Sobre la legitimidad del sistema de elección de los vocales del CGPJ

Conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. © Ministerio de la Presidencia.

En la larga batalla sobre quién debería elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han esgrimido ya todo tipo de argumentos, de los cuales algunos me parecen perfectamente coherentes mientras que hay otros que me chirrían y mucho. Entre estos últimos están los que pretenden mostrar que el que los jueces y magistrados eligiesen a parte de los vocales sería algo que, más allá de que sea mala o buena idea, carecería de legitimidad democrática.

Hay dos motivos por los que ese tipo de afirmaciones me chirrían: uno teórico y otro histórico. Y en este artículo voy a repasar ambos aspectos.

La arquitectura básica de nuestra democracia

Vaya por delante que no soy un experto en derecho constitucional, pero, por lo poco que sé, la arquitectura teórica sobre la que se sustenta nuestra democracia es la siguiente:

España es una democracia constitucional. Esto significa que el Poder Constituyente (el pueblo) se dotó por medio de representantes de una Constitución, que es donde reside el principio de legitimidad. Así pues, los otros tres poderes de los que hablamos habitualmente —el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial— son poderes constituidos y, como tales, legítimos en tanto en cuanto se rijan por lo que dicta la Constitución.

Así, por poner un ejemplo ilustrativo, la elección directa del presidente del Ejecutivo por sufragio universal no sería legítima ahora mismo en España. Y no porque la soberanía no resida en el pueblo, ni porque el sufragio universal no sea un procedimiento democrático, sino simplemente porque no es el procedimiento previsto en nuestra Constitución. Es esta la que le da forma concreta a los poderes que emanan del soberano.

¿Y qué dice la Constitución con respecto al Poder Judicial? Bueno, pues habla de jueces independientes y, en lo que se refiere al CGPJ, dice que cuatro de sus veinte miembros serán elegidos por el Senado y cuatro por el Congreso. Pero en ningún momento se dice que la totalidad de los vocales del CGPJ tengan que ser elegidos por el Parlamento, ni que el Poder Judicial tenga que estar subordinado al Legislativo. Y es lógico que sea así, porque España no es un país donde rija el principio de soberanía parlamentaria, como si ocurre en el Reino Unido. Aquí nos hemos inclinado un poco más hacia la separación de poderes.

Evidentemente, que esa sea actualmente nuestra arquitectura constitucional no significa que uno tenga que estar de acuerdo con ella. Se puede discrepar. Pero, de la misma forma que la manera adecuada de discrepar de Aristóteles es explicar por qué no se está de acuerdo con su filosofía, y no pretender que sus textos dicen lo que nos gustaría que dijesen, la forma correcta de discrepar de nuestra arquitectura constitucional es argumentar por qué ya no la consideramos adecuada, pero no pretender que es distinta a la que es.

Sin embargo, esto es precisamente lo que intenta hacer mucha gente, buscando para ello un asidero en la letra de nuestro documento constitucional. Y donde con más frecuencia lo encuentran es en esa frase que dice que «la justicia emana del pueblo».

Un ejemplo reciente lo tenemos en el catedrático y exministro Tomás de la Quadra-Salcedo, quien, en una tribuna de opinión publicada en El País el día 24 de septiembre, argumentaba:

A través de esa eventual apropiación del CGPJ por los “representantes” de los jueces, la Justicia se alejaría de la proclamación recogida en el artículo 117.1 de la Constitución de que la misma “emana del pueblo” y se “administra” en nombre del Rey, como jefe del Estado. Tal alejamiento comprometería también el esencial reconocimiento de que la soberanía reside en el pueblo español “del que emanan los poderes del Estado” (artº 1 CE).

Sin embargo, creo que es fácil responder a este razonamiento haciendo una pequeña excursión por el pasado, para ver qué opinaban quienes redactaron y aprobaron nuestra Constitución.

De vuelta a finales de los 70

Hay que decir que, en contraste con lo que está ocurriendo ahora, a finales de los años setenta apenas hubo polémica pública con respecto a quiénes debían elegir a esos doce vocales salidos de «entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales» (artº 122 CE). Las diferencias que pudo haber al respecto se debieron de resolver rápidamente, porque apenas dejaron huellas.

En otro artículo ya me he referido a lo que ocurrió cuando se discutió el borrador constitucional en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, donde las pocas referencias al asunto que he podido encontrar parecen dar por asumido que esos vocales elegidos entre los jueces y magistrados iban a serlo por los jueces y magistrados¹.

Aquí voy a examinar la información que nos proporciona otro proceso parlamentario: el de la tramitación de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, durante el segundo semestre de 1979.

El artículo 12 del proyecto remitido por el Gobierno tenía originalmente la siguiente redacción:

Artículo 12. Los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en activo. El Reglamento de Organización podrá disponer la celebración de elecciones por separado para determinadas categorías.

El Boletín Oficial de las Cortes nos informa de que dicho artículo fue objeto de distintas enmiendas en el Congreso. La del Grupo Comunista (cuyo contenido no he conseguido averiguar) fue rechazada. Pero, en cambio, se tuvieron en cuenta las presentadas por la Minoría Catalana, la UCD, los Socialistas de Catalunya y el Grupo Socialista, tras lo cual la ponencia al cargo propuso la siguiente redacción:

Artículo 12. Los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo.

