La democracia y el síndrome de Gran Hermano.

De la democracia representativa a la democracia instantánea.

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Imaginemos durante un momento una democracia funcionando bien:

Los medios, cuya ideología fundamental es atenerse a la verdad, proporcionan información contrastada y, en aquellos casos en los que hay diferentes versiones legítimamente defendibles, ofrecen los distintos puntos de vista.

Los votantes, bien informados, acuden a las urnas, donde expresan sus valores y sus prioridades.

Una vez elegidos, los representantes políticos negocian entre ellos. El objetivo es que esos valores expresados por los ciudadanos se puedan plasmar en leyes y en la labor ejecutiva. Para ello se tiene en cuenta, además, la opinión de expertos en cada tema, lo que permite evitar que las medidas acaben teniendo resultados contraproducentes.

Por otra parte, el Poder Judicial ejerce su labor con independencia y profesionalidad. Su función no es modificar la ley, desviándola hacia otros valores que no han sido los votados, sino vigilar que se cumpla con fidelidad y dentro del marco constitucional.

Pero ha sonado el despertador y es hora de despertar de ese bonito sueño y volver a la realidad.

Tomemos ahora una democracia real, con sus vicios y sus manías, y saquémosla de copas. Le vamos a dar a beber un cóctel formado por dos ingredientes:

Los humanos no necesitamos estudiar un tema para formarnos una opinión y emitir un juicio.

El primero es producto de nuestra historia evolutiva: Los humanos estamos programados para encontrar patrones. Por eso reconocemos caras y figuras en las nubes o en las tablas de madera. Construimos historias con una facilidad pasmosa. Y no necesitamos estudiar un tema para formarnos una opinión y emitir un juicio. Nuestros antepasados sobrevivieron combinando los datos disponibles con el instinto y los prejuicios, y tomando decisiones sobre la marcha. Analizar demasiado te podía costar la vida.

El segundo ingrediente de nuestro cóctel es el desarrollo de unas tecnologías que nos permiten estar interconectados de forma permanente e instantánea. En el interior de nuestra habitación, donde antes había silencio, ahora hay miles de voces. Y nosotros también podemos emitir la nuestra a lo largo y ancho del planeta.

Esa combinación entre la pasión por juzgar y la posibilidad del directo lanzó al éxito ya hace unos años un nuevo formato de programa televisivo: Gran Hermano. Nos permitía observar a gente conviviendo las veinticuatro horas del día, simpatizar con unos, detestar a otros, y votar para expulsarlos. Y, siguiendo la estela de ese éxito, llegó una nueva época dorada de los concursos de talentos. Pronto los acabó habiendo de todo tipo: desde de cocina hasta de tatuajes. Son satisfactorios porque nos gusta amar, odiar y votar.

Pero eso ha acabado desbordándose fuera del mundo del entretenimiento para invadir otras esferas, como la política o la judicial. Así, incluso antes de que la sentencia del famoso juicio de La Manada se hubiese hecho pública, ya alguien había nominado en Change.org a los magistrados responsables para abandonar su casa, la Judicatura, y cientos de miles de personas habían votado. Siguiendo esa línea, Women’s Link ha convocado el Premio Garrote 2018, y cualquier internauta puede votar para elegir la peor decisión judicial de la temporada.

Y en lo que se refiere a políticos y partidos, aún no se ha llegado a la cotización diaria, como en la bolsa, pero cada vez hay más encuestas que nos preguntan nuestra valoración. Y, entre encuesta y encuesta, tenemos las redes, con sus likes, hashtags y retuits. En esa vorágine, los periodistas tampoco se quedan atrás, y opinan, opinan y opinan. Es más, esa fiebre por opinar nos contagia a todos, y a menudo expertos en un campo concreto no pueden resistirse a expresar su opinión sobre el tema del día, por muy lejos de su especialidad que esté. Nos cuesta resistirnos a contribuir al cacareo general. Al fin y al cabo, somos sociales e incluso tribales por naturaleza.

Por eso, ahora, más que en la democracia directa, vivimos en la democracia instantánea. Un gigantesco foro en el que, para no quedarse atrás, hay que pronunciarse sobre el tema del día antes de que este decaiga. No triunfa quien hace los análisis políticos más profundos y meditados, sino quien en un tuit consigue sintonizar mejor con el sentir general.

¿Es ese un buen modelo de democracia?

Yo creo que no. Me voy a limitar a señalar un par de inconvenientes:

La democracia representativa y la delegación:

Delegar exige tres cosas: La primera es un mínimo de confianza en la persona en la que delegas. La segunda es aceptar que los especialistas dominan mejor que tú su campo. Y la tercera es encontrar el punto de equilibrio entre supervisar e interferir. Delegar no es confiar ciegamente ni dejar que otros decidan por ti cuáles son tus valores. Pero hay que saber dar un paso atrás. Al taxista le indicamos a dónde queremos ir y vigilamos que nos lleve por el camino más corto, pero no le estamos chillando continuamente “Acelera”, “Frena”, “Cambia de carril”.

Sin embargo, los tres puntos están en crisis.

La confianza, tanto en la clase política como en la Judicatura, está deteriorada. Y ya no es que se desconfíe de personas concretas, sino que se etiqueta de forma indiscriminada a colectivos enteros: Así, los políticos son “corruptos”; la Judicatura, “conservadora” y “machista”. En definitiva, se ve en todos ellos al taxista que nos quiere llevar por la ruta más larga.

Se minusvalora el conocimiento experto, sean las habilidades políticas o la capacitación técnica.

Por otra parte, se minusvalora el conocimiento experto, sean las habilidades políticas o la capacitación técnica. Internet nos ha facilitado el acceso a la información, pero también nos ha proporcionado una plataforma donde la ignorancia se siente capaz de desafiar de igual a igual al conocimiento. Todos llevamos un político, un economista y un juez dentro, y un par de búsquedas en Google nos habilitan para discutir cualquier cuestión, desde el SMI a la interpretación de un artículo del Código Penal.

Y, por último, queremos atar tan corto a nuestros representantes y a nuestros jueces, que pretendemos reducirlos a simples correveidiles, exigiéndoles que hagan a cada momento lo que nosotros haríamos en su lugar. Ya no se juzgan las estrategias, los sistemas o los resultados generales. El foco puede posarse sobre cada paso de un proceso, sobre una frase sacada de contexto, sobre una medida suelta. En definitiva, juzgamos el todo por la parte que alguien -sea un periodista, un tuitero o un grupo político- ha decidido iluminar.

Le estamos marcando un sendero muy estrecho a representantes y jueces, y queremos llevarlos por él sujetos de la correa. Pero esa es la forma de relacionarse, en todo caso, con un perro (y a veces ni siquiera), no con alguien en quien hemos delegado.

“Deprisa, deprisa.”

Hay políticas cuyos beneficios tardan en notarse años. Ese ha sido siempre uno de los mayores problemas en campos como la educación o la investigación. Para un partido es poco rentable invertir su capital político en sacar adelante medidas cuyos resultados positivos se podrán medir cuando puede que ya no esté en el poder.

Y todos sabemos que, cuando se trata de medidas necesarias pero impopulares, los políticos procuran adoptarlas lo más pronto posible en la legislatura, para poder sincronizar los efectos positivos con las elecciones.

Pero antes el ritmo aún se medía en años, aunque fueran pocos. Y eso permitía a los políticos prestar más atención a las necesidades. La opinión pública no estaba aporreando continuamente la puerta.

Se hace política mirando el titular del día, la última polémica en la red.

Ahora eso ha cambiado. Se hace política mirando el titular del día, la última polémica en la red. Un buen ejemplo lo tenemos con el real decreto ley sobre el impuesto de las hipotecas. El martes el Tribunal Supremo se pronuncia y el jueves el Gobierno responde con un decreto improvisado. Unos días después la polémica es el mecanismo de elección del CGPJ y ahora es el PP el que responde con otra propuesta igual de improvisada.

