Juana Rivas y la responsabilidad.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso Juana Rivas ha sido el de revelar la tremenda confusión que hay en parte de la sociedad española sobre lo que es tener responsabilidades, sean estas a nivel personal, profesional, político o incluso de país. Parece que se estuviera reivindicando un nuevo derecho: el de la irresponsabilidad a discreción.

Sin embargo, las responsabilidades existen. Y negarse a asumirlas no es un heroico acto de lucha reivindicativa, como parecen creer algunos, sino simple y pura incoherencia.

Pero vayamos paso a paso:

La responsabilidad de Juana Rivas:

A estas alturas es difícil distinguir a la Juana Rivas real del personaje o personajes que han ido construyendo los medios, pero en cualquier caso hay un dato indiscutible: cuando decidió irse a vivir en Italia con Francesco Arcuri era una mujer mayor de edad.

Fijar su residencia allí tenía una consecuencia inevitable: la de aceptar la competencia de los tribunales italianos en todo lo referente al derecho de familia, incluyendo cualquier posible disputa por la custodia de sus hijos. ¿Es eso injusto? No, en principio más que injusto parece lógico: Ningún tribunal puede estar mejor situado para decidir sobre unos niños que los del lugar donde viven, donde están escolarizados y donde van al pediatra.

Arrepentirse de las decisiones que uno toma es muy humano, así como también lo es intentar eludir sus consecuencias. Y en algún momento Juana Rivas se arrepintió de haberse ido a vivir en Italia y prefirió quedarse en España. No tenemos la certeza de si lo hizo para escapar de una situación insoportable de maltrato o si simplemente, como le ocurre a muchos emigrados, se cansó de estar en tierra extraña y prefirió volver a la propia. Lo que sí sabemos es que decidió saltarse las vías legales para poder quedarse con sus hijos, y que más tarde decidió ignorar las resoluciones tanto de los tribunales italianos como las de los españoles.

En cualquier caso, motivase lo que motivase esa serie de decisiones, lo que está claro es que acabaron yendo contra sus propios intereses. No cabe, pues, calificarlas de responsables.

Para pelear por nuestros derechos hay vías legales e ilegales. Y si optas por las ilegales, es absurdo esperar que los tribunales te den la razón.

La responsabilidad del entorno de Juana Rivas y del movimiento feminista.

Cuando una persona se equivoca, la forma de ayudarla no es animarla a perseverar en el error. Y lo mejor que se podría haber hecho por Juana Rivas hubiese sido convencerla para que obedeciese los mandatos judiciales. A partir de ahí, se le podría haber dado un asesoramiento verdaderamente profesional e incluso prestado apoyo para disputar la custodia de sus hijos ante los tribunales italianos.

Seguramente en su entorno hubo alguna voz sensata, así como también las hubo dentro del movimiento feminista, que, afortunadamente, no es monolítico. Pero esas voces no solo no fueron escuchadas sino que incluso fueron criticadas con dureza, quedando al final tapadas bajo una oleada de irresponsabilidad colectiva.

A Juana Rivas se la animó a jugar la partida a un todo o nada, cuando estaba claro que el resultado probable iba a ser nada o peor que nada.

A Juana Rivas se la animó a echarle un pulso al Estado. Se la paseó por los platós de televisión, con lo que no solo se convirtió su vida y la de su pareja en materia  para un culebrón, sino también las de sus dos hijos dos menores. Se la animó, en definitiva, a jugarse la partida a un todo o nada, cuando estaba claro que el resultado probable iba a ser nada o peor que nada.

Y todo eso se hizo mientras se convertía el caso en un ariete al servicio de una causa ideológica. Lo importante era poder denunciar el machismo, la justicia patriarcal; tener una nueva Rosa Parks, sin preocuparse demasiado de si la persona en cuestión realmente quería interpretar ese papel o solo aspiraba a ganar su pequeña batalla particular.

El Convenio de la Haya y nuestra responsabilidad como país.

Las leyes segregacionistas contra las que luchó Rosa Parks eran evidentemente injustas.

Pero ¿cuáles son  esas normas tan patriarcales a las que se enfrentó Juana Rivas?

Un caso como este es complejo, pero el núcleo fundamental ha sido la aplicación del comúnmente conocido como Convenio de la Haya de 1980. Contra lo que mucha gente parece pensar, la justicia española no ha tomado la decisión de entregarle los niños a “un padre maltratador”, por la sencilla razón de que no son los tribunales españoles los que han decidido a quién dar la custodia. Lo único que han hecho nuestros jueces es decir que hay que atenerse a lo que decidan los tribunales italianos, que son los competentes.

Los mayores beneficiarios del Convenio de la Haya son precisamente aquellos a quienes el movimiento feminista dice defender: las mujeres y sus hijos.

El Convenio de la Haya es un acuerdo internacional firmado por más de 80 países y que obliga a restituir a los menores a su país de residencia cuando un progenitor se los ha llevado ilegalmente del mismo. Su finalidad es proteger los derechos del otro progenitor, pero, sobre todo, los de los propios niños, garantizando que las disputas por las custodias no se solucionan a las bravas, sin que intervenga un juez que tutele los derechos de los menores. Y puesto que los jueces tienden a otorgarle la custodia a las madres antes que a los padres, cuesta trabajo ver cómo eso puede ser una manifestación del heteropatriarcado. Los mayores beneficiarios del Convenio de la Haya son precisamente aquellos a quienes el movimiento feminista dice defender: las mujeres y sus hijos.

Es cierto que el Convenio prevé que en el caso de que la devolución ponga en peligro a los menores esta puede suspenderse. Y muchos han argumentado que, puesto que Francesco Arcuri tenía una condena por un delito de lesiones en el ámbito familar y puesto que Juana Rivas lo acusaba de maltratarla, había que suspender la entrega para proteger a los niños.

Ahora bien, la condena de Arcuri es por un único episodio ocurrido en 2009, antes incluso de la concepción del segundo hijo. Y no hay ninguna prueba de que haya vuelto a tener lugar otro incidente ni de que el padre haya maltratado jamás a sus hijos. Por otra parte, si con la palabra de los progenitores que han sustraído a los menores bastase para paralizar las devoluciones, nunca se podría llevar a cabo ninguna.

En este caso concreto podía ser razonable pedirle a los jueces italianos que estuviesen especialmente atentos,  pero no había ningún argumento de peso para negarse a la devolución de los niños. El Convenio de la Haya no es una norma española sino un acuerdo internacional, y es infantil pensar que podemos empezar a decirle a otros países que no nos fiamos de su capacidad para proteger a sus residentes sin que eso acabe teniendo consecuencias.

La responsabilidad tras la sentencia a Juana Rivas.

La sentencia a Juana Rivas ha provocado una nueva oleada de críticas. Parte de ellas están bien argumentadas y son posiblemente justas. Ahora bien, hay dos aspectos que llaman la atención:

En primer lugar, la absoluta falta de autocrítica por parte de aquellos que animaron a Juana Rivas a seguir por un camino equivocado. Mientras que todo vale para intentar desacreditar la sentencia, desde cuestionar la fecha de la misma hasta rebuscar en el pasado del juez, no se ha escuchado prácticamente ningún mea culpa. Los que en su momento decidieron desoír las advertencias de los juristas, ahora que se ha producido la condena solo ven en ella la confirmación de sus teorías: nos domina el patriarcado. Ningún error propio. Todos ajenos.