La siguiente etapa fue el Senado, donde este artículo, a diferencia de otros, no fue objeto de ninguna enmienda.

Y, por fin, el día siete de noviembre de 1979, el Congreso votó ese artículo concreto para su aprobación definitiva. El resultado fue de 280 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Hay que señalar que muchos de los diputados presentes en ese pleno habían participado apenas unos meses antes en la legislatura constituyente. Además, entre ellos estaban cuatro de los conocidos como «siete padres de la Constitución»: Gabriel Cisneros (UCD), Gregorio Peces-Barba (Psoe), Manuel Fraga (AP) y Miquel Roca i Junyent (Minoría Catalana), todos los cuales votaron «Sí». Es decir, cuatro de las personas más directamente implicadas en la redacción de nuestro documento constitucional parecieron no ver contradicción alguna entre el que los poderes emanasen del pueblo y que los jueces y magistrados eligiesen a doce de los vocales del CGPJ.

Por eso, me parece absurdo que algunos hagan ahora piruetas hermenéuticas para pretender que ese sistema va contra la Constitución. Y sí: es perfectamente lícito preferir otros mecanismos de elección. Pero creo que quienes quieran defenderlos deberían procurar buscar otro tipo de argumentos en los que apoyarse, porque, examinado con atención, el de la legitimidad no juega precisamente a su favor.

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¹ «O por el contrario, dada la naturaleza y composición del Consejo General del Poder Judicial, miembros que son nombrados, según el proyecto, por la carrera judicial, miembros designados por el Parlamento…» (Bolea Foradada, de la UCD).

«volviendo a la idea del 5 de enero —que los 12 elegidos por jueces y magistrados lo sean en las diversas categorías judiciales…» (Peces-Barba, del Psoe).

(Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 8 de junio de 1978. Páginas 3107 y 3113).

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Sobre pollos, solomillos, la electricidad y los peligros del mal periodismo

vamos

Imagen de Free-Photos , a través de Pixabay

Hace un par de semanas corrió por Twitter un vídeo del periodista Aimar Bretos en el que hacía una comparación entre el mercado de la electricidad y una carnicería. El vídeo fue, en general, muy aplaudido, pero a mí me resultó desolador

Y en este artículo voy a intentar explicar por qué.

El papel del periodismo

Nuestras sociedades son cada vez más complejas. Eso, por una parte, nos deja a menudo desamparados a los ciudadanos de a pie, puesto que hay muchos ámbitos en los que estamos en una manifiesta situación de inferioridad frente a otros jugadores mejor informados y más poderosos. Y, por otra, plantea un problema al funcionamiento de la democracia, pues difícilmente va a votar bien quien no entiende bien lo que está pasando.

Por esos motivos, los periodistas pueden jugar un papel fundamental, encuadrando correctamente los problemas y ayudándonos a captar sus aspectos esenciales.

Sin embargo, cuando un periodista tiene que llevar a cabo una simplificación, siempre hay el riesgo de que, en vez de conservar los aspectos fundamentales del asunto, acabe conservando aquellos que resultan a primera vista más llamativos y escandalosos. Y desgraciadamente hay una buena porción del periodismo que es mucho más eficaz a la hora de escandalizar que a la de informar.

Eso, lejos de devolvernos poder a los ciudadanos, nos vuelve manipulables. Una sociedad a la vez indignada y mal informada es una sociedad sin criterio.

Y es que, para que la crítica sea verdaderamente útil, tiene que ser precisa y rigurosa. Porque, mientras que la buena crítica ayuda a cambiar lo que falla, la mala, al sembrar confusión, solo ayuda a que a la larga no se cambie nada o, todavía peor, a que se cambie justo lo que no hacía falta cambiar. En otras palabras, mientras que la buena crítica es progresista (en el mejor sentido del término), la mala es conservadora (en el peor sentido) o incluso regresiva, por mucho que venga de periodistas y medios que se venden a sí mismos como «progresistas».

Pollos y electricidad

Ahora pasaré a la parte más árida de este texto, la de explicar por qué creo que esa alocución concreta de Aimar Bretos es un ejemplo de critica mal fundamentada. Pero antes tengo que hacer una advertencia: no soy experto ni en economía ni en electricidad. Así pues, aunque intentaré mantenerme dentro de lo limitado de mis conocimientos, agradeceré a los lectores que me corrijan si ven que patino fuera de ellos.

A grandes rasgos, la analogía era esta:

En las subastas del pool eléctrico se van aceptando las ofertas por orden de menor a mayor precio hasta que se cubre la demanda. Sin embargo, al final se le paga a todos los ofertantes por igual, en función del último precio aceptado. Eso, para Aimar Bretos, equivalía al absurdo de que, si vas a la carnicería a comprar pollo, cerdo y solomillo, al final te cobren todo al precio de solomillo.

Sin embargo, hay varios motivos por los que esta analogía falla.

