltrato acarree de forma automática la suspensión de los derechos de visita o custodia del padre (desconozco hasta qué punto las iniciativas legales al respecto están avanzadas), o incluso que se llegue a invertir totalmente la carga de la prueba. Así lo hace, por ejemplo, Lidia Falcón en este artículo.

Y es en ese contexto en el que creo que está justificado recordar la existencia de denuncias falsas, sean muchas o pocas, porque ya no estamos solo ante un debate cuantitativo sino también cualitativo. Uno de los principios básicos de nuestro derecho penal es intentar garantizar que no se castigue a un inocente. Pero si, sabiendo que algunas son falsas, aceptamos que la simple denuncia lleve a consecuencias graves, estaríamos renunciando a ese principio.

Es cierto que siempre ha habido inocentes condenados y que, como me señalaba un amigo tuitero con el que debatí la cuestión, la única forma de estar seguros de que nunca hubiese uno sería no condenar a nadie. Una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica, especialmente al administrar justicia, que siempre implica bajar a la compleja realidad de las relaciones humanas. Pero de nuevo estamos ante una diferencia cualitativa significativa. Todos los sistemas humanos fallan. Pero hay una diferencia entre que fallen porque no conseguimos dejar de cometer errores y que fallen porque estamos dispuestos a aceptar como admisible un porcentaje de errores. Por poner un ejemplo de otro ámbito, no es lo mismo que un avión se estrelle porque no hemos conseguido prever todas las posibilidades, que dejar despegar aviones sabiendo que tienen un fallo de diseño que hará que alguno de ellos caiga.

Así pues, en mi opinión, al hablar de las denuncias falsas no estamos ante un solo debate sino al menos ante dos: porque al de cuántas son se suma el de si estamos dispuestos a renunciar al garantismo de nuestro sistema penal.

El verdadero precio del Estado de derecho es dejar todos los días libres a personas que han cometido delitos.

Y seamos francos: todos sabemos que presumir la inocencia de los acusados siempre ha tenido un coste tremendo. El verdadero precio del Estado de derecho no son los gastos que conlleva tener juzgados; el verdadero precio es dejar todos los días libres a personas que han cometido delitos. Y podríamos, por lo tanto, plantearnos una pequeña rebaja y decidir que estaríamos dispuestos a condenar sin la certeza absoluta de que alguien sea culpable, sino conformándonos con una probabilidad bastante alta. Pero si realmente pensamos así, no habría ningún motivo para aplicar el nuevo principio solo en los casos de violencia de género. Lo coherente sería extenderlo a todo tipo de delitos, o al menos a aquellos que impliquen violencia. Porque lo que sería injustificable es que estuviésemos dispuestos a rebajar las garantías solamente cuando los condenados sean hombres.

Ahora bien, si hubiera que votar, yo votaría en contra de ese cambio. Creo que con los derechos fundamentales pasa lo mismo que con la alta montaña: cuando estás harto, empiezas a ver atajos por todas partes, pero la experiencia demuestra que normalmente acaban llevándote a situaciones mucho peores.

Sin embargo, no creer en los atajos tampoco significa entregarse al fatalismo y pensar que no se puede avanzar más rápido en la lucha contra la violencia de género. Creo que hay otras muchas cosas que sí se pueden hacer sin salirse del camino democrático. Dotar de más medios a quienes la combaten en primera fila me parecería, por ejemplo, un buen comienzo.

Ahora bien, para que lo que se haga sea eficaz, creo que sería bueno que todos aceptásemos al menos dos puntos:

En primer lugar, que la prioridad no debería ser ganar ninguna batalla ideológica, sino proteger a las víctimas.

Las teorías, de tanto usarlas como armas, se acaban endureciendo hasta convertirse en dogmas.

Y en segundo lugar, que tan absurdo es juzgar toda la realidad a partir de nuestro caso concreto, como enrocarse en la torre de marfil de teorías elaboradas lejos del mundanal ruido. Las teorías solo son instrumentos de conocimiento mientras estemos dispuestos a descartarlas si chocan con la realidad. Y el mayor peligro de las batallas ideológicas es que las teorías, de tanto usarlas como armas, se acaban endureciendo hasta convertirse en dogmas. Pero si realmente queremos avanzar, es necesario que estemos dispuestos a renunciar a nuestros prejuicios, por mucho cariño que les hayamos cogido tras largos años de convivencia. Ese es otro de los precios que hay que hay que pagar para vivir en un mundo más justo.

Porque probablemente se combata mejor la violencia diciendo de vez en cuando “me equivoqué” que diciendo siempre “te equivocas”.

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