Seis comentarios sobre derecho penal hechos por un lego

Con

1: Nadie niega que todo delito sexual es una forma de violencia

Todo delito sexual es, por definición, una agresión y un acto de violencia. Por eso mismo se castiga, porque causa un daño a la víctima. Ahora bien, para hacer leyes necesitamos términos que permitan distinguir unas conductas de otras, unos delitos de otros. Así pues, en el ámbito jurídico, “violencia” y “agresión” se usan con unos significados más específicos que en su uso común, para señalar unas conductas en las que la violencia o la intimidación se manifiestan de unas formas concretas.
Y hacer ese uso más restringido no es quitarle importancia a otras conductas. Es, sencillamente, diferenciarlas.

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2: Lo fundamental no es cómo llamamos el delito sino cómo lo castigamos

Es perfectamente lícito debatir sobre qué términos son más adecuados para denominar los delitos; cuáles reflejan mejor el sentir de la sociedad; cuáles son más respetuosos con las víctimas; cuáles son más precisos. Pero eso no debería distraernos de lo fundamental: una pena no es más o menos justa en función de cómo se llame el delito, sino de su proporcionalidad con respecto a la gravedad de la conducta.
Así pues, lo más importante no es si en el Código Penal a una penetración no consentida se la llama “violación”, “abuso sexual” o “agresión sexual”. Lo más importante es que la conducta esté tipificada y que haya los instrumentos para distinguir aquellos casos que merecen mayor o menor reproche penal.
Y en España todas las violaciones son delito.

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3: No se le puede poner a todos los delincuentes sexuales la máxima pena

Incluso cuando se trata de delitos que nos repugnan, hay que distinguir entre conductas más o menos graves. Inevitablemente, todas las escalas que se hagan van a tener un elemento de arbitrariedad, y siempre va a surgir la tentación de enzarzarse a discutir dónde marcar las diferencias.
Pero lo que no se puede hacer es empujar y empujar hasta que al final castiguemos igual un tocamiento a un niño dormido que una agresión muy violenta a un niño aterrorizado.

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4: Siempre va a haber pelotas en la línea

Es indudable que hay que intentar mejorar las leyes todo lo que sea posible. Ahora bien, inevitablemente siempre vamos a tropezar con casos dudosos.
Y ante ellos hay dos posturas: mantener el tradicional “in dubio pro reo” o decidir que preferimos condenar incluso sin estar seguros del todo. Pero, si tomamos esa postura, habrá que hacerlo con todos los delitos y asumir las consecuencias.
Porque lo que no se puede hacer es decidir que vamos a considerar algo probado o no en función del asco que nos dé un delito concreto. El progreso en justicia no pasa por darle rienda suelta a nuestra tendencia al linchamiento.

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5: Los jueces no hacen la ley ni pueden cambiarla

Es cierto que los jueces tienen margen para interpretar. Es necesario porque ninguna ley puede prever toda la casuística y la legislación nunca es todo lo clara que debería ser. Pero ese margen no llega hasta el punto de poder leer A donde es evidente que pone B. Los jueces no han sido votados y no es su misión falsificar la voluntad del legislador.
Así pues, si queremos endurecer o suavizar las penas, el camino pasa por el Parlamento y no por presionar a la Judicatura.

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6: No, los periodistas no saben más de derecho que los juristas ni son moralmente superiores

Hay, indudablemente, juristas malos y también periodistas que saben mucho de derecho.  Pero esa moda que se ha extendido entre buena parte de la profesión de dedicarse continuamente a enmendarle la plana a jueces y fiscales es ridícula.
La todología está muy extendida y parece que con Google tenemos la sabiduría infinita al alcance de los dedos. Pero no; unas cuantas consultas por Internet no sustituyen ni la experiencia ni la formación especializada, y los periodistas tampoco son seres rebosantes de moralidad que vienen a salvarnos de los pérfidos leguleyos.
Un ingrediente esencial de la sabiduría es la prudencia y, desgraciadamente, una buena parte del periodismo parece haber decidido arrojar la suya por la ventana. Por una parte, a menudo se deja que la ideología arrolle el rigor. Por otra, en un contexto de precariedad laboral, muchos buscan hacerse con un público, y suele ser más fácil conseguirlo complaciendo prejuicios populares que dando información objetiva.
Sin embargo, ese es un camino muy peligroso y por el que los ciudadanos no deberíamos seguirlos.

(Nota: he de agradecer los comentarios de @ireneaguiar_ y @Seren_juez, que me han hecho intentar matizar mejor algún punto).
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Contra el insulto en política

“The Fencing Lesson” (fragmento), Johann Gottfried (1764-1850)

Hace muchos años trabajé en un centro de enseñanza público y el ambiente entre los profesores no era especialmente bueno. Algunas de las reuniones a las que asistí fueron penosas, con gritos, acusaciones e incluso algún insulto. Había enemistades irreconciliables, camarillas, odios.

Pero, mientras estuve allí, me las apañé para tener una relación correcta con todo el mundo. El método que usé era sencillo: mantenerme siempre dentro de los límites de la cortesía elemental. No lo hice porque todos mis compañeros me gustasen (de hecho, a algunos no los tragaba), y quiero pensar que tampoco lo hice por hipocresía, o al menos no del todo. Había dos motivos más racionales que me animaban a comportarme así.