El primero y más obvio es que el pollo, el cerdo y el solomillo son productos distintos, mientras que un kW-h es idéntico e indistinguible de otro kW-h con independencia de cómo se haya producido. Si yo voy a un restaurante, pido un solomillo de ternera y me sirven una pechuga de pollo, protestaría y con razón. En cambio, no hay nada extraño en que en un mercado mayorista se pague en cada momento el mismo precio por cada unidad del mismo producto. Por poner un ejemplo evidente, la unidad de oro tiene en cada momento una cotización con independencia de que a unos mineros les cueste más extraerlo que a otros.

Y sí, ya sé: la pregunta que se plantea entonces es por qué, si se pagan todas las ofertas al mismo precio, tiene que ser al del que oferta el pollo más caro y no al del que lo oferta más barato. A ese respecto hay que señalar dos cosas:

La primera es recordar que la electricidad no se paga al precio de la oferta más cara, sino al de la última oferta que entra para cubrir la demanda. ¿Y cómo funcionan los demás mercados?

En un mercado de competencia perfecta, entendiendo como tal aquel en el que los productos son homogéneos y no hay diferencias de poder negociador entre los distintos vendedores y compradores, el precio al que se ejecutan las transacciones tiende a ser aquel en el que se equilibran la oferta y la demanda. Y la función de la subasta en el pool es precisamente esa: casar la oferta y la demanda de electricidad. La diferencia está en el mecanismo con que se intenta buscar ese precio de equilibrio. Y podremos debatir si ese mecanismo es eficaz, pero eso muy diferente a escandalizarnos porque no se paguen los distintos kilovatios hora a distintos precios.

Y la segunda —un factor fundamental que Bretos obvia— es que esas grandes divergencias en los precios de las distintas ofertas se dan precisamente porque el eléctrico es un mercado que funciona con unas reglas especiales. El ofertante no pide el precio al que calcula que podría vender su producto (un precio próximo al de equilibrio) o al que le gustaría vender su producto, sino que las ofertas se tienen que hacer por el llamado coste de oportunidad (1, 2), que es algo muy diferente.

Así pues, lógicamente, en el momento en que se cambiasen las reglas del mercado, los precios también cambiarían automáticamente. Pensar que con nuevas reglas los ofertantes mantendrían los mismos precios entra en la categoría de pensamiento mágico.

Pero entonces ¿por qué se utiliza un mecanismo tan peculiar para casar la oferta con la demanda en el mercado eléctrico? Pues porque es un mercado con unas peculiaridades que lo hacen muy distinto al de la carne, y ese es otro de los motivos por los que la analogía falla.

Hay varias razones por las que es un mercado diferente. Pero, por citar una particularmente relevante, es un sector en el que compiten ofertantes en situaciones muy distintas. Algunos de ellos pueden regular la energía ofertada en función de la demanda, pero otros, como por ejemplo los que producen electricidad con molinos de viento, no tienen hoy por hoy la capacidad para hacerlo. Por volver a la analogía avícola, eso significa que, mientras unos cuentan con neveras para almacenar sus pechugas de pollo, otros no, y tienen que ponerlas en el mercado inmediatamente. Y da la casualidad de que entre esos segundos están los productores que menos contaminan. Eso, evidentemente, tiene implicaciones que hay que sopesar a la hora de diseñar las reglas y los incentivos. Como lo tienen todo el resto de factores que hacen que este sea un mercado muy distinto al de los pollos. Las cosas son, pues, bastante más complicadas que una simple visita a la carnicería, y presentarlas como si fuesen así de sencillas supone dejar fuera aspectos fundamentales de un enorme problema: el de la transición energética.

En conclusión: ¿estoy diciendo que el mercado eléctrico funciona bien y que no hay nada que cambiar? No, en absoluto. Estoy convencido de que hay muchas cosas que se están haciendo rematadamente mal. Pero lo que estoy diciendo es que, sean cuales sean esos defectos, esta analogía carnicera de Aimar Bretos no ayuda en absoluto a identificarlos y que, por tanto, es un ejemplo de mal periodismo, un tipo de periodismo que también contamina y del que tenemos ahora mismo amplios excedentes.

Hay, o debería haber, una diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del ruido.

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Otra reflexión sobre la justicia

« Ulises y las sirenas », John William Waterhouse, Public domain, via Wikimedia Commons

Hace unos años teníamos dos perros en casa, un macho y una hembra. Había una habilidad en concreto –no recuerdo cuál– que el macho sabía realizar y la hembra no, así que una mañana dedicamos un rato a intentar enseñársela. Y por fin, tras varios intentos, dimos la orden y los dos la ejecutaron a la vez. Sin embargo, estábamos tan centrados en la perra que solo le dimos el premio a ella. Entonces el perro se nos quedó mirando fijamente unos segundos, se levantó, fue hasta el cacharro del pienso y cogió un grano, uno solo, para recompensarse a sí mismo.

Hay animales, incluidos los humanos, que nacemos con un sentido de la justicia. Por eso, cuando percibimos algo como injusto, sentimos la necesidad de que se restablezca el equilibrio: o bien alguien tiene que ser recompensado, o bien alguien tiene que ser castigado.

Sin embargo, en el siglo XXI, cuando hablamos de «justicia», a menudo nos estamos refiriendo a otra cosa: a un complejo sistema institucional cuya función es ayudar a que se cumpla la ley.