Porque lo que importa no es realmente resolver los problemas estructurales, cada vez más relegados fuera del foco mediático. Lo importante es subir en la próxima encuesta mensual. Y, mientras tanto, como se lamentaba Enrique Feás en este artículo, los informes de los expertos duermen en los cajones. Tienen poco uso en un ambiente en donde los análisis y las ideas son menos importantes que las ocurrencias.

En principio, no habría nada de malo en que nuestros representantes políticos se asomasen a las redes sociales para comunicarse mejor con la sociedad. El problema es cuando empiezan a comportarse como aspirantes a tuitstars (dicho desde un gran respeto a algunos tuitstars), porque lo que te puede convertir en una estrella de la red no es necesariamente lo mismo que te hace un buen estadista.

Conclusión:

Aún se podrían tocar más temas, pero en el fondo todo se reduce a que a la democracia le está costando digerir los efectos de las nuevas tecnologías.
Todo cambio exige un periodo de adaptación. Y puede que lo único que haga falta es que los ciudadanos maduremos y aprendamos a manejar nuestros juguetes nuevos. Los primeros paseos en bicicleta suelen acabar en el suelo, o, como en mi caso, contra el muro de una fábrica de conservas.

Pero esperemos que ese proceso de maduración sea corto, porque entretanto nuestra democracia representativa se está llenando de ruido.

 

Jueces e ideología.

Una reflexión sobre la posible influencia del origen social de la Judicatura en sus sesgos.

 

El juez Henry Charles Lopes, (Ilustración de Vanity Fair).

El viernes me vi envuelto en una tormenta de Twitter. Todo comenzó a raíz de un tuit de Gaspar Llamazares en el que atribuía al sistema de acceso mediante oposición la “sensibilidad mayoritariamente conservadora” de la Judicatura. Yo le pregunté si había estudios que acreditasen dicho sesgo, y después fue interviniendo cada vez más gente en la conversación, hasta que mis notificaciones empezaron a echar humo.

No es mi intención entrar ahora a analizar quién dijo qué y quién tenía razón en qué. Creo que todo el mundo tenía al menos parte de razón, y que muchas de las discusiones más acaloradas se debieron más a malentendidos que a desacuerdos profundos.

Ahora bien, una de las cosas buenas de ver debatir, sobre todo cuando debaten personas con cosas interesantes que decir, es que te estimula a pensar. Y voy a intentar plasmar aquí adónde ha acabado llevando esa tormenta mis pensamientos:

 

Lo primero: ¿Debe la ideología de los jueces influir en sus resoluciones?

El camino para que la ideología entre en la ley es el Parlamento.

A veces veo a gente que reclama que los jueces hagan una interpretación progresista de la ley. No estoy de acuerdo. Creo que el camino para que la ideología entre en la ley es el Parlamento, que es donde están los representantes elegidos por la ciudadanía. Los jueces no son quienes para reorientar la legislación, ni en sentido progresista, ni en sentido conservador, ni en cualquier otro.

Ahora bien, una cosa es intentar respetar la voluntad del legislador y otra conseguirlo. Los seres humanos tenemos sesgos.

 

¿Cómo pueden entrar los sesgos en las resoluciones?

Hay algún experimento que indica que la fuerza de los sesgos ideológicos es tal que podrían llegar a distorsionar incluso nuestra capacidad para hacer cálculos matemáticos.

Y si eso es ocurre en matemáticas, tanto más puede suceder en derecho, donde siempre queda un espacio para la interpretación. La aplicación de la ley no puede ser simplemente mecánica. Para empezar, es imposible que se haya previsto toda la casuística. Además, a veces las leyes contienen defectos de redacción o se han hecho deliberadamente ambiguas para facilitar los pactos entre fuerzas distintas. En otras palabras, se ha dado un patadón hacia delante y se le ha lanzado el problema a la Judicatura.

 

Pero, si hay margen para la interpretación, ¿qué mecanismos de defensa hay contra la desviación ideológica?

Que haya que motivar las resoluciones y que a lo largo de todo el proceso acaben participando distintos fiscales, jueces y magistrados debería reducir el riesgo de que una resolución se salga de lo razonable. Pero eso, por sí mismo, no evita completamente los sesgos, porque lo razonable a menudo no va a ser una única respuesta, sino un rango de distintas respuestas posibles.

Eso es, hoy por hoy, inevitable. En la aplicación de la ley siempre hay zonas de grises, donde no se pueda afirmar con rotundidad que un tono es mejor que otro.

Pero la cuestión está entonces si, al sumar todas las tonalidades de las decenas de miles de resoluciones, se aprecia que acaba predominando un color concreto.

Si la Judicatura es una representación equilibrada de la pluralidad de nuestra sociedad, eso no debería ocurrir; tendríamos un gris neutro. Ahora bien, si de media están más escorados hacia un lado, por mucho que se esfuercen en ser imparciales, sus sesgos van a entrar en juego y van a desviar la ley, en mayor o menor medida, de lo que era la voluntad del Legislador.

Por eso es lícito preguntarse si los jueces son una muestra representativa de la sociedad. Y una y otra vez se oye la afirmación de que presentan un claro sesgo conservador como consecuencia del sistema de oposiciones, que favorece a quienes vienen de familias pudientes.

¿Es así? ¿Es justa esa acusación? No son preguntas que se presten a una respuesta sencilla, y para afrontarlas voy a descomponer el problema en 3 aspectos:

1- ¿Influye la clase social en las posibilidades de llegar a juez?
2- ¿Hasta qué punto determina la clase social la ideología política?
3-Y ¿hasta qué punto depende la ideología de otros factores?

 

1- ¿Influye la clase social en las posibilidades de llegar a juez?

La respuesta es sí. Es evidente que existe un problema con el ascensor social, no solo en España, pero también en España. No es que esté completamente averiado, pero tampoco funciona todo lo bien que debería. Sigue siendo difícil salir de la clase social en la que se nace.

Sin embargo, cabe señalar que ese no es un problema que afecte en exclusiva a la Judicatura. Un niño que crezca en la pobreza lo tiene más difícil para ser juez, pero también para ser médico, catedrático o arquitecto. Y es cierto que dedicar un tiempo de estudio a preparar una oposición sin el apoyo de una beca añade un plus de dificultad; pero, por otra parte, la oposición en sí misma es un mecanismo bastante más igualitario que algunos de los que existen en el ámbito privado. Muchos profesionales liberales y empresarios heredan despachos, clientelas, contactos y negocios.

Frente a eso se puede argumentar que, puesto que el Judicial es un poder, es más problemático que el acceso a él sea desigual. Ahora bien, lo cierto es que ningún poder, sea el judicial, el legislativo o incluso aquellos que están fuera del Estado, como el poder económico, está distribuido de forma equitativa por toda la sociedad. En los parlamentos están más representados quienes tienen estudios superiores que quienes carecen de ellos; los ricos y clases medias más que los pobres. Y sería ingenuo pensar que, mientras los jueces se ven influidos por sus sesgos de clase, los parlamentarios no tienen puntos ciegos.

La herencia marca la distribución de la riqueza y del poder en todas las esferas.

No nos vamos a caer ahora del guindo si descubrimos que no vivimos en una meritocracia pura, y que aunque la democracia liberal sea un sistema mejor que otros, está lejos de ser perfectamente justo. La herencia marca la distribución de la riqueza y del poder en todas las esferas. Ese es un problema que todavía no hemos resuelto.

 

2- ¿Hasta qué punto determina la clase social la ideología?