El primero es que creo que el respeto debe ser el modo por defecto para cualquier relación humana, y que hay que tener motivos realmente excepcionales para salirse de él.

Pero ese no era el más importante en aquel caso. Para mí el fundamental era que los que allí nos reuníamos no estábamos en nuestro tiempo libre sino trabajando, y que nuestros clientes, los alumnos, tenían derecho a que, por mucho que nos detestásemos, intentásemos comportarnos como un equipo. Nuestra obligación era dedicar el tiempo de las reuniones a tratar de mejorar el funcionamiento del centro, no a saldar rencillas personales. Por eso, para mí, renunciar a la cortesía no era solo una falta de respeto a los compañeros; era, sobre todo, una falta de respeto absoluta a nuestros estudiantes.

A menudo se nos olvida, pero el insulto no hace daño solo a la persona a quien va dirigido; al degradar el nivel de un debate, perjudica a todos los que participan en él y a todos los que se pueden beneficiar de él.

Afortunadamente, hace tiempo que dejé aquel centro y ahora el ambiente en mis reuniones de trabajo es mucho mejor. Sin embargo, veo modos incluso peores en el debate público, y no solo en tuiteros de a pie, sino también en políticos profesionales. Así, he visto a Amparo Rubiales llamar gilipollas a Albert Rivera y a Pablo Casado, a Pablo Casado llamar cobarde a Pedro Sánchez, a José Zaragoza llamar “gañán brutal” a Santiago Abascal, a Santiago Abascal llamar “Pablo Mezquitas” a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero llamar tonto a Rivera, a Juan Carlos Girauta llamar indecente y traidor a un senador socialista, etc., etc., etc. Cualquier discrepancia política se traduce con una facilidad pasmosa en insultos o en descalificaciones morales, con un continuo “ellos son los malos y nosotros los buenos”.

No se puede decir que sea algo completamente novedoso, pero sí que va en aumento. Nos estamos polarizando y, al hacerlo, estamos renunciando a considerar la sociedad como una comunidad política para verla cada vez más como un simple agregado de tribus.

De hecho, si ahora los políticos insultan más, es sencillamente porque los ciudadanos lo recompensamos. Se le da a la tribu lo que la tribu pide. Y hay mucha gente que celebra cada insulto; quizá porque es una señal de compromiso con una comunidad más pequeña y exclusiva, que se define por la adhesión incondicional a una moral, una ideología o un partido. Se levantan empalizadas y a los que quedan fuera se los trata de bárbaros.

No es un modelo que me atraiga. Yo no quiero ser miembro de una tribu ideológica o moral, sino ciudadano de una sociedad que acepta el valor de la pluralidad. No veo en ella una amenaza sino una fuente de riqueza. De hecho, lo que realmente me daría miedo es que todos pensásemos igual.

Y por eso, cada vez que un político insulta, sea quien sea y se dirija a quien se dirija, siento que me está fallando y que está promoviendo unos valores que no son los míos.
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En contra del indulto a Juana Rivas

“A Good Beginning”, Udo J. Keppler, 1899

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Sabemos que en España se ha hecho a veces un uso arbitrario del indulto. Y eso es dañino. No tiene ningún sentido que el Poder Legislativo apruebe unas leyes y que el Poder Judicial las aplique, para que al final el Poder Ejecutivo debilite su eficacia por la puerta de atrás.

Sin embargo, aunque critiquemos los excesos, creo que los indultos sí que pueden estar justificados en casos muy concretos, ya sea porque las circunstancias particulares del reo son excepcionales o porque lo son las del delito. Es imposible que quienes redactan las leyes puedan prever todas las situaciones y, por tanto, es inevitable que tarde o temprano nos topemos con un caso desconcertante, en el que la aplicación recta de la ley pueda no acabar de dar una solución satisfactoria.

Un ejemplo famoso e interesante nos los ofrece el naufragio del yate Mignotte en 1884. Sus cuatro tripulantes quedaron a la deriva en un bote, a más de mil kilómetros de la costa más cercana, sin agua y con dos latas de nabos por todo alimento. Durante los primeros días sobrevivieron con los nabos y con una tortuga que consiguieron capturar.

Después pasaron aproximadamente una semana sin comer nada y bebiendo poco más que su propia orina. Para entonces el más joven de ellos, que había ingerido además agua salada, yacía en proa agonizante.  Tras algunas dudas y discusiones, el capitán y otro de los tripulantes decidieron matarlo mientras su sangre aún fuese aprovechable, y los tres supervivientes se alimentaron con él hasta que fueron rescatados cuatro días más tarde.

Cuando regresaron a Inglaterra, el capitán y su primer oficial fueron procesados y condenados a muerte. Sin embargo, a petición del propio tribunal, se les concedió un indulto parcial y su pena quedó finalmente reducida a seis meses de cárcel.

Podemos debatir todo lo que queramos si la condena a muerte fue justa y si el indulto fue justo, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que estamos ante un caso realmente excepcional, no ante el tipo de asesinato en el que puede estar pensando quien redacta una ley..