La inmensa mayoría de las críticas se parten de dar como cierto e indiscutible lo que no deja de ser una versión de parte.

En segundo lugar, es destacable que la inmensa mayoría de las críticas parten de dar como cierto e indiscutible lo que no deja de ser una versión de parte: que Juana Rivas se llevó a sus hijos para ponerlos a salvo.

Así, por ejemplo, Alberto Garzón afirmaba en un tuit: “Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de cárcel por intentar proteger a sus hijos de un maltratador. Una justicia patriarcal profundamente injusta…” y Ana Pardo de Vera, la directora de Público, lanzaba un mensaje muy parecido en otro tuit: “Ésta es la sentencia de la “justiciapatriarcal contra una mujer que intentó proteger a sus hijos de un maltratador condenado…”. Y los suyos no son las excepciones. Hay literalmente miles de tuits, artículos y declaraciones en el mismo sentido.

Como ya señalé antes, no sabemos realmente los motivos por los que actuó Juana Rivas. Sobre lo que ocurrió en Caloforte hay dos versiones contradictorias y es perfectamente lícito creerse una, creerse la otra o dudar de las dos. Pero lo que no se puede hacer es confundir creer con saber.

Hace tiempo que vemos como buena parte de la sociedad española parece pensar que la justicia debería funcionar en base a creencias y emociones, dejando a un lado los razonamientos y las pruebas. Es un prejuicio popular que a lo largo de la historia levanta con frecuencia la cabeza. Pero lo que es completamente irresponsable es que haya periodistas y cargos políticos que se dediquen a alentarlo. Algunos lo harán por cálculo interesado, otros por puro fanatismo, pero todos juntos están empujando para desplazar a los tribunales desde la aplicación de la ley hacia la satisfacción de los sentimientos populares; es decir, del juicio al prejuicio.

Y de todas las irresponsabilidades en torno a este caso, esa puede que sea la más grave y peligrosa.

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La sentencia de La Manada: perdidos en las palabras.

La sentencia del llamado caso de La Manada ha sido lo suficientemente polémica como para serlo a varios niveles.  Uno de ellos es el terminológico, con encendidos debates en torno a palabras como “agresión”, “violación” o “intimidación”.

Aunque hace años que mi vida profesional ha tomado otro camino, soy filólogo por formación. En una carrera aprendes muchas cosas, pero hay algunas que son particularmente reveladoras. Para mí una de ellas fue descubrir que el valor de una expresión lingüística es siempre relativo, incluso cuando no lo parece.

Es frecuente ver debates acalorados entre personas que piensan que están discutiendo lo mismo simplemente porque lo llaman igual.

Sin embargo, eso es algo que se olvida a menudo, lo que constituye una fuente inagotable de polémicas estériles. Así, es frecuente ver debates acalorados entre personas que piensan que están discutiendo lo mismo simplemente porque lo llaman igual, cuando en realidad están hablando de cosas distintas. Por decirlo gráficamente, uno habla del Sócrates filósofo mientras el otro habla del Sócrates futbolista y, lógicamente, a ambos les parece que el otro dice disparates.

Creo que en el llamado caso de La Manada ha habido algunas de estas polémicas equívocas, pero, puesto que el debate sobre la dichosa sentencia está tan cargado emocionalmente, antes de referirme a ella voy a dar un pequeño rodeo y usar un ejemplo menos problemático:

Imaginemos que salgo a tomar algo y en un momento de descuido alguien me roba el móvil. Afortunadamente, hay testigos y la policía consigue dar con el delincuente, que confiesa. Así pues, hay denuncia del robo, testigos del robo y confesión del robo. Y, sin embargo, no hay condena por robo. Lo que hay es condena por hurto.

¿Entonces estábamos todos equivocados? ¿No era robo sino hurto?

Pues no, no estábamos equivocados. Como con el famoso gato de Schrödinger, es cierta una cosa y la contraria. En un juzgado y en una sentencia, la palabra que describe de forma apropiada los hechos es “hurto”. Pero si estoy con unos amigos y quiero contarles lo sucedido, lo lógico es llamarlo robo,  porque si lo llamo hurto, lo que conseguiré será quedar como un pedante y distraer a mis interlocutores de la información que estoy intentando transmitir.

En definitiva, no existe la palabra apropiada. El éxito de un acto comunicativo depende de escoger la más adecuada para crear la impresión que deseamos en un contexto concreto. Y las palabras no son más que instrumentos para crear esa impresión.

Vayamos ahora a la famosa sentencia del caso de la manada:

Los términos “intimidación” y “agresión”.

“¿Cómo no te vas a sentir intimidada si te rodean cinco personas?”; “Pues para mí, que alguien te toque sin que tú quieras es siempre una agresión.”; “Si esto no es intimidación, va a haber que cambiar la definición del diccionario de la R.A.E.”.

Todas estas frases son comprensibles, pero cometen el error del que nos alerta la diferencia entre robo y hurto: el de pensar que en un ámbito técnico los términos tienen que significar lo mismo que en el lenguaje corriente.

Además, estas quejas desplazan el foco de atención desde los actos de los acusados hacia los sentimientos de la víctima. No soy experto en Derecho, pero, si no me equivoco, el protagonista de un proceso penal es el presunto delincuente, y por ello los términos hay que entenderlos como una descripción de su conducta más que de los efectos psicológicos que la misma pueda causar en otras personas.

El término “violación”.

El caso del término “violación” es todavía más curioso y complejo. Al parecer, cuando se reformó el Código Penal en 1995, se decidió eliminarlo por considerarlo ligado a la sexualidad reproductiva más que al concepto de libertad sexual. Años más tarde se recuperó, pero de una forma muy restringida. Actualmente no aparece en los artículos que se refieren al delito de abuso sexual, ni siquiera cuando el abuso consiste en una penetración no consentida, sino que solamente lo hace en el artículo 179, que tiene la siguiente redacción: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años “.

Con esto lo que ocurrió es que se produjo otro descuadre bastante peculiar entre el lenguaje corriente y el técnico, porque si para la R.A.E y para el hablante común una violación es cualquier penetración no consentida, para el Código, aparentemente, no.

Todo eso preparó un magnífico escenario para una tormenta, que ha acabado estallando ahora con el caso deLa Manada.

¿Qué es lo que ocurre? ¿Es que la sentencia no reconoce que hubo violación?

Lo que ocurre es que tenemos un nuevo gato de Schrödinger. La sentencia da por acreditado que hubo penetraciones no consentidas y lo tiene en cuenta a la hora de establecer la pena, por lo que se puede decir que se han castigado las violaciones. Ahora bien, no lo hace por el artículo 179, así que también se puede afirmar que no hay reos de violación y, por lo tanto, que no se ha reconocido que hubo violación.

Puesto que podemos afirmar ambas cosas, la opción que elijamos va a depender fundamentalmente del público al que nos dirijamos y del mensaje que queramos transmitir.

Si queremos ser precisos y centrarnos en las particularidades del caso concreto, lo lógico sería apartar a un lado el término “violación” con toda su problemática. Al fin y al cabo, nadie ha discutido nunca que hubo penetraciones. Lo que se discute es si hubo consentimiento y si hubo intimidación; en definitiva, si hubo delito y, de haberlo, si es abuso o agresión sexual. Eso es lo que tienen que dilucidar los profesionales, y a ese debate la palabra “violación” no aporta nada.

El caso de La Manada no es solo un caso judicial sino también el escenario de una batalla ideológica mucho más amplia.

Ahora bien,  el caso de La Manada no es solo un caso judicial sino también el escenario de una batalla ideológica mucho más amplia, y ahí el término “violación” se erige en protagonista.  ¿Quiero transmitir que el sistema funciona o que las violaciones quedan en gran medida impunes? ¿Quiero defender el trabajo del Poder Judicial o quiero hablar de justicia patriarcal? Según busque una cosa u otra, puedo aferrarme a la definición del diccionario de la R.A.E. o a la expresión “reo de violación” del CP.

El lenguaje es un campo lícito para la disputa política y, además, es mejor que esta se lleve a cabo en este tipo de terrenos antes que en las calles. Sin embargo, hay algunos aspectos que me parecen dignos de señalar:

El primero es que estas disputas terminológicas a veces a lo que parecen responder es a un puro afán punitivo, porque ante un delito que se percibe como particularmente repugnante surge la tentación de tirar hacia arriba.  Convendría distinguir pues hasta qué punto lo que se está pidiendo es que los nombres de los delitos y sus interpretaciones reflejen una nueva sensibilidad o hasta qué punto lo que se está pidiendo es, sencilla y llanamente, más años de cárcel para satisfacer a una opinión pública indignada. Y conviene recordar que lo fundamental para que haya justicia no es el nombre del delito sino la proporcionalidad de la pena.

El segundo es que la vía para que una visión política entre en el Derecho debería ser a través del Poder Legislativo y no a través del Poder Judicial. Pero pedirle a los jueces que interpreten  los términos de forme acorde a una “demanda social”, que se expresa fundamentalmente en manifestaciones y artículos de opinión, supone abrirle la puerta a la ideología a un ámbito que debería ser esencialmente técnico. Y eso no es malo o bueno en función de cuál sea esa ideología. Es malo en sí mismo.

Por último,  me gustaría hablar de esa queja tan frecuente de que el lenguaje jurídico está desconectado del de la calle, algo que a veces se interpreta como un síntoma de que los juristas viven de espaldas a la realidad social.

¿Podemos acercar el lenguaje jurídico al común?

Como filólogo, soy favorable a todo proceso que lleve a mejorar la claridad y la accesibilidad de los mensajes, y creo que es algo en lo que se podría y se debería avanzar. Ahora bien, también creo que hay que ser conscientes de qué es posible y a partir de qué punto entramos en el terreno de la fantasía. Y lo cierto es que, aunque hiciésemos ahora un enorme esfuerzo para que hubiese una correspondencia perfecta entre el lenguaje jurídico y el de la calle, en poco tiempo se separarían de nuevo, por la sencilla razón de que se rigen y evolucionan de acuerdo a reglas diferentes.

Las funciones principales de los lenguajes técnicos y científicos son la descriptiva y la prescriptiva, y en ambas es fundamental la precisión, por lo que están dispuestos a cometer muchos sacrificios en su búsqueda. No les importa ser redundantes, no les importa ser monótonos, no les importa ser aburridos. Quieren ser claros.

Los seres humanos no queremos hablar como el prospecto de un medicamento.

En cambio, el lenguaje común tiene, además, otra función fundamental: la expresiva. Los seres humanos no queremos hablar como el prospecto de un medicamento sino que necesitamos que nuestras emociones estén presentes en nuestras interacciones. Para eso usamos el humor, la ironía, metáforas, símiles e hipérboles. Además, empleamos también la lengua  como elemento diferenciador. Las nuevas generaciones quieren distinguirse de las anteriores; unos grupos de otros; unas clases sociales de otras. Nos vestimos con nuestras palabras igual que nos vestimos con la ropa o el corte de pelo. Y por eso el idioma también está sujeto a las modas y a un continuo proceso de cambio. Las lenguas son seres vivos y en continua evolución, y la de la calle no se va a conformar con avanzar a ese ritmo lento y minucioso de los lenguajes técnicos, y los lenguajes técnicos tampoco pueden sacrificar la precisión para correr detrás del de la calle.

¿Cuál es la solución? Pues aceptar la realidad: que la lengua es maravillosamente polifacética y expresiva precisamente porque los términos que usamos no tienen un significado absoluto sino relativo, y que le corresponde a nuestra inteligencia ser capaz de llegar a los conceptos por un lado y a la realidad por el otro sin quedarse atrapada en las palabras.

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El buque Aquarius y mi ética.

Siempre he tenido interés por el tema de los fundamentos de la ética y es algo sobre lo que leo e investigo. Esas investigaciones, sin embargo, se suelen topar con un problema: no tengo una mente bien dotada para las sutilezas filosóficas. Así, las probabilidades de que en una conferencia sobre ética me evada y me ponga a pensar sobre lo que voy a cenar esa noche son bastante altas; de hecho, creo que me costaría menos mantenerme atento si la charla fuese sobre algún tema más pedestre, como la forma de fabricar sacapuntas, por ejemplo.

Pero lo sigo intentando. Sin embargo, tampoco tengo la sensación de que los conceptos que encuentro en los libros me estén ayudando a la hora de entender mi ética. No creo que la forma más clara de explicarla sea etiquetándola como una ética de valores, deontológica o consecuencialista, o aludiendo a conceptos como el emotivismo o el subjetivismo. Creo que soy mucho, mucho más simple que todo eso: mis juicios éticos se reducen, en el fondo, a juicios estéticos. Hay actos y sentimientos que encuentro hermosos y otros que encuentro feos, igual que me ocurre con las canciones, los libros o los rostros.

Ahora bien, apoyarme en la estética simplifica la cuestión, pero tampoco completamente, porque mi gusto bebe de dos fuentes: una irracional y otra racional.

Mi capacidad de razonar no pinta nada cuando se trata de valorar, por ejemplo, una cara, una canción o un paisaje. De hecho, muchas veces la razón me está diciendo “eso no debería gustarte” y, sin embargo, me gusta, porque conecta directamente con mis emociones sin pedirle permiso a mi cerebro.

Pero en otros casos la razón lo pinta todo. Me gustan los argumentos bien construidos, los discursos lúcidos y coherentes, la precisión en el uso de los conceptos. Y, por el contrario, cuando veo a alguien hilar una falacia tras otra, siento la misma repugnancia que cuando veo a gente tirar basura en el campo. El uso tramposo de argumentos inválidos me produce auténtica indignación moral.

¿Y cómo afecta todo eso a mi visión de lo ocurrido con el buque Aquarius?

Por una parte, me parece hermoso que seamos capaces de sentir empatía por la situación de completos desconocidos, que no veamos en ellos solo un número o un problema, sino personas de carne y hueso.  Aplaudo el afán de solidaridad y la generosidad espontánea.