Es otra cuestión extremadamente complicada. Si hacemos una distribución de los votantes a lo largo del eje izquierda/derecha, no nos quedan todos los ricos en el extremo derecho, las clases medias en el centro y los pobres en la izquierda. La distribución es mucho más irregular. Hay más simpatizantes de Podemos, por ejemplo, en las clases altas que entre los obreros.

Y en parte esa irregularidad se debe a que ahora mismo la ideología política no encaja en un único eje, el de la tradicional lucha de clases, sino que es multidimensional. Así, por ejemplo, “izquierda” es ahora una etiqueta paraguas bajo la que caben muchas cosas distintas e incluso contradictorias, desde las políticas identitarias hasta ciertos tipos de ecologismo, pasando por el independentismo o algunas formas de antiglobalización. De hecho, unos de los fenómenos llamativos en Cataluña fue ver como Ciudadanos conseguía buenos resultados en el cinturón metropolitano de Barcelona mientras que a la Cup le iba proporcionalmente mejor en los barrios céntricos.

¿Significa eso que no haya correlación entre extracción social e ideología política? No. Es seguro que la hay. Pero lo que sí que significa es que esa correlación es más relativa y compleja de lo que parece a primera vista, y que por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de sacar conclusiones apresuradas.

 

3 -¿Hay más factores relacionados con la ideología que la extracción social?

De nuevo la respuesta es sí. Edad, lugar donde uno ha crecido, lugar donde se vive, religiosidad…  Hay estudios que muestran relaciones entre nuestra ideología y nuestros rasgos psicológicos y genéticos. Y también se puede encontrar una relación entre profesión e ideas políticas que no es atribuible de forma exclusiva al origen social. Y esta relación, efectivamente, muestra que los juristas, así como los médicos, tienden a estar más a la derecha, mientras que, por ejemplo, los profesores de universidad o los ingenieros están más a la izquierda.

Sin embargo, es muy difícil saber hasta qué punto eso se debe a que la ideología previa influye en la elección de una carrera, o es esta y la experiencia profesional la que va moldeando la ideología. Probablemente sea una mezcla de las dos. Y todo eso es difícil de medir y de compensar.

 

Conclusión:

El tema es lo suficientemente complejo como para merecer que se ahonde en él. Y hay muchos más aspectos que se podrían examinar. Sin embargo, si la pregunta es si hay sesgos en los jueces, mi convencimiento es que sí, pero no porque los jueces constituyan una élite de espaldas a la sociedad, sino precisamente porque forman parte de ella y toda la sociedad está impregnada de sesgos; al fin y al cabo, está constituida por humanos.

Eso no significa que debamos aceptarlo sin más. El progreso siempre pasa por la crítica y el cambio, y hay que estar abiertos a modificar los sistemas de oposición, que sin duda serán mejorables,  y a intentar conseguir que el acceso a la Judicatura sea lo más plural posible, así como también a perfeccionar los mecanismos para minimizar el impacto de los sesgos en las resoluciones judiciales.

Ahora bien, dos comentarios:

El problema del acceso a la Judicatura no es sino un episodio de una batalla más grande: la del funcionamiento del ascensor social.

El primero es que, como ya he señalado, el problema del acceso a la Judicatura no es sino un episodio de una batalla más grande: la del funcionamiento del ascensor social. Así pues, si realmente lo que queremos es una sociedad más justa y con un mayor reparto del poder, lo que se necesita es una estrategia mucho más amplia. No se trata de resolver la igualdad de oportunidades para ser fiscal o juez. Hay que avanzar en la igualdad de oportunidades en general.

Y el segundo es que, de la misma forma que es bueno que ejerzamos el sentido crítico para examinar si el sistema de oposiciones es justo y eficaz, también es bueno que usemos ese mismo sentido crítico para preguntarnos por qué se pone tanto el foco sobre los sesgos de los jueces y fiscales, mientras se debaten menos, por ejemplo, los sesgos ideológicos de los profesores de universidad, periodistas y otros colectivos que también contribuyen a dar forma a nuestra sociedad.

No dudo que parte de las críticas no estén motivadas por una preocupación sincera por el funcionamiento de la Justicia. Pero así como los jueces tienen inevitablemente sesgos, quienes los critican también. Y me parece que una buena parte de quienes cuestionan continuamente los valores de la Judicatura (y no me refiero a Gaspar Llamazares) lo que quieren es presionar hacia los suyos propios.

Porque ya sabemos que para muchos la única Justicia válida es la que les da la razón.

 

 

 

 

 

¿Defiende el feminismo la igualdad?

Un análisis de la relación entre el movimiento feminista y el principio de igualdad.

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By See Red Women’s Workshop (Vogue) [Public domain], via Wikimedia Commons
 

Lo vemos de vez en cuando: Una figura pública dice no ser feminista e inmediatamente se alzan voces citando la definición de feminismo de la RAE y acusándola de no estar a favor de la igualdad y de ser, por tanto, machista.

¿Hasta qué punto son justas esas acusaciones? ¿Hay una dicotomía absoluta entre ser feminista y ser machista? ¿Defiende el feminismo la igualdad?

En este artículo voy a intentar aclarar lo que creo que son ciertas ambigüedades terminológicas y, de paso, reflexionar sobre la relación entre feminismo y crítica.

Uno: ¿Qué es el feminismo?

Es importante recordar que con la palabra “feminismo” hacemos referencia a dos cosas diferentes aunque relacionadas: una ideología y un movimiento político.

Como ideología, su núcleo fundamental es la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ahora bien, no se limita a ese principio fundamental. Abarca toda una serie de teorías sobre hasta qué punto las diferencias entre géneros son biológicas o construcciones sociales, cómo se manifiestan las discriminaciones, cuáles son las mejores estrategias para combatirlas, etc.

Y habiendo toda esas variables, el movimiento político no es, lógicamente, homogéneo. Tiene diferentes corrientes, que a veces se enfrentan con acritud.

Sin embargo, aunque en un movimiento político o en un partido haya diversidad de puntos de vista, en cada momento suele haber una corriente que gana preponderancia y marca el discurso del conjunto. Esa corriente no tiene por qué ser necesariamente la mayoritaria. A veces es simplemente la que tiene una militancia más concienciada y combativa. Por otra parte, los medios, con su gusto por las declaraciones explosivas y el clickbait, también contribuyen a difundir más determinadas voces.

Dos: ¿No ser feminista es ser machista?

Evidentemente, lo contrario sí se cumple: ser machista implica oponerse al feminismo. Y si nos atenemos al principio básico del feminismo, se puede argumentar que todo el que esté a favor de la igualdad debería identificarse como feminista.

Ahora bien, creo que muchas veces, cuando alguien dice que no es feminista, lo que está queriendo señalar es que no se identifica con el discurso predominante en el movimiento feminista del momento. De hecho, una autora indiscutiblemente feminista, Jessa Crispin, escribió un libro titulado provocativamente “Por qué no soy feminista”, precisamente para marcar distancias con un movimiento que, en su caso, le parecía demasiado moderado.

Así pues, quizá habría que ser un poco más prudentes antes de empezar a repartir carnés. Podemos debatir todo lo que queramos sobre hasta qué punto quienes se declaran no feministas se están expresando con precisión o no, pero hay una gran diferencia entre no usar los términos con propiedad y ser machista.

Tres: El meollo de la cuestión: ¿Defiende el movimiento feminista la igualdad?

Defender la igualdad es defender la universalidad de un principio, con independencia de a quién se le vaya a aplicar. Así pues, si al examinar un caso concreto llegamos a la conclusión de que “x” oprime e “y” es oprimido, habría que tomar partido por “y”.

¿Hace eso el movimiento feminista? La realidad es que no. Cuando hay un conflicto de pareja, el movimiento tiende a ponerse sistemáticamente de parte de la mujer sin necesidad de análisis alguno. Y en lo que se refiere a aquellas situaciones en las que son los hombres los que están peor (personas sin hogar, accidentes laborales, etc.), el movimiento no va a manifestarse, no porque esté de acuerdo con que eso ocurra, sino sencillamente porque considera que no es de su incumbencia.

En la práctica lo que el movimiento feminista defiende no es un principio, la igualdad, sino los derechos de un colectivo, las mujeres.

¿Por qué? Pues porque en la práctica lo que el movimiento feminista defiende no es un principio, la igualdad, sino los derechos de un colectivo, las mujeres.

Es cierto que, en la medida en que es un colectivo que ha estado tradicionalmente discriminado, se puede argumentar que defender sus derechos contribuye a defender la igualdad. Sin embargo, esa defensa ha dejado de ser absoluta para pasar a ser relativa y, por tanto,  ya no es definitoria.

Así pues, de la misma manera que a la hora de definir lo que es un sindicato de jornaleros decimos que es una organización que defiende los derechos de los jornaleros, sería más preciso definir el movimiento feminista en función del colectivo cuyos intereses representa.

Cuatro: ¿Es malo defender los derechos de un colectivo?

Obviamente, no. En sociedades tan complejas como las nuestras es necesario que quienes quieran defender sus derechos se organicen. Y si es lícito que existan organizaciones de empresarios, tanto más lo es que haya un movimiento que defienda los derechos de un colectivo que ha sido sistemáticamente discriminado.

La sociedad es un continuo foro de negociación, con múltiples actores que velan por sus intereses. Y a las mujeres les iría mucho peor si no hubiesen sido capaces de unirse para promover sus reivindicaciones.

Cinco: Pero entonces, ¿soy feminista o no?

En mi caso va a depender de si con la palabra “feminista” estamos haciendo referencia a la ideología y el principio de igualdad o al movimiento.
Si ser feminista es estar a favor del principio de igualdad de derechos, la respuesta es un rotundo sí.

En cambio, si lo es identificarse con el movimiento tal y como este se manifiesta ahora mismo y suscribir sistemáticamente sus acciones, la respuesta es no. Apoyo una parte de sus reivindicaciones y estrategias, otras me generan dudas, y hay una buena parte de ellas con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Y no lo estoy precisamente porque creo que son contraproducentes y van contra el principio de igualdad. Y entre el principio y el movimiento, me quedo con el principio.

Seis: Una última reflexión: El feminismo y la crítica.

El feminismo tiene una larga y dura historia de lucha, y durante ese combate ha sido y sigue siendo objeto de críticas muy injustas. Ahora bien, no deja de ser una ideología política y, como tal, no puede pedir inmunidad ni pretender que se le reconozca una especie de infabilidad papal. Todas las ideologías incluyen teorías erróneas y todos los movimientos cometen errores. La crítica y, sobre todo, la autocrítica son imprescindibles para evolucionar. Atrincherarse en las consignas es tentador en el fragor de la batalla, pero a la larga es una estrategia debilitante.

Distinguir a trazo grueso bandos morales puede ser satisfactorio para quien se incluye a sí mismo entre los justos, pero no es productivo.

Por eso, creo que sería bueno aparcar el frentismo y dejar de ahogar el debate con descalificaciones. Distinguir a trazo grueso bandos morales puede ser satisfactorio para quien se incluye a sí mismo entre los justos, pero no es productivo. Si lo que queremos es unir y eliminar barreras, no lo vamos a conseguir levantando otras nuevas. Lo que hay que hacer, en cambio, es mejorar las ideas.

Y eso sería, además, mucho más leal a un movimiento que surgió para acabar con los prejuicios; no para sustituir unos por otros.

 

La izquierda dogmática.

Se puede ser demócrata o se puede ser puro, pero no se puede ser demócrata y puro a la vez.

Bitangok!

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Hay muchas formas de describir la democracia. Se puede hablar de los derechos individuales, de las elecciones, de sus instituciones, etc. Pero hoy voy a adoptar una perspectiva distinta y voy a decir que la democracia es un sistema político que se caracteriza por no creer en la pureza.

Para empezar, no cree en la pureza del ser humano, lo ve imperfecto y corruptible, proclive a abusar de su posición y a mentir. Por eso se desconfía de los monarcas absolutos y de los grandes líderes. Por eso se insiste en la necesidad de dividir el poder y de establecer sistemas de control. Puesto que el hombre no es puro por naturaleza, se intenta obligarlo a que lo sea poniéndole riendas y exponiendo sus actos a la luz.

Y ya que sabemos que el ejercicio continuo del poder, por limitado que este sea, puede corrompernos, la democracia necesita de la alternancia. De ahí la afirmación de Samuel Huntington de que no podemos decir que un país es realmente democrático hasta que se haya demostrado que los mecanismos institucionales funcionan y al menos dos gobiernos hayan cedido el poder tras perder las elecciones¹.

La democracia tampoco cree que ninguna persona ni ningún partido haya descubierto fórmulas mágicas para salvarnos. Por eso desconfía de los grandes relatos que justifican cualquier medio para llegar a un fin que se pinta maravilloso. En palabras de Karl Popper: “Los que nos prometieron el paraíso en la Tierra nunca produjeron otra cosa que el infierno”².

La búsqueda de la verdad es una empresa colaborativa. Y esa labor colectiva es la que hace necesaria la libertad de expresión.

Por el contrario, la democracia asume que todos tenemos un conocimiento parcial, todos estamos equivocados en algo, todos tenemos sesgos. Así pues, la búsqueda de la verdad es una empresa colaborativa. Y esa labor colectiva es la que hace necesaria la libertad de expresión. Ella es la que permite que nuestras visiones parciales se puedan contrastar con las de los demás y así sigamos avanzando. En democracia no puede haber dogmas. Solo teorías, sometidas a un continuo proceso de revisión y crítica.

Y, por último, la democracia tampoco cree en la existencia de un único juego de valores morales, superior a todos los demás. Por una parte, se reconoce que es muy difícil que haya valores absolutos, puesto que con frecuencia un buen valor entra en conflicto con otro buen valor y es necesario negociar puntos de equilibrio, siempre discutibles. Y, por otra, hay valores sobre los que no hay consenso ni forma de alcanzarlo, porque son una cuestión de preferencias personales. En ese caso hay que aceptar la libertad del individuo para elegir. Tú puedes ser casto y yo promiscuo, y ni la Iglesia, ni el Estado, ni el Partido tienen derecho a inmiscuirse en ello.

Ser un buen demócrata implica, por tanto, aceptar la impureza, y hacerlo, además, en un doble sentido. Hay que aceptar la propia: uno no es el Bien, no tiene el monopolio de la razón, no es siempre justo y noble. Y también hay que reconocer que el otro no es el Mal y muy probablemente tendrá también su parte de razón.

Sin embargo, esto es algo que les cuesta trabajo aceptar a quienes irrumpen en escena montados en el caballo blanco de la pureza. Para quien está absolutamente convencido de la certeza de su dogma, cualquier compromiso es corrupción, cualquier oposición es el mal, cualquier norma que no refleje exactamente sus valores es injusta.

A lo largo de la historia esta ha sido a menudo la postura de las religiones. Al fin y al cabo, puesto que cada una de ellas pretende estar en posesión de la verdad absoluta, son, por definición, antipluralistas. Y por eso tiende a haber una cierta tensión entre las religiones y la democracia. Es cierto que cuando se ven en una situación de debilidad son las primeras en predicar la tolerancia. Pero también que, cuando están en una situación de poder, sus seguidores más fanáticos no le hacen ascos a usar la fuerza para rescatarnos a los demás de nuestros errores. Así lo hizo, por ejemplo, la jerarquía de la Iglesia Católica durante el franquismo, usando el poder del Estado para entrar en la esfera de la vida privada de los ciudadanos.

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Ahora bien, el antipluralismo no es exclusivo de las religiones. Podemos convertir cualquier ideología en antipluralista usando la misma técnica que la religión: aparcando el sentido crítico y saltando a la fe. Así, si queremos, podemos entregarnos al neoliberalismo dogmático, al ecologismo dogmático, al creacionismo (al que no parece necesario añadir la palabra dogmático) o incluso a la climatología dogmática.

Hoy, sin embargo, me voy a centrar solo en una veta de pureza: la que recorre una buena parte de nuestra izquierda.

Afortunadamente, no toda la izquierda es pura. Hay una izquierda que se reconoce falible y es, por tanto, democrática. Pero también la hay que no acaba de serlo, precisamente porque no quieren renunciar a la ilusión de la pureza. Lo paradójico, además, es que quienes militan en ella a menudo se reivindican a sí mismos como los auténticos demócratas. Y creo que esa presunción los hace merecedores de una dosis de crítica.

Examinemos algunas de sus características:

El monopolio de la razón

¿Qué caracteriza a esa izquierda pura y antipluralista? Para empezar, el rasgo que ya he señalado como común a todos los antipluralismos: el convencimiento de tener el monopolio de la razón. A las religiones son los dioses quienes, directa o indirectamente, les proporcionan los dogmas. Las ideologías recurren a otras fuentes para conseguir los suyos.

La izquierda ha heredado una parte de la tradición marxista. Otros los obtienen tomando teorías de distintas disciplinas y blindándolas frente a la crítica, prescindiendo del principio de falibilidad. El “es posible” se convierte en “es cierto y evidente” y se acabó la discusión.

Una relación peculiar con el resto de la ciencia

Una vez que tenemos nuestro sistema de dogmas, todo aquello que pueda contradecirlo se vuelve una amenaza.

En principio, cuando dos teorías chocan entre sí o cuando una de ellas choca con los datos, es necesaria una revisión crítica. Ahora bien, puesto que los dogmas son sagrados, hay que resolver el conflicto de otra manera. Rechazar de plano la ciencia no es posible, ya que esta goza de un gran prestigio, así que hay que usar otra estrategia: Se decide entonces que lo que choca con el dogma es, simplemente, mala ciencia, bien porque es corrupta y se ha vendido al capital o bien porque es patriarcal y sesgada.

Paradójicamente, el relativismo posmodernista es un magnífico instrumento para defender los dogmas absolutos.

Paradójicamente, el relativismo posmodernista es un magnífico instrumento para defender los dogmas. Cuestionando hasta extremos irracionales todo lo demás, puedo defender lo que no quiero que nadie pueda cuestionarme.

El monopolio moral

Un tercer rasgo de la izquierda antipluralista es la tendencia a atribuirse el monopolio de los buenos sentimientos. Ello se debe a que tienden a considerar, no solo que tienen razón, sino que es evidente que la tienen y que todos los demás, en el fondo, lo sabemos. Eso permite llevar las discrepancias al plano moral. Si hay pluralidad de opiniones no es porque estemos frente a un problema complejo, al que todavía no somos capaces de dar una respuesta definitiva; ni porque, aun estando de acuerdo en la meta, pueda haber discrepancias sobre la mejor estrategia para alcanzarla; ni porque sea un tema sobre el que se puede tener preferencias distintas. Quien discrepa es, sencillamente, un ignorante o un injusto.

Por eso, la izquierda pura tiende a reaccionar con virulencia a la crítica. Que me discutas lo evidente es insultante en sí mismo, lo que justifica que yo te responda con otro insulto. Si el que discrepaba de los dogmas de la Iglesia era un hereje, quien cuestiona los de la izquierda es un facha, un franquista, un (pos)machista, un esquirol, un nazi, o, siendo generoso, alguien al que mandar a leer. Se supone que leer lo suficiente tiene que conducirte a la única conclusión posible: que ellos tienen razón.

Ambivalencia ante la libertad de expresión

El dogmatismo siempre ha combinado mal con la libertad de expresión. Y ahí, de nuevo, se plantea un conflicto. En teoría la izquierda está radicalmente a favor y defiende a cómicos, raperos y tuiteros. Pero lo cierto es que esa defensa solo se practica mientras los ataques sean contra los principios o dogmas de los demás. Así, es lícito cagarse en Dios o en la monarquía. Ahora bien, cuando la libertad de expresión afecta a los dogmas propios, las cosas cambian y rápidamente se gira en redondo para apoyar la censura.

¿Cómo justificar esa aparente contradicción? Lo primero es argumentar que una misma conducta no tiene el mismo valor si la lleva a cabo un opresor que un oprimido. Lo segundo es echar mano de otra cita de Karl Popper: “Así pues, deberíamos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes.³”

La cita suena razonable. Ahora bien, dos detalles: Para empezar, se omite que Popper, apenas unas líneas antes, defiende que no hay que aplicar la censura mientras seamos capaces de combatir la intolerancia con argumentos racionales. Por otra parte, la clave está en quién decide quiénes son los intolerantes y los opresores. Y la izquierda pura se arroga ese derecho sin necesidad de contar con un consenso amplio. Cualquier grupo militante de izquierda puede erigirse en tribunal popular y sentenciar que tal cómico, conferenciante o escritor es culpable y merece ser acallado.

La desobediencia civil como comodín

Por último, otra característica curiosa de la izquierda dogmática es su relación con la ley. Puesto que consideran que tienen el monopolio de lo justo, toda norma o resolución judicial con la que discrepen es, por definición, injusta, y por tanto se puede sacar del armario la pancarta de Rosa Parks y llamar a la desobediencia. Así lo hacen incluso personas que ocupan escaños en los poderes legislativos, como, por ejemplo, estas dos diputadas de Podemos en este artículo. La superioridad moral lo justifica todo, incluso no respetar las leyes aprobadas por mayorías o atacar la división de poderes.

Para terminar: Una nota personal

Soy lo bastante mayor para haber vivido la Transición, y recuerdo la sensación de alivio que supuso ver cómo la imposición moral y la censura se venían abajo. Por fin las ventanas se abrían y entraba aire fresco.

Y, como muchos de los que vivieron aquel momento desde posiciones de izquierda, ahora asisto desconcertado a la aparición de un nuevo puritanismo surgido de la que solía ser nuestra esquina del tablero. Veo con estupor a una nueva generación de izquierdistas cerrando ventanas e intentando imponer una moral. En definitiva, veo regresar la religión disfrazada de política.

La superioridad moral no viene instalada de serie con ninguna ideología.

Pero la buena política no se hace con dogmas. La libertad no se defiende ni con el insulto ni con la censura. Quién piensa que tiene toda la razón se equivoca. Y la superioridad moral no viene instalada de serie con ninguna ideología; hay que ganársela día a día mediante el ejercicio de la tolerancia y el uso de la razón.

Y, en mi experiencia, lo que aleja a mucha gente de la izquierda no es que les encante la injusticia y rechacen el progreso social. Es que desconfían que la justicia vaya a llegar de la mano de quienes insultan, desprecian y censuran, y de quienes, cuando sus teorías chocan con los hechos, dan la espalda a la realidad y corean sus consignas como si fueran conjuros mágicos.

 

                                                                                                     

¹ Samuel P. Huntington, “The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century” (1991).

² Citado en “Passing: Condolences and Complaints on Death, Dying, and Related Disappointments” (2005) de Jon Winokur.

³ Karl S. Popper, “La sociedad abierta y sus enemigos”  (1945).

 

Juana Rivas y la responsabilidad.

¿Hasta qué punto podemos obviar las consecuencias de nuestros actos?

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Uno de los aspectos más preocupantes del caso Juana Rivas ha sido el de revelar la tremenda confusión que hay en parte de la sociedad española sobre lo que es tener responsabilidades, sean estas a nivel personal, profesional, político o incluso de país. Parece que se estuviera reivindicando un nuevo derecho: el de la irresponsabilidad a discreción.

Sin embargo, las responsabilidades existen. Y negarse a asumirlas no es un heroico acto de lucha reivindicativa, como parecen creer algunos, sino simple y pura incoherencia.

Pero vayamos paso a paso:

La responsabilidad de Juana Rivas:

A estas alturas es difícil distinguir a la Juana Rivas real del personaje o personajes que han ido construyendo los medios, pero en cualquier caso hay un dato indiscutible: cuando decidió irse a vivir en Italia con Francesco Arcuri era una mujer mayor de edad.

Fijar su residencia allí tenía una consecuencia inevitable: la de aceptar la competencia de los tribunales italianos en todo lo referente al derecho de familia, incluyendo cualquier posible disputa por la custodia de sus hijos. ¿Es eso injusto? No, en principio más que injusto parece lógico: Ningún tribunal puede estar mejor situado para decidir sobre unos niños que los del lugar donde viven, donde están escolarizados y donde van al pediatra.

Arrepentirse de las decisiones que uno toma es muy humano, así como también lo es intentar eludir sus consecuencias. Y en algún momento Juana Rivas se arrepintió de haberse ido a vivir en Italia y prefirió quedarse en España. No tenemos la certeza de si lo hizo para escapar de una situación insoportable de maltrato o si simplemente, como le ocurre a muchos emigrados, se cansó de estar en tierra extraña y prefirió volver a la propia. Lo que sí sabemos es que decidió saltarse las vías legales para poder quedarse con sus hijos, y que más tarde decidió ignorar las resoluciones tanto de los tribunales italianos como las de los españoles.

En cualquier caso, motivase lo que motivase esa serie de decisiones, lo que está claro es que acabaron yendo contra sus propios intereses. No cabe, pues, calificarlas de responsables.

Para pelear por nuestros derechos hay vías legales e ilegales. Y si optas por las ilegales, es absurdo esperar que los tribunales te den la razón.

La responsabilidad del entorno de Juana Rivas y del movimiento feminista.

Cuando una persona se equivoca, la forma de ayudarla no es animarla a perseverar en el error. Y lo mejor que se podría haber hecho por Juana Rivas hubiese sido convencerla para que obedeciese los mandatos judiciales. A partir de ahí, se le podría haber dado un asesoramiento verdaderamente profesional e incluso prestado apoyo para disputar la custodia de sus hijos ante los tribunales italianos.

Seguramente en su entorno hubo alguna voz sensata, así como también las hubo dentro del movimiento feminista, que, afortunadamente, no es monolítico. Pero esas voces no solo no fueron escuchadas sino que incluso fueron criticadas con dureza, quedando al final tapadas bajo una oleada de irresponsabilidad colectiva.

A Juana Rivas se la animó a jugar la partida a un todo o nada, cuando estaba claro que el resultado probable iba a ser nada o peor que nada.

A Juana Rivas se la animó a echarle un pulso al Estado. Se la paseó por los platós de televisión, con lo que no solo se convirtió su vida y la de su pareja en materia  para un culebrón, sino también las de sus dos hijos dos menores. Se la animó, en definitiva, a jugarse la partida a un todo o nada, cuando estaba claro que el resultado probable iba a ser nada o peor que nada.

Y todo eso se hizo mientras se convertía el caso en un ariete al servicio de una causa ideológica. Lo importante era poder denunciar el machismo, la justicia patriarcal; tener una nueva Rosa Parks, sin preocuparse demasiado de si la persona en cuestión realmente quería interpretar ese papel o solo aspiraba a ganar su pequeña batalla particular.

El Convenio de la Haya y nuestra responsabilidad como país.

Las leyes segregacionistas contra las que luchó Rosa Parks eran evidentemente injustas.

Pero ¿cuáles son  esas normas tan patriarcales a las que se enfrentó Juana Rivas?

Un caso como este es complejo, pero el núcleo fundamental ha sido la aplicación del comúnmente conocido como Convenio de la Haya de 1980. Contra lo que mucha gente parece pensar, la justicia española no ha tomado la decisión de entregarle los niños a “un padre maltratador”, por la sencilla razón de que no son los tribunales españoles los que han decidido a quién dar la custodia. Lo único que han hecho nuestros jueces es decir que hay que atenerse a lo que decidan los tribunales italianos, que son los competentes.

Los mayores beneficiarios del Convenio de la Haya son precisamente aquellos a quienes el movimiento feminista dice defender: las mujeres y sus hijos.

El Convenio de la Haya es un acuerdo internacional firmado por más de 80 países y que obliga a restituir a los menores a su país de residencia cuando un progenitor se los ha llevado ilegalmente del mismo. Su finalidad es proteger los derechos del otro progenitor, pero, sobre todo, los de los propios niños, garantizando que las disputas por las custodias no se solucionan a las bravas, sin que intervenga un juez que tutele los derechos de los menores. Y puesto que los jueces tienden a otorgarle la custodia a las madres antes que a los padres, cuesta trabajo ver cómo eso puede ser una manifestación del heteropatriarcado. Los mayores beneficiarios del Convenio de la Haya son precisamente aquellos a quienes el movimiento feminista dice defender: las mujeres y sus hijos.

Es cierto que el Convenio prevé que en el caso de que la devolución ponga en peligro a los menores esta puede suspenderse. Y muchos han argumentado que, puesto que Francesco Arcuri tenía una condena por un delito de lesiones en el ámbito familar y puesto que Juana Rivas lo acusaba de maltratarla, había que suspender la entrega para proteger a los niños.

Ahora bien, la condena de Arcuri es por un único episodio ocurrido en 2009, antes incluso de la concepción del segundo hijo. Y no hay ninguna prueba de que haya vuelto a tener lugar otro incidente ni de que el padre haya maltratado jamás a sus hijos. Por otra parte, si con la palabra de los progenitores que han sustraído a los menores bastase para paralizar las devoluciones, nunca se podría llevar a cabo ninguna.

En este caso concreto podía ser razonable pedirle a los jueces italianos que estuviesen especialmente atentos,  pero no había ningún argumento de peso para negarse a la devolución de los niños. El Convenio de la Haya no es una norma española sino un acuerdo internacional, y es infantil pensar que podemos empezar a decirle a otros países que no nos fiamos de su capacidad para proteger a sus residentes sin que eso acabe teniendo consecuencias.

La responsabilidad tras la sentencia a Juana Rivas.

La sentencia a Juana Rivas ha provocado una nueva oleada de críticas. Parte de ellas están bien argumentadas y son posiblemente justas. Ahora bien, hay dos aspectos que llaman la atención:

En primer lugar, la absoluta falta de autocrítica por parte de aquellos que animaron a Juana Rivas a seguir por un camino equivocado. Mientras que todo vale para intentar desacreditar la sentencia, desde cuestionar la fecha de la misma hasta rebuscar en el pasado del juez, no se ha escuchado prácticamente ningún mea culpa. Los que en su momento decidieron desoír las advertencias de los juristas, ahora que se ha producido la condena solo ven en ella la confirmación de sus teorías: nos domina el patriarcado. Ningún error propio. Todos ajenos.

La inmensa mayoría de las críticas se parten de dar como cierto e indiscutible lo que no deja de ser una versión de parte.

En segundo lugar, es destacable que la inmensa mayoría de las críticas parten de dar como cierto e indiscutible lo que no deja de ser una versión de parte: que Juana Rivas se llevó a sus hijos para ponerlos a salvo.

Así, por ejemplo, Alberto Garzón afirmaba en un tuit: “Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de cárcel por intentar proteger a sus hijos de un maltratador. Una justicia patriarcal profundamente injusta…” y Ana Pardo de Vera, la directora de Público, lanzaba un mensaje muy parecido en otro tuit: “Ésta es la sentencia de la “justiciapatriarcal contra una mujer que intentó proteger a sus hijos de un maltratador condenado…”. Y los suyos no son las excepciones. Hay literalmente miles de tuits, artículos y declaraciones en el mismo sentido.

Como ya señalé antes, no sabemos realmente los motivos por los que actuó Juana Rivas. Sobre lo que ocurrió en Caloforte hay dos versiones contradictorias y es perfectamente lícito creerse una, creerse la otra o dudar de las dos. Pero lo que no se puede hacer es confundir creer con saber.

Hace tiempo que vemos como buena parte de la sociedad española parece pensar que la justicia debería funcionar en base a creencias y emociones, dejando a un lado los razonamientos y las pruebas. Es un prejuicio popular que a lo largo de la historia levanta con frecuencia la cabeza. Pero lo que es completamente irresponsable es que haya periodistas y cargos políticos que se dediquen a alentarlo. Algunos lo harán por cálculo interesado, otros por puro fanatismo, pero todos juntos están empujando para desplazar a los tribunales desde la aplicación de la ley hacia la satisfacción de los sentimientos populares; es decir, del juicio al prejuicio.

Y de todas las irresponsabilidades en torno a este caso, esa puede que sea la más grave y peligrosa.

La sentencia de La Manada: perdidos en las palabras.

El punto de vista de un filólogo sobre algunas de las polémicas.

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La sentencia del llamado caso de La Manada ha sido lo suficientemente polémica como para serlo a varios niveles.  Uno de ellos es el terminológico, con encendidos debates en torno a palabras como “agresión”, “violación” o “intimidación”.

Aunque hace años que mi vida profesional ha tomado otro camino, soy filólogo por formación. En una carrera aprendes muchas cosas, pero hay algunas que son particularmente reveladoras. Para mí una de ellas fue descubrir que el valor de una expresión lingüística es siempre relativo, incluso cuando no lo parece.

Es frecuente ver debates acalorados entre personas que piensan que están discutiendo lo mismo simplemente porque lo llaman igual.

Sin embargo, eso es algo que se olvida a menudo, lo que constituye una fuente inagotable de polémicas estériles. Así, es frecuente ver debates acalorados entre personas que piensan que están discutiendo lo mismo simplemente porque lo llaman igual, cuando en realidad están hablando de cosas distintas. Por decirlo gráficamente, uno habla del Sócrates filósofo mientras el otro habla del Sócrates futbolista y, lógicamente, a ambos les parece que el otro dice disparates.

Creo que en el llamado caso de La Manada ha habido algunas de estas polémicas equívocas, pero, puesto que el debate sobre la dichosa sentencia está tan cargado emocionalmente, antes de referirme a ella voy a dar un pequeño rodeo y usar un ejemplo menos problemático:

Imaginemos que salgo a tomar algo y en un momento de descuido alguien me roba el móvil. Afortunadamente, hay testigos y la policía consigue dar con el delincuente, que confiesa. Así pues, hay denuncia del robo, testigos del robo y confesión del robo. Y, sin embargo, no hay condena por robo. Lo que hay es condena por hurto.

¿Entonces estábamos todos equivocados? ¿No era robo sino hurto?

Pues no, no estábamos equivocados. Como con el famoso gato de Schrödinger, es cierta una cosa y la contraria. En un juzgado y en una sentencia, la palabra que describe de forma apropiada los hechos es “hurto”. Pero si estoy con unos amigos y quiero contarles lo sucedido, lo lógico es llamarlo robo,  porque si lo llamo hurto, lo que conseguiré será quedar como un pedante y distraer a mis interlocutores de la información que estoy intentando transmitir.

En definitiva, no existe la palabra apropiada. El éxito de un acto comunicativo depende de escoger la más adecuada para crear la impresión que deseamos en un contexto concreto. Y las palabras no son más que instrumentos para crear esa impresión.

Vayamos ahora a la famosa sentencia del caso de la manada:

Los términos “intimidación” y “agresión”.

“¿Cómo no te vas a sentir intimidada si te rodean cinco personas?”; “Pues para mí, que alguien te toque sin que tú quieras es siempre una agresión.”; “Si esto no es intimidación, va a haber que cambiar la definición del diccionario de la R.A.E.”.

Todas estas frases son comprensibles, pero cometen el error del que nos alerta la diferencia entre robo y hurto: el de pensar que en un ámbito técnico los términos tienen que significar lo mismo que en el lenguaje corriente.

Además, estas quejas desplazan el foco de atención desde los actos de los acusados hacia los sentimientos de la víctima. No soy experto en Derecho, pero, si no me equivoco, el protagonista de un proceso penal es el presunto delincuente, y por ello los términos hay que entenderlos como una descripción de su conducta más que de los efectos psicológicos que la misma pueda causar en otras personas.

El término “violación”.

El caso del término “violación” es todavía más curioso y complejo. Al parecer, cuando se reformó el Código Penal en 1995, se decidió eliminarlo por considerarlo ligado a la sexualidad reproductiva más que al concepto de libertad sexual. Años más tarde se recuperó, pero de una forma muy restringida. Actualmente no aparece en los artículos que se refieren al delito de abuso sexual, ni siquiera cuando el abuso consiste en una penetración no consentida, sino que solamente lo hace en el artículo 179, que tiene la siguiente redacción: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años “.

Con esto lo que ocurrió es que se produjo otro descuadre bastante peculiar entre el lenguaje corriente y el técnico, porque si para la R.A.E y para el hablante común una violación es cualquier penetración no consentida, para el Código, aparentemente, no.

Todo eso preparó un magnífico escenario para una tormenta, que ha acabado estallando ahora con el caso deLa Manada.

¿Qué es lo que ocurre? ¿Es que la sentencia no reconoce que hubo violación?

Lo que ocurre es que tenemos un nuevo gato de Schrödinger. La sentencia da por acreditado que hubo penetraciones no consentidas y lo tiene en cuenta a la hora de establecer la pena, por lo que se puede decir que se han castigado las violaciones. Ahora bien, no lo hace por el artículo 179, así que también se puede afirmar que no hay reos de violación y, por lo tanto, que no se ha reconocido que hubo violación.

Puesto que podemos afirmar ambas cosas, la opción que elijamos va a depender fundamentalmente del público al que nos dirijamos y del mensaje que queramos transmitir.

Si queremos ser precisos y centrarnos en las particularidades del caso concreto, lo lógico sería apartar a un lado el término “violación” con toda su problemática. Al fin y al cabo, nadie ha discutido nunca que hubo penetraciones. Lo que se discute es si hubo consentimiento y si hubo intimidación; en definitiva, si hubo delito y, de haberlo, si es abuso o agresión sexual. Eso es lo que tienen que dilucidar los profesionales, y a ese debate la palabra “violación” no aporta nada.

El caso de La Manada no es solo un caso judicial sino también el escenario de una batalla ideológica mucho más amplia.

Ahora bien,  el caso de La Manada no es solo un caso judicial sino también el escenario de una batalla ideológica mucho más amplia, y ahí el término “violación” se erige en protagonista.  ¿Quiero transmitir que el sistema funciona o que las violaciones quedan en gran medida impunes? ¿Quiero defender el trabajo del Poder Judicial o quiero hablar de justicia patriarcal? Según busque una cosa u otra, puedo aferrarme a la definición del diccionario de la R.A.E. o a la expresión “reo de violación” del CP.

El lenguaje es un campo lícito para la disputa política y, además, es mejor que esta se lleve a cabo en este tipo de terrenos antes que en las calles. Sin embargo, hay algunos aspectos que me parecen dignos de señalar:

El primero es que estas disputas terminológicas a veces a lo que parecen responder es a un puro afán punitivo, porque ante un delito que se percibe como particularmente repugnante surge la tentación de tirar hacia arriba.  Convendría distinguir pues hasta qué punto lo que se está pidiendo es que los nombres de los delitos y sus interpretaciones reflejen una nueva sensibilidad o hasta qué punto lo que se está pidiendo es, sencilla y llanamente, más años de cárcel para satisfacer a una opinión pública indignada. Y conviene recordar que lo fundamental para que haya justicia no es el nombre del delito sino la proporcionalidad de la pena.

El segundo es que la vía para que una visión política entre en el Derecho debería ser a través del Poder Legislativo y no a través del Poder Judicial. Pero pedirle a los jueces que interpreten  los términos de forme acorde a una “demanda social”, que se expresa fundamentalmente en manifestaciones y artículos de opinión, supone abrirle la puerta a la ideología a un ámbito que debería ser esencialmente técnico. Y eso no es malo o bueno en función de cuál sea esa ideología. Es malo en sí mismo.

Por último,  me gustaría hablar de esa queja tan frecuente de que el lenguaje jurídico está desconectado del de la calle, algo que a veces se interpreta como un síntoma de que los juristas viven de espaldas a la realidad social.

¿Podemos acercar el lenguaje jurídico al común?

Como filólogo, soy favorable a todo proceso que lleve a mejorar la claridad y la accesibilidad de los mensajes, y creo que es algo en lo que se podría y se debería avanzar. Ahora bien, también creo que hay que ser conscientes de qué es posible y a partir de qué punto entramos en el terreno de la fantasía. Y lo cierto es que, aunque hiciésemos ahora un enorme esfuerzo para que hubiese una correspondencia perfecta entre el lenguaje jurídico y el de la calle, en poco tiempo se separarían de nuevo, por la sencilla razón de que se rigen y evolucionan de acuerdo a reglas diferentes.

Las funciones principales de los lenguajes técnicos y científicos son la descriptiva y la prescriptiva, y en ambas es fundamental la precisión, por lo que están dispuestos a cometer muchos sacrificios en su búsqueda. No les importa ser redundantes, no les importa ser monótonos, no les importa ser aburridos. Quieren ser claros.

Los seres humanos no queremos hablar como el prospecto de un medicamento.

En cambio, el lenguaje común tiene, además, otra función fundamental: la expresiva. Los seres humanos no queremos hablar como el prospecto de un medicamento sino que necesitamos que nuestras emociones estén presentes en nuestras interacciones. Para eso usamos el humor, la ironía, metáforas, símiles e hipérboles. Además, empleamos también la lengua  como elemento diferenciador. Las nuevas generaciones quieren distinguirse de las anteriores; unos grupos de otros; unas clases sociales de otras. Nos vestimos con nuestras palabras igual que nos vestimos con la ropa o el corte de pelo. Y por eso el idioma también está sujeto a las modas y a un continuo proceso de cambio. Las lenguas son seres vivos y en continua evolución, y la de la calle no se va a conformar con avanzar a ese ritmo lento y minucioso de los lenguajes técnicos, y los lenguajes técnicos tampoco pueden sacrificar la precisión para correr detrás del de la calle.

¿Cuál es la solución? Pues aceptar la realidad: que la lengua es maravillosamente polifacética y expresiva precisamente porque los términos que usamos no tienen un significado absoluto sino relativo, y que le corresponde a nuestra inteligencia ser capaz de llegar a los conceptos por un lado y a la realidad por el otro sin quedarse atrapada en las palabras.

 

El buque Aquarius y mi ética.

La empatía es hermosa, pero también lo es el uso de la razón.

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Siempre he tenido interés por el tema de los fundamentos de la ética y es algo sobre lo que leo e investigo. Esas investigaciones, sin embargo, se suelen topar con un problema: no tengo una mente bien dotada para las sutilezas filosóficas. Así, las probabilidades de que en una conferencia sobre ética me evada y me ponga a pensar sobre lo que voy a cenar esa noche son bastante altas; de hecho, creo que me costaría menos mantenerme atento si la charla fuese sobre algún tema más pedestre, como la forma de fabricar sacapuntas, por ejemplo.

Pero lo sigo intentando. Sin embargo, tampoco tengo la sensación de que los conceptos que encuentro en los libros me estén ayudando a la hora de entender mi ética. No creo que la forma más clara de explicarla sea etiquetándola como una ética de valores, deontológica o consecuencialista, o aludiendo a conceptos como el emotivismo o el subjetivismo. Creo que soy mucho, mucho más simple que todo eso: mis juicios éticos se reducen, en el fondo, a juicios estéticos. Hay actos y sentimientos que encuentro hermosos y otros que encuentro feos, igual que me ocurre con las canciones, los libros o los rostros.

Ahora bien, apoyarme en la estética simplifica la cuestión, pero tampoco completamente, porque mi gusto bebe de dos fuentes: una irracional y otra racional.

Mi capacidad de razonar no pinta nada cuando se trata de valorar, por ejemplo, una cara, una canción o un paisaje. De hecho, muchas veces la razón me está diciendo “eso no debería gustarte” y, sin embargo, me gusta, porque conecta directamente con mis emociones sin pedirle permiso a mi cerebro.

Pero en otros casos la razón lo pinta todo. Me gustan los argumentos bien construidos, los discursos lúcidos y coherentes, la precisión en el uso de los conceptos. Y, por el contrario, cuando veo a alguien hilar una falacia tras otra, siento la misma repugnancia que cuando veo a gente tirar basura en el campo. El uso tramposo de argumentos inválidos me produce auténtica indignación moral.

¿Y cómo afecta todo eso a mi visión de lo ocurrido con el buque Aquarius?

Por una parte, me parece hermoso que seamos capaces de sentir empatía por la situación de completos desconocidos, que no veamos en ellos solo un número o un problema, sino personas de carne y hueso.  Aplaudo el afán de solidaridad y la generosidad espontánea.

Ahora bien, cuando se trata de evaluar las acciones de todas  las organizaciones implicadas, desde estados a ONGs, mi estética pasa a apoyarse en la otra pata, la racional. Me gustaría que sus actos no fuesen improvisados y sentimentales. Quiero que sean meditados, coherentes, coordinados y, sobre todo, útiles, útiles de verdad, ya no para resolver de forma digna el problema de 629 migrantes, que también, sino para afrontar desafíos más graves y profundos,  desafíos que marcan de forma dolorosa la vida de millones de personas.

En política los gestos son importantes: Sirven para inspirar y para aunar fuerzas.

Eso no significa que les pida a los políticos que le den la espalda a la empatía o que se comporten con la fría racionalidad de un ingeniero diseñando una estructura. En absoluto. La empatía no es el mejor conductor al volante, pero es un buen motor, y soy consciente, además, de que en política los gestos son importantes: Sirven para inspirar, para aunar fuerzas y, con ello, permiten romper inercias que sería imposible superar de otra manera.

Pero una cosa es que los gestos sean importantes y otra muy distinta quedarse solo en ellos. La gran política es la que es capaz de usarlos para abrir puertas, llegar al fondo de los problemas y marcar una diferencia. La pequeña política, la más mezquina, se queda en lo simbólico, porque solo piensa en términos de réditos electorales y de repartos de poder. La gran política baja al mundo real y se mancha las manos. La pequeña se echa atrás hipócritamente, para observar cuál es el siguiente titular que capta la atención del público y qué postura conviene tomar esa vez.

Por eso creo que es bueno que los ciudadanos usemos toda nuestra capacidad ética y estética y, al tiempo que aplaudimos los gestos hermosos, demandemos la belleza que se deriva de la lógica y de la coherencia, del rigor, de las cosas bien hechas. En definitiva, creo que es importante que vigilemos a nuestros políticos y no les dejemos acomodarse, sino que les exijamos que vayan más allá y construyan algo más sólido y duradero que una retahíla de gestos.