Y ¿qué ocurre con Juana Rivas?

¿Es el suyo también un caso excepcional? Si nos ceñimos a los hechos, la respuesta es no; de hecho, es un caso prototípico de sustracción parental: un progenitor que reside en el extranjero se trae a su país a sus hijos de vacaciones, y después decide retenerlos de forma ilegal, eludiendo la intervención de los jueces competentes, que son quienes deben garantizar que se respetan los derechos, no solo de los padres, sino también de los menores.

Mucha gente dirá que la excepcionalidad venía dada por la necesidad de proteger a los niños de un padre maltratador. Ahora bien, ese argumento tiene dos problemas para mantenerse en pie. El primero es que hasta ahora no se ha podido acreditar que lo que afirma Rivas de que sus hijos corrían peligro sea cierto. Y el segundo es que es habitual que los progenitores que llevan a cabo sustracciones las justifiquen asegurando que actuaron así para proteger a los menores.

Por lo tanto, volvemos a la casilla de salida: la sustracción llevada a cabo por Juana Rivas es prototípica. Son prototípicos los hechos y prototípica la manera de intentar excusarlos. Y no se puede decir que, en comparación con otros culpables del mismo delito, se haya mostrado particularmente proclive a colaborar con las autoridades. Así pues, si en su caso está justificado el indulto, lo estaría también en el de prácticamente todas las demás sustracciones parentales, con lo cual más nos valdría borrar ese delito del Código Penal.

Ahora bien, sí que hay una dimensión en la que este caso es excepcional: su relevancia mediática. El movimiento feminista decidió hacer bandera del caso Juana Rivas y se movilizó en consecuencia. Hubo manifestaciones, artículos de prensa, entrevistas en televisión. Y ya sea por motivos ideológicos o por simple empatía, hay un porcentaje considerable de personas que se implicaron emocionalmente con su causa y acabaron convencidas de que Rivas decía la verdad. Y en ese sentido, pues, sí que su caso se diferencia de muchos otros que pasan sin pena ni gloria por los juzgados.

Pero eso nos plantea una pregunta: ¿está justificado conceder un indulto a alguien simplemente porque una buena parte de la opinión pública, incluyendo a políticos y periodistas, haya decidido creer su versión?

En mi opinión, la respuesta es no. La justicia, para merecer tal nombre, tiene que mantenerse en el campo delimitado por las pruebas, los razonamientos y las leyes. Y en el momento en que la sacamos de ahí para llevarla al terreno de las creencias populares, las emociones y los sesgos ideológicos, se convierte en otra cosa. Y no creo que sea de recibo que un indulto dependa de lo mucho que uno haya aparecido en la prensa y en la televisión. No me parecería lógico que Juana Rivas se libre de la cárcel por ser famosa, mientras que Juana X cumple su condena por no serlo..

Y sin embargo, dos matices

Cuando se produce una disputa entre una pareja de desconocidos, se pueden adoptar tres posturas. La primera es tomar partido por uno de los implicados y dar por buena su versión contra viento y marea. La segunda es tomar partido por el otro implicado y defenderlo con la misma ferocidad.

Pero la tercera, y a mi parecer la única lógica, es dudar de los dos y atenerse a lo que digan las pruebas. Eso implica renunciar a esa certeza absoluta que proporciona la fe y aceptar que lo que manejamos es solo una aproximación a la verdad, siempre susceptible de ser modificada. No cabe, pues, descartar que con el tiempo afloren nuevos hechos que reivindiquen, al menos en parte, la conducta de Juana Rivas.

Y por otro lado, este artículo está escrito para oponerse a un indulto total, que creo que sería más una cesión al populismo y a la presión de grupos organizados que un acto de justicia. Hay, sin embargo, quienes defienden la concesión de un indulto parcial afirmando que la condena a Juana Rivas es excesiva en comparación con las que se imponen por otros delitos. Esa me parece una línea argumental mucho más lógica y contra la que yo, habida cuenta de mi ignorancia de ese aspecto de la cuestión, no tengo nada que decir.

“Fiat iustitia, et pereat mundus”; hágase justicia y perezca el mundo.

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De la ideología a la religión política

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¿Qué es una ideología política? No es, o al menos no debería ser, un bloque monolítico que hay que aceptar o rechazar en su totalidad. Las ideologías son sistemas complejos y abiertos de ideas, que incluyen valores, diagnósticos de la realidad y estrategias para modificar esa realidad.

El ideal sería que esos diagnósticos y estrategias se pudieran elaborar manejando información perfecta, pero los ideólogos se enfrentan al mismo problema que todo aquel que quiere actuar sobre el mundo: la historia no espera por nadie, no se detiene para que podamos hacer un análisis exhaustivo y tener certezas absolutas.

Por eso, al igual que les pasa a los estrategas militares o a los directores de empresas, quienes desarrollan las ideologías se apoyan en lo que saben, pero acaban rellenando los huecos con intuiciones y conjeturas. En definitiva, hacen apuestas.