En un mundo utópico habría una correspondencia perfecta entre la justicia como deseo y la justicia como sistema, de forma que las resoluciones judiciales nos dejarían siempre plenamente satisfechos. Sin embargo, en el mundo real esto es imposible por al menos cuatro motivos:

El primero es que ningún sistema humano es perfecto.

El segundo es que, incluso si el sistema fuese perfecto, seguiría enfrentándose a la limitación de que va a tener que operar manejando información imperfecta. A menudo es imposible determinar con exactitud qué es lo que ha sucedido. Por eso, la información que llega al juzgado suele ser incompleta y estar contaminada con ruido.

El tercero es que los ciudadanos tenemos cada uno nuestros propios sesgos; no percibimos como justo o injusto siempre lo mismo, por lo que es imposible que la misma decisión nos deje a todos satisfechos.

Y el cuarto motivo es que nuestro sentido de la justicia es en buena parte intuitivo, mientras que el sistema institucional tiene que regirse por reglas racionales. Y, si algo nos ha demostrado la historia de la ciencia, es que las conclusiones a las que llega la razón a menudo son contraintuitivas y muy difíciles de asimilar.

Así pues, es inevitable que se abra una brecha entre nuestro sentido de la justicia y lo que el sistema de justicia nos puede dar. Y ese tipo de brechas son las que explotan los populismos. Estos, cuando detectan algún tipo de insatisfacción, nunca empiezan por reconocer que un problema es complicado, sino que aseguran que es sencillo y que, si no se ha resuelto ya, es porque hay gente en puestos de poder que no quiere que se resuelva. Así, si no tenemos una Justicia que nos satisfaga de forma plena, se debe solamente a la complicidad o a la indiferencia cruel de algunos. El populista, en cambio, nos asegura que él sí que se identifica con nuestros deseos y está dispuesto a satisfacerlos.

Es un discurso muy peligroso. Y, ojo, que yo no estoy abogando por el conformismo. Ya señalé antes que el sistema no es perfecto. Por lo tanto, es necesario trabajar incansablemente para mejorarlo. Pero lo que digo es que en ese trabajo es muy peligroso dejarse seducir por los cantos de sirena. El verdadero camino para mejorar la Justicia no es torcerla hacia nuestros prejuicios, sino seguir intentando alejarla de ellos; no es hacerla más intuitiva, sino todavía más racional; en definitiva, no es procurar que sea más satisfactoria, sino más eficaz.

Tener un buen sistema judicial es caro. Cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajo, pero tiene, además, otro precio, que es el de aceptar que la Justicia a menudo tiene que dejarnos insatisfechos, especialmente en aquellos casos que más apelan a nuestras emociones. Duele, pero es así.

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Cataluña y el derecho a decidir

Casa Milá, Barcelona (Imagen por djedj via Pixabay)

A riesgo de ser reiterativo, en este artículo voy a examinar una serie de puntos sobre la cuestión catalana y el derecho a decidir, y voy a explicar por qué creo que Cataluña no tiene ese derecho, no ya en el plano legal, sino tampoco en el moral.

El problema del pueblo

Uno de los campos en los que se suelen disputar las batallas políticas es el del lenguaje, y es lo que ha ocurrido también en este caso. Así, hay quienes hablan del pueblo catalán como si este fuese un cuerpo con una voluntad única. Pero no es así. Aquí el auténtico problema no es que haya un enfrentamiento entre un pueblo catalán y un pueblo español como conjuntos perfectamente delimitados, sino que hay una profunda división entre los ciudadanos de Cataluña, que no se identifican todos con una misma nacionalidad.

El problema de la nación

Como ocurre con tantos otros términos, las palabras nación, nacionalidad, etc., no se usan siempre para referirse exactamente a lo mismo. Así, a veces las utilizamos para denotar que alguien es ciudadano de un Estado, como cuando hablamos de «un turista de nacionalidad alemana», y otras veces las usamos para referirnos a lo que es tener una conciencia nacional, como cuando decimos que «España es plurinacional».

Lo primero hace referencia a un hecho objetivo. Lo segundo, en cambio, nos remite a algo que es fundamentalmente subjetivo, porque, aunque la identidad nacional, como la religiosa, en buena medida nos puede venir dada, en última instancia es una elección personal. Eso explica, por ejemplo, que en mi familia haya hermanos que hemos acabado identificándonos con nacionalidades diferentes a pesar de habernos criado juntos.

Hay quien quiere obviar ese factor subjetivo remitiéndose a hechos históricos seleccionados, distinguiendo entre «colonos» y «colonizados» o hablando de «la lengua propia del territorio». Pero, de nuevo, eso no es sino distraer la cuestión. No estamos ante un escenario de invasión colonial, y la nacionalidad y la lengua no son propias del territorio sino de las personas que lo habitan. Y, en la medida en que es una cuestión de elección personal, es exactamente igual de legítimo que un habitante de Cataluña se sienta fundamentalmente catalán como que se sienta fundamentalmente español, o que se sienta ambas cosas, de la misma forma que es igual de legítimo ser católico que ser protestante.

