Opinión pública y justicia: Una relación conflictiva.

Sobre por qué insultamos a abogados, jueces y fiscales, pero no a paleontólogos o matemáticos.

¿Es conflictiva la relación entre la opinión pública y la justicia? Veamos:

Jueces enfermos”; “¿está la fiscalía tomada por psicópatas?”; “Si yo fuera familia de esa niña, ese mismo día mato al juez”; “Se me ocurre si el Juez no será un pederasta de mierda”; “Hay leguleyos que lo único que se merecen es una gran patada en los testículos”; y un clásico: “¿Pensaría igual si eso mismo se lo hacen a su hija?”.

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Todo lo anterior son citas extraídas de las secciones de comentarios de medios digitales. Evidentemente, no todos los lectores opinan así, pero, aparte de noticias de juicios, soy muy aficionado a leer noticias sobre paleontología y no recuerdo haber visto nunca un comentario similar sobre un paleontólogo; tampoco sobre un astrofísico o un matemático.

¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué somos más implacables con fiscales, jueces y abogados que con otros profesionales? Voy a explicar algunos de los que creo que son los motivos:

Nuestro sentido de la justicia.

No tenemos un sentido innato de la paleontología ni de la astrofísica. En cambio, antes incluso de hablar, ya tenemos sentido de la justicia, una característica que compartimos con otros primates, lo que sugiere que está escrita en nuestro código. Por eso, todo aquello que percibamos como una injusticia va a provocar en nosotros una reacción emocional.

Eso lo saben bien los autores de ficción, que juegan con nuestros sentimientos: Nos hacen ser testigos de un crimen horrible y durante un tiempo nos mantienen en vilo, hasta que por fin el delincuente acaba muerto o aplastado bajo una pila de pruebas incontestables.

La función del sistema no es satisfacer nuestras necesidades emocionales sino tutelar los derechos de todos.

Ese es el tipo de justicia que realmente nos gusta: rápida e implacable. Desgraciadamente, no es el tipo de justicia que vamos a poder obtener normalmente en el mundo real. Ya no es solo que haya crímenes imposibles de esclarecer ni que el sistema sea lento e imperfecto; es que, además, su función no es satisfacer nuestras necesidades emocionales sino tutelar los derechos de todos, incluyendo los de los delincuentes.

Y eso genera frustración. Es el precio que pagamos por haber renunciado al linchamiento, que sí que era una forma de justicia que atendía básicamente a las emociones.

La estrecha relación entre justicia y política.

La justicia está estrechamente ligada a la política, uno de los temas que más divisiones causa en la sociedad. Tenemos a políticos procesados por la justicia, tenemos a políticos metiendo mano en la justicia y tenemos decisiones políticas que quedan invalidadas porque chocan de bruces con la ley. La cuestión de si jueces y fiscales actúan de forma independiente se convierte entonces en un tema de suma relevancia.

Desgraciadamente, la insistencia de algunos de nuestros partidos en controlar puestos claves del poder judicial arroja una sombra de duda sobre la totalidad del sistema. Además, desde algunas ideologías se promueven eslóganes como “justicia patriarcal”, “justicia franquista”, etc., lo que predispone a sus seguidores a valorar todas y cada una de las decisiones judiciales bajo una luz determinada.

En consecuencia, la justicia se convierte en el campo de batalla de muchas guerras distintas.

Todos sabemos de derecho.

Hay disciplinas que están blindadas contra el amateurismo. Por ejemplo, si yo cojo un texto de física, es fácil que retroceda intimidado al encontrarme algo como esto: “Los dos grados de libertad del campo asociados al muón corresponden a sus dos estados quirales del campo, el muón levógiro y el muón dextrógiro, que están mezclados gracias al campo de Higgs…”.

Pero en derecho, aunque también hay algunos “palabros” (usucapión, censo enfitéutico, etc.) la mayor parte de los tecnicismos no son sino acepciones más restringidas de expresiones de uso común. Por eso, es relativamente fácil pensar que, simplemente con saber leer y un poco de sentido común, uno ya está preparado para ejercer desde el sofá de casa. Ves una noticia, le echas un vistazo a un par de artículos del Código Penal y pim, pam, pum, dictas una sentencia mucho más justa que la de esos magistrados a los que “les han dado el título en una tómbola”. Por eso, tanto periodistas como el público en general nos lanzamos con frecuencia a la pista de patinaje, haciendo molinetes con los brazos y mezclando con alegre inconsciencia querellas con demandas y homicidios con asesinatos.

La libertad de interpretación

Es evidente que los juristas tienen cierto grado de libertad a la hora de interpretar las leyes. Si no, no habría discrepancias. Y, como toda libertad, sin duda a veces se usará mal. Ahora bien, también creo que los legos tendemos a sobrestimarla.

Cuando nosotros leemos un artículo de una ley, tendemos a verlo como una unidad aislada, mientras que los profesionales tienen que considerarlo como una pieza de un sistema.

Así, por ejemplo, cuando nosotros vemos la expresión “agresión sexual” la podemos entender en un sentido muy amplio, abarcando cualquier acto sexual ilícito, mientras que para un profesional tiene un significado mucho más restringido. Y cuando nosotros consultamos un artículo de una ley, tendemos a leerlo como una unidad aislada, mientras que los profesionales tienen que considerarlo como una pieza de un sistema. Por consiguiente, su interpretación queda condicionada por el encaje de ese artículo en toda una serie de ejes, entre los que destaca el de toda la jurisprudencia posterior. En ese sentido, el conocimiento no los hace más libres sino más esclavos.

Y de nuevo esas diferencias son una fuente de frustración. Ante un delito que nos parece particularmente asqueroso, los legos querríamos tirar hacia arriba, desplazándonos hacia los artículos que imponen castigos más duros, un camino por el que los profesionales a veces no nos pueden seguir. Y viceversa; en otras ocasiones nosotros preferiríamos que una conducta quedase sin castigo, mientras que jueces y fiscales tienen que aplicar la ley incluso cuando no están de acuerdo con ella.

Cómo decidimos lo que es verdad.

Vivir es difícil; exige estar tomando continuamente decisiones con información imperfecta. Por eso, la evolución y el aprendizaje nos han dotado de toda una serie de recursos que sacrifican rigor a cambio de agilidad. Así, nos apoyamos en el instinto, la intuición, los juicios por analogía, aprendizajes culturales y esas mezclas de todo lo anterior que son los prejuicios y el sentido común. Y estamos tan acostumbrados a usarlos para tomar decisiones que a menudo los empleamos para alcanzar convicciones. A menudo acabamos estando psicológicamente seguros de cosas de las que, en pura lógica, no podríamos estarlo.

Sin embargo, eso tiene un coste. La historia está llena de catástrofes causadas por el exceso de confianza en nuestras certezas. Por eso, la especialización ha ido unida al desarrollo de métodos más exigentes. Afortunadamente, los ingenieros que desarrollan los aviones en los que volamos ya no se conforman con usar el sentido común o la intuición. De hecho, estos lo que indicarían es que un monstruo de metal de cientos de toneladas no debería poder despegar.

Aficionados y profesionales utilizamos formas distintas para llegar a la verdad y, como consecuencia, a menudo no llegamos a la misma verdad.

Ahora bien, por mucho que en nuestro campo profesional aprendamos a usar métodos rigurosos, cuando nos adentramos en un campo que nos es ajeno nos quedamos sin ellos. Entonces es fácil que volvamos a recurrir a los que nos son naturales. Y la justicia no es una excepción. Por eso, aficionados y profesionales utilizamos formas distintas para llegar a la verdad y, como consecuencia, a menudo no llegamos a la misma verdad.

Así, mientras miles de personas pueden tener la convicción personal de que lo que afirma una presunta víctima es cierto, los jueces pueden estar obligados a considerar que su testimonio no reúne las condiciones necesarias para ser considerado un hecho probado.

Y esa disparidad de criterios es otra enorme fuente de frustración.

Conclusión: ¿Merecen los juristas nuestros insultos?

Nuestros insultos, no; nuestra crítica, sí. En democracia, toda actividad pública debe estar sometida a control. Y, sin duda, estas profesiones tienen su porcentaje de malas decisiones.

Pero si vamos a exigirles a los profesionales que sean objetivos y rigurosos, sería coherente que nosotros aplicásemos los mismos criterios a la hora de evaluar su trabajo. La crítica infundada es solo ruido y hace más mal que bien. Además, si está sesgada ideológicamente, lo que hace es presionar para que la justicia también lo esté.

Y hay otro factor a considerar: La mayoría de las veces basamos nuestras opiniones en la información simplificada que nos transmiten quienes actúan de intermediarios. Por lo tanto, es necesario que seamos también críticos con esa información, porque, si no, es posible que acabemos tomando por despropósito de un juez o fiscal lo que en realidad es un despropósito del intermediario. En otras palabras, tenemos que plantearnos si las manchas que vemos en la fotografía estaban en el original o en la lente de la cámara. Hay periodistas y juristas que hacen una labor de divulgación e información muy buena. Pero también hay veces en que esa información no está a la altura, como denuncia este artículo de Tsevan Rabtan.

Ahora bien, de la calidad de la información que transmiten medios y redes hablaremos ya, si acaso, otro día.

Un comentario en “Opinión pública y justicia: Una relación conflictiva.”

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