Hasta ahí todo correcto. Vivir es tomar decisiones asumiendo que uno puede equivocarse. El problema surge cuando hay quienes, de tanto defenderla, se enamoran de su ideología, pierden la perspectiva y acaban pensando que la suya es un conjunto de verdades absolutas.

Convierten entonces lo que era un sistema abierto y flexible de ideas en uno cerrado de dogmas, pasan de debatir a sermonear, y empiezan a etiquetar de hereje a todo aquel que se atreva a discrepar. En definitiva, han dado el salto de la ideología a la religión política; una que suele carecer de dioses, pero que en cambio sí tiene su paraíso prometido, sus sumos sacerdotes y sus pecadores. Porque dudar, la base del progreso en ciencia, en la religión es pecado.

Siempre hay quien piensa que esa transformación no viene mal. Al fin y al cabo, tener una masa de fieles enfervorizados muscula el movimiento y lo dota de un ariete capaz de derribar puertas que serían mucho más difíciles de abrir mediante la persuasión. Con una tropa combativa, es más fácil imponer políticas, vencer resistencias, ganar impulso.

Pero, en mi opinión, quien piensa así confunde los medios con los fines, porque cree que el bien es el triunfo absoluto de su ideología, cuando el bien es, en realidad, el triunfo de la justicia, y esta, a su vez, depende del triunfo de la verdad. Y las ideologías, como las hipótesis científicas, no son más que instrumentos para buscarla. Por eso hay que confrontarlas, empujarlas a debatir unas con otras, hacer aflorar sus errores para que evolucionen, e incluso dejarlas hibridar para dar lugar a otras nuevas.

Y en ese proceso, cualquier ideología que se haya convertido en una religión funciona más como un muro que como un ariete. Porque no hay nada que frene más el progreso hacia la verdad que estar convencidos de que ya la tenemos.

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Por qué me di de baja de Amnistía Internacional

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No recuerdo exactamente cuándo me hice socio de Amnistía Internacional, aunque sé que en el año 90 ya lo era. Lo que sí recuerdo perfectamente es por qué me afilié. La decisión se apoyó en dos pilares fundamentales.

El primero era la defensa de los derechos humanos, una causa con la que siempre me he sentido comprometido.

El segundo era el rigor. AI me parecía una organización seria, que hacía todo lo posible para impedir que los sesgos ideológicos contaminasen sus informes. Para mí eso era importante por dos motivos. En primer lugar, porque creo que la fuerza de una organización de derechos humanos reside en su fuerza moral. El segundo era que me invitaban a participar en campañas sobre sucesos ocurridos en países de los que yo sabía poco y nada, y necesitaba poder fiarme de la información que me proporcionaban. Mi relación con la organización era, pues, una basada en la confianza.

Esa confianza se mantuvo durante tres décadas, pero empezó a quebrarse hace año y medio. Y a partir de ahí, quizá porque empecé a estar más atento a las señales, el proceso de derrumbe fue relativamente rápido.

Un día, hojeando un periódico en casa de mi madre, vi un anunció a toda página de AI. En él aparecía la afirmación siguiente: “La violencia en el hogar provoca más muertes que el cáncer”.

Ese dato me chocó por increíble. Y bastó una pequeña búsqueda en Internet para comprobar no solo que era falso, sino que lo era por mucho. No recuerdo dónde lo consulté en su momento, pero según este artículo, una de cuyas fuentes es precisamente AI, en 2016 hubo 390.794 homicidios, incluyendo todos los acaecidos fuera del hogar. Por su parte, el cáncer mató a casi 9 millones de personas.

Lo peor, sin embargo, fue lo que ocurrió cuando me puse en contacto con la organización para señalar el error.

Al principio, la persona que me atendió no sabía de qué campaña le estaba hablando. Según parece, los periódicos, cuando tienen páginas para publicidad que no se cubren, las rellenan recuperando antiguos anuncios de ONGs. Y en este caso el anuncio era de varios años antes.

Hasta ahí todo correcto. Lo malo es que después esa persona justificó que se hubiera hecho una afirmación tan poco rigurosa diciendo que, al fin y al cabo, se trataba de una pieza en la que se hacía uso de “lenguaje publicitario”, por lo que era lícito prescindir de algunos “pormenores del dato”, y que en realidad AI se refería a que la violencia de género causaba más muertes de mujeres que el cáncer en la franja de edad entre los 15 y los 44 años.

No creo que una organización que defiende los derechos humanos pueda avanzar su causa a costa de relativizar la gravedad del cáncer

Incluso aunque yo no sabía que eso también era falso¹, la argumentación no me convenció en absoluto.  En este caso, prescindir de algunos pormenores del dato suponía presentar como mayor una cifra que era, en realidad, muchas veces inferior a otra. Y no creo que una organización que defiende los derechos humanos pueda avanzar su causa a costa de relativizar la gravedad del cáncer, de la misma forma que no creo que una organización que combate el cáncer pueda avanzar la suya relativizando la importancia de las violaciones de derechos humanos. No quiero que las ONGs compitan por fondos y apoyo a base de usar “lenguaje publicitario” para desviarse de la verdad.

En definitiva, la persona que me atendió y yo no conseguimos entendernos, pero aun así decidí seguir siendo socio. Una sola persona no es la organización y seguramente lo del anuncio había sido solo un error.