El problema de los Estados nacionales

Personalmente, creo que en un país como España, donde hay varias conciencias nacionales distintas, la mejor solución es un Estado que busque crear un marco de convivencia respetuoso con todas esas identidades y no tome partido de forma militante por ninguna de ellas.

Hay quienes, sin embargo, aspiran a que, en vez de un único Estado plurinacional, lo que haya sean Estados nacionales más pequeños. Ahora bien, ese deseo se enfrenta a un grave problema, porque las distintas identidades nacionales están entremezcladas hasta el punto de que a menudo conviven en el mismo edificio. Así pues, no hay ninguna forma de dividir geográficamente el territorio español que nos vaya a dar, en principio, Estados nacionales.

En el caso concreto de Cataluña, si trazásemos esa división por donde están ahora las fronteras de la autonomía, nos encontraríamos, por una parte, que un buen número de españoles dejarían de vivir en el Estado con el que se identifican, y, por otra, que el Estado catalán resultante seguiría siendo un Estado plurinacional.

Así pues, la única forma de tener Estados realmente nacionales sería que, tras la división geográfica, se estuviese dispuesto a promover, o bien la emigración, o bien la conversión de una parte considerable de la población, aunque sea de forma paulatina.

El problema de la mayoría

En democracia hay distintos procedimientos para establecer qué es lo más legítimo, y uno de los más utilizados es recurrir a la regla de la mayoría: se ponen las propuestas sobre la mesa, se votan y una gana.

Ahora bien, para poder aplicar ese procedimiento, es necesario antes decidir quién tiene derecho a votar, qué mayoría es la relevante, y, en el caso de los referéndums de independencia, eso nos encierra en un problema circular. Porque, cuando el todo decide su suerte, está decidiendo también la suerte de las partes, pero, cuando son las partes las que deciden su suerte, están decidiendo también la suerte del todo. Entonces, ¿qué es más legítimo?, ¿qué decidan las partes o que decida el todo?

Hay quien lo tiene muy claro y afirma con rotundidad que quienes tienen que votar para decidir si Cataluña se independiza son solo los catalanes. Ahora bien, esa idea se apoya en otra: que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña. Y esa se apoya a su vez en otra: que el pueblo relevante son los ciudadanos de Cataluña; es decir, que la nacionalidad relevante es la catalana.

Ahora bien, si por el contrario partimos de que la nacionalidad relevante es la española, entonces el pueblo relevante es el español, la soberanía reside en el pueblo español, y quien tendría que votar para decidir el futuro de España son los españoles.

De nuevo: ¿qué es más razonable?, ¿pensar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo catalán o en el conjunto del pueblo español?

Si nos abstraemos un momento de la realidad legal e histórica, en principio es igual de válida una idea que la otra, de la misma forma que es igual de legítimo que un habitante de Barcelona se sienta más español que que se sienta más catalán.

Ahora bien, cuando hay un empate en el nivel abstracto entre dos aspiraciones políticas, la forma de resolverlo es bajando a la realidad, viendo cuál es la situación ya existente. Porque en todos los ámbitos de la vida, cuando hay una disputa por la posesión de algo, sea un objeto o un derecho, la carga de la prueba recae sobre quien aspira a que se le reconozca la posesión de lo que no tiene, no sobre quien ya la venía ostentando. Y en España quien viene ostentando la soberanía es el conjunto del pueblo español, y no solo desde la tan denostada Constitución del 78. Ha sido así durante todos los breves periodos democráticos de nuestra historia. De hecho, cuando la soberanía no estuvo en el conjunto del pueblo español, fue porque estuvo en manos de dictadores, monarcas, estamentos u otras minorías privilegiadas. Donde sí que no estuvo nunca fue en el pueblo catalán como conjunto diferenciado.

Así pues, en principio, yo no veo ningún argumento de peso para decir que es más justo que ahora esa soberanía cambie de manos y pase del pueblo español al catalán. Entiendo que quienes se sienten catalanes deseen que sea así, pero una cosa es el deseo y otra la legitimidad. Y un Estado catalán y una soberanía catalana no me parecen más legítimos que un Estado español y una soberanía española. La historia, con todos sus accidentes, podría habernos llevado hasta allí, pero no lo hizo. Nos trajo hasta aquí. Y la vía para evolucionar a partir de donde nos encontramos no puede pasar por saltarse la ley. Eso no es, en absoluto, democrático.

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España 2050

Foto: Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa, 20 de mayo de 2021

En principio, no me parece mala idea esbozar una estrategia de país a largo plazo, por mucho que soy consciente de los límites de la futurología. Eisenhower citaba a veces una pieza de sabiduría militar: que los planes son inútiles, pero que planificar es indispensable. Y es cierto: uno está mejor preparado para afrontar lo que no sabe que va a suceder si al menos ha intentado prepararse para aquello que cree que va a suceder.

Evidentemente, una buena idea no sirve de nada si no se ejecuta bien, y eso es algo a lo que habrá que estar atentos. Pero ahora no es ni de la idea en sí ni de su ejecución de lo que me interesa hablar, sino de un tercer aspecto, que creo que también merece un análisis crítico, y es el hecho de que, incluso cuando un proyecto es bueno y se ejecuta bien, puede haber factores externos al mismo que desvirtúen completamente su utilidad. Por decirlo gráficamente, podemos diseñar un estupendo motor de coche y construirlo con mimo, pero de poco va a servir todo ese esfuerzo si el automóvil en el que lo ponemos no tiene ruedas.