Ahora bien, cuando se trata de evaluar las acciones de todas  las organizaciones implicadas, desde estados a ONGs, mi estética pasa a apoyarse en la otra pata, la racional. Me gustaría que sus actos no fuesen improvisados y sentimentales. Quiero que sean meditados, coherentes, coordinados y, sobre todo, útiles, útiles de verdad, ya no para resolver de forma digna el problema de 629 migrantes, que también, sino para afrontar desafíos más graves y profundos,  desafíos que marcan de forma dolorosa la vida de millones de personas.

En política los gestos son importantes: Sirven para inspirar y para aunar fuerzas.

Eso no significa que les pida a los políticos que le den la espalda a la empatía o que se comporten con la fría racionalidad de un ingeniero diseñando una estructura. En absoluto. La empatía no es el mejor conductor al volante, pero es un buen motor, y soy consciente, además, de que en política los gestos son importantes: Sirven para inspirar, para aunar fuerzas y, con ello, permiten romper inercias que sería imposible superar de otra manera.

Pero una cosa es que los gestos sean importantes y otra muy distinta quedarse solo en ellos. La gran política es la que es capaz de usarlos para abrir puertas, llegar al fondo de los problemas y marcar una diferencia. La pequeña política, la más mezquina, se queda en lo simbólico, porque solo piensa en términos de réditos electorales y de repartos de poder. La gran política baja al mundo real y se mancha las manos. La pequeña se echa atrás hipócritamente, para observar cuál es el siguiente titular que capta la atención del público y qué postura conviene tomar esa vez.

Por eso creo que es bueno que los ciudadanos usemos toda nuestra capacidad ética y estética y, al tiempo que aplaudimos los gestos hermosos, demandemos la belleza que se deriva de la lógica y de la coherencia, del rigor, de las cosas bien hechas. En definitiva, creo que es importante que vigilemos a nuestros políticos y no les dejemos acomodarse, sino que les exijamos que vayan más allá y construyan algo más sólido y duradero que una retahíla de gestos.

 

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Lo confieso: Sí, yo destruyo libros.

Es cierto: Soy de los que destruyen libros. De hecho, creo que he arrojado al contenedor del papel más de un centenar de ellos.

¿Cómo comenzó todo? Hace años, antes de la llegada del libro digital, empecé a quedarme sin espacio para albergar más ejemplares en casa. Decidí entonces donar algunos. Pero me encontré con dos problemas:

El primero fue que no todas las bibliotecas los querían. En algunas me los rechazaron amable pero firmemente.

Ese problema fue, sin embargo, el más fácil de superar. En el pueblo de mis padres había un bibliotecario encantador, que se mostró feliz de recibir todas las novelas que yo le pudiera dar. Sin embargo, tras hacerle varias entregas, empecé a sentir una creciente desazón. ¿Por qué? Pues porque yo me quedaba los libros que me parecían buenos mientras cedía los que me parecían malos. Y si pensaba que no merecían ocupar espacio en mi casa, ¿por qué habrían de merecer ocuparlo en una biblioteca pública? La sensación que tenía era la de estar enviando a alguien a comer en un restaurante al que yo no querría volver jamás.

Así que, al cabo de un tiempo, empecé a tirar discretamente esos libros y me sentí mejor. Eso sí, cuando se lo comenté a mis amigos, varios de ellos reaccionaron escandalizados. No es ya que les pareciera un error; es que les parecía poco menos que un sacrilegio. Al parecer, era admisible tirar un periódico aunque contuviese buenos artículos, pero el simple cambio de formato otorgaba al libro una inviolabilidad que es necesario respetar.

En los consiguientes debates pude ver que las críticas que me hacían se apoyaban básicamente en dos ideas: 1) Todo libro, aunque sea malo, tiene un valor. 2) Yo no era infalible y mi criterio era subjetivo, por lo que era una arrogancia por mi parte decidir qué libros podían vivir o morir.

Sin embargo, ninguna de esas ideas me convenció y voy a intentar explicar por qué:

1: ¿Todo libro tiene un valor?

Remontémonos a la Edad Media. En aquel entonces los libros se escribían a mano y los materiales empleados se tenían que producir también de forma artesanal. Los libros eran, por lo tanto, extremadamente escasos y valiosos, hasta el punto de que muchas bibliotecas los tenían sujetos con cadenas para protegerlos.

Bien, pues si yo viviese en la Edad Media, no destruiría libros. Dejando aparte que probablemente podría intercambiar cada uno de ellos por al menos una vaca, creo que un mal libro es mejor que ninguno. Es más, creo que es mejor tener dos libros, aunque uno sea malo, que uno solo bueno, porque pienso que la pluralidad y la posibilidad de contrastar también tienen un valor.

Ahora bien, yo no vivo en el siglo XIII sino en el XXI. Si alguien ahora no lee en España no es por la imposibilidad de acceder a libros. Se pueden comprar en mercadillos por precios irrisorios. En Internet se pueden conseguir miles de ellos gratuita e instantáneamente. Y la biblioteca a la que yo los donaba no estaba llena de lectores esperando ansiosamente a que llegase un libro nuevo, sino de libros esperando a que un lector les diese una oportunidad. De hecho, el último ejemplar que me llevé a casa era una edición de dos de las Sonatas de Valle-Inclán. Al mirar las fechas de devolución, pude comprobar que habían pasado varios años desde la última vez que alguien lo había tomado en préstamo.

Vivimos en la llamada Era de la Información, pero bien podríamos llamarla la Era del Ruido.

Vivimos en la llamada Era de la Información, pero bien podríamos llamarla la Era del Ruido. El problema que tenemos ahora mismo no es de falta de estímulos sino de exceso de los mismos. Y lo malo ahoga muchas veces lo bueno.

Así pues, cuando yo le donaba un mal libro a la biblioteca, no estaba proporcionándole la posibilidad de leer a alguien que carecía de ella. Lo que estaba haciendo era introducir otro estímulo, otra distracción, y disminuir todavía un poco más la posibilidad de que las Sonatas de Valle-Inclán, La Regenta o las novelas de Pío Baroja fueran prestadas. Y eso no me hacía sentir nada bien.

Pero ¿quién soy yo para decidir qué libros merecen ser leídos? ¿Por qué había de confiar en mi criterio? Es hora de examinar el segundo argumento con el que mis horrorizados amigos me rebatían:

2: Mi criterio es falible y subjetivo

Completamente cierto. Es más, no necesito que nadie me lo recuerde, porque me basta con echar un vistazo atrás para darme cuenta de lo fácil que me resulta equivocarme. Por otra parte, soy consciente de que los demás tienen derecho a sus propios gustos.

Ahora bien, el problema que le veo a este argumento no es que no sea cierto sino justo lo contrario: es tan cierto que es de aplicación universal. En primer lugar, se puede decir lo mismo de cualquier persona: nadie es infalible y los gustos son siempre subjetivos. En segundo lugar, si la conciencia de mi propia falibilidad debiera empujarme a no tomar una postura, lo coherente sería no tomarla tampoco en ninguna otra esfera de mi vida. Y ambas cosas son problemáticas. Veamos por qué:

No existe una ciencia exacta que permita decidir qué libro merece ser leído. Y, sin embargo, eso no impide que haya personas que toman decisiones al respecto continuamente. Un editor decide qué libros publica de entre todos los manuscritos que recibe; un bibliotecario decide qué libros adquiere con los escasos fondos con los que cuenta; un profesor (y yo lo he sido) elabora listas de lecturas para sus alumnos; etc.  Y a pesar de que somos conscientes de que las decisiones que tomamos pueden ser erróneas, las seguimos tomando porque es imprescindible hacerlo. Sin esas decisiones, no podría haber ni editoriales, ni bibliotecas, ni clases de literatura, ni libros.

Lo que sí podemos y debemos hacer es ser prudentes y dejar espacio para la duda. Así, un bibliotecario razonable, a la hora de adquirir nuevos ejemplares, no se fiará solo de sus gustos personales sino que tendrá en cuenta, por ejemplo, qué obras se han convertido en clásicos, las demandas de sus lectores, las recomendaciones de los críticos, etc. Y he de decir en mi descargo que procuro aplicar esa misma prudencia. James Joyce no es un autor que me guste. Sin embargo, nunca tiraría un ejemplar del Ulysses  sin ofrecerlo antes a una biblioteca, y eso por dos motivos: En primer lugar, porque es una obra relevante en la historia de la literatura. En segundo lugar, porque es una novela apreciada por personas cuyo criterio valoro tanto o más que el mío. Pero no ocurre lo mismo con todos los libros que pasan por mis manos.

Por otra parte, la conciencia de mi propia falibilidad tampoco me disuade de tomar postura en otras muchas esferas de mi vida, y nadie parece esperar que lo haga. De hecho, a mis amigos, esos mismos amigos que se escandalizan cuando tiro un libro, les parece normal que yo les recomiende o desaconseje restaurantes, películas o exposiciones. Y, lo que es más, cada vez que hay elecciones, a nadie le extraña que yo acuda a las urnas y vote; incluso hay campañas institucionales para animarme a ello. En definitiva, a pesar de ser consciente de que es falible, aplico mi criterio en todo tipo de decisiones que afectan a otras personas; y ni nadie me exige que deje de hacerlo ni yo tengo la intención de parar.

Hay un enorme espacio intermedio entre pretender tener la única voz y renunciar a tener voz.

Ahora bien, esa conciencia de mi propia falibilidad lo que sí que me disuadiría (o eso al menos quiero creer) es de, si tuviera el poder para ello, prohibir las exposiciones que no me gustasen o quemar ediciones enteras de libros. En definitiva, lo que creo que no estaría justificado sería imponer mi criterio como el único admisible. Pero hay un enorme espacio intermedio entre pretender tener la única voz y renunciar a tener voz. Y en ese espacio intermedio está, precisamente, la democracia, uno de cuyos principios básicos es que todos, aunque seamos falibles, podemos opinar y votar. En definitiva, yo no ejercería nunca de censor para prohibirle a nadie que lea o difunda lo que quiera. Pero a lo que me niego es a ser un colaboracionista en la distribución de aquello que me parece carente de valor.

Así pues, no, yo no voy a renunciar a mi voz. Seguiré intentando usarla con prudencia y esforzándome por escuchar más que hablar, sobre todo cuando me adentro en terrenos que me son ajenos. Pero también seguiré recomendándole y desaconsejándole restaurantes y películas a mis amigos, expresando opiniones sobre temas variados, acudiendo a las urnas y tirando libros al contenedor del papel. Y esto último no lo hago por arrogancia. Lo hago porque quiero que mi conciencia me deje tranquilo y no me acuse de contribuir a que el ruido entierre las obras que amo.

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Cataluña y el desafío a la ley.

Soy un gran defensor de la ley. Creo que es el esqueleto necesario de la democracia y soy, además, de los que prefieren que la fuerza bruta esté atrapada en normas antes que libre en las manos de nadie.  Es más, en una época en que existen las armas automáticas, las grandes corporaciones y los Big Data, pienso que la necesitamos más que nunca.

Eso no significa que sea ingenuo y la sacralice. Sé que la ley está sesgada, porque es una creación humana. Sé que es imperfecta, por lo mismo. Y sé que puede llegar a ser incluso un instrumento de opresión, por lo que a veces, en casos excepcionales, puede ser lícito desobedecerla. Yo también he oído hablar de Rosa Parks. Pero desconfío mucho de eso que llamo la falacia del caso excepcional: blandir un caso extremo para intentar colar por la puerta de atrás lo que no hemos podido hacer pasar por la de delante. La primera vez que vi hacerlo fue para justificar la tortura.

Lo realmente excepcional admite respuestas excepcionales. Pero lo excepcional hay que atarlo corto, porque si no, corremos el riesgo de deslizarnos por una pendiente muy resbaladiza. Rosa Parks era una persona justa. Muchos de los que invocan su nombre no lo son.

En Cataluña se ha quebrantado la ley. Y, lo que es más llamativo, se ha hecho desde las propias instituciones. Quienes lo justifican afirman que estamos ante una de esas situaciones excepcionales. Para ello recurren básicamente a dos líneas argumentales:

La primera es la de que el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación y que es España, al no reconocérselo, quien está violando la legalidad internacional. Cataluña, así pues, lo único que haría es intentar tomar posesión de lo que ya es suyo.

La segunda es que España no es una auténtica democracia y que, por tanto, sus leyes carecen de legitimidad.

Examinemos esas dos líneas argumentales:

¿Tiene derecho el pueblo catalán a la autodeterminación?

Depende de cómo interpretemos ese término. Si lo consideramos como sinónimo de la libre determinación, la respuesta es que sí, sin duda. Ahora bien, aquí hay una confusión interesada: la de identificar el derecho a la autodeterminación con el derecho a la secesión unilateral, que es algo bien distinto. En este artículo Jaume Saura explica la diferencia.

Las autoridades catalanas disienten y esgrimen informes de algunos juristas que apoyan su postura. Ahora bien, que mi abogado interprete que yo tengo un derecho no me lo da. Si fuera así, no perderíamos ningún pleito. Lo que cuenta es la interpretación que hacen aquellos que están en situación de ejercer de árbitro, y nadie con capacidad para ello le reconoce a Cataluña ese supuesto derecho. Por eso mismo la disputa no se está llevando por los cauces legales sino por los ilegales.

Se puede argumentar que, si bien no se tiene un derecho legal, se tiene uno moral. En este artículo ya expliqué por qué creo que tampoco. Ahora bien, reconozco que es solo mi opinión. Sin embargo, las de quienes sostienen lo contrario son también eso, opiniones. Y en el momento en que aceptemos que las creencias subjetivas justifican salirse de la legalidad, nos llevaremos el Estado de derecho por delante.

¿Es España una democracia?

Desde el independentismo se promueve la idea de que no. Y para ello se utilizan una serie de argumentos. Veámoslos:

1: España tiene una serie de deficiencias democráticas graves:

Es cierto. Fallamos en muchas cosas. Ahora bien, hay una diferencia cualitativa entre ser una democracia imperfecta y ser un Estado autoritario. En España se puede defender prácticamente cualquier idea. Es cierto que posiblemente sería bueno reformar el Código Penal para dejar de perseguir ciertas formas de expresión, pero, en todo caso, lo que se persigue es la manera en que se empaqueta el contenido, no el contenido mismo. Se puede criticar ferozmente al Gobierno y a la Monarquía. De hecho, miles de personas lo hacen todos los días.

España es, a pesar de todos los defectos, uno de los países más democráticos y libres del mundo, y así lo atestiguan varios índices de observadores internacionales, como por ejemplo el Democracy Index que elabora la unidad de inteligencia de The Economist. Evidentemente, se pueden discutir los criterios de esas clasificaciones, pero, por mucho que las revisásemos, no parece lógico que España se fuese a desplomar en la lista. Así pues, si no consideramos nuestras leyes lo suficientemente legítimas, cabe preguntarse las leyes de cuántos países nos parecerían dignas de respetarse.

Y  no parece que la hipotética República Catalana pudiese exhibir unas credenciales mucho mejores. No es que allí la corrupción sea una gran desconocida. No es que los independentistas hayan mostrado un gran respeto por la independencia del Poder Judicial o de la prensa. No es que muchas de las actitudes o leyes que ahora se denuncian como autoritarias no hayan contado con el apoyo o el voto de políticos independentistas. Y , por último, es revelador rastrear en qué partidos acabaron militando muchos de los que fueron parte de las élites o incluso ocuparon cargos públicos en Cataluña  durante el franquismo.

Así pues, esa contraposición entre una España autoritaria y corrupta y una República Catalana democrática y ejemplar pertenece más al terreno de la propaganda que al de la verdad.

2: La Constitución Española nació bajo el ruido de los sables y no es democrática.

Lo primero es, al menos en parte, cierto. La transición no fue una época fácil; no solo por el ruido de sables, sino también por el de pistolas y bombas. Ahora bien, las constituciones no se pueden juzgar por las circunstancias en que nacen, porque lo normal es que estas sean turbulentas. Un pueblo que vive en paz y armonía no se levanta una mañana y decide dotarse de una norma suprema por capricho.

Por tanto, los criterios para juzgar una constitución son otros: Si ha sido eficaz en su función de resolver problemas, si la ciudadanía está satisfecha con ella y si su articulado es democrático.

Es evidente que España tiene problemas no resueltos. Sin embargo, también es cierto que en los últimos cuarenta años hemos tenido el que probablemente ha sido el mejor periodo de desarrollo, paz y libertad de nuestra historia. ¿Perfecto? Desde luego que no, pero hemos dado un gran paso adelante.

Desde 1978 ha habido 13 elecciones generales y en todas ellas han ganado los partidos que se declaran constitucionalistas.

¿Está la ciudadanía satisfecha con la constitución? Probablemente todos cambiaríamos algo y hay buenos motivos para argumentar que una revisión es necesaria. Ahora bien, desde 1978 ha habido 13 elecciones generales y en todas ellas han ganado los partidos que se declaran constitucionalistas. Seguir hablando, pues, de una norma impuesta está fuera de lugar.

Y por último: ¿es democrático el texto de la constitución? Es razonable afirmar que sí. Será, sin duda, mejorable, pero los valores que recoge y los derechos que defiende son los de una democracia.

Hay, sin embargo, un punto que se discute mucho: el de que consagre el papel de la monarquía. De nuevo esto se esgrime como un argumento para probar que España no es una auténtica democracia. Examinemos ese punto:

La cuestión de la monarquía.

Soy de los que piensan que hay algo absurdo y anacrónico en que la jefatura del Estado sea un cargo hereditario. Ahora bien, hay una diferencia entre que algo sea anacrónico y que sea un obstáculo para la democracia.

De los 19 países que figuran en el Democracy Index como democracias plenas, 10 son monarquías constitucionales.

Si volvemos a echarle un vistazo al Democracy Index, descubrimos una paradoja: a pesar de que en el mundo predominan las repúblicas, de los 19 países que figuran en la lista como democracias plenas, 10 son monarquías constitucionales. Es más, de los 5 estados mejor clasificados, 4 lo son.

Evidentemente, eso no demuestra que para tener democracia sea necesario tener una monarquía. Pero lo que sí que demuestra es que tenerla no es un impedimento, de la misma forma que las pelucas que se usan en los tribunales del Reino Unido, por muy anacrónicas que puedan resultar, no son un obstáculo para la justicia.

Conclusión.

¿Se dan las circunstancias excepcionales para que esté justificado saltarse la legalidad? En mi opinión, no. Lo que hay es un gran número de personas tan implicadas con una causa que están dispuestas a relativizar o incluso dejar en suspenso uno de los principios básicos de la democracia. Y eso es muy peligroso, además de injusto con el resto de la ciudadanía. Todos tenemos causas en las que creemos y todos desearíamos alguna vez poder tomarnos esa licencia. Pero ni podemos ni debemos.

La ley hay que vigilarla, criticarla y mejorarla. En la medida de lo posible, tiene que ser fruto del consenso y no de la imposición de una mayoría sobre una minoría. La ley puede ser molesta, incómoda y torpe; y a veces sus desajustes hacen que sea incluso injusta. Pero, si de verdad somos demócratas, hay que intentar resolver nuestras discrepancias dentro de ella  y respetarla, porque no es propiedad del Gobierno ni de quienes desempeñan transitoriamente el papel de Poder Legislativo. La ley es patrimonio de todos los ciudadanos, un patrimonio que ha costado mucho construir y que es imprescindible, porque es la segunda barrera de defensa que tenemos contra la barbarie.

La primera es nuestra propia conciencia cívica, que, por desgracia, suele mostrarse demasiado frágil.

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Los independentistas no son mis enemigos.

Grafiti en el Muro de Berlín

Soy unionista, lo confieso. Y como tal unionista, me he batido el cobre en distintos foros, recibiendo mi porción de aplausos e insultos.

Los humanos tenemos instintos tribales e, inevitablemente, una parte de mí ha acabado cayendo en la división binaria míos/no míos. He de reconocer que no puedo evitar alegrarme de una forma un tanto infantil e incluso mezquina cuando se le mete un gol al que considero el equipo rival.

Ahora bien, hay una voz en mi cabeza que me recuerda que esto no es ningún juego y que, además, si los equipos se constituyesen de acuerdo a cualquier otro criterio (propensión a la violencia, preocupación por los derechos humanos, tolerancia con la corrupción, etc.), las alineaciones serían diferentes. Y la verdad es que algunos de esos criterios me importan bastante más que la configuración territorial del estado.

Los independentistas no son mis enemigos. De hecho, algunos de ellos son amigos en el sentido más íntimo del término. Y no tengo ninguna intención de que dejen de serlo por una discrepancia ideológica.

No soy, además, propenso a tomar como enemigos a personas. Prefiero reservar mi hostilidad para hechos o actitudes y, cuando se trata de política, especialmente para aquellos que atentan contra la democracia, que es la que considero mi patria por encima de cualquier otra.

Eso, desgraciadamente, no hace la lista de enemigos corta sino larga. Pero hoy me voy a limitar a comentar tres que creo que han desempeñado o están desempeñando un papel muy negativo en la crisis de Cataluña:

La corrupción.

Victor Dubreuil: Barrels of Money (Fragmento)

Soy de los que piensan que la corrupción ha jugado un papel decisivo en el conflicto que estamos viviendo. En un determinado momento, políticos de ambos lados decidieron que envolverse en las banderas era una buena manera de frenar la fuga de votos. Los intereses partidistas les llevaron a bloquear la búsqueda de soluciones por las vías institucionales y a exagerar las afrentas, con lo que se empujó la discrepancia hacia el enfrentamiento.

“Divide y vencerás” siempre ha sido una máxima acertada. La inmensa mayoría de los ciudadanos estábamos unidos en nuestra repulsa a la corrupción. Ahora nos hemos vuelto tuertos y solo vemos aquella que nos interesa ver. Todo sea por la causa.

Sin embargo, más nos valdría volver a abrir los ojos, porque el daño que nos hace la corrupción es tremendo. “Que devuelvan lo robado” es una frase popular pero ingenua, porque la mayor parte de lo perdido no se puede devolver.

Hemos premiado a los empresarios que metían el dinero en sobres en vez de gastarlo en investigación y desarrollo. Hemos consentido que muchos ascensos en las administraciones recompensasen el servilismo en vez de la competencia. Y hemos invertido enormes cantidades de fondos en la creación de infraestructuras y organismos inútiles, cuyos costes de mantenimiento se prolongan en el tiempo. Mientras tanto, hemos dejado que la sanidad, la justicia, la educación, la investigación y la dependencia se asfixiasen económicamente.

Así pues, el coste de la corrupción no son los millones de euros distraídos. Es el paro y la precariedad provocadas por la falta de competitividad de nuestras empresas; son los equipos de investigación desmantelados; son unas administraciones, lentas, torpes y a menudo presas de intereses particulares; es el deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones; son los dependientes que han muerto sin recibir ayudas; y un largo etcétera.

Y sacar algo de dinero de los bolsillos de los malversadores no puede compensar todo eso. Con suerte, podremos corregir el futuro, pero lo perdido perdido está. Y de momento tampoco parece que estemos avanzando decididamente hacia corregir nada, porque la corrupción se ha convertido en un arma con que descalificar al otro bando en vez de ser el enemigo a batir.

La mentira.

Creo que otro de los peores venenos para la democracia es la mentira, adopte el título que adopte: bulo, posverdad, falacia, sesgo, e incluso eso que en inglés se llama “paltering”, y que consiste en crear una impresión falsa mediante el uso de verdades seleccionadas.

Y es triste decir que, en la llamada “Era de la Información”, la mentira demuestra estar en plena forma. Las redes sociales le proporcionan circuitos para que pueda exhibir lo veloz que es, mucho más que la verdad, que trota detrás impotente. Además, la polarización la ha convertido en una mercancía apreciada.

El concepto de libertad se ha ampliado hasta incluir un nuevo derecho: el de declarar verdad lo que a uno le dé la gana.

Parece como si en las últimas décadas el concepto de libertad se hubiese ampliado hasta incluir un nuevo derecho: el de declarar verdad lo que a uno le dé la gana, despreciando la evidencia. En una época en que ya no hay la férrea imposición de creencias y en que tenemos la información al alcance de los dedos, preferimos darle la espalda a los hechos y abrazarnos a nuestros prejuicios.

Y eso hace mucho más difícil que podamos superar cualquier enfrentamiento, porque, en el momento en que renunciamos a la objetividad, estamos destruyendo el puente que nos permite encontrar puntos en común con quien piensa diferente. Ya no se trata de que el partido sea bronco y confuso. Se trata de que ni tan siquiera se comparte el campo de juego y cada equipo se ha retirado al suyo, donde puede meter todos los goles sin oposición, aplaudido fervorosamente por su bancada.

La intolerancia.

“For in politics, as in religion, it is equally absurd to aim at making proselytes by fire and sword.” Alexander Hamilton.

Muchas de las advertencias que Alexander Hamilton hacía al comienzo de The Federalist siguen vigentes más de doscientos años después, posiblemente porque la intolerancia no es fruto de una época sino que está en parte escrita en nuestro código. Todas las generaciones tenemos que aprender a domarla igual que todas necesitamos aprender a hablar.

En muy pocos conflictos una de las partes tiene el cien por cien de la razón. Sin embargo, todos los conflictos están llenos de gente que, no solo cree que la tiene, sino que además piensa que los demás no se la dan por pura mala fe. Son personas que viven el mundo de las ideas con una actitud más propia de la mitología religiosa y, armadas con la espada flamígera, se lanzan a combatir a quienes se interponen en el camino de la revelación. Basta con asomarse a las redes para ver la cantidad de gente cuya respuesta ante la discrepancia es el insulto.

Sin embargo, dejando aparte que la discrepancia es el motor del progreso (sin ella, no habríamos alcanzado todavía ni tan siquiera el Paleolítico), hay otro gran motivo para apreciarla: La discrepancia garantiza que vivimos en democracia. Por eso, sería buena idea dejar de gastar tantas fuerzas en probar que tenemos razón y gastar más en investigar en qué no la tenemos. Quizá así podríamos mantener diálogos de verdad en vez de jugar al frontón.

Un último apunte: La ruptura de la legalidad.

Hay, sin embargo, otro enemigo que no puedo dejar de mencionar: la reivindicación de la ilegalidad como forma de hacer política.  Hoy, sin embargo, no voy a entrar en él; no porque crea que sea accesorio, sino precisamente porque creo que es fundamental y merece un análisis más exhaustivo del que le puedo dar en este artículo.

Ser demócrata implica aceptar que el fin no justifica cualquier medio y, por tanto, estar dispuesto a comprometerse con una serie de límites y reglas. Que ahora mismo la batalla política se esté desarrollando fuera de esos límites es un enorme fracaso colectivo.

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Opinión pública y justicia (2): Los medios.

¿Cómo nos formamos los ciudadanos nuestras opiniones sobre el funcionamiento de la justicia?

Es difícil que lo hagamos siguiendo en directo todos los pasos de un proceso. Ni siquiera es usual que nos leamos las sentencias. Así que la mayoría de las veces lo vamos a hacer a partir de la información seleccionada que nos proporcionan intermediarios, el principal de los cuales es la prensa.

Es lícito, entonces, preguntarse hasta qué punto esa información es fiel. Y en este artículo voy a exponer cinco factores que creo que influyen para que no siempre lo sea:

Vanity Fair: Judge William Rann Kennedy

1: Falta de conocimiento técnico.

Aunque hay periodistas con excelentes conocimientos de Derecho, hay dos motivos por los que quienes escriben sobre justicia no siempre los tienen:

En primer lugar, el sector ha sufrido una doble crisis, la económica y la de la transición al modelo digital, que ha tenido efectos devastadores en términos de empleo, salarios y precariedad. Lógicamente, no se puede tener una calidad que no se paga.

Y otras veces el problema no es de falta de especialización, sino que lo que ocurre es que un periodista especializado en otro campo sigue los avatares de un caso particularmente mediático hasta los tribunales y, como consecuencia, acaba nadando donde no hace pie.

2: Un exceso de opinión.

El centro de gravedad de la prensa está desplazado hacia la opinión. Las razones para ello son múltiples, pero podemos resaltar dos:

En primer lugar, la combinación de una sociedad más polarizada y de un mercado más competitivo hace que muchos medios busquen conectar con un público concreto. Y en segundo lugar, ante el aumento de la precariedad, los periodistas reaccionan intentando construirse una marca personal. En ambos casos, opinar mucho es eficaz.

El problema es que, cuando se trata de justicia, las opiniones no suelen limitarse a las consecuencias sociales o políticas de una resolución, sino que a menudo se aventuran en el terreno técnico. Algunos periodistas tienen suficiente capacidad para hacerlo; pero otros se limitan a suplir la falta de conocimiento forzando el tono.

3: Internet  hace que se trabaje más rápido.

El nuevo escenario digital no solo ha traído un enorme incremento en la cantidad de información sino también de la velocidad a la que esta se mueve. Hay más interacción con el público y una mayor frecuencia de renovación de contenidos. La red está viva y late millones de veces por segundo.

No es raro ver a periodistas valorando sentencias antes siquiera de haberlas leído.

Esa inmediatez tiene sus ventajas, pero también su precio en rigor, y no es raro, por ejemplo, ver a periodistas cuestionando sentencias que ni tan siquiera han leído.

4: El clickbait.

La prensa digital se alimenta fundamentalmente de los clicks, de las veces que pulsamos para abrir una noticia. Esto condiciona la forma de presentarlas. Seamos francos, entre estos dos titulares, ¿cuál nos intriga más?:

“Absuelto de homicidio el hombre que tiró a su mujer por la ventana en Vigo.”

“14 años en un centro psiquiátrico para el hombre que tiró a su mujer por la ventana en Vigo.”

Obviamente, gana el primero. El segundo es tan informativo que nos deja poco que indagar.  Sin embargo, el problema es que, en una época saturada de información, los lectores hemos desarrollado hábitos de escaneo y a menudo no llegamos a abrir los enlaces. Es más, incluso relanzamos las noticias por las redes sin haberlas leído.

La consecuencia es que muchas veces la impresión dejada por el titular es lo que prevalece.

5: El uso de moldes preconcebidos.

A lo largo de la historia ha habido dos maneras de explicar el mundo: partiendo de un modelo hacia la realidad o partiendo de la realidad para construir el modelo.

Partir de la realidad es la base de la ciencia moderna. Ahora bien, no es ni fácil ni rápido. Los sucesos están llenos de detalles contradictorios y aclarar las causas que se ocultan tras ellos es un proceso que puede llevar décadas. Ese es un ritmo que el periodismo no puede permitirse.

Lo que los lectores le pedimos a la prensa es que nos ordene el mundo.

Por otra parte, intentar reflejar fielmente un trozo de realidad puede acabar produciendo una pieza difícil de digerir. Y los lectores no solemos acudir a los medios para leer un texto confuso que al final nos deje con más preguntas que respuestas. Lo que le pedimos a la prensa es que nos ordene el mundo.

Por eso, para el periodismo siempre ha sido tentador presentar los sucesos particulares como un ejemplo de, usando un molde para empaquetar los hechos.

En los casos más groseros se llega al extremo de retorcer la verdad, pero a menudo ni siquiera hace falta. Basta con seleccionar, de entre toda la información disponible, aquella que encaja en el molde. Evidentemente, la imagen que se obtiene es parcial, pero a cambio conseguimos una pieza pulcra y fácil de leer.

¿Y qué fuentes de moldes hay? Básicamente dos:

Tischbain: Héroes de la Ilíada.

A) Las historias eternas.

Son varios los autores que han escrito sobre la pervivencia de grandes mitos eternos en las noticias periodísticas de hoy en día. Se puede debatir mucho sobre su clasificación, pero hay dos hechos indiscutibles:

Uno: que hay una serie de historias y personajes arquetípicos que, con pequeñas variaciones, nos acompañan desde la noche de los tiempos. Son inmortales porque han demostrado tener una buena capacidad para conectar con nuestras emociones.

Dos: que a menudo el periodismo, que nos conoce bien, prefiere contarnos historias a exponernos hechos. Es decir, el “story first” sustituye al  “facts first”.

Y  los sucesos que pasan por los juzgados ofrecen a menudo buena materia prima para construir relatos, con una serie de personajes inconfundibles: “la víctima inocente”, “el villano”, “el héroe que se alza a mano desnuda contra la injusticia”, etc.

Una misma persona del mundo real puede aparecer reflejado en la prensa interpretando distintos personajes.

Sin embargo, hay un hecho que demuestra hasta qué punto el uso de moldes  puede llegar a deformar la realidad, y es que una misma persona pueda aparecer reflejado en la prensa interpretando distintos personajes. Así, el mismo hombre que en un artículo es la víctima en otro es el malicioso maltratador de las auténticas víctimas.

Se puede argumentar que, en cierta medida, esto es un reflejo de lo que ocurre en los juzgados, puesto que allí también las partes se esfuerzan en presentar personajes. Pero  la diferencia es que en el juzgado se ven las versiones alternativas, mientras que en la prensa no siempre ocurre así. Frente a informaciones que procuran mantener el equilibrio, hay también artículos e incluso medios que se decantan decididamente por una de las versiones y la presentan como la verdad indiscutible.

Ilya Repin: Manifestación del 17 de octubre, 1905.

B: Las ideologías.

Otra buena fuente de moldes, y que a menudo aparece combinada con la anterior, son las ideologías.

La justicia es, inevitablemente, uno de los campos de batalla favoritos de las ideologías y partidos. Aquellos que defienden la necesidad de cambios radicales en la sociedad van a promover una visión más crítica, y hablan de justicia franquista, patriarcal, o corrupta; mientras que aquellos que estén más comprometidas con el status quo tenderán a minimizar los fallos. Pero todos estarán, a su vez, pendientes del relato que prende en la sociedad, para subirse al carro si les conviene.

Es evidente que, entre las decenas de miles de actuaciones judiciales que hay al año, podemos encontrar de todo. Por consiguiente, la batalla está en dilucidar qué es lo general y qué la excepción.

Y la prensa juega un papel activo en ese combate. Para empezar, hay medios que están directamente controlados por esferas de poder. Además, como ya hemos visto, el posicionamiento ideológico se usa para hacerse con un público. Y el hecho de que normalmente acaben compartiendo redacción personas con ideas afines no va a hacer sino reforzar los sesgos.

Es cierto que el código deontológico de la profesión exige atenerse a la verdad (aunque no pide neutralidad), pero de nuevo basta con seleccionar aquellos datos que encajan con la visión que queremos presentar. Y la consecuencia vuelve a ser que podemos encontrarnos una misma realidad expuesta de dos formas completamente diferentes, como ocurre en estos artículos sobre el fiscal Horrach del ABC y El Nacional.Cat.

En definitiva: ¿Cumple el periodismo su función?

Depende. Si la función es transmitirnos información objetiva y de calidad, para que los ciudadanos podamos formarnos opiniones fundamentadas, la respuesta es que malamente. Aunque es justo insistir en que hay periodistas que hacen un muy buen trabajo, este queda a menudo enterrado bajo el ruido de todas las polémicas interesadas. Y no es previsible que eso cambie a corto plazo, porque no estamos ante un accidente sino ante una realidad con causas estructurales.

Ahora bien, cabe preguntarse si realmente lo que los ciudadanos le estamos pidiendo a la prensa es información fiel. Porque, por mucho que nos guste desgañitarnos protestando contra la manipulación, muchas veces los lectores somos los primeros en premiar los sesgos si coinciden con los nuestros.

Pero de eso, de la compleja relación que mantenemos los ciudadanos con la verdad, hablaremos ya, si acaso, otro día.

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