Cataluña y el desafío a la ley.

Un examen de los argumentos usados para justificar la desobediencia.

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Soy un gran defensor de la ley. Creo que es el esqueleto necesario de la democracia y soy, además, de los que prefieren que la fuerza bruta esté atrapada en normas antes que libre en las manos de nadie.  Es más, en una época en que existen las armas automáticas, las grandes corporaciones y los Big Data, pienso que la necesitamos más que nunca.

Eso no significa que sea ingenuo y la sacralice. Sé que la ley está sesgada, porque es una creación humana. Sé que es imperfecta, por lo mismo. Y sé que puede llegar a ser incluso un instrumento de opresión, por lo que a veces, en casos excepcionales, puede ser lícito desobedecerla. Yo también he oído hablar de Rosa Parks. Pero desconfío mucho de eso que llamo la falacia del caso excepcional: blandir un caso extremo para intentar colar por la puerta de atrás lo que no hemos podido hacer pasar por la de delante. La primera vez que vi hacerlo fue para justificar la tortura.

Lo realmente excepcional admite respuestas excepcionales. Pero lo excepcional hay que atarlo corto, porque si no, corremos el riesgo de deslizarnos por una pendiente muy resbaladiza.

En Cataluña se ha quebrantado la ley. Y, lo que es más llamativo, se ha hecho desde las propias instituciones. Quienes lo justifican afirman que estamos ante una de esas situaciones excepcionales. Para ello recurren básicamente a dos líneas argumentales:

La primera es la de que el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación y que es España, al no reconocérselo, quien está violando la legalidad internacional. Cataluña, así pues, lo único que haría es intentar tomar posesión de lo que ya es suyo.

La segunda es que España no es una auténtica democracia y que, por tanto, sus leyes carecen de legitimidad.

Examinemos esas dos líneas argumentales:

¿Tiene derecho el pueblo catalán a la autodeterminación?

Depende de cómo interpretemos ese término. Si lo consideramos como sinónimo de la libre determinación, la respuesta es que sí, sin duda. Ahora bien, aquí hay una confusión interesada: la de identificar el derecho a la autodeterminación con el derecho a la secesión unilateral, que es algo bien distinto. En este artículo Jaume Saura explica la diferencia.

Las autoridades catalanas disienten y esgrimen informes de algunos juristas que apoyan su postura. Ahora bien, que mi abogado interprete que yo tengo un derecho no me lo da. Si fuera así, no perderíamos ningún pleito. Lo que cuenta es la interpretación que hacen aquellos que están en situación de ejercer de árbitro y nadie con capacidad para ello le reconoce a Cataluña ese supuesto derecho. Por eso mismo la disputa no se está llevando por los cauces legales sino por los ilegales.

Se puede argumentar que, si bien no se tiene un derecho legal, se tiene uno moral. En este artículo ya expliqué por qué creo que tampoco. Ahora bien, reconozco que es solo mi opinión. Sin embargo, las de quienes sostienen lo contrario son también eso, opiniones. Y en el momento en que aceptemos que las creencias subjetivas justifican salirse de la legalidad, nos llevaremos el Estado de derecho por delante.

¿Es España una democracia?

Desde el independentismo se promueve la idea de que no. Y para ello se utilizan una serie de argumentos. Veámoslos:

1: España tiene una serie de deficiencias democráticas graves:

Es cierto. Fallamos en muchas cosas. Ahora bien, hay una diferencia cualitativa entre ser una democracia imperfecta y ser un Estado autoritario. En España se puede defender prácticamente cualquier idea. Es cierto que posiblemente sería bueno reformar el Código Penal para dejar de perseguir ciertas formas de expresión, pero, en todo caso, lo que se persigue es la manera en que se empaqueta el contenido, no el contenido mismo. Se puede criticar ferozmente al Gobierno y a la Monarquía. De hecho, miles de personas lo hacen todos los días.

España es, a pesar de todos los defectos, uno de los países más democráticos y libres del mundo, y así lo atestiguan varios índices de observadores internacionales, como por ejemplo el Democracy Index que elabora la unidad de inteligencia de The Economist. Evidentemente, se pueden discutir los criterios de esas clasificaciones, pero, por mucho que las revisásemos, no parece lógico que España se fuese a desplomar en la lista. Así pues, si no consideramos nuestras leyes lo suficientemente legítimas, cabe preguntarse las leyes de cuántos países nos parecerían dignas de respetarse.