Y es esa posible falta de ruedas la que me preocupa en este caso. Anticiparse a los desafíos futuros es útil si se cumple una premisa: la de que, cuando vemos un problema y conocemos la solución, vamos a aplicar dicha solución. Y, desgraciadamente, creo que hay buenos motivos para desconfiar de que seamos capaces de cumplir esa premisa con respecto al futuro por la sencilla razón de que a menudo no estamos siendo capaces de cumplirla con respecto al presente. Es decir, muchas veces no tenemos tanto un problema de diagnóstico o de prescripción como de ejecución. Somos esos pacientes que tienen la receta del medicamento en el bolsillo, pero que ni lo compran ni lo toman.

Ahora mismo hay fallos clamorosos en nuestros sistemas de incentivos que hacen que a menudo quienes están en situación de solucionar los problemas no tengan ningún interés en hacerlo. Sucede en muchos campos distintos, sucede continuamente, y a menudo sucede ante los ojos de todos durante décadas.

Por eso, mi actitud ante una iniciativa como la de «España 2050» no es tanto de rechazo como de escepticismo. Tengo serias dudas sobre la capacidad de resolver problemas futuros en un país donde el Tribunal Constitucional sigue a día de hoy sin resolver un recurso de 2010. Tampoco ayuda el hecho de que la primera vez que oí quejarse a un alumno de que había profesores de universidad que imponían como libro de texto su propio manual, a menudo malo, fuese a finales de los setenta, y que a mí me haya pasado exactamente lo mismo más de cuatro décadas después. Décadas son también las que llevamos asistiendo al triste espectáculo del uso sectario de los medios de comunicación públicos. Y tampoco sirve para alimentar mi confianza que el mismo Gobierno que presenta a bombo y platillo «España 2050» mantenga en la presidencia del CIS a alguien que está destruyendo completamente el prestigio de dicha institución pública y que, con sus cambios de método, está rompiendo las series de datos que deberían servirle a los investigadores en el futuro. Etcétera, etcétera, etcétera.

E insisto, planificar a largo plazo no me parece solo conveniente sino incluso imprescindible, pero creo que todos los planes que elaboremos corren el riesgo de ser inútiles si no conseguimos que el proceso básico de diagnóstico + prescripción + ejecución funcione como una rutina bien engrasada.

En definitiva, creo que no deberíamos olvidar que la primera estrategia y la más eficaz para mejorar el futuro es arreglar lo que no funciona en el presente. Y eso es algo que ahora mismo no estamos consiguiendo.

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¿Quienes violan y asesinan son los hombres?

Bruno Thevenim, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia

En el debate televisado del pasado miércoles, Mónica García, la candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad madrileña, dijo lo siguiente: «Y le voy a dar una primicia, señora Monasterio, ¿sabe quién viola, quien asesina y quién acosa sexualmente? Los hombres». (1:13:52 en este vídeo).

Es una afirmación que no es nueva. Formulada con esas palabras o parecidas, se oye con cierta frecuencia y siempre acompañada de polémica, por la sencilla razón de que es ambigua y permite tres interpretaciones diferentes:

a) la mayoría de los hombres violan, asesinan y acosan sexualmente.

b) la mayoría de quienes violan, asesinan y acosan sexualmente son hombres.

c) violar, asesinar y acosar sexualmente es un comportamiento exclusivo de los hombres. *

Un mínimo conocimiento del mundo indica que la única interpretación razonable es la segunda. Sin embargo, nos encontramos con dos problemas. En primer lugar, el uso del artículo determinado los apunta a una generalización que afecta a todo el colectivo; es decir, no se está asociando la violencia con unos hombres sino más bien con los hombres tomados como conjunto. No es lo mismo decir «Quienes matan son hombres» que «Quienes matan son los hombres».

Y, en segundo lugar, si ya sabemos que esa formulación es polémica, ¿por qué se sigue utilizando?, ¿por qué no decir directamente: «La mayoría de los violadores, asesinos y acosadores son hombres», evitando así cualquier equívoco?

Pues probablemente porque la ambigüedad es un recurso útil en política, y uno al que, por cierto, recurren políticos de todas las ideologías. No es sino una variante de la conocida como estrategia motte and bailey (mota y castillo). Esta estrategia consiste en mantener un discurso agresivo (la mota), pero dejando siempre abierta la posibilidad de replegarse rápidamente al castillo y sostener que lo que se estaba diciendo era algo mucho más defendible.

En este caso concreto, la afirmación «Quienes asesinan, violan y acosan son los hombres» permite dar cierta cobertura implícita a aquellas medidas que tratan a todos los hombres como colectivo. Al fin y al cabo, nuestros pensamientos discurren por los senderos abiertos por el lenguaje y, si hablamos en términos generales, es más fácil crear un clima favorable a medidas generales. No es casual, por tanto, que quienes suelen pronunciar esa frase normalmente pertenezcan o apoyen a formaciones que defienden medidas de discriminación positiva, incluso en ámbitos tan delicados como el penal. Y cuando la generalización es criticada, siempre pueden retirarse al castillo y decir que es evidente que no pretendían criminalizar a todos los hombres. Así pues, la ambigüedad permite a la vez generalizar y negar que se está generalizando, porque permite jugar con la holgura entre lo explícito y lo implícito.

Y ojo, el propósito de este artículo no es entrar en el tema de si la gravedad de la violencia de género justifica determinadas medidas. Esa es una cuestión compleja, en la que hay amplio espacio para la discrepancia. Pero no es de lo que se trata ahora; aquí no estoy interesado en qué es lo que se defiende sino en el cómo se defiende; en decir, en el uso de la ambigüedad como técnica. Y al respecto sí que me voy a pronunciar: soy de los que prefieren las afirmaciones precisas.

No me molesta que alguien haga afirmaciones radicales con claridad. Si tiene razón y argumentos para demostrarlo, habrá que dársela, y si no la tiene, será más fácil refutar lo que ha dicho.

La ambigüedad, en cambio, le resulta muy útil a quien sabe explotarla con habilidad, pero deteriora el debate público, porque lo vuelve confuso y ruidoso. Cuando no se sabe exactamente qué es lo que se está discutiendo, es más fácil que acabemos sumergidos en diálogos de sordos y chillándonos unos a otros.

Sin embargo, también es justo insistir: Mónica García no es la única que juega con la ambigüedad. Es un fenómeno generalizado, como lo son todas las triquiñuelas en política. Y me hubiera gustado poder escribir un artículo sobre toda la demagogia que, desde otros cuarteles, se ha hecho y se hace en torno al término MENA.

Sin embargo, ese es un tema sobre el que no sé lo suficiente como para tratarlo con el rigor adecuado, mientras que sí que tengo un mejor conocimiento, por desgracia, sobre la relación que los hombres mantenemos con la violencia.

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* En una primera versión de este texto, solo señalaba dos posibles interpretaciones: la a y la b. Tengo que agradecer a @jmgs_es que me señalase que también era posible una tercera.

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Sobre los políticos y la neutralidad del Estado

Irene Montero (© Ministro de la Presidencia, Gobierno de España)

Es evidente que no votamos a los políticos para que sean neutrales sino para que lleven a cabo políticas con una orientación determinada.

Así pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la neutralidad del Estado? Pues creo que fundamentalmente a dos cosas.

En primer lugar, los políticos tendrían que abstenerse de hacer un uso sectario de aquellas instituciones y recursos que deben estar al servicio del conjunto de los ciudadanos. Por poner un ejemplo evidente y que, sin embargo, pocas veces se cumple, no deberían hacer un uso partidista de los medios de comunicación públicos, y no utilizar tampoco las subvenciones para comprar voluntades en los medios privados.

Pero hay un segundo aspecto, igual de importante o incluso más, en el que el Estado debe ser neutral, y es que la mayoría de quienes ocupan cargos públicos tienen que abstenerse de tomar partido en los conflictos entre ciudadanos particulares. El único Poder del Estado cuyos titulares pueden intervenir directamente en ese tipo de conflictos es el Judicial, y siempre ateniéndose a reglas y procedimientos que buscan garantizar su imparcialidad.

Es importante recalcarlo: solo cuando se siguen esos procedimientos está justificado que se ponga el peso del Estado a favor de un ciudadano en contra de otro, y solo en la medida en que sea necesario para restablecer o proteger el equilibrio que se considera justo.

En cuanto a quienes forman parte del Ejecutivo y del Legislativo, está muy bien que expresen su solidaridad con las víctimas cuando es evidente que las ha habido, y por supuesto que deben ser beligerantes frente a la violencia y la injusticia, pero su forma de combatirlas tiene que ser mediante políticas de alcance general. Lo que nunca deben hacer es inmiscuirse en un conflicto entre dos ciudadanos concretos para decir que creen más a Juan que a Pedro digan lo que digan las pruebas y sean los que sean los resultados de los procedimientos judiciales.

Y lo que ocurre con la violencia ocurre en otros campos. El Gobierno y el Parlamento también deben hacer lo que esté en su mano para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Y para ello pueden regular cómo se debe desarrollar el suelo, las condiciones de los arrendamientos, las subvenciones y los incentivos fiscales, etc. Pero lo que nunca deben hacer es presionar públicamente a un arrendador concreto para que ceda en su conflicto con un inquilino concreto.

Esto es tan obvio que parece que no debería hacer falta decirlo. Y, sin embargo, se ha vuelto necesario, porque buena parte de nuestros cargos públicos, sea por puro fanatismo, sea por hipócrita cálculo electoral, están mostrando una preocupante tendencia a tomar partido en conflictos entre particulares, convirtiéndose en una especie Poder Judicial paralelo, y uno, además, que juzga más en función de la ideología o del sentimiento popular que de los hechos probados.

Democracia y totalitarismo

No voy a ponerme dramático y no voy a pretender que esas intromisiones convierten a España en un Estado totalitario. La política no es terreno de purezas. Pero sí que creo que dan pie para una reflexión entre las diferencias entre el totalitarismo y la democracia.

El totalitarismo, en su formulación original, era una ideología que consideraba que la mejor forma de promover el bien común era atribuirle al Estado todos los derechos y al ciudadano ninguno. En otras palabras: el fin justificaba siempre los medios.

La ideología democrática moderna, en cambio, defiende que hay una serie de derechos de los que no se puede privar nunca al ciudadano, ni siguiera cuando este forma parte de una minoría, ni siquiera cuando ese ciudadano concreto es objeto del desprecio general.

Y la experiencia del siglo XX parece indicar que nos va mejor cuando seguimos los principios democráticos y no los totalitarios.

Ahora bien, el problema es que el totalitarismo no es simplemente una ideología política ligada a un momento histórico muy concreto. Mientras que la democracia liberal sí que es una construcción histórica, el totalitarismo es en una buena parte una pulsión instintiva presente en todos nosotros. Por eso, quienes gobiernan siempre sienten la tentación de tomar atajos y justificar los medios con los fines. Y por eso también, muchos ciudadanos solo están dispuestos a defender los derechos de aquellos con quienes se identifican emocionalmente, mientras que aplauden que se prive de ellos a quienes desprecian.

Sin embargo, no puede ser así. Una persona que a mí me parezca despreciable no tendrá derecho a mis afectos, pero sí que lo tiene a un tratamiento imparcial por parte del Estado.

Y cuando un político habla desde esa tribuna que es todo cargo público, no es una persona particular expresando afectos, es un representante del Estado y su obligación es preservar la neutralidad de este. Insisto: puede y debe ser beligerante con la violencia y la injusticia, pero no le corresponde a él bajar al caso particular a decidir quién es culpable y señalarlo. Y quienes no entienden o no quieren entender eso demuestran no estar cualificados para ocupar un cargo en una democracia.

Las tentaciones populistas están presentes en todo el espectro político. Sin embargo, creo que resulta particularmente irónico cuando quienes muestran poco respeto por los principios y procedimientos que definen la democracia son precisamente los representantes de partidos que construyen buena parte de su discurso a base de criticar las deficiencias democráticas del «régimen del 78».

Por eso, me parece que sería justo recordarles que las críticas son mucho más eficaces cuando van de la mano de la ejemplaridad, y que lo mejor que puede hacer un cargo público para defender la democracia es ejercerla.

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Una crítica al posmodernismo

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El posmodernismo no es un movimiento perfectamente definido. No hay un acuerdo general sobre qué y quiénes lo constituyen. De hecho, algunos autores a los que se les suele aplicar la etiqueta no se identifican con ella.

Eso plantea dos problemas. Por un lado, al criticarlo es fácil caer en la falacia del hombre de paja, atacando ideas y personas que no son necesariamente nucleares al movimiento. Y, por otro, quienes buscan defenderlo pueden echar mano del recurso contrario: negar que lo que se está cuestionando forme parte del mismo.

Por eso, en este artículo voy a construir mi crítica en referencia a una versión concreta y muy moderada del movimiento, y voy a usar la expresión «seguidores del posmodernismo» para referirme a quienes han sacado provecho de algunos de los recursos que ese movimiento les ofrecía, sin entrar a discutir hasta qué punto son o no posmodernistas de pura raza.

Posmodernismo: la versión moderada

Podemos encontrar una versión moderada en este artículo de Stuart Chambers, en el que hace una defensa del movimiento. Los puntos principales de su argumentación son los siguientes:

-El posmodernismo es, ante todo, una actitud de incredulidad hacia las metanarrativas.

-El posmodernismo no rechaza la verdad. Solamente señala que esta es provisional y contingente.

-La ciencia, que tanto alardea de su escepticismo, a menudo ha mostrado carecer de él, dejándose dominar por sesgos culturales, políticos y religiosos.

-El posmodernismo, puesto que rechaza las verdades absolutas o las narraciones hegemónicas, es contrario al dogmatismo.

-El posmodernismo no rechaza los valores de la Ilustración.

-Su gran aportación es la de empujarnos a cuestionarnos todo aquello que tenemos asumido como verdad, estimulando una actitud crítica.

Crítica de la versión moderada

Así presentada, esta versión moderada suena muy razonable y difícil de rechazar. Pero tiene un problema: es tan razonable porque es prácticamente indistinguible de la actitud científica rigurosa.

-La ciencia, la buena ciencia, ha producido sus mayores avances cuando ha estado dispuesta a cuestionar aquello que teníamos asumido como verdad y es, por definición, antidogmática.

-La ciencia hace tiempo que ha renunciado a pretender mostrar verdades absolutas y eternas, y se conforma con crear modelos explicativos cuya validez siempre está sometida a examen.

-Señalar que la ciencia ha cometido errores tampoco aporta nada nuevo, porque nadie niega que ha habido veces en que los sesgos culturales, religiosos o políticos se han impuesto sobre el criterio científico, adulterándolo.

-Y la ciencia, desde luego, tampoco es contraria a los valores de la Ilustración.

Así pues, si el posmodernismo fuese simplemente eso, no necesitaríamos una etiