Unas ruedas de prensa infumables

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Como ya escribí hace poco en otro artículo, creo que la lealtad tiene que ser bidireccional, y que, en unas circunstancias tan graves, no le es exigible solo a los ciudadanos y a la oposición, sino también al Gobierno Y eso supone, no solo que actúe lo mejor que pueda, sino también que informe lo mejor que pueda.

En estos momentos, todos estamos teniendo que tomar decisiones personales muy graves, y muchos, además, vamos a tener que tomar decisiones profesionales muy dolorosas. Por lo tanto, creo que es justo pedir que podamos hacerlo con la mejor información disponible, por incompleta que esta sea. Y en ese sentido he de decir que no estoy muy satisfecho con la política informativa del Gobierno.

La necesidad de distinguir lo fundamental

No digo que no haya un lugar para los mensajes motivadores, los reconocimientos, las justificaciones e incluso las anécdotas. Todo tiene su momento. Pero creo que, en una crisis de tal magnitud, hay que reservar un lugar prioritario y claramente delimitado para la información fundamental, precisamente esa que necesitamos y vamos a necesitar para saber cómo actuar, qué esperar y cómo prepararnos. Esa información es lo primero que quiero oír, y enunciada con toda claridad.

Lidiando con las incógnitas

Y sí, sé que de momento la situación es muy fluida y que hay muchas incógnitas. Pero creo que, cuando falta información, la solución no es intentar esquivar los huecos, ni dedicarse a taparlos con un chorro incesante de palabrería, sino ceñirse a lo fundamental y, tras decir lo que se sabe, señalar después lo que no se sabe pero sería importante saber, explicar por qué no se sabe todavía y qué pasos se están tomando para averiguarlo.

En otras palabras, creo que tan importante como dar las respuestas que ya se tienen es enunciar con claridad las preguntas que faltan por responder. Estamos inmersos en una serie de batallas en las que los datos van a jugar un papel fundamental, y por tanto es imprescindible organizarlos bien.

Las ruedas de prensa

Personalmente, la cabeza me hierve sin cesar con todo tipo de preguntas a las que intento encontrar respuesta lo mejor que puedo. Y, en esa búsqueda, una de las fuentes a las que he recurrido son las ruedas de prensa organizadas desde el Gobierno, ya sea con la participación del presidente, de algunos de sus ministros, o con la del llamado Comité de Gestión Técnica. Y he de decir que, en general, me han resultado muy decepcionantes e incluso soporíferas, porque, aunque es cierto que en ellas he podido encontrar algo de esa información que busco, ha sido de forma muy diluida. La sensación es la de tener que irla entresacando de entre un montón de paja o de tener que intuirla a partir de alguna que otra pista.

Para empezar, me sobra toda la retórica. Ya normalmente tengo poca paciencia para ella, pero en esta situación crítica, expresiones tan gastadas y vacías como «el importantísimo y eficaz papel», «comunicación permanente», «todos los medios necesarios», «magnífico trabajo», «coordinación estrechísima», etc., me saturan. Y en alguna de las intervenciones, eso constituía el grueso del discurso.

En segundo lugar, creo que está bien que se dé un panorama general de las medidas que se están tomando. Pero una cosa es hacerlo de forma concisa y otra muy distinta embarrarse haciendo listados exhaustivos, tan poco útiles como la lista de los reyes godos. No necesito, por ejemplo, conocer el detalle de toda la serie de actuaciones que se están realizando este día o este otro día en el marco de la Operación Balmis, el número exacto de efectivos que participan en ellas, o que se me reciten todos los posibles tratamientos que se están investigando en distintos centros, máxime cuando sabemos que quizá ninguno de ellos acabe resultando efectivo.

Y, en tercer lugar, mucha de la información realmente importante, como la que se refiere a los tests, se está dando, en mi opinión, de una forma poco clara, ambigua, confusa y a cuenta gotas. Mientras que hay otra, como por ejemplo hasta qué punto es problemática la dependencia de España del exterior para las medicinas con las que tratar a los enfermos y moribundos, sobre la que apenas he oído nada.

En definitiva, para mí al menos, la relación coste beneficio de las ruedas de prensa está siendo muy pobre, y estoy encontrando información mucho más útil en otros lugares. Así pues, mi paciencia para escuchar al presidente del Gobierno, a los ministros y a los generales se está agotando.

Y eso me plantea nuevas dudas, porque, francamente, no sé hasta qué punto esta pobreza en la presentación de la información se debe a la torpeza y a la poca tradición que tenemos de ejercer la transparencia en este país, o hasta qué punto se debe a que la necesidad de dar buena información estaba compitiendo con otras prioridades no tan confesables. Sinceramente, no lo sé, aunque la reticencia a admitir preguntas en directo no ha sido una buena señal.

En cualquier caso, lo que sí sé es que, teniendo en cuenta lo mucho que tenemos en juego, encuentro esa falta de precisión y de claridad muy frustrante. El ruido es algo que ahora mismo muchos de nosotros no nos podemos permitir.

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Sobre lealtades, críticas, toros pasados y «capitanes a posteriori»

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Sobre la lealtad

Creo que la lealtad es una gran virtud y especialmente útil en una crisis como la que estamos atravesando.

Ahora bien, también creo que hay una diferencia entre la lealtad y el servilismo: el servilismo es unidireccional, mientras que la lealtad es bidireccional; no solo nos ata a los de abajo; nos debe atar a todos.

Yo estoy dispuesto a seguir de forma leal y estricta las directrices de las autoridades y del Gobierno y a asumir mi cuota de sacrificios. Pero creo que es justo pedir, a cambio, una actuación también leal por parte de esas mismas autoridades, y hay algunos detalles que me chirrían y que creo que no contribuyen a fortalecer ese compromiso mutuo, que debería basarse en la confianza.

