« Ulises y las sirenas », John William Waterhouse, Public domain, via Wikimedia Commons
Hace unos años teníamos dos perros en casa, un macho y una hembra. Había una habilidad en concreto –no recuerdo cuál– que el macho sabía realizar y la hembra no, así que una mañana dedicamos un rato a intentar enseñársela. Y por fin, tras varios intentos, dimos la orden y los dos la ejecutaron a la vez. Sin embargo, estábamos tan centrados en la perra que solo le dimos el premio a ella. Entonces el perro se nos quedó mirando fijamente unos segundos, se levantó, fue hasta el cacharro del pienso y cogió un grano, uno solo, para recompensarse a sí mismo.
Hay animales, incluidos los humanos, que nacemos con un sentido de la justicia. Por eso, cuando percibimos algo como injusto, sentimos la necesidad de que se restablezca el equilibrio: o bien alguien tiene que ser recompensado, o bien alguien tiene que ser castigado.
Sin embargo, en el siglo XXI, cuando hablamos de «justicia», a menudo nos estamos refiriendo a otra cosa: a un complejo sistema institucional cuya función es ayudar a que se cumpla la ley.
En un mundo utópico habría una correspondencia perfecta entre la justicia como deseo y la justicia como sistema, de forma que las resoluciones judiciales nos dejarían siempre plenamente satisfechos. Sin embargo, en el mundo real esto es imposible por al menos cuatro motivos:
El primero es que ningún sistema humano es perfecto.
El segundo es que, incluso si el sistema fuese perfecto, seguiría enfrentándose a la limitación de que va a tener que operar manejando información imperfecta. A menudo es imposible determinar con exactitud qué es lo que ha sucedido. Por eso, la información que llega al juzgado suele ser incompleta y estar contaminada con ruido.
El tercero es que los ciudadanos tenemos cada uno nuestros propios sesgos; no percibimos como justo o injusto siempre lo mismo, por lo que es imposible que la misma decisión nos deje a todos satisfechos.
Y el cuarto motivo es que nuestro sentido de la justicia es en buena parte intuitivo, mientras que el sistema institucional tiene que regirse por reglas racionales. Y, si algo nos ha demostrado la historia de la ciencia, es que las conclusiones a las que llega la razón a menudo son contraintuitivas y muy difíciles de asimilar.
Así pues, es inevitable que se abra una brecha entre nuestro sentido de la justicia y lo que el sistema de justicia nos puede dar. Y ese tipo de brechas son las que explotan los populismos. Estos, cuando detectan algún tipo de insatisfacción, nunca empiezan por reconocer que un problema es complicado, sino que aseguran que es sencillo y que, si no se ha resuelto ya, es porque hay gente en puestos de poder que no quiere que se resuelva. Así, si no tenemos una Justicia que nos satisfaga de forma plena, se debe solamente a la complicidad o a la indiferencia cruel de algunos. El populista, en cambio, nos asegura que él sí que se identifica con nuestros deseos y está dispuesto a satisfacerlos.
Es un discurso muy peligroso. Y, ojo, que yo no estoy abogando por el conformismo. Ya señalé antes que el sistema no es perfecto. Por lo tanto, es necesario trabajar incansablemente para mejorarlo. Pero lo que digo es que en ese trabajo es muy peligroso dejarse seducir por los cantos de sirena. El verdadero camino para mejorar la Justicia no es torcerla hacia nuestros prejuicios, sino seguir intentando alejarla de ellos; no es hacerla más intuitiva, sino todavía más racional; en definitiva, no es procurar que sea más satisfactoria, sino más eficaz.
Tener un buen sistema judicial es caro. Cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajo, pero tiene, además, otro precio, que es el de aceptar que la Justicia a menudo tiene que dejarnos insatisfechos, especialmente en aquellos casos que más apelan a nuestras emociones. Duele, pero es así.
Casa Milá, Barcelona (Imagen por djedj via Pixabay)
A riesgo de ser reiterativo, en este artículo voy a examinar una serie de puntos sobre la cuestión catalana y el derecho a decidir, y voy a explicar por qué creo que Cataluña no tiene ese derecho, no ya en el plano legal, sino tampoco en el moral.
El problema del pueblo
Uno de los campos en los que se suelen disputar las batallas políticas es el del lenguaje, y es lo que ha ocurrido también en este caso. Así, hay quienes hablan del pueblo catalán como si este fuese un cuerpo con una voluntad única. Pero no es así. Aquí el auténtico problema no es que haya un enfrentamiento entre un pueblo catalán y un pueblo español como conjuntos perfectamente delimitados, sino que hay una profunda división entre los ciudadanos de Cataluña, que no se identifican todos con una misma nacionalidad.
El problema de la nación
Como ocurre con tantos otros términos, las palabras nación, nacionalidad, etc., no se usan siempre para referirse exactamente a lo mismo. Así, a veces las utilizamos para denotar que alguien es ciudadano de un Estado, como cuando hablamos de «un turista de nacionalidad alemana», y otras veces las usamos para referirnos a lo que es tener una conciencia nacional, como cuando decimos que «España es plurinacional».
Lo primero hace referencia a un hecho objetivo. Lo segundo, en cambio, nos remite a algo que es fundamentalmente subjetivo, porque, aunque la identidad nacional, como la religiosa, en buena medida nos puede venir dada, en última instancia es una elección personal. Eso explica, por ejemplo, que en mi familia haya hermanos que hemos acabado identificándonos con nacionalidades diferentes a pesar de habernos criado juntos.
Hay quien quiere obviar ese factor subjetivo remitiéndose a hechos históricos seleccionados, distinguiendo entre «colonos»y «colonizados»o hablando de «la lengua propia del territorio». Pero, de nuevo, eso no es sino distraer la cuestión. No estamos ante un escenario de invasión colonial, y la nacionalidad y la lengua no son propias del territorio sino de las personas que lo habitan. Y, en la medida en que es una cuestión de elección personal, es exactamente igual de legítimo que un habitante de Cataluña se sienta fundamentalmente catalán como que se sienta fundamentalmente español, o que se sienta ambas cosas, de la misma forma que es igual de legítimo ser católico que ser protestante.
El problema de los Estados nacionales
Personalmente, creo que en un país como España, donde hay varias conciencias nacionales distintas, la mejor solución es un Estado que busque crear un marco de convivencia respetuoso con todas esas identidades y no tome partido de forma militante por ninguna de ellas.
Hay quienes, sin embargo, aspiran a que, en vez de un único Estado plurinacional, lo que haya sean Estados nacionales más pequeños. Ahora bien, ese deseo se enfrenta a un grave problema, porque las distintas identidades nacionales están entremezcladas hasta el punto de que a menudo conviven en el mismo edificio. Así pues, no hay ninguna forma de dividir geográficamente el territorio español que nos vaya a dar, en principio, Estados nacionales.