Y  no parece que la hipotética República Catalana pudiese exhibir unas credenciales mucho mejores. No es que allí la corrupción sea una gran desconocida. No es que los independentistas hayan mostrado un gran respeto por la independencia del Poder Judicial o de la prensa. No es que muchas de las actitudes o leyes que ahora se denuncian como autoritarias no hayan contado con el apoyo o el voto de políticos independentistas. Y , por último, es revelador rastrear en qué partidos acabaron militando muchos de los que fueron parte de las élites o incluso ocuparon cargos públicos en Cataluña  durante el franquismo.

Así pues, esa contraposición entre una España autoritaria y corrupta y una República Catalana democrática y ejemplar pertenece más al terreno de la propaganda que al de la verdad.

2: La Constitución Española nació bajo el ruido de los sables y no es democrática.

Lo primero es, al menos en parte, cierto. La transición no fue una época fácil; no solo por el ruido de sables, sino también por el de pistolas y bombas. Ahora bien, las constituciones no se pueden juzgar por las circunstancias en que nacen, porque lo normal es que estas sean turbulentas. Un pueblo que vive en paz y armonía no se levanta una mañana y decide dotarse de una norma suprema por capricho.

Por tanto, los criterios para juzgar una constitución son otros: si ha sido eficaz en su función de resolver problemas, si la ciudadanía está satisfecha con ella y si su articulado es democrático.

Es evidente que España tiene problemas no resueltos. Sin embargo, también es cierto que en los últimos cuarenta años hemos tenido el que probablemente ha sido el mejor periodo de desarrollo, paz y libertad de nuestra historia. ¿Perfecto? Desde luego que no, pero hemos dado un gran paso adelante.

Desde 1978 ha habido 13 elecciones generales y en todas ellas han ganado los partidos que se declaran constitucionalistas.

¿Está la ciudadanía satisfecha con la constitución? Probablemente todos cambiaríamos algo y hay buenos motivos para argumentar que una revisión es necesaria. Ahora bien, desde 1978 ha habido 13 elecciones generales y en todas ellas han ganado los partidos que se declaran constitucionalistas. Seguir hablando, pues, de una norma impuesta está fuera de lugar.

Y por último: ¿es democrático el texto de la constitución? Es razonable afirmar que sí. Será, sin duda, mejorable, pero los valores que recoge y los derechos que defiende son los de una democracia.

Hay, sin embargo, un punto que se discute mucho: el de que consagre el papel de la monarquía. De nuevo esto se esgrime como un argumento para probar que España no es una auténtica democracia. Examinemos ese punto:

La cuestión de la monarquía.

Soy de los que piensan que hay algo absurdo y anacrónico en que la jefatura del Estado sea un cargo hereditario. Ahora bien, hay una diferencia entre que algo sea anacrónico y que sea un obstáculo para la democracia.

De los 19 países que figuran en el Democracy Index como democracias plenas, 10 son monarquías constitucionales.

Si volvemos a echarle un vistazo al Democracy Index, descubrimos una paradoja: a pesar de que en el mundo predominan las repúblicas, de los 19 países que figuran en la lista como democracias plenas, 10 son monarquías constitucionales. Es más, de los 5 estados mejor clasificados, 4 lo son.

Evidentemente, eso no demuestra que para tener democracia sea necesario tener una monarquía. Pero lo que sí que demuestra es que tenerla no es un impedimento, de la misma forma que las pelucas que se usan en los tribunales del Reino Unido, por muy anacrónicas que puedan resultar, no son un obstáculo para la justicia.

Conclusión.

¿Se dan las circunstancias excepcionales para que esté justificado saltarse la legalidad? En mi opinión no. Lo que hay es un gran número de personas tan implicadas con una causa que están dispuestas a relativizar o incluso dejar en suspenso uno de los principios básicos de la democracia: el respeto a la ley y a los procedimientos. Y eso es muy peligroso, además de injusto con el resto de la ciudadanía. Todos tenemos causas en las que creemos y todos desearíamos alguna vez poder tomarnos esa licencia. Pero ni podemos ni debemos.

La ley hay que vigilarla, criticarla y mejorarla. En la medida de lo posible, tiene que ser fruto del consenso y no de la imposición de una mayoría sobre una minoría. La ley puede ser molesta, incómoda y torpe; y a veces sus desajustes hacen que sea incluso injusta. Pero, si de verdad somos demócratas, hay que intentar resolver nuestras discrepancias dentro de ella  y respetarla, porque no es propiedad del Gobierno ni de quienes desempeñan transitoriamente el papel de Poder Legislativo. La ley es patrimonio de todos los ciudadanos, un patrimonio que ha costado mucho construir y que es imprescindible, porque es la segunda barrera de defensa que tenemos contra la barbarie.

La primera es nuestra propia conciencia cívica, que, por desgracia, suele mostrarse demasiado frágil.

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