En primer lugar, puedo estar de acuerdo en que ahora mismo quizá no sea el mejor momento para saldar cuentas y exigir dimisiones, pero tampoco creo que se deba ir al otro extremo y pretender que aceptemos que se ha hecho todo bien. Es evidente que no, y yo, personalmente, agradecería algún tipo de reconocimiento de que se han cometido errores. Para tener la autoridad moral de pedir que se aparquen algunas críticas hasta más tarde, hay que demostrar que se está dispuesto a hacer autocrítica, porque, si no, acaba dando la impresión de que lo que se pretende es escurrir el bulto.

Y, en segundo lugar, también agradecería más transparencia y más franqueza, aunque sea dolorosa. Puedo entender que con el virus suelto no sea buena idea reunir en una sala a una multitud de periodistas para celebrar una rueda de prensa, pero tampoco creo que la alternativa tenga que ser que el secretario de Estado de Comunicación asuma el papel de filtrar las preguntas que se hacen. No quiero una prensa capada. Y también puedo entender que, en una situación tan compleja como esta, todavía no se tenga del todo definida la estrategia a medio plazo, pero, si es así, preferiría que se me dijera claramente y que se me explicase el porqué. Las frases reconfortantes cumplen, sin duda, un papel, los elogios a quienes están dándolo todo también, así como las condolencias a quienes han sido más golpeados. Pero quiero oír algo más que frases reconfortantes, elogios y condolencias. Quiero oír algo más que el que el Gobierno está haciendo los máximos esfuerzos. Quiero oír algo más que listados de medidas. Quiero un rumbo.

Sobre la falacia «Capitán A Posteriori»

La expresión «Todos somos más listos a toro pasado» refleja una verdad indiscutible. Es cierto que es más fácil ver los errores hacia atrás que hacia delante.

Ahora bien, hay quienes, apoyándose en esa verdad y recurriendo a una serie de generalizaciones injustificadas, están construyendo un discurso falaz, según el cual era ABSOLUTAMENTE imprevisible que algunas de la decisiones que se tomaron, como por ejemplo mantener las manifestaciones del 8M, pudieran acabar teniendo consecuencias negativas, que NADIE criticó entonces esas decicisiones y que TODOS los que las critican ahora son víctimas del sesgo restrospectivo. Pues bien, nada de eso es cierto.

Vayamos por partes.

En primer lugar, podemos debatir todo lo que queramos sobre hasta qué punto, con la información disponible entonces, era posible prever que la epidemia podía descontrolarse. Ahora bien, lo que es innegable es que, fuese más grande o más pequeña, la posibilidad existía. Y poco probable no es lo mismo que imprevisible. Por lo tanto, mantener las manifestaciones suponía asumir conscientemente un riesgo. Y que a estas manifestaciones acudiesen varios ministros suponía añadir otro: que, si efectivamente estos actos se convertían en un foco de infección, pudiésemos acabar teniendo que enfrentarnos a una grave crisis sanitaria con el Gobierno tocado. Por mucho que se considerase que las probabilidades de que las cosas saliesen mal eran pocas, de lo que no cabe duda es de que se hizo una apuesta muy alta. Y, de nuevo, cuando lo que se pone en juego es mucho, poco probable no es lo mismo que poco riesgo. Si yo juego una sola vez a la ruleta rusa, la probabilidad de volarme los sesos es solo de un sexto, pero el riesgo que asumo es enorme.

En segundo lugar, es falso que no hubiese quienes criticasen la convocatoria de las manifestaciones y que se animase a acudir a ellas. Hubo quienes lo hicieron, y muchos tuvieron que aguantar descalificaciones personales por ello.

Y, en tercer lugar, probablemente es cierto que hay ahora quienes son víctimas del sesgo retrospectivo y creen que ellos estaban entre los que en su momento se oponían a estas manifestaciones sin que sea cierto. Pero es absolutamente falso que todos los que las critican ahora no lo hiciesen antes.

Las falacias me molestan en general, pero reconozco que esta del «Capitán A Posteriori» me está irritando especialmente, porque veo recurrir a ella a algunas personas, incluyendo a algunos periodistas de renombre, que no se suelen morder la lengua a la hora de criticar a los demás. El razonamiento parece ser que ellos sí que tienen derecho a denunciar continuamente lo que consideran equivocaciones ajenas, pero que, en cambio, sus propios errores son de un tipo especial, errores propios de personas inteligentes y bien informadas, y que, por tanto, en el fondo quienes vuelven a estar en el lado equivocado son quienes se atreven a señalarlos. Y esa forma de darle la vuelta a la tortilla, ese pretender que se sigue teniendo razón incluso en el error, me revuelve el estómago. Si ya normalmente me hastía la superioridad moral que se destila desde ciertos sectores, creo que ahora, con varios miles de muertos, con una sociedad enclaustrada y con la pobreza asomándose a muchos hogares, esos alardes de arrogancia son sencillamente obscenos.

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Cuando estaba redactando este texto, he visto que el tuitero @FernandoCervera ya había bautizado la falacia del «Capitán A Posteriori». Es justo reconocer, pues, que él le puso el nombre.

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El término «feminismo» y la estrategia «motte and bailey»

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«Feminismo

1.m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.»

Diccionario de la Real Academia Española

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La tesis central de este artículo es que una parte del movimiento feminista está usando la falacia motte and bailey para apoderarse en exclusiva de los términos feminismo y feminista. Pero, antes de empezar, es justo reconocer que, buscando referencias sobre el tema, he descubierto que no soy ni mucho menos el primero al que le llama la atención el uso de estas tácticas. Enlazo aquí, por ejemplo, este artículo de Quintana Paz, en el que expone ideas parecidas.

Empiezo, ahora sí, con mi propia explicación.

La estrategia motte and bailey (descrita originalmente por el filósofo Nicholas Sackel) consiste en mantener dos conjuntos de postulados, de los cuales uno es más extremista y dificil de defender (el cercado exterior del castillo), y otro, por el contrario, muy razonable y difícil de atacar (la fortificación sobre la mota o montículo). Eso permite mantener de forma habitual un discurso radical, pero, cuando este es atacado, retirarse rápidamente a la mota y desde allí mostrarse desconcertado o incluso ofendido por las críticas.

En el caso que nos ocupa, la mota fortificada es la definición de feminismo del diccionario de la R.A.E., porque, si feminismo es estar a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿cómo no vas a ser feminista?, ¿quién puede atacar eso?

Ahora bien, el truco está en, a partir de ahí, ir ampliando cada vez más el tamaño del castillo a base de adherir a ese postulado original otros mediante una serie de falsas dicotomías.

Así, si eres feminista, entre las mujeres víctimas de delitos y una justicia patriarcal, ¿cómo no vas a tomar partido por creer siempre e incondicionalmente a la mujer?

Y, si eres feminista, entre seguir negando que el machismo existe o reconocer de una vez por todas que cualquier agresión a una mujer por parte de su pareja es consecuencia de la cultura patriarcal, ¿cómo no vas a optar por lo segundo?

Y, si eres feminista y tienes que elegir entre los derechos de las mujeres y el capitalismo, ¿cómo no vas a posicionarte contra el capitalismo?

De esa forma, el cercado se va ampliando cada vez más, enterrando los matices, pero, en el momento en que alguien se rebela, siempre queda el recurso de retirarse a la mota, recordar que feminismo es defender la igualdad y acusar al crítico de machista por atreverse a cuestionar ese principio.

Es una estrategia simple y efectiva, que les ha permitido a quienes la usan registrar el término feminista a su nombre y, a partir de ahí, usarlo para promover sus propias agendas políticas o intereses particulares.

Sin embargo, en mi opinión, es también una estrategia que está teniendo efectos tóxicos para la lucha por la igualdad, porque su coste, que recae sobre el conjunto de la sociedad, es el incremento de la polarización y que se estén cavando trincheras donde bien podría haber puentes. Con demasiada frecuencia, se le está negando a otros, incluso de forma muy agresiva, el derecho a identificarse con ese término, hasta que hemos alcanzado un punto en que, por reacción, hay mucha gente que lo ve con hostilidad o, cuando menos, con desconfianza. Eso sí, cuando una mujer se atreve a decir en voz alta que no se siente feminista, lo primero que se hace, de nuevo, es echarle en cara la definición de la R.A.E., como si en vez del cercado estuviera cuestionando la mota.

¿Cómo reaccionar ante eso? Creo que hay dos posibilidades.

La primera sería que todos asumiéramos que el término feminista ha mutado y que la definición del diccionario ya no es la válida. Así, ser feminista, como ser católico, no consistiría en creer en un único punto, sino en aceptar un bloque de dogmas, dogmas que no siempre están engarzados unos con otros a través de la razón, sino a menudo mediante saltos de fe.

Y la segunda, que es de la que yo soy partidario, es reclamar que el término retorne al patrimonio común, y que todo aquel que crea sinceramente en la igualdad de derechos sea reconocido como feminista sin exigirle nada más.

Obviamente, eso no significa que no podamos criticar la forma que tengan los demás de entender o defender el feminismo. Si este es una ideología política y no una religión, la crítica es lícita y necesaria. Pero lo que sí que significa es que, por muy convencidos que estemos cada uno de nosotros de que nuestra versión es la buena, eso no nos convierte en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y no nos da el derecho a imprimir carnés.

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Identidad sexual y género gramatical

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No me voy a andar con rodeos: pertenezco al bando de los reacios con el llamado lenguaje inclusivo. Como filólogo, creo que muchos de los argumentos para su uso (aunque no todos) se apoyan en un malentendido sobre el lenguaje. En los siguientes apartados voy a intentar explicar mi visión al respecto, desgranándola en una serie de puntos.

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Género gramatical e identidad sexual

Género gramatical e identidad sexual son dos cosas distintas, que mantienen cierta relación pero no una correspondencia perfecta. Por eso, por ejemplo, usamos las palabras cerilla y fósforo, que tienen dos géneros gramaticales distintos, para referirnos a un mismo objeto (que, además, carece de sexo); en la frase La víctima era un hombre podemos usar un determinante y un sustantivo de género gramatical femenino (La víctima) para referirnos a un varón; en el caso de algunos árboles, el cambio de género lo que indica es que hemos pasado del frutal a la fruta (manzano/manzana, naranjo/naranja, etc); y en otros casos puede indicar toda una serie de aspectos variados, como por ejemplo diferencias en el tamaño o el uso (cubo/cuba, manto/manta, etc.).

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El sexo de los fonemas

A estas alturas, estamos tan acostumbrados a asociar la terminación -a con el sexo femenino y la terminación -o con el masculino que llega un momento en que esa relación, más que artificial o convencional, nos parece natural. Es un poco lo mismo que acaba ocurriendo con los domingos, que tienen un sabor peculiar que los hace parecer distintos por naturaleza a, por ejemplo, los martes.

Pero no. Ni un domingo es, en sí mismo y fuera de las convenciones humanas, distinto a un martes, ni el fonema /o/ es en sí mismo masculino.

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El pecado original de los gramáticos

Sin embargo, es justo reconocer que, en buena parte, la culpa de la polémica sobre la invisibilización de la mujer en el lenguaje la tienen los gramáticos. Estos cometieron el error de trasladar la nomenclatura binaria del sexo al género gramatical.

En mi opinión, usar esa terminología es inexacto y conduce a confusión, especialmente en el caso de lo que hemos dado en llamar género masculino. Porque, en realidad, lo que hay no es un género gramatical femenino y uno masculino, sino, en todo caso, un género femenino y un género no marcado, al menos en lo que se refiere a las desinencias. Así, el morfema -o no denota macho; lo que realmente denota es no es necesariamente hembra.

Esto quedará más claro con unos ejemplos. Pero antes vamos a hablar de economía y de transporte.

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La lengua como vehículo

La lengua es básicamente un vehículo para transmitir información. Y lo normal, cuando usamos un vehículo, es que prefiramos transportar más carga a menos precio. En el caso concreto del lenguaje esto significa:

a) Preferimos transmitir la misma cantidad de información usando menos palabras.

b) Preferimos transmitir más información usando el mismo número de palabras.

Veámoslo, ahora sí, con tres ejemplos.

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«Necesito un abogado»

Cuando uso esa frase, ¿qué estoy diciendo?, ¿que necesito un abogado hombre? No. Lo lógico es entender que lo que digo es que necesito un asesor legal, pero que su identidad sexual es irrelevante. Si no lo fuera, tendría dos formas de introducir esa carga de información adicional, dependiendo de cuál sea ese género.

La primera es decir: «Necesito una abogada». Al usar el término marcado, he podido añadir más información con el mismo número de palabras, solo con el coste de pronunciar un fonema más.

La segunda es decir: «Necesito un abogado varón». En este caso, marcar el género me ha supuesto el coste de añadir una palabra más.

Vamos ahora con el segundo ejemplo.

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«Vi a mi abogado en el despacho»

En este caso sí que es lógico entender que ese abogado era un varón.

Ahora bien, la información de que era varón no me la da el usar la palabra abogado; me la da el no haber usado la palabra abogada, porque lo normal es que, puesto que añadir la información de género no suponía ningún coste, hubiese usado el término marcado.

Sería muy distinto, en cambio, si hubiera dicho: «Vi un gato en el despacho». Entonces el morfema -o ya no indicaría necesariamente macho, por la sencilla razón de que sabemos que somos mucho peores reconociendo el sexo de los gatos que el de los abogados.

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«Me he reunido con mis abogados»

En este caso, ¿estoy diciendo que mis abogados eran todos hombres? De nuevo, no. Sí que he indicado que al menos uno de ellos era hombre, puesto que, si fuesen todas mujeres, lo lógico habría sido decir: «Me he reunido con mis abogadas»; más información a coste cero.

En cambio, para especificar si estoy hablando solo de hombres o de un conjunto de hombres y mujeres, tendría que incurrir en un mayor gasto añadiendo palabras, lo que no voy a hacer si esa información es irrelevante.

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Así pues, ¿invisibiliza el lenguaje a las mujeres?

Pues depende de cómo lo enfoquemos. Si decidimos que la terminación -o es inequívocamente masculina, la respuesta es sí, porque la frase Necesito un abogado estaría dando a entender que, al menos en principio, ese abogado debería ser un hombre.

Por el contrario, si pensamos que lo que estoy usando no es el masculino sino el género no marcado, la respuesta cambia bastante. De hecho, si nos fijamos en los ejemplos de arriba, normalmente es más barato visibilizar el género de las mujeres que el de los hombres.

Eso no significa que en la sociedad no se haya invisibilizado de forma sistemática a las mujeres. Lo único que significa es que la invisibilización no fue causada por el lenguaje. El hecho de que tendiéramos a pensar que un abogado, un médico, un arquitecto, etc. tenían que ser por defecto hombres no vino de que eso era lo que indicaba el morfema -o; vino de que eran los hombres los que copaban esas profesiones.

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Ventajas e inconvenientes del lenguaje inclusivo y el desdoblamiento

Como hemos visto, el desdoblamiento de los términos supone un coste. ¿Significa eso que sea siempre un coste innecesario?

No. En muchas ocasiones puede ser lógico querer enfatizar el hecho de que en un determinado colectivo hay tanto hombres como mujeres. Enfatizar también es transmitir información. Ahora bien, el énfasis funciona precisamente porque solo lo usamos ocasionalmente. Si enfatizamos todo, al final no enfatizamos nada, y lo único que conseguimos es convertir el lenguaje en un vehículo más torpe para acabar transmitiendo exactamente la misma cantidad de información; dejamos de repartir el pan con una furgoneta para hacerlo con un tractor.

Por otra parte, identificar de forma estrecha género gramatical e identidad sexual abre una puerta por la que podemos perdernos todo lo que queramos. Cabe preguntarse por qué los hombres tienen que ir delante en la expresión abogados y abogadas, si usar solo dos géneros invisibiliza a las personas que no se identifican con ninguno de ellos, por qué la virginidad y la obediencia son femeninas mientras que el placer y el poder son masculinos, etc., etc.

Por eso, creo que es más sencillo asumir que género gramatical e identidad sexual no son lo mismo, y que los géneros gramaticales en español no son el femenino y el masculino, sino el femenino y el no marcado.

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¿Qué es lo que realmente visibiliza el lenguaje inclusivo?

Por último, ¿visibiliza la expresión Congreso de los Diputados y de las Diputadas el hecho de que parte de nuestros representantes son mujeres? Bueno, ciertamente lo enfatiza, pero no creo que sea razonable decir que lo visibiliza, porque a estas alturas ya es algo que todos sabemos. Visibilizar lo que todo el mundo ve no es visibilizar.

Por tanto, lo que el desdoblamiento realmente visibiliza es la ideología de quien lo usa. La carga de información que añade el desdoblamiento no es que en el Congreso hay diputadas, sino que el hablante está comprometido con un determinado tipo de feminismo, más militante. Y usar el desdoblamiento para añadir esa carga de información es perfectamente lícito. Si alguien está dispuesto a asumir el coste de desdoblar para recalcar continuamente su compromiso ideológico, está en su derecho. Pero lo que ya no es tan lícito es pretender imponernos a todos esa forma de hablar.