En el caso concreto de Cataluña, si trazásemos esa división por donde están ahora las fronteras de la autonomía, nos encontraríamos, por una parte, que un buen número de españoles dejarían de vivir en el Estado con el que se identifican, y, por otra, que el Estado catalán resultante seguiría siendo un Estado plurinacional.
Así pues, la única forma de tener Estados realmente nacionales sería que, tras la división geográfica, se estuviese dispuesto a promover, o bien la emigración, o bien la conversión de una parte considerable de la población, aunque sea de forma paulatina.
El problema de la mayoría
En democracia hay distintos procedimientos para establecer qué es lo más legítimo, y uno de los más utilizados es recurrir a la regla de la mayoría: se ponen las propuestas sobre la mesa, se votan y una gana.
Ahora bien, para poder aplicar ese procedimiento, es necesario antes decidir quién tiene derecho a votar, qué mayoría es la relevante, y, en el caso de los referéndums de independencia, eso nos encierra en un problema circular. Porque, cuando el todo decide su suerte, está decidiendo también la suerte de las partes, pero, cuando son las partes las que deciden su suerte, están decidiendo también la suerte del todo. Entonces, ¿qué es más legítimo?, ¿qué decidan las partes o que decida el todo?
Hay quien lo tiene muy claro y afirma con rotundidad que quienes tienen que votar para decidir si Cataluña se independiza son solo los catalanes. Ahora bien, esa idea se apoya en otra: que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña. Y esa se apoya a su vez en otra: que el pueblo relevante son los ciudadanos de Cataluña; es decir, que la nacionalidad relevante es la catalana.
Ahora bien, si por el contrario partimos de que la nacionalidad relevante es la española, entonces el pueblo relevante es el español, la soberanía reside en el pueblo español, y quien tendría que votar para decidir el futuro de España son los españoles.
De nuevo: ¿qué es más razonable?, ¿pensar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo catalán o en el conjunto del pueblo español?
Si nos abstraemos un momento de la realidad legal e histórica, en principio es igual de válida una idea que la otra, de la misma forma que es igual de legítimo que un habitante de Barcelona se sienta más español que que se sienta más catalán.
Ahora bien, cuando hay un empate en el nivel abstracto entre dos aspiraciones políticas, la forma de resolverlo es bajando a la realidad, viendo cuál es la situación ya existente. Porque en todos los ámbitos de la vida, cuando hay una disputa por la posesión de algo, sea un objeto o un derecho, la carga de la prueba recae sobre quien aspira a que se le reconozca la posesión de lo que no tiene, no sobre quien ya la venía ostentando. Y en España quien viene ostentando la soberanía es el conjunto del pueblo español, y no solo desde la tan denostada Constitución del 78. Ha sido así durante todos los breves periodos democráticos de nuestra historia. De hecho, cuando la soberanía no estuvo en el conjunto del pueblo español, fue porque estuvo en manos de dictadores, monarcas, estamentos u otras minorías privilegiadas. Donde sí que no estuvo nunca fue en el pueblo catalán como conjunto diferenciado.
Así pues, en principio, yo no veo ningún argumento de peso para decir que es más justo que ahora esa soberanía cambie de manos y pase del pueblo español al catalán. Entiendo que quienes se sienten catalanes deseen que sea así, pero una cosa es el deseo y otra la legitimidad. Y un Estado catalán y una soberanía catalana no me parecen más legítimos que un Estado español y una soberanía española. La historia, con todos sus accidentes, podría habernos llevado hasta allí, pero no lo hizo. Nos trajo hasta aquí. Y la vía para evolucionar a partir de donde nos encontramos no puede pasar por saltarse la ley. Eso no es, en absoluto, democrático.
Foto: Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa, 20 de mayo de 2021
En principio, no me parece mala idea esbozar una estrategia de país a largo plazo, por mucho que soy consciente de los límites de la futurología. Eisenhower citaba a veces una pieza de sabiduría militar: que los planes son inútiles, pero que planificar es indispensable. Y es cierto: uno está mejor preparado para afrontar lo que no sabe que va a suceder si al menos ha intentado prepararse para aquello que cree que va a suceder.
Evidentemente, una buena idea no sirve de nada si no se ejecuta bien, y eso es algo a lo que habrá que estar atentos. Pero ahora no es ni de la idea en sí ni de su ejecución de lo que me interesa hablar, sino de un tercer aspecto, que creo que también merece un análisis crítico, y es el hecho de que, incluso cuando un proyecto es bueno y se ejecuta bien, puede haber factores externos al mismo que desvirtúen completamente su utilidad. Por decirlo gráficamente, podemos diseñar un estupendo motor de coche y construirlo con mimo, pero de poco va a servir todo ese esfuerzo si el automóvil en el que lo ponemos no tiene ruedas.
Y es esa posible falta de ruedas la que me preocupa en este caso. Anticiparse a los desafíos futuros es útil si se cumple una premisa: la de que, cuando vemos un problema y conocemos la solución, vamos a aplicar dicha solución. Y, desgraciadamente, creo que hay buenos motivos para desconfiar de que seamos capaces de cumplir esa premisa con respecto al futuro por la sencilla razón de que a menudo no estamos siendo capaces de cumplirla con respecto al presente. Es decir, muchas veces no tenemos tanto un problema de diagnóstico o de prescripción como de ejecución. Somos esos pacientes que tienen la receta del medicamento en el bolsillo, pero que ni lo compran ni lo toman.
Ahora mismo hay fallos clamorosos en nuestros sistemas de incentivos que hacen que a menudo quienes están en situación de solucionar los problemas no tengan ningún interés en hacerlo. Sucede en muchos campos distintos, sucede continuamente, y a menudo sucede ante los ojos de todos durante décadas.
Por eso, mi actitud ante una iniciativa como la de «España 2050» no es tanto de rechazo como de escepticismo. Tengo serias dudas sobre la capacidad de resolver problemas futuros en un país donde el Tribunal Constitucional sigue a día de hoy sin resolver un recurso de 2010. Tampoco ayuda el hecho de que la primera vez que oí quejarse a un alumno de que había profesores de universidad que imponían como libro de texto su propio manual, a menudo malo, fuese a finales de los setenta, y que a mí me haya pasado exactamente lo mismo más de cuatro décadas después. Décadas son también las que llevamos asistiendo al triste espectáculo del uso sectario de los medios de comunicación públicos. Y tampoco sirve para alimentar mi confianza que el mismo Gobierno que presenta a bombo y platillo «España 2050» mantenga en la presidencia del CIS a alguien que está destruyendo completamente el prestigio de dicha institución pública y que, con sus cambios de método, está rompiendo las series de datos que deberían servirle a los investigadores en el futuro. Etcétera, etcétera, etcétera.
E insisto, planificar a largo plazo no me parece solo conveniente sino incluso imprescindible, pero creo que todos los planes que elaboremos corren el riesgo de ser inútiles si no conseguimos que el proceso básico de diagnóstico + prescripción + ejecución funcione como una rutina bien engrasada.
En definitiva, creo que no deberíamos olvidar que la primera estrategia y la más eficaz para mejorar el futuro es arreglar lo que no funciona en el presente. Y eso es algo que ahora mismo no estamos consiguiendo.
En el debate televisado del pasado miércoles, Mónica García, la candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad madrileña, dijo lo siguiente: «Y le voy a dar una primicia, señora Monasterio, ¿sabe quién viola, quien asesina y quién acosa sexualmente? Los hombres». (1:13:52 en este vídeo).
Es una afirmación que no es nueva. Formulada con esas palabras o parecidas, se oye con cierta frecuencia y siempre acompañada de polémica, por la sencilla razón de que es ambigua y permite tres interpretaciones diferentes:
a) la mayoría de los hombres violan, asesinan y acosan sexualmente.
b) la mayoría de quienes violan, asesinan y acosan sexualmente son hombres.
c) violar, asesinar y acosar sexualmente es un comportamiento exclusivo de los hombres. *
Un mínimo conocimiento del mundo indica que la única interpretación razonable es la segunda. Sin embargo, nos encontramos con dos problemas. En primer lugar, el uso del artículo determinado los apunta a una generalización que afecta a todo el colectivo; es decir, no se está asociando la violencia con unos hombres sino más bien con los hombres tomados como conjunto. No es lo mismo decir «Quienes matan son hombres» que «Quienes matan son los hombres».
Y, en segundo lugar, si ya sabemos que esa formulación es polémica, ¿por qué se sigue utilizando?, ¿por qué no decir directamente: «La mayoría de los violadores, asesinos y acosadores son hombres», evitando así cualquier equívoco?
Pues probablemente porque la ambigüedad es un recurso útil en política, y uno al que, por cierto, recurren políticos de todas las ideologías. No es sino una variante de la conocida como estrategia motte and bailey (mota y castillo). Esta estrategia consiste en mantener un discurso agresivo (la mota), pero dejando siempre abierta la posibilidad de replegarse rápidamente al castillo y sostener que lo que se estaba diciendo era algo mucho más defendible.
En este caso concreto, la afirmación «Quienes asesinan, violan y acosan son los hombres» permite dar cierta cobertura implícita a aquellas medidas que tratan a todos los hombres como colectivo. Al fin y al cabo, nuestros pensamientos discurren por los senderos abiertos por el lenguaje y, si hablamos en términos generales, es más fácil crear un clima favorable a medidas generales. No es casual, por tanto, que quienes suelen pronunciar esa frase normalmente pertenezcan o apoyen a formaciones que defienden medidas de discriminación positiva, incluso en ámbitos tan delicados como el penal. Y cuando la generalización es criticada, siempre pueden retirarse al castillo y decir que es evidente que no pretendían criminalizar a todos los hombres. Así pues, la ambigüedad permite a la vez generalizar y negar que se está generalizando, porque permite jugar con la holgura entre lo explícito y lo implícito.
Y ojo, el propósito de este artículo no es entrar en el tema de si la gravedad de la violencia de género justifica determinadas medidas. Esa es una cuestión compleja, en la que hay amplio espacio para la discrepancia. Pero no es de lo que se trata ahora; aquí no estoy interesado en qué es lo que se defiende sino en el cómo se defiende; en decir, en el uso de la ambigüedad como técnica. Y al respecto sí que me voy a pronunciar: soy de los que prefieren las afirmaciones precisas.
No me molesta que alguien haga afirmaciones radicales con claridad. Si tiene razón y argumentos para demostrarlo, habrá que dársela, y si no la tiene, será más fácil refutar lo que ha dicho.
La ambigüedad, en cambio, le resulta muy útil a quien sabe explotarla con habilidad, pero deteriora el debate público, porque lo vuelve confuso y ruidoso. Cuando no se sabe exactamente qué es lo que se está discutiendo, es más fácil que acabemos sumergidos en diálogos de sordos y chillándonos unos a otros.
Sin embargo, también es justo insistir: Mónica García no es la única que juega con la ambigüedad. Es un fenómeno generalizado, como lo son todas las triquiñuelas en política. Y me hubiera gustado poder escribir un artículo sobre toda la demagogia que, desde otros cuarteles, se ha hecho y se hace en torno al término MENA.
Sin embargo, ese es un tema sobre el que no sé lo suficiente como para tratarlo con el rigor adecuado, mientras que sí que tengo un mejor conocimiento, por desgracia, sobre la relación que los hombres mantenemos con la violencia.
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* En una primera versión de este texto, solo señalaba dos posibles interpretaciones: la a y la b. Tengo que agradecer a @jmgs_es que me señalase que también era posible una tercera.
Es evidente que no votamos a los políticos para que sean neutrales sino para que lleven a cabo políticas con una orientación determinada.
Así pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la neutralidad del Estado? Pues creo que fundamentalmente a dos cosas.
En primer lugar, los políticos tendrían que abstenerse de hacer un uso sectario de aquellas instituciones y recursos que deben estar al servicio del conjunto de los ciudadanos. Por poner un ejemplo evidente y que, sin embargo, pocas veces se cumple, no deberían hacer un uso partidista de los medios de comunicación públicos, y no utilizar tampoco las subvenciones para comprar voluntades en los medios privados.
Pero hay un segundo aspecto, igual de importante o incluso más, en el que el Estado debe ser neutral, y es que la mayoría de quienes ocupan cargos públicos tienen que abstenerse de tomar partido en los conflictos entre ciudadanos particulares. El único Poder del Estado cuyos titulares pueden intervenir directamente en ese tipo de conflictos es el Judicial, y siempre ateniéndose a reglas y procedimientos que buscan garantizar su imparcialidad.
Es importante recalcarlo: solo cuando se siguen esos procedimientos está justificado que se ponga el peso del Estado a favor de un ciudadano en contra de otro, y solo en la medida en que sea necesario para restablecer o proteger el equilibrio que se considera justo.
En cuanto a quienes forman parte del Ejecutivo y del Legislativo, está muy bien que expresen su solidaridad con las víctimas cuando es evidente que las ha habido, y por supuesto que deben ser beligerantes frente a la violencia y la injusticia, pero su forma de combatirlas tiene que ser mediante políticas de alcance general. Lo que nunca deben hacer es inmiscuirse en un conflicto entre dos ciudadanos concretos para decir que creen más a Juan que a Pedro digan lo que digan las pruebas y sean los que sean los resultados de los procedimientos judiciales.
Y lo que ocurre con la violencia ocurre en otros campos. El Gobierno y el Parlamento también deben hacer lo que esté en su mano para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Y para ello pueden regular cómo se debe desarrollar el suelo, las condiciones de los arrendamientos, las subvenciones y los incentivos fiscales, etc. Pero lo que nunca deben hacer es presionar públicamente a un arrendador concreto para que ceda en su conflicto con un inquilino concreto.