El siguiente tropezón ocurrió en febrero de 2018, cuando AI afirmó que los cargos de rebelión y sedición contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no estaban justificados.

Ojo, estoy de acuerdo con que una organización como AI vigile atentamente que se respeten los derechos de quienes son acusados en un proceso, sé que hay muchos juristas (no todos) que discrepan con las calificaciones de rebelión y sedición, y me parece positivo que estas se critiquen y se debatan públicamente.

Ahora bien, no creo que el papel de una organización de derechos humanos sea involucrarse en ese debate técnico, sino vigilar, precisamente, que este puede producirse; es decir, que fuera del juzgado exista un clima de libertad que permita la crítica pública, y que dentro del juzgado se respetan los procedimientos, de forma que las defensas puedan exponer sus propios argumentos sabiendo que estos van a ser atendidos. Ya se sabe que el derecho no es una ciencia exacta y que ante unos mismos hechos puede haber opiniones diferentes. Pero lo que caracteriza a un país democrático es cómo se resuelven esas diferencias.

Por eso me pareció fuera de lugar que AI hiciese su propio juicio paralelo y dictase su propia sentencia y, sobre todo, la velocidad a la que lo hizo.

Con todo, mis conocimientos de derecho son muy limitados y, aunque aquello me chirriaba, tampoco podía estar seguro de que la situación no justificase una actuación excepcional. Así que yo sí que me abstuve de hacer mi juicio definitivo sobre la conducta de la organización. Cabía la posibilidad de que fuera yo el equivocado.

Pero entonces llegó la sentencia por el famoso juicio de La Manada y Amnistía publicó un artículo en el que se afirmaba que se había absuelto a los acusados del delito de violación.

Ahí sí que no tuve dudas: esa afirmación era falsa. Para sostenerla había que dedicarse a jugar con el lenguaje y de una forma, además, muy poco coherente.

Si nos atenemos a los hechos, el tribunal había considerado probado que había habido penetraciones sin consentimiento y ello se había tenido en cuenta a la hora de dictar sentencia. Por lo tanto, lo que comúnmente entendemos por violación se castigó.

Para afirmar que no había sido así, tendríamos que abandonar el plano de los hechos e irnos al del lenguaje. Tras varias reformas del Código Penal, el término “violación” solo aparece en la expresión “reo de violación” en el art. 179. Y puesto que los acusados no fueron condenados por dicho artículo, se puede argumentar que técnicamente no se los consideró reos de violación y que, por tanto, no se los castigó por violación. Sin embargo, si lo que queremos es jugar en ese campo tan estrecho y tan formalista, tampoco se podría hablar de “absolución” puesto que no hubo sentencia absolutoria, ni de “delito de violación” puesto que dicho delito no existe como tal. No se puede oscilar de esa manera entre la laxitud y el tecnicismo según le convenga a nuestro discurso. Es, de nuevo, una muestra de falta de rigor.

Y que el artículo y su titular eran engañosos no es algo que señalase yo. Una persona de tanto conocimiento y tan comprometida con los derechos humanos como el catedrático Javier de Lucas protestó en Twitter, una protesta a la que se sumaron más juristas, recibiendo el silencio por respuesta.

Fue entonces cuando decidí darme de baja. Y la verdad es que no me arrepiento, porque después volví a ver más ejemplos de información poco rigurosa² y de actuaciones discutibles, que provocaron más protestas, de nuevo ignoradas.

Hay quienes se esfuerzan por poner el rigor por delante de sus convicciones políticas y quienes anteponen su ideología al rigor

Hay quienes se esfuerzan por poner el rigor por delante de sus convicciones políticas y quienes anteponen su ideología al rigor. Los primeros se mueven en el plano de la verdad; los segundos, en el de la propaganda. Cuando a alguien que se mueve en el plano de la verdad le señalas un error, rectifica, aunque sea a regañadientes. En cambio, quienes se dedican a la propaganda usan dos técnicas para no tener que hacerlo.

La primera es relativizar, mover los marcos de las porterías todo lo que haga falta. Es lo que hizo ese empleado de AI al refugiarse en la excusa de que se trataba de “lenguaje publicitario”.

La segunda es el silencio. Y eso es lo que hizo AI al no dignarse a responder a quienes criticaban artículos con información incorrecta.

No me cabe duda de que en AI sigue habiendo mucha gente para la que el rigor es fundamental, pero no parece que sea ya una cultura obligada a nivel de organización.

Y por eso yo ya no pinto nada allí. La propaganda, por muy bienintencionada que sea, me repele. Mi compromiso ha sido siempre con la verdad.

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¹ El origen de los datos parece estar en un informe de la OMS sobre las principales causas de muerte en el año 2000, aunque de nuevo están usados con una absoluta falta de rigor. De hecho, si el cáncer no aparece apenas en los listados, es porque no se considera una única enfermedad sino que se desglosa por tipo. Aun así, si analizamos las cifras, podemos ver que solo el cáncer de pecho provocó más muertes de mujeres en la franja de 30 a 44 años (61.456) que la “violencia interpersonal” (una etiqueta que abarca más que la violencia de género) en las franjas de 15 a 29 y de 30 a 44 sumadas (60.204).
Sin embargo, hay que señalar que no está claro que esta vez la responsabilidad primera de esa distorsión corresponda a A.I., aunque lo que sí que es evidente es que no se molestaron en ir a la fuente original para comprobar los datos.

Corrección: El error puede que venga incluso de más atrás, de 1994, y que tenga su origen en un “Discussion Paper” del World Bank, en el que se hacían estimaciones de años de vida saludable perdidos por diferentes causas.

² Contra lo que da a entender el artículo, hace muchos años que en España la falta de consentimiento o que este se haya obtenido de forma viciada es la base para entender que ha habido delito.

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Julen y la hipocresía.

 

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Cuando el niño llevaba dos días en el pozo, Miguel Pasquau escribió un artículo (como siempre magnífico) en el que argumentaba que, mientras hubiera un pequeño porcentaje de esperanza de que el pequeño Julen estuviera vivo, había que intentar salvarlo sin escatimar medios.

Estuve de acuerdo con el artículo. Sin embargo, llegar al niño demostró ser una tarea muy difícil, el rescate tardó diez días más, y creo que en ese periodo de tiempo las cosas cambiaron. Con dos días, aunque fuese difícil, había posibilidades de encontrar al niño con vida. Pero después ya estaba claro que no y, sin embargo, el rescate continuaba a toda máquina. ¿Por qué?

Creo que la respuesta está en que para entonces lo que estaba estaba teniendo lugar ya había dejado de regirse por la lógica, a menudo implacable, de los rescates. Al saltar a la primera plana de los medios, al convertirse en tema de tertulia, el suceso había cobrado más dimensiones que la de una operación de salvamento. Se había convertido en un espectáculo televisivo, en un compromiso político, en un símbolo e incluso en un acto de catarsis colectiva. Muchos habían implicado sus emociones; otros, su palabra; y otros estaban rentabilizando el tema. Por eso había que seguir adelante y apostar por el milagro.

Y ojo, lo cierto es que a veces, los  milagros ocurren. Por eso, aunque soy un gran admirador de la razón, no soy tampoco un absolutista de la misma. Recuerdo una entrevista a Anthony Burgess en el que este señalaba el contraste entre las actitudes de los franceses y los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Ante el avance implacable de la máquina de guerra alemana, los franceses habían hecho lo razonable: rendirse. En cambio, los ingleses, cuando tenían todas las cartas en contra, se habían negado a ceder y, tras ese milagro que fue la Batalla de Inglaterra, sobrevivieron para ganar la guerra.

Siempre pensé que la crítica de Anthony Burgess no era justa con los franceses y pecaba de chauvinismo, pero que al mismo tiempo contenía una verdad: no es bueno dejar que la razón gobierne en exclusiva el mundo. El instinto maternal no es nada razonable, pero gracias a él han sobrevivido muchos niños a los que el puro uso de la razón habría condenado. Salieron adelante porque sus madres lucharon sin atenerse a lo que indicaban frías fórmulas matemáticas de probabilidad. En vez de eso, se aferraron a la fuerza inagotable del sentimiento y, aunque muchas veces salieron derrotadas, también consiguieron triunfos, cada uno de ellos magnífico. Al fin al cabo, esa racionalidad que yo tanto admiro llegó muy tarde en la historia de la vida, que es un largo rosario de victorias de lo improbable.

Por eso, creo que lo irracional no se puede descartar de un manotazo, despreciándolo sin más, sino que a la hora de juzgarlo, como ocurre con todo, hay que entrar en matices. Y en el caso del pequeño Julen creo que ha habido mucha irracionalidad sincera y noble, que, surgida de la empatía, necesitaba seguir luchando más allá de la esperanza, pero también creo que ha habido también una cierta irracionalidad colectiva nacida de fuentes menos dignas, como el morbo o la hipocresía. Ha habido humanidad, pero también cálculo político y crematístico. Y es importante, incluso cuando hablamos de creencias irracionales, distinguir entre quienes creen y quienes fingen creer.

Hay un episodio ilustrativo narrado por Solzhenitsyn. Al final de una conferencia del Partido Comunista en la provincia de Moscú, el público se puso en pie para aplaudir a Stalin. Era importante fingir el mayor entusiasmo por el gran líder y nadie quería ser el primero en parar. La ovación siguió y siguió, hasta que por fin un cargo mediano, el director de una fábrica de papel, se decidió a ser el primero en parar y sentarse. Esa noche fue arrestado y, tras encontrar una excusa para juzgarlo, fue condenado a diez años.

Sin embargo, una sociedad madura, aunque para estar viva necesite conservar una pizca de irracionalidad en su alma, también necesita hombres como ese, capaces de devolvernos a la racionalidad, de decir “Ya basta” sin que los castiguemos por ello. ¿Lo hacemos? ¿Somos mejores en ese sentido que los estalinistas? Sí en las formas, pero no tanto en el fondo; porque no nos hemos librado de la hipocresía y seguimos castigando la sinceridad. Para comprobarlo, basta con echar un vistazo a lo que ocurrió cuando la catedrática Beatriz González López-Valcárcel compareció ante una comisión del Parlamento de Galicia y señaló el coste desproporcionado de algunos tratamientos oncológicos, que no conseguían curar sino solo alargar un poco tiempo la vida de un paciente. Sus declaraciones fueron automáticamente convertidas en munición política. Ponerle precio a la vida está feo.

Porque ¿cuál es el valor de una vida? De nuevo no es una pregunta con una respuesta sencilla ni única.  Arthur Koestler la responde de una forma muy lúcida en sus memorias: “En la ecuación social, el valor de una sola vida es cero; en la ecuación cósmica, es infinito”. Koestler habla en referencia al año 1937, cuando en España se estaba jugando ya la partida entre los totalitarismos europeos, que, efectivamente, daban un valor social cero a la vida de los pequeños peones en su juego.

En nuestras democracias, afortunadamente, estamos dispuestos a darle a las vidas un valor social bastante más alto, pero todavía muy lejos de ese valor cósmico infinito, sobre todo cuando llega el momento de pagar la cuenta. Todos queremos  menos impuestos, aun sabiendo que eso tiene como consecuencia inevitable los recortes. Y, aunque no nos guste pensar en ello, recortar en sanidad, en los medios de salvamento o en investigación supone inevitablemente más muertes. Pero son muertes que nos dejan dormir por las noches, ya que, al no poder establecerse una relación directa de causalidad entre nuestra omisión y ninguno de esos fallecimientos concretos, carecen de nombre y de rostro. A diferencia de lo que ocurría con Julen, es mucho más fácil darles la espalda. Sin embargo, lo cierto es que, escondidas entre las estadísticas, están vidas que se podrían haber salvado con algo más de dinero, y algunas de esas vidas también son de niños, niños que han caído en pozos menos visibles y mediáticos.

Por eso, quizá fuese bueno que dejásemos de declamar teatralmente que no se le puede poner precio a una vida y, con toda la fría racionalidad del mundo, contestásemos a esta pregunta: “¿cuántos euros estamos dispuestos a pagar realmente por cada año de vida humana?”.

Porque nuestro mundo, el mundo moderno que los humanos estamos construyendo, sigue necesitando un poco de irracionalidad, pero también mucha racionalidad, y, sobre todo, necesita librarse de la hipocresía. Y quizá consiguiésemos ser menos egoístas si dejásemos de fingir que no lo somos.

 

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El Derecho contra los Estudios de Género: un conflicto cultural.

“Nomi no Sukune Wrestling with Taima no Kehaya”, 1885, Tsukioka Yoshitoshi, Los Angeles County Museum of Art

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“Porque libertad es hallarse libre de opresión y violencia ajenas, lo que no puede acaecer cuando no hay ley” John Locke¹.

“Vuestro derecho no es sino la voluntad de vuestra clase erigida en ley” Karl Marx y Friedrich Engels².

Creo que esas dos citas, con sus visiones diferentes de lo que es la ley, pueden resultar útiles a la hora de intentar comprender algunos de los escándalos mediáticos que se vienen desatando en torno a procesos judiciales, con acusaciones de que tenemos  una justicia patriarcal.

¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es realmente un problema de jueces machistas?

Sin negar que los haya (ningún colectivo está libre de culpa), creo que podremos interpretar mejor estos episodios si damos un paso atrás y tomamos algo de perspectiva, porque, en mi opinión, son batallas de un conflicto cultural mucho más amplio, en el que se enfrentan dos líneas de pensamiento de larga tradición histórica, con visiones distintas de la función que debe desempeñar un proceso judicial.

La primera línea es la del pensamiento liberal, que es la que ha marcado fundamentalmente el marco legal e institucional de las democracias actuales.

La segunda, que podríamos llamar revolucionaria o radical, recoge la herencia de Marx y Engels y, con distintas ramificaciones, se prolonga hasta enlazar con la izquierda más inconformista y con los feminismos de segunda y tercera ola.

Para la primera, el sujeto político por excelencia es el individuo, cuyos derechos es fundamental respetar.

Para la segunda, podremos actuar mejor sobre el mundo si obviamos lo individual y nos centramos en las clases sociales y las relaciones de poder.

Ambas consideran que existe la injusticia, pero difieren en la manera de afrontarla.

La primera considera que no se puede despreciar lo ya conseguido. Las democracias liberales atesoran un patrimonio institucional y legal que, aunque perfectible, es una gran conquista que protege nuestros derechos. Así pues, los cambios deberían de canalizarse fundamentalmente a través de la política institucional, y, en concreto, mediante la labor de los poderes legislativo y ejecutivo. La misión del sistema judicial, en cambio, consiste en actuar como estabilizador, asegurando el respeto a los pactos vigentes en cada momento.

La segunda línea de pensamiento tiene una visión mucho más negativa del sistema político: las estructuras sociales, aunque protegen algunos derechos, básicamente lo que hacen es consolidar privilegios. No basta, por tanto, con pequeñas reformas graduales, siempre encarriladas por los intereses de los opresores. Hace falta subvertir de forma más radical el orden existente, y para ello hay que disputar el poder, no solo en las instituciones, sino en todo momento y lugar: las calles, el lenguaje, la prensa, los tribunales, etc.; cualquier campo de batalla es lícito para hacer avanzar el frente.