Estoy en contra de meter mensajes políticos en todos los actos comunicativos

Yo, por ejemplo, no voy a usar los desdoblamientos de forma sistemática. No porque esté en desacuerdo con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino porque estoy en desacuerdo con ese uso político de la morfología. En primer lugar, el coste lingüístico de estarse reivindicando continuamente como feminista me parece desproporcionado. En segundo lugar, estoy en contra de meter mensajes políticos en todos los actos comunicativos. Y, en tercer lugar, el uso sistemático del desdoblamiento normalmente suele estar asociado con un determinado tipo de feminismo, más radical, con el que discrepo en bastantes puntos.

Habrá quien piense que, si el desdoblamiento no me gusta, es porque, al fin y al cabo, soy un hombre cishetero, un privilegiado en la sociedad patriarcal, que no siente realmente la necesidad de transformarla. Y puede que haya algo de razón en ello; puede que, si yo fuese una mujer que hubiese vivido situaciones graves de discriminación, mi feminismo se habría vuelto mucho más militante, tanto como para querer reivindicarlo continuamente.

Pero no es el caso. Lo que soy es un hombre que mucho tiempo atrás estudió filología y que, desde entonces, le cogió un gran respeto a ese maravilloso patrimonio cultural que es nuestra lengua, hasta el punto de desconfiar de quienes se sienten capacitados para «mejorarla». Yo, cuando se trata del lenguaje, me veo bastante más en el papel de alumno que en el de cirujano.

Y por eso prefiero meter la carga política de mis mensajes solo en el contenido semántico de los mismos, sin tocar la gramática. Lo confieso: en el aspecto formal soy más tradicionalista que revolucionario.

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Soberanía popular y Poder Judicial

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La política es una guerra con muchos frentes, y uno de ellos es el de cuál debería ser el mecanismo de elección de los vocales del Consejo General del Poder General. A grandes rasgos, hay dos posturas: la de quienes quieren que sea el Parlamento el que elija a la totalidad (como ocurre ahora), y la de quienes quieren que sean los propios jueces los que elijan a la mayoría (como ocurría hasta que el Psoe cambió la ley en 1985).

Es un debate que sigo, y en el que me ha llamado la atención oír últimamente algunas voces que esgrimen el principio de soberanía popular para rechazar cederle el control del CGPJ a los jueces.

Tal y como lo he entendido, el argumento es básicamente este: puesto que los poderes emanan del pueblo, debería ser el propio pueblo, a través de sus representantes, el que controle el órgano de gobierno del Poder Judicial. Lo contrario sería ir contra la soberanía nacional y carecería, por lo tanto, de legitimidad.

Sin embargo, es un argumento que no me convence por dos motivos. Uno más sencillo y directo, y otro algo más complejo.

Empecemos por el más sencillo.

El debate constituyente

Quienes esgrimen dicho argumento parecen olvidar una cuestión fundamental, y es la de que la intención original de las Cortes Constituyentes era, precisamente, que fuesen los jueces quienes eligiesen a la mayoría del Consejo.

Es cierto que el artículo 122 de la Constitución, que regula la composición del CGPJ, no lo dice con todas las letras, pero, para comprobar que esto era así, basta con consultar en el diario de sesiones las intervenciones de los vocales de los partidos. Veamos dos ejemplos¹:

«O por el contrario, dada la naturaleza y composición del Consejo General del Poder Judicial, miembros que son nombrados, según el proyecto, por la carrera judicial, miembros designados por el Parlamento…» (Bolea Foradada, de la UCD)

«volviendo a la idea del 5 de enero- que los 12 elegidos por jueces y magistrados lo sean en las diversas categorías judiciales…» (Peces Barba, del Psoe)

Así pues, no veo cómo se puede argumentar que un sistema que estaba en la mente de los representantes de la soberanía popular cuando actuaban como Poder Constituyente puede ir contra dicha soberanía.

Pero pasemos ahora a la segunda razón por la que ese argumento no me convence, una que me parece de más peso.

La soberanía popular y la separación de poderes

Creo que quienes esgrimen de esa manera el principio de soberanía popular lo están identificando básicamente con el ejercicio del sufragio universal, lo que, en mi opinión, es una simplificación excesiva. Es evidente que el que el pueblo elija a sus representantes y gobernantes es una manifestación de la soberanía popular, pero eso no significa que ese principio se agote con ello. Es bastante más complicado, al menos por dos motivos.

El primero es que defender la soberanía popular también exige defender al pueblo soberano de ese Leviatán que es el Estado, un monstruo al que hay que tener siempre atado corto para evitar que invada la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y el segundo motivo es el clásico problema del agente: en todos los ámbitos, es muy difícil que los intereses del representado coincidan exactamente con los del representante, y por eso debe de haber mecanismos para asegurar que unos no acaban siendo sustituidos por los otros.

Así pues, por muy representativo que pueda ser el Poder Legislativo y por muy legítimo que pueda ser el Ejecutivo, se considera que deben de estar sometidos a límites y controles. Y por eso las democracias modernas se han dotado de Constituciones, unas Constituciones cuyas dos funciones principales son proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y establecer la organización institucional del poder, asegurando la división del mismo.

En ese sentido, merece la pena recordar el artículo 16 de la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1798:

«Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.»

Por lo tanto, cuando los redactores de nuestra nuestro texto constitucional buscaron establecer un mecanismo que reafirmase la independencia del Poder Judicial, no lo hicieron por capricho. Lo hicieron asumiendo la herencia de una tradición teórica en la que la separación de poderes no se ve como algo opuesto a la soberanía popular, sino como una de sus garantías.

La separación de poderes en España

Hay que recordar, además, que a diferencia de lo que ocurre en los sistemas presidencialistas, donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo se eligen en votaciones separadas, en un sistema parlamentario, como el español, el Poder Ejecutivo depende directamente del Legislativo, por lo que la separación entre esos dos poderes ya está atenuada.

Y hay que recordar, también, que los 12 miembros del Tribunal Constitucional, otro de nuestros órganos fundamentales, son elegidos por el Congreso (4), el Senado (4), el Gobierno (2), y el CGPJ (2).

Cabe preguntarse, entonces, hasta qué punto es compatible el principio de separación de poderes con el hecho de que el Poder Legislativo controle al Ejecutivo y también, ya sea de forma directa o indirecta, la totalidad del Tribunal Constitucional y la totalidad del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Es cierto que el CGPJ no es el Poder Judicial, sino solo su órgano de gobierno, y que la independencia se predica de cada juez individual; pero también es cierto que ese órgano tiene la capacidad de determinar qué magistrados llegan a la los tribunales más directamente implicados en el control del poder político. Y es cierto que hay mecanismos (como la duración en el cargo o las mayorías necesarias para nombrarlos) que buscan dotar de una mayor independencia a los magistrados del TC y a los vocales del CGPJ; pero también es cierto que esa independencia se ve mermada por el juego del intercambio de cromos(“tu nombras a ese y yo nombro a este”) y por el hecho de que los partidos puedan compartir intereses que no coinciden necesariamente con los de los ciudadanos. La corrupción, por ejemplo, no hace distingos ideológicos.

Otros argumentos aparte del de la soberanía

Es también cierto, sin embargo, que quienes se oponen a que sean los jueces los que controlen la mayoría del CGPJ esgrimen otros argumentos aparte del de la soberanía popular.

Uno, muy importante, es que los jueces también tienen sus propios intereses particulares y corporativos.

Y a este hay quien añade un segundo argumento: que el mecanismo de acceso a la carrera penaliza a las personas con menos recursos económicos, lo que lleva a que el colectivo judicial tenga sesgos ideológicos y de clase. El Estado, como consecuencia, mostraría en su funcionamiento una inclinación política que no se correspondería con la voluntad general.

No son argumentos vacíos y creo que merecen atención. Pero, con todo, después de ver las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas, yo, como ciudadano, me inclino por que sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales del CGPJ.

En primer lugar, en la democracia actual, que es básicamente una democracia de partidos, creo necesario que haya alguna esfera que escape al control de los mismos, auténticas máquinas de fagocitar poder. Eso pesa más en mi ánimo que el miedo a los intereses corporativos de los propios jueces.

En segundo lugar, no creo que entre políticos haya menos casos de amiguismo y de pagos de favores que los que puedan darse entre jueces. En todas partes se hace política escrita con minúsculas.

Y, en tercer lugar, aunque creo que es seguramente cierto que la composición del Poder Judicial muestra un sesgo de clase, tampoco creo que eso sea algo exclusivo de ese Poder. Reconozco que no tengo estadísticas al respecto, pero sospecho que también en el Parlamento hay proporcionalmente más gente proviniente de las clases media y alta que de la obrera, especialmente en unos tiempos en los que los partidos han dejado en buena medida de ser partidos de clase.

Eso no significa, sin embargo, que sea totalmente indiferente a esas críticas. Creo que, en caso de devolverle el control del CGPJ a los jueces, sería necesario estudiar mecanismos para intentar poner coto a los intereses corporativos y particulares.

Y, por otra parte, también creo que habría que hacer todo lo posible para intentar asegurar que la falta de medios económicos no sea un obstáculo para acceder a la carrera judicial. En mi opinión, eso sería bueno por tres motivos:

El primero es que es una cuestión básica de justicia social.

El segundo es que sería una forma de asegurar que no desperdiciamos talento.

Y el tercero es que creo que, cuanto más abierta a todas las clases sociales esté la carrera judicial, cuanto más se perciba el mecanismo de acceso como neutro y justo, más identificado podrá sentirse el conjunto de la ciudadanía con el Tercer Poder.

¿Significa eso que creo que, con tunearlo un poco, tendríamos un sistema de control del CGPJ perfecto? No, ni de lejos. Estoy seguro de que tendría defectos, que con el tiempo surgirían otros nuevos y que siempre habría que mantenerse vigilante y crítico.

Pero, al fin y al cabo, la democracia no es el sistema de quienes creen en lo perfecto, sino de quienes aspiramos a lo razonable.

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¹ Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. 8 de junio de 1978. Páginas 3107 y 3113.

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A raíz de algunos comentarios de @JudgeTheZipper, que me han parecido oportunos, he introducido algunas matizaciones en el texto.

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Enlazo a continuación tres artículos que me parece que son de interés para este debate:

“La elección del gobierno de los jueces”, de Santiago Sequeiros (aquí).

“Hay que quitarle la escopeta al CGPJ”, de Elisa Beni (aquí).

“Independencia judicial: los principios y los finales del reparto partidista del Consejo General del Poder Judicial”, de José Muelas Cerezuela y Verónica del Carpio Fiestas (aquí).

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Un ciudadano frente al cambio climático

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Empezaré por reconocer que no soy un experto en energía. Lo que soy es un ciudadano preocupado por el cambio climático y que lleva atento al debate público sobre el mismo desde hace décadas, pero con una creciente sensación de desconcierto. Hay algo que me chirría profundamente en el enfoque que, de unos años a esta parte, se ha ido adoptando tanto en los medios como en buena parte del activismo.

De repente me encuentro de vuelta en la infancia, en los tiempos en que oías predicar sobre el pecado; solo que si entonces lo pecaminoso era la masturbación, comer carne en vigilia o ser perezoso, ahora lo es usar la secadora, viajar en avión o comer carne cualquier día del año. Pero la sensación es la misma: la incomodidad de la culpa. No es un planteamiento que me entusiasme.

Y no es que yo quiera negar que, efectivamente, los humanos somos responsables del cambio climático; por supuesto que lo somos. Simplemente, dudo de que poner el foco ahí, sobre el individuo y su comportamiento, sea el enfoque más productivo. Y voy a intentar explicar por qué.

Tal y como yo lo entiendo, la esencia del problema es que, para mantener nuestro nivel de vida, los humanos estamos extrayendo combustibles fósiles que llevaban en el subsuelo cientos de millones de años, quemándolos y liberando enormes cantidades de CO2 a la atmósfera.

Imaginemos ahora que yo, concienciado como estoy, decido caminar más y conducir menos, y que con ello consigo ahorrar unos litros de gasolina. Eso no va a hacer que ese petróleo al que yo he renunciado vaya a permanecer en el subsuelo para siempre. Simplemente, será consumido un poco más tarde, ya sea por mí o por otro, a no ser que entretanto se desarrolle una fuente de energía alternativa lo suficientemente competitiva. Si tenemos en cuenta que en el mundo hay miles de millones de personas cuya aspiración legítima es alcanzar nuestro nivel de vida, hay que aceptar que la demanda de energía no solo no va a disminuir sino que va a seguir aumentando.

Así pues, cuando yo renuncio a consumir energía, lo que consigo no es resolver el problema, sino solamente (y no digo que no sea importante) ganar un poco de tiempo mientras encontramos las verdaderas soluciones al problema. Pero las soluciones definitivas al cambio climático no van a venir por el lado de la demanda, sino que tenemos que encontrarlas por el de la producción, y, por tanto, no llegaremos a ellas a través de la culpa sino de la tecnología.

La ecuación es sencilla en su planteamiento aunque sea difícil de resolver: tenemos que conseguir desarrollar formas de generar energía que sean lo suficientemente competitivas como para que no nos merezca la pena extraer los combustibles fósiles, o bien formas de quemar los combustibles fósiles sin liberar CO2 a la atmósfera. Y si no podemos conseguir eso en un plazo razonable, que yo acorte mis duchas no nos va a salvar.

Eso no significa que yo no esté dispuesto a ser responsable y contener mis hábitos de consumo para conseguir ganar ese tiempo valioso; lo estoy. Pero, a cambio, creo que es legítimo que le pida el mismo nivel de responsabilidad a todas las partes implicadas.

Por eso, creo que debo exigirle a las autoridades políticas que dediquen más esfuerzo y dinero a fomentar la investigación y el desarrollo, y menos a llevar a cabo acciones, que, por muy envueltas en la etiqueta verde que estén, son realmente más publicitarias que efectivas, cuando no directamente contraproducentes. Porque los políticos son muy propensos a perderse en el gesto y dejar de mirar el fondo.

Y, por otra parte, creo que puedo pedirle a los medios que dediquen algo menos de esfuerzo a hacerme sentir culpable (algo que ya se me da bien hacer sin ayuda), y más a informarme sobre si realmente estamos ganando esa batalla fundamentalmente técnica: quiero buena información sobre los costes y riesgos de las distintas formas de producir energía, las técnicas de captura de CO2, la eficacia del mercado de emisiones, las posibilidades reales de almacenamiento masivo de la energía obtenida de fuentes intermitentes, los avances en fusión nuclear, etc. Considero que esa es una información que necesito para poder ejercer mi labor ciudadana de control sobre el poder político, y es una información que ahora mismo, francamente, me cuesta mucho más trabajo encontrar en los medios generalistas que sermones sobre mi comportamiento irresponsable.

En resumen, lo que pido es que el énfasis del debate se desplace de la culpa a la ciencia. Porque si no, si vamos a seguir con el tono apocalíptico y con el mensaje de que para salvarse hay que ser fuerte contra la tentación, ya os advierto que eso no es algo que se me haya dado nunca especialmente bien, y que, ante la imposibilidad de ser lo suficientemente puro, es probable que acabe rindiéndome y entregándome sin freno a los placeres de la carne.

No sería la primera vez.

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El peligro de los casos bandera

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Buena parte de nuestro conocimiento científico se ha construido por un proceso de abstracción, manejando grandes cantidades de datos y haciendo inferencias estadísticas. Pero esto no es así porque se nos dé particularmente bien hacer inferencias, sino a pesar de que se nos da mal. De hecho, se ha comprobado que incluso los profesionales de la estadística tienden a cometer errores básicos en cuanto se relajan.

Además, no es solo que se nos dé mal juzgar en esos términos; es que tampoco nos gusta. A los seres humanos lo que nos llama la atención es lo concreto, la anécdota con cara y ojos.

Por eso, quienes hacen campañas publicitarias para las ONGs no te envían folletos con gráficas y estadísticas, sino que prefieren enviarte las fotos de un niño concreto, decirte su nombre y su apellido, contarte su historia. Un niño con rostro pesa más sobre nuestra conciencia que mil niños anónimos, Greta Thunberg más que mil toneladas de CO2. Lo que tenga forma personal nos va a impactar siempre más que el dato abstracto, por mucho que sepamos que detrás de ese dato hay una multitud de tragedias personales.

Eso ocurre en todos los campos, incluidos los de la criminología y el derecho penal. El estudio de los delitos y de las penas se puede encarar de una forma tan rigurosa, abstracta y aburrida como el de cualquier otra materia. Hay investigadores que se dedican a hacer seguimientos exhaustivos de una multitud de casos, estudiar sus variables y analizar la información. Pero, de nuevo, quien quiera conseguir algo de ti, ya sea tu atención para un programa televisivo, tu voto o tu apoyo a una ideología, sabe que le va a ser mucho más útil recurrir al caso concreto.

Y es que, además, no hay ningún otro campo en el que el caso concreto pueda ser más eficaz a la hora de movilizarnos que en el del delito. Todos llevamos dentro un vengador, un detective, un juez y un legislador pugnando por salir, y basta con que nos presenten uno de esos sucesos, bien envuelto en su cobertura de detalles escabrosos, para que entremos al trapo.

Por eso, inevitablemente, el debate público sobre el crimen y el derecho penal no lo protagonizan las estadísticas, los fríos datos científicos, sino que se mueve a tirones, brincando de un caso mediático a otro, esos que yo llamo “casos bandera”, porque se pueden usar fácilmente como estandarte en torno al que agrupar tropas y articular batallas ideológicas.

Sin embargo, creo que hay muchos motivos por los que es muy mala idea que el debate sobre el delito sea protagonizado por esos casos bandera. Y de todos esos motivos, aquí voy a mencionar cinco:

1- Esos casos son reales, tremendamente reales, pero no son la realidad sino tan solo un fragmento de la misma. De hecho, muchas veces, si llaman la atención es precisamente por su carácter excepcional. Y que el debate se centre en lo particular en vez de en lo general es muy mala idea, sobre todo cuando sabemos que los políticos, siempre pendientes de la opinión pública, se van a sentir tentados a legislar en consecuencia. Una ley que pretende ser un traje a medida para un caso concreto es muy probable que sea una mala ley; y, cuanto más raro sea ese caso, peor ley será. Ojo, con ello no digo que haya que ignorar lo excepcional -que también tiene derecho a ser atendido-, pero sí que no hay que convertirlo en el eje en torno al cual hacemos girar todo.

2- Esos casos normalmente no sirven para aprender, sino tan solo para confirmar los prejuicios previos de cada uno. Un caso penal suele ser complejo y conocerlo a fondo a menudo requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, que la mayoría de nosotros no le vamos a dedicar. Lo que haremos será manejar solo algunos retazos de información, muchas veces extraídos de medios y personas que nos son afines, y rellenar los huecos proyectando sobre ellos nuestras propias experiencias personales y nuestra ideología. Por eso es tan fácil encontrar gente que, tras leer tan solo un par de artículos, sabe perfectamente lo que ocurrió en un lugar en el que nunca estuvo. Y lo saben con la suficiente certeza como para enzarzarse a insultos con quienes saben justo lo contrario, porque el debate no lo protagoniza realmente la información, sino los prejuicios.

3-Es muy lícito tener diferencias ideológicas sobre la mejor forma de afrontar el delito. Pero, al centrarnos en casos concretos, a menudo sacamos las diferencias políticas del lugar dónde deberían resolverse, el Parlamento, para llevarlas a la puerta del juzgado. Allí se presiona a los magistrados para que interpreten la ley de la forma más ajustada a la ideología propia o, incluso, para que la distorsionen, llevándola adonde el legislador, el legítimo representante de la soberanía popular, no quiso hacerlo. Es más, a veces esa presión pretende, no ya cambiar la ley, sino incluso la valoración de la prueba. Una vez metidos en la batalla ideológica, hay que conquistar la trinchera a cualquier precio y clavar en ella nuestra bandera.

Pero la idea de que firmar peticiones en Change o gritar a la puerta del juzgado va a ayudar a conseguir mejor justicia es tan absurda como pensar que gritar a la puerta del quirófano y presionar a los médicos va a conseguir mejor cirugía. Y quienes se dedican a ello serían los primeros en escandalizarse si viesen que quienes lo hacen son los otros, los que defienden ideas distintas y “equivocadas”.

4- El estudio de lo general lleva a penas más humanas y eficaces; centrarse en el caso concreto, al populismo punitivo. A los que no somos profesionales nos cuesta trabajo mantener la serenidad frente a un crimen concreto y, una vez que hemos visto el rostro o escuchado la historia de la víctima, es fácil que toda pena nos sepa a poco. En vez de dos años preferiríamos cuatro; en vez de cuatro, ocho; en vez de ocho, dieciséis. Unas cuantas raciones de morbo en la televisión y nos lanzamos a aporrear la puerta del legislador, exigiéndole que arranque el crimen de raíz, que combata el mal a sangre y fuego.

Sin embargo, entrar en esa subasta solo puede llevar a dos lugares, los dos malos. O bien empujamos todos los castigos hacia arriba, con lo cual acabamos imponiendo penas tan inhumanas como inútiles; o bien empujamos solo algunos castigos, aquellos respecto a los que estamos más sensibilizados, con lo que nos llevamos por delante el principio de proporcionalidad de la pena.

5- Y, por último pero fundamental: las personas implicadas en un caso concreto, ya sea penal o civil, tienen derecho a que lo que se resuelva sea su caso, sin utilizarlo como campo de batalla para ventilar otros asuntos. Los encausados en un caso mediático tienen exactamente el mismo derecho a la presunción de inocencia que los encausados en un caso no mediático. Las víctimas tienen derecho a que se respete, en la medida de lo posible, su intimidad. Y los menores implicados en una lucha por la custodia tienen derecho a que se atienda a sus intereses específicos, sin convertirlos en los peones de ninguna disputa ideológica.

Ser justo requiere tratar a las personas como lo que son: seres humanos reales, con todas sus características y circunstancias propias, y no los personajes de ningún relato periodístico o los arquetipos de una teoría política.

Conclusión

Es por todo eso por lo que creo que, si realmente lo que queremos es mejorar la lucha contra el delito, sería bueno que todos diéramos un paso atrás y escuchásemos un poco menos a periodistas y activistas, y un poco más a los expertos, con sus estadísticas anodinas.

Pero sé que eso no va a pasar, y que mañana estaremos otra vez ejerciendo de jueces en Twitter, porque en nuestros corazones no habitan estadísticos sino moralistas. Naturaleza humana.

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