Esto es tan obvio que parece que no debería hacer falta decirlo. Y, sin embargo, se ha vuelto necesario, porque buena parte de nuestros cargos públicos, sea por puro fanatismo, sea por hipócrita cálculo electoral, están mostrando una preocupante tendencia a tomar partido en conflictos entre particulares, convirtiéndose en una especie Poder Judicial paralelo, y uno, además, que juzga más en función de la ideología o del sentimiento popular que de los hechos probados.
Democracia y totalitarismo
No voy a ponerme dramático y no voy a pretender que esas intromisiones convierten a España en un Estado totalitario. La política no es terreno de purezas. Pero sí que creo que dan pie para una reflexión entre las diferencias entre el totalitarismo y la democracia.
El totalitarismo, en su formulación original, era una ideología que consideraba que la mejor forma de promover el bien común era atribuirle al Estado todos los derechos y al ciudadano ninguno. En otras palabras: el fin justificaba siempre los medios.
La ideología democrática moderna, en cambio, defiende que hay una serie de derechos de los que no se puede privar nunca al ciudadano, ni siguiera cuando este forma parte de una minoría, ni siquiera cuando ese ciudadano concreto es objeto del desprecio general.
Y la experiencia del siglo XX parece indicar que nos va mejor cuando seguimos los principios democráticos y no los totalitarios.
Ahora bien, el problema es que el totalitarismo no es simplemente una ideología política ligada a un momento histórico muy concreto. Mientras que la democracia liberal sí que es una construcción histórica, el totalitarismo es en una buena parte una pulsión instintiva presente en todos nosotros. Por eso, quienes gobiernan siempre sienten la tentación de tomar atajos y justificar los medios con los fines. Y por eso también, muchos ciudadanos solo están dispuestos a defender los derechos de aquellos con quienes se identifican emocionalmente, mientras que aplauden que se prive de ellos a quienes desprecian.
Sin embargo, no puede ser así. Una persona que a mí me parezca despreciable no tendrá derecho a mis afectos, pero sí que lo tiene a un tratamiento imparcial por parte del Estado.
Y cuando un político habla desde esa tribuna que es todo cargo público, no es una persona particular expresando afectos, es un representante del Estado y su obligación es preservar la neutralidad de este. Insisto: puede y debe ser beligerante con la violencia y la injusticia, pero no le corresponde a él bajar al caso particular a decidir quién es culpable y señalarlo. Y quienes no entienden o no quieren entender eso demuestran no estar cualificados para ocupar un cargo en una democracia.
Las tentaciones populistas están presentes en todo el espectro político. Sin embargo, creo que resulta particularmente irónico cuando quienes muestran poco respeto por los principios y procedimientos que definen la democracia son precisamente los representantes de partidos que construyen buena parte de su discurso a base de criticar las deficiencias democráticas del «régimen del 78».
Por eso, me parece que sería justo recordarles que las críticas son mucho más eficaces cuando van de la mano de la ejemplaridad, y que lo mejor que puede hacer un cargo público para defender la democracia es ejercerla.
El posmodernismo no es un movimiento perfectamente definido. No hay un acuerdo general sobre qué y quiénes lo constituyen. De hecho, algunos autores a los que se les suele aplicar la etiqueta no se identifican con ella.
Eso plantea dos problemas. Por un lado, al criticarlo es fácil caer en la falacia del hombre de paja, atacando ideas y personas que no son necesariamente nucleares al movimiento. Y, por otro, quienes buscan defenderlo pueden echar mano del recurso contrario: negar que lo que se está cuestionando forme parte del mismo.
Por eso, en este artículo voy a construir mi crítica en referencia a una versión concreta y muy moderada del movimiento, y voy a usar la expresión «seguidores del posmodernismo» para referirme a quienes han sacado provecho de algunos de los recursos que ese movimiento les ofrecía, sin entrar a discutir hasta qué punto son o no posmodernistas de pura raza.
Posmodernismo: la versión moderada
Podemos encontrar una versión moderada en este artículo de Stuart Chambers, en el que hace una defensa del movimiento. Los puntos principales de su argumentación son los siguientes:
-El posmodernismo es, ante todo, una actitud de incredulidad hacia las metanarrativas.
-El posmodernismo no rechaza la verdad. Solamente señala que esta es provisional y contingente.
-La ciencia, que tanto alardea de su escepticismo, a menudo ha mostrado carecer de él, dejándose dominar por sesgos culturales, políticos y religiosos.
-El posmodernismo, puesto que rechaza las verdades absolutas o las narraciones hegemónicas, es contrario al dogmatismo.
-El posmodernismo no rechaza los valores de la Ilustración.
-Su gran aportación es la de empujarnos a cuestionarnos todo aquello que tenemos asumido como verdad, estimulando una actitud crítica.
Crítica de la versión moderada
Así presentada, esta versión moderada suena muy razonable y difícil de rechazar. Pero tiene un problema: es tan razonable porque es prácticamente indistinguible de la actitud científica rigurosa.
-La ciencia, la buena ciencia, ha producido sus mayores avances cuando ha estado dispuesta a cuestionar aquello que teníamos asumido como verdad y es, por definición, antidogmática.
-La ciencia hace tiempo que ha renunciado a pretender mostrar verdades absolutas y eternas, y se conforma con crear modelos explicativos cuya validez siempre está sometida a examen.
-Señalar que la ciencia ha cometido errores tampoco aporta nada nuevo, porque nadie niega que ha habido veces en que los sesgos culturales, religiosos o políticos se han impuesto sobre el criterio científico, adulterándolo.
-Y la ciencia, desde luego, tampoco es contraria a los valores de la Ilustración.
Así pues, si el posmodernismo fuese simplemente eso, no necesitaríamos una etiqueta nueva. Si la usamos es porque aporta algo más, pero ¿el qué?
Creo que la clave está en una frase del artículo, en la que anima a los científicos, que alardean de su «escepticismo específico», a adoptar el «escepticismo radical» del posmodernismo. La aportación sería, pues, la radicalidad.
Y, en mi opinión, es justo esa radicalidad la que abre la puerta a todos los problemas.
El escepticismo radical: cuando posmodernistas y conspiranoicos confluyen
El problema del escepticismo radical es que ofrece un instrumento para deslegitimar la ciencia, la lógica y la racionalidad. Es exactamente el mismo instrumento que usan los conspiranoicos: una regresión al infinito. Da igual qué prueba me ofrezcas; yo siempre puedo dar un paso atrás y cuestionarla. Si a un antivacunas le presentas un estudio científico, responderá argumentando que quienes lo firmaron están comprados; si señalas que quienes lo firman son científicos de prestigio, respaldados por instituciones importantes, dirá que estas también están compradas. Cualquier nuevo dato puede ser desmontado ampliando la conspiración todo lo que haga falta. Es más, cada nuevo dato se convertirá en una prueba adicional de lo poderosa que es la conspiración. Un seguidor del posmodernismo usará una jerga más elaborada y confusa, pero su estrategia será exactamente la misma: rechazar cualquier punto de anclaje. Todos los que intentes fijar, hasta el mejor clavo de acero hundido en la pared de granito, podrá ser denunciado como un producto de la visión hegemónica.
Y eso deja inermes a la ciencia y a la argumentación razonada. No se puede avanzar hacia ninguna conclusión si te niegas a aceptar, aunque sea de forma crítica y provisional, la validez de las premisas.
Pero, ¿a dónde nos conduce entonces ese escepticismo radical?
¿Un mundo sin verdades?
A primera vista, parece que adoptar el escepticismo radical debería conducirnos a un mundo sin verdades, en el que habría que aceptar que cualquier afirmación tiene exactamente el mismo valor que cualquier otra, puesto que todas son imposibles de demostrar.
Sin embargo, eso es imposible por una sencilla razón: el ser humano es tan capaz de vivir en un mundo sin verdades como lo es de vivir en un mundo sin aire. Por mucho que, cuando nos ponemos filosóficos, aceptemos que toda verdad puede ser cuestionada, nuestra vida diaria se sostiene porque aceptamos algunas afirmaciones como más válidas que otras. En definitiva, podemos vivir siendo escépticos, pero no escépticos absolutos.
Así pues, al final, lo que hace el escepticismo radical no es conducirnos a un imposible mundo vacío de certezas. Esa no es la última parada del viaje. Simplemente, al debilitar las verdades de base racional, el posmodernismo despeja el terreno para que lo ocupen rápidamente las de otro tipo: los dogmas; sí, esos mismos dogmas que Chambers rechazaba en su artículo.
La naturaleza del dogma
¿Y en qué se diferencian los argumentos racionales y los dogmas?
Un argumento racional es discutible y, por tanto, su fortaleza se demuestra en la capacidad que tenga para sostenerse sobre sus propios pies cuando es sometido a crítica.
El dogma, en cambio, es una verdad indiscutible, porque su fuerza procede de algo exterior al mismo, que lo pone fuera del alcance de la crítica racional.
En las religiones tradicionales esa fuente última de fuerza eran los dioses. Los seguidores del posmodernismo, puesto que la mayoría de ellos se declaran ateos, han tenido que prescindir de las deidades, pero eso no les ha impedido recurrir a todo el resto de recursos que habitualmente se usan para blindar los dogmas.
Así, en un curioso reciclaje del misticismo, se reivindican las experiencias subjetivas, confiriéndoles a algunas de ellas el carácter de incuestionables; se deslegitima o persigue implacablemente a los críticos; se repiten machaconamente consignas hasta cargarlas de la inercia del mantra; y, por último, que no haya Dios no significa que no haya profetas. Hay toda una serie de autores que se pueden citar, autores de disciplinas y corrientes que se mueven a un nivel teórico lo suficientemente alejado de la realidad empírica como para que sus afirmaciones no sean falsables y que están dispuestos a ofrecer justificaciones sofisticadas para cualquier consigna.
Conclusión
Está muy bien decir que el posmodernismo, con su actitud crítica, es antidogmático, pero la realidad es otra: al ofrecer instrumentos para minar la credibilidad de la ciencia y la racionalidad, ha abierto una brecha que permite al dogmatismo recuperar buena parte del terreno perdido en los últimos siglos. Y, si bien es cierto que no vivimos en tiempos proclives a las religiones tradicionales, el posmodernismo les ha ofrecido a los movimientos políticos instrumentos para que algunos de ellos se conviertan en auténticas religiones políticas.
Así pues, paradójicamente, el escepticismo radical para lo que realmente ha servido es para que muchos puedan recorrer el círculo completo y regresar al reconfortante mundo de la fe. A menudo quienes más aseguran que es imposible tener certezas son los que más cómodos se sienten imponiendo las suyas.
No voy a descubrir nada nuevo si digo que el feminismo se ha convertido en uno de los ejes de polarización en los últimos años.
Eso ha tenido como consecuencia que los debates sobre cualquier tema relacionado con el mismo estén llenos de gente que los patrulla con la armadura puesta, guerreros vocacionales que no están tan interesados en seguir los argumentos con curiosidad filosófica como en repartir garrotazos a quienes perciben como enemigos. En consecuencia, aventurarse a emitir una opinión en ese campo se parece mucho a participar en uno de aquellos míticos programas de Humor Amarillo, en los que los concursantes estaban en continuo peligro de que los arrollase una bola gigante, los arrojase al agua una barrera giratoria o los atacase un monstruo anónimo que esperaba agazapado tras la puerta del laberinto.
Da igual el cuidado con que intentes construir tu argumento. En el valle de las falsas dicotomías, siempre va a haber quien descubra las «verdaderas» intenciones ocultas en tus palabras, quien confunda explicar con justificar, la parte con el todo y criticar A con defender B. Incluso cuando intentas adoptar un tono conciliador, habrá quien salte a acusarte de condescendencia. En definitiva, no hay forma de hacerlo bien. Podrás esquivar uno o dos obstáculos, pero no tardarás en rodar por el suelo, caer en un charco o encontrarte acosado por un troll.
Y esa lleva siendo ya unos años también mi experiencia. Aunque siempre he defendido lo que es el punto esencial del feminismo -la absoluta igualdad de derechos-, desde hace un tiempo me he vuelto bastante crítico con lo que considero la deriva dogmática y acientífica de una parte del movimiento. Sin embargo, a la hora de debatir siempre he procurado atenerme a dos reglas: la primera es intentar sostener mis críticas con argumentos, y la segunda es procurar centrarlas más en las ideas, los actos y las políticas que en las personas. Pero he podido comprobar que en esta copia de Humor Amarillo pasa lo mismo que en la versión original: esas dos reglas valen bastante menos que un buen casco. A estas alturas me han insultado ya con casi todas las letras del alfabeto (la ñ, la x y la y afortunadamente todavía resisten), ha habido quien me ha explicado que a mí lo que realmente me gusta es que haya violadores sueltos por la calle, y quien me ha diagnosticado como maltratador, putero y pedófilo.
Y si cuento todo esto no es porque quiera obtener mis propios cupones de victimización, sino simplemente para ilustrar lo que creo que es la norma. Los insultos vuelan en todas direcciones, y cualquiera que se aventure a asomarse al campo de batalla, sea para criticar al movimiento feminista, sea para defenderlo, se expone a ser víctima del fuego cruzado.
Sin embargo, que hayamos permitido que el debate se degrade de esta manera tiene una serie de consecuencias nefastas.
La primera es que nos hacemos daño. Por mucho que creas que ya estás curtido, siempre hay algún insulto o acusación particularmente injusto o inoportuno que te hiere. Y cuando no son los que van dirigidos a ti, te duelen los lanzados contra algún tercero al que ves esforzándose por exponer una opinión de buena fe.
La segunda es que esa agresividad nos hace menos libres. Creo que todos nos abstenemos alguna vez de decir lo que pensamos por simple cansancio, porque no nos apetece tener que aguantar otro chaparrón o tener que volver a explicar que cuando decíamos A no estábamos diciendo Z.
La tercera es el empobrecimiento en la utilidad de los debates. Cuanto más insultos y mentiras hay en ellos, menos sirven para que podamos aprender algo y descubrir nuevas perspectivas. Muy al contrario, para lo único que suelen acabar sirviendo es para reforzar los prejuicios de cada uno. Si te han insultado o has insultado, cambiar de opinión se hace mucho más cuesta arriba.
Pero la cuarta y la peor consecuencia de todas es que esto causa un daño tremendo a las víctimas. En primer lugar, la degradación del debate dificulta hacer diagnósticos acertados y encontrar buenas soluciones. Las ideologías pueden ser muy útiles a la hora de movilizarnos, pero es muy peligroso dejar que sean ellas las que deciden cuál es la verdad. Y cuanto más crispados estamos, más fácil es que estemos dispuestos a abrazar explicaciones simples y soluciones mágicas a problemas complejos.
Además, una de las características más temibles de las ideologías es su capacidad para entumecer selectivamente nuestra empatía. En vez de preocuparnos todas las víctimas, unas pasan a preocuparnos mucho mientras que otras empiezan a estorbarnos. Entre el relato y la víctima que no encaja en él, hay quienes no tienen escrúpulos en sacrificar a la víctima para preservar la integridad de su relato. En el mejor de los casos, se la ignora; en el peor, se la culpa y se la convierte en objeto de escarnio. Los hechos dejan de importar y son los prejuicios de cada uno los que deciden de forma automática quién es víctima y quién es victimario, a quien creer ciegamente y a quien negar de forma implacable el beneficio de la duda.
Pero para alguien que ha sufrido realmente un daño, verse además prejuzgado y humillado de esa manera tiene que resultar demoledor. Nadie elige voluntariamente ser víctima y, por eso, despreciar a alguien porque no es el tipo correcto de víctima es un acto despiadado.
Así pues, es por todos esos motivos por los que me gustaría que fuésemos capaces de rebajar el tono y debatir un poco más civilizadamente. Pero sé que no va a ocurrir. Hay demasiada gente que ha descubierto que se siente muy a gusto vistiendo la armadura, y por eso a los demás no nos queda sino ajustarnos bien el casco e intentar ser más ágiles a la hora de brincar de piedra en piedra. Quizá consigamos al menos dar algún salto memorable.
James Joyce, Painting by Jacques-Émile Blanche, Public domain, via Wikimedia Commons
Cuando tenía dieciséis años me leí las obras completas de Kafka (que me gustaron mucho), y ya, con la carrerilla que llevaba, me leí a continuación el Ulises de James Joyce (que me gustó bastante menos).
Hay ladrillos que solo puedes digerir cuando eres muy joven, en esa edad en que combinas la avidez por aprender con la inocencia, y en la que, si te aburres miserablemente viendo la última película polaca aclamada por la crítica, piensas que es culpa tuya porque todavía no te has arado lo suficiente. Afortunadamente, esa docilidad ante la pedantería es un mal propio de la adolescencia, del que la mayoría de nosotros nos acabamos curando. Y no es que de adulto dejes de consumir mierdas, pero consumes mierdas sin pretensiones intelectuales, y lo haces cuando necesitas desconectar el cerebro, no en los momentos en que este está funcionando a pleno rendimiento.
Y sí, ya sé que muchos consideran el Ulises una obra cumbre de la literatura universal. A mí me pareció y me sigue pareciendo un tostón. No soy muy amigo del virtuosismo y la experimentación cuando estas se miran el ombligo, y leer un montón de páginas sin puntos y comas no me enamora.
Ahora bien, que me haya vuelto algo más intolerante no significa que me haya dejado de gustar aprender. Por eso, el año pasado decidí volver a entrar en una universidad, esta vez en la UNED, y la experiencia fue buena. En concreto, disfruté mucho la asignatura «Teoría del Estado constitucional y constitucionalismo histórico español», cuyos dos manuales, ambos del profesor Torres del Moral, me parecieron muy interesantes.
Este año, en cambio, no he tenido tanta suerte. En el primer cuatrimestre cursé una asignatura que ya no me entusiasmó, pero la debacle ha venido ahora, con la que decidí preparar para la segunda parte del curso.
Cuando me llegó a casa el manual, hace ya tiempo, lo abrí con interés. Pero en cuanto empecé a leer fue como reencontrarme con James Joyce; un Joyce con comas, es cierto, pero sin puntos. En el cuarto párrafo del libro tuve que recorrer más de veinte líneas hasta llegar al primer punto y seguido, salvando por el camino más de quince verbos, treinta preposiciones, cincuenta determinantes y cuarenta adjetivos. No es ya que yo me perdiera leyéndolo, es que la sensación era que el propio autor también se había extraviado, y que, cuando por fin se detuvo, no fue porque hubiese llegado adonde quería ir, sino simplemente porque se había quedado sin aliento y necesitaba coger aire antes de lanzarse de nuevo.
Y, como yo también había quedado agotado, decidí aparcar el libro una temporada, con la esperanza de encontrarlo un poco más legible cuando regresase a él. Pero no. Como era previsible, cuando lo retomé hace unas semanas descubrí que ese tiempo de maduración no había conseguido ablandar la parrafada, y que tampoco ayudaba nada saltársela, porque el resto no era mucho mejor.
Así, aunque en otros casos los párrafos eran cortos y estaban bien puntuados, me resultaban absolutamente incomprensibles. Los leía una, dos, tres veces, buscando ese momento de iluminación que al final solía aparecer cuando peleabas con una traducción particularmente difícil de latín. Pero, si en el bachillerato, tras un duro combate, por fin conseguías captar la idea que Cicerón había dejado en el texto, aquí la sensación era que el autor se había dejado la idea olvidada fuera del texto.
Luego había apartados enteros que tenían ese aire anárquico de las reuniones de vecinos, en las que los participantes saltan adelante y atrás por los puntos del orden del día, quejándose de los buzones cuando estás con el tejado y del tejado cuando estás con los buzones.
Llegó un momento en que, como el libro me oscurecía más que me aclaraba un punto concreto, busqué información en Internet, solo para descubrir que algunos de esos párrafos ilegibles, en teoría escritos por una de las autoras del manual, eran copias de un artículo de otro de los autores del manual, pero copias tan literales que conservaban incluso las mismas erratas sin corregir.
Ahí fue cuando decidí tirar la toalla. A estas alturas yo estudio por placer, no para graduarme, y tengo demasiados libros pendientes como para empecinarme en vadear pegamento, por usar la frase con que Lord Tennyson describía la experiencia de leer a Ben Jonson.
Confieso que he estado tentado de citar aquí algunos de esos párrafos del dichoso manual para que el lector pudiese juzgar por sí mismo, pero al final decidí no hacerlo, porque no me parecía justo poner en la picota a ningún profesor en concreto. En este libro están muy mal escritos apartados de distintos autores, y lo mismo pasa en otros manuales de la UNED a los que he tenido acceso. Así pues, creo que no estamos ante un problema personal sino institucional. Lo cuestionable aquí son los criterios que llevan a una universidad a decidir que es admisible producir textos de pésima calidad, así como el proceso editorial que permite que se publiquen libros que conservan fallos clamorosos edición tras edición.
Y sí, es cierto que en los programas tienen buen cuidado de indicarte que eres libre para preparar las asignaturas manejando otros textos, pero, dejando aparte que eso no es excusa para publicar algo malo, lo cierto es que tanto el programa como los exámenes suelen estar hechos a la medida de un libro concreto. Si este es bueno, estupendo. Pero si no, te están poniendo delante una pared y pidiéndote que la escales.
Eso es muy triste. La función de una institución educativa debería ser ayudar y orientar a los alumnos, no ponerles las cosas difíciles. No hacerles perder miserablemente el tiempo. No tratarlos como a un público cautivo.
Y lo siento, sobre todo, por quienes no están ahí por placer sino por necesidad. Creo que se merecen algo mejor. Creo que se merecen un mínimo de respeto.
El debate entre quienes justifican que los partidos nombren a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial y quienes estamos en contra continúa.
El argumento de los primeros es conocido y lo podemos enunciar así:
«Puesto que la justicia emana del pueblo, es lógico y legítimo que sean sus representantes quienes elijan a la totalidad del órgano de gobierno del Poder Judicial»
Hace poco ya escribí otro artículo contra ese argumento, centrándome en la primera parte del mismo y en el concepto de pueblo. Señalé que no hay que confundir a la mayoría del pueblo con la totalidad del pueblo, y que era necesario asegurar la independencia del Poder Judicial para proteger los derechos de las minorías y del individuo frente a las voluntades mayoritarias.
Hoy, en cambio, me voy a centrar en la segunda parte del argumento y en el concepto de representantes, porque creo que se está dando por sentado que, para que alguien actúe legítimamente en representación de otros, basta con que haya sido elegido por ellos. Y creo que esa es una idea bastante ingenua. Cuando hablamos de representación democrática, ser elegido es condición necesaria pero no es condición suficiente. Hacen falta además mecanismos de supervisión y control que aseguren que esos representantes se mantienen fieles a su mandato. Porque sería absurdo sostener que sigue habiendo legitimidad cuando no hay fidelidad.
En definitiva, de lo que estoy hablando es del problema agente-principal, que se presenta siempre que alguien delega en otra persona la representación o gestión de sus intereses. Es muy difícil que los intereses del primero estén perfectamente alineados con los del segundo, por lo que, si no hay mecanismos para evitarlo, el representante o gestor puede acabar primando los suyos propios por delante de los de sus mandantes.
El ejemplo clásico es el de los accionistas y los directores de las empresas. Que los equipos directivos hayan sido nombrados por el accionariado no basta para asegurar que vayan a actuar de forma leal. Por eso, por mucho que esa elección se suela producir o renovar en plazos mucho más cortos que el de una legislatura, que los gestores de una empresa salgan de una votación no significa que se les otorgue una carta blanca para hacer lo que quieran. Si sobrepasan ciertas líneas, su gestión podrá ser denunciada, se les podrán exigir indemnizaciones e incluso perseguirlos penalmente.
Y en nuestro país, donde hemos tenido tantos escándalos de corrupción política, debería ser evidente que el hecho de que nuestros representantes hayan salido de las urnas no ha bastado nunca para asegurar que actúen de forma fiel.
Por eso, creo que es una idea pésima permitirle a los partidos que puedan mantener el control absoluto del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, influir directamente en los nombramientos de aquellos tribunales más implicados en el control de los aforados. Porque, obviamente, un requisito imprescindible para que los mecanismos de control funcionen es que el controlado por ellos no pueda controlarlos a su vez. No creo que nadie considerase buena idea que los directivos de las empresas pudiesen determinar los miembros de los tribunales que los juzgarían en caso de incurrir en un delito de administración desleal.
Así pues, podemos debatir mucho sobre cuál puede ser la mejor manera de elegir a los vocales del CGPJ y de regular los ascensos en el Poder Judicial, pero creo que una de las peores soluciones posibles ha sido la de cederle un control tan extenso a los partidos. Eso, lejos de responder al principio de que la justicia emana del pueblo, lo pone en peligro, porque una justicia independiente es necesaria tanto para proteger los derechos de todo el pueblo como para asegurar que los representantes se mantienen fieles al pueblo.
En definitiva, una justicia independiente es requisito tanto para evitar que una democracia derive hacia una dictadura de la mayoría como que lo haga hacia una partidocracia. Porque hay una diferencia, y fundamental, entre que los partidos sean un instrumento para que el Estado sirva al ciudadano, y que los partidos instrumentalicen el Estado para ponerlo a su propio servicio.
En este artículo voy a criticar la labor de Salvador Illa como ministro. Sin embargo, no voy a tratar el aspecto que, sin duda, sería el más importante: la gestión sanitaria. Creo que eso es algo que merece un análisis profundo, para el que ni tengo información suficiente ni soy la persona adecuada. Por eso, aquí me voy a limitar a otro aspecto: el comunicativo.
Cuando un país se enfrenta a una gran crisis, creo que las autoridades, aparte de gestionar bien, deben de intentar comunicar bien. Una nación que se enfrenta a una situación dramática necesita orientación: que se le explique qué está pasando y cómo tiene que intentar lidiar con ello. En definitiva, necesita liderazgo.
Y puesto que el ministro Illa es licenciado en Filosofía, creo que es apropiado valorar su ejercicio comunicativo desde la perspectiva de uno de los filósofos más importantes en el campo del lenguaje, Paul Grice, quien propuso el llamado principio de cooperación. Este principio describe cuatro categorías bajo las que se engloban una serie de máximas que los participantes en un proceso comunicativo deberían seguir cuando comparten un objetivo común.
Examinemos, pues, esas categorías, y veamos si Salvador Illa se ha atenido a las reglas; es decir, si estaba cooperando a la hora de comunicarse con nosotros.
1. Cantidad
En ella Grice incluye dos máximas:
1- Haz tu contribución tan informativa como sea necesario (para los propósitos del acto comunicativo).
2- No la hagas más informativa de lo necesario.
Bueno, pues mi opinión es que Illa incumplió ambas reglas.
Con respecto a la primera, recuerdo haber seguido con impaciencia algunas de sus ruedas de prensa en marzo y abril, viendo como estas, a pesar de ser bastante largas, avanzaban hacia su final sin que se abordasen algunas cuestiones fundamentales.
Se puede argumentar que en aquellos momentos era lógico que el Gobierno careciese de mucha información, pero es un argumento que no me convence. Como ya escribí en otra ocasión, la forma correcta de actuar, cuando te faltan datos, no es el silencio, sino decir qué datos te faltan, por qué te faltan y qué pasos estás dando para intentar obtenerlos. A la hora de resolver problemas no es solo importante ofrecer soluciones sino también identificar adecuadamente las incógnitas.
Pero esa no fue la actitud ni de Illa ni del Gobierno del que forma parte. De hecho, que se tardase semanas en aceptar preguntas en directo y que, aún después de aceptarlas, no se permitiese repreguntar demuestra que se había decidido que había temas que se prefería esquivar, guiando nuestra atención por un sendero bien delimitado.
Y, con respecto a la segunda regla, la de no dar más información de la necesaria, podemos recordar todas aquellas ruedas de prensa en que se nos bombardeaba con detalles de la operación Balmis. Se nos vendía información al peso, como si fueran patatas, en lo que parecía una estrategia diseñada para inundar el espacio comunicativo y arrinconar las críticas.
2. Calidad
Esta categoría contiene una supermáxima: «Intenta hacer que tu contribución sea veraz», que se desglosa en dos reglas:
1 – No digas aquello que crees falso.
2- No digas aquello para lo que careces de evidencia.
¿Fue Illa siempre fiel a la verdad? Pues no. Estos enlaces (1, 2, 3, 4, 5, 6) permiten ver un buen número de veces en que no lo fue. Y tampoco es que haya destacado por la cantidad de veces en las que ha rectificado y se ha disculpado por haber suministrado información no veraz.
3. Relación
Esta categoría contiene una solar máxima: sé relevante.
Con lo que dije antes de la operación Balmis, ya debería quedar claro que la estrategia comunicativa del Gobierno incluía inundarnos con información poco relevante para tapar los huecos.
Sin embargo, aparte de esa estrategia colegiada, hay que señalar que el propio Salvador Illa parece particularmente propenso a ser poco relevante en sus comunicaciones. Y no se trata tanto de que hable de temas que no vienen al caso como de su capacidad para la retórica vacía. Un buen ejemplo lo tenemos en sus respuestas a los periodistas en esta rueda de prensa (vídeo n.º dos en este enlace), en las que se dedicó a hilar y repetir un buen número de obviedades y fórmulas hechas:
«el Gobierno va a actuar, debe de actuar, con máxima prudencia»; «el Gobierno tiene (…) la responsabilidad de actuar con máxima prudencia»; «escuchando a todo el mundo»; «el conjunto de la sociedad»; «un esfuerzo de reconstrucción conjunto»; «trabajar todos juntos para reconstruir»; «a unirse a este esfuerzo de reconstrucción tan necesario para el conjunto de la sociedad española»; «el Gobierno ha actuado hasta ahora y va a seguir actuando con máxima prudencia»; «este es un Gobierno que escucha»; «el Gobierno está actuando en esto con la sociedad»; «escuchándonos vamos a seguir avanzando»; «el Gobierno (…) va a actuar con máxima prudencia y cautela»; «escucharemos todos los planteamientos que pueda haber, pero vamos a actuar con muchísima prudencia»; «lo estamos haciendo con mucha prudencia»…
Quien se sienta con humor para ello puede ver la rueda por sí mismo e intentar anotar la información concreta que queda después de apartar toda la paja. Ya avanzo que no es mucha.
4. Estilo
En este caso la supermáxima es «sé perspicuo» (lo que, paradójicamente, significa «sé claro»). Esto se desgrana en cuatro máximas más específicas:
1- Evita la oscuridad en la expresión.
2- Evita la ambigüedad.
3- Sé breve.
4- Sé ordenado.
De nuevo, invito al lector a ver las ruedas de prensa de Illa para comprobar hasta qué punto sigue estas reglas.
A mí el ministro no me parece particularmente oscuro ni tampoco desordenado, pero sí exasperantemente ambiguo y repetitivo. Preciso, claro y conciso no son adjetivos que yo usaría para describir sus intervenciones. La proporción contenido/palabras es francamente mala.
¿Hasta qué punto es esto grave?
Habrá a quien el hecho de que Illa se mostrase más político que cooperativo a la hora de comunicarse no le parezca particularmente grave. Al fin y al cabo, esa suele ser la tónica en nuestra clase dirigente. A la hora de hablar son vendedores, no informadores.
Mi visión es más crítica. En los meses de marzo y abril tuve que tomar decisiones de calado, unas decisiones que me afectaban no solo a mí sino a otras personas, algunas de las cuales se enfrentaban a situaciones dramáticas. Por eso, leí y vi todo lo que pude, con el fin de intentar tomar esas decisiones manejando la mejor información disponible, por incompleta que esta fuera. Incluso en situaciones de incertidumbre, o precisamente todavía más en las situaciones incertidumbre, la calidad de la información que manejas puede marcar una diferencia importante. Y por eso, ver que las comunicaciones gubernamentales ocupaban mi tiempo con retórica vacía no me sentó bien. En aquellos momentos, el Gobierno era el órgano que podía disponer de los mejores datos y no me pareció leal que los manejase con criterios de política de partido más que de política de Estado. Por no hablar de que encima a veces mintieran.
Y habría que mencionar también la labor del Ministerio de Sanidad a la hora de informar y concienciar a los ciudadanos sobre las medidas de protección. Creo que ahí tampoco se ha hecho un buen trabajo, lo que, en una situación de crisis sanitaria, implica una mayor morbilidad y mortalidad.
¿Es Illa el único que incumple las máximas de Paul Grice?
No. De hecho creo que es fácil señalar casos peores, tanto en el Gobierno y los partidos que lo apoyan como en la oposición.
Pero el que haya muchos políticos malos no convierte al que es malo en bueno. Lo único que hace es mostrar que nuestro sistema no promociona adecuadamente a los mejores y que los políticos de valía (que también los hay) no lo tienen fácil para alcanzar las primeras filas. La política es un juego en el que muchos de los mejores naipes acaban en el montón de los descartes.
Por otra parte, una crisis tan tremenda como esta es uno de esos momentos decisivos que retan a quienes ocupan cargos públicos y les exigen que muestren su capacidad y su sentido de Estado. Y, en mi opinión, Salvador Illa no estuvo a la altura. Donde hacía falta liderazgo, ofreció retórica gastada. Y sí, es cierto que envuelta en unas formas correctas, pero espero que no hayamos llegado ya al punto de considerar que la buena educación es mérito suficiente para ser ministro o presidente de una autonomía.
Y, por eso, que ahora Salvador Illa se considere a sí mismo la persona adecuada para encabezar la lista de su partido en las elecciones catalanas no hace que mi opinión de él mejore.
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