Y si esas son las líneas de pensamiento enfrentadas, ¿cuáles son las tropas?

Si ya en un conflicto bélico normal las líneas entre los bandos no son siempre nítidas, las de las guerras culturales lo son todavía menos

Es complicado, porque, si ya en un conflicto bélico normal las líneas entre los bandos no son siempre nítidas, las de las guerras culturales lo son todavía menos. Las divisiones se dan en varios ejes distintos y, junto a los factores ideológicos, hay otros, como la edad o el género, que también van a jugar un papel.

Ahora bien, lo que me parece más interesante es señalar que, cuando el campo de batalla son las decisiones judiciales, los estudios y la profesión también van  influir a la hora de escoger bando. Así, no es lo mismo haberse dedicado a interiorizar los principios informadores del derecho penal que conceptos como la hegemonía cultural y la violencia simbólica. No es lo mismo razonar bajo la influencia de la consigna “Lo personal es lo político” de Kate Millet que bajo la del principio de intervención mínima. Por ello,  proporcionalmente habrá más juristas en un ejército, mientras que en el otro encontraremos a una mayoría de quienes provengan de ciertos sectores de las ciencias sociales, especialmente cuando se trata de ramas como los Estudios de Género. Asimismo, los periodistas feministas más militantes se alistarán en este segundo bando.

En cuanto a los legisladores, obviamente vienen de todo el arco político y de profesiones muy variadas, pero, independientemente de sus ideas, ejercen su labor en unas condiciones concretas. Por un lado, tienen que ser sensibles a cuestiones de oportunidad política, así que, a la hora de pronunciarse, procurarán siempre coger el viento de cola. Pero, por otra parte, a la hora de legislar, tendrán que hacerlo dentro del marco de una constitución de tradición liberal.

¿Qué ocurre entonces cuando un caso como el de Juana Rivas o el de La Manada salta al foco de la opinión pública? Pues que en el tribunal, los juristas, conforme a su formación y aplicando una legislación de raíz fundamentalmente liberal, intentarán centrar el caso en los actos de los individuos directamente implicados, mientras fuera, en las calles, redes y medios, habrá quienes vean y presenten ese caso como un episodio más del conflicto eterno entre opresores y oprimidos. Para unos, hacer justicia será aplicar la ley a los hechos concretos; para otros, que ese caso ayude a cerrar la brecha entre clases.

No se puede sentar a la vez en el banquillo a un individuo concreto, a todo un colectivo, a una ideología y a un sistema de relaciones sociales

¿Es posible compatibilizar ambas perspectivas? En mi opinión, no, y los intentos para hacerlo, como algún polémico artículo de la famosa LIVG de 2004, no son más que parches que nunca podrán satisfacer completamente a nadie, porque las diferencias entre las distintas formas de afrontar un proceso no son una cuestión de detalle sino que son fundamentales. No se puede sentar a la vez en el banquillo a un individuo concreto, a todo un colectivo (los maltratadores), a una ideología (el machismo) y a un sistema de relaciones sociales (el patriarcado). No es lo mismo pensar que la función de un proceso es restablecer el equilibrio que creer que se debe utilizar para cambiarlo.

Por eso, el ideal sería que los ciudadanos nos reuniéramos en el ágora a debatir. Por un lado tomarían la palabra quienes estuviesen a favor de mantener la visión tradicional de que el protagonista de un proceso judicial tiene que ser el individuo y que son sus actos los que hay que valorar. Argumentarían que se podrá tener en cuenta si actuó con una motivación ideológica y si pretendía contribuir a sostener una situación de dominación, pero que, en todo caso, no se le puede responsabilizar de lo que escapa a su voluntad.

Por otro, intervendrían quienes piensen que sería más útil abstraerse de lo particular, ver cada uno de esos procesos como una escaramuza en la eterna lucha de clases y aprovechar la ocasión para dar un paso más hacia un mundo más igualitario. En ese momento yo levantaría la mano para preguntar por qué, si lo que se está combatiendo es una ideología o una estructura social, la solución pasa por castigar más duramente al individuo, y escucharía con atención la respuesta.

Y una vez oídas todas las posturas, habría que votar, aceptar el resultado y a partir de ahí actuar de forma coherente.

Pero eso no va a suceder. Lo que va a ocurrir es que seguirá sin resolverse la tensión entre esas dos perspectivas, y por tanto continuarán las polémicas a propósito de juicios, las acusaciones de machismo a magistrados, la presión para intentar encajar a martillazos leyes de inspiración no liberal en el marco de una constitución liberal, las declaraciones oportunistas de políticos, los discursos morales de periodistas y los insultos en las redes.

Y, como en todas las guerras, habrá quienes, sin haberlo buscado, se encontrarán en medio del fuego cruzado.

Mi solidaridad con ellos.

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¹ Marx K. y Engels F. (1848). Manifiesto del Partido Comunista.

² Locke J. (1689). Segundo tratado sobre el gobierno civil.

 

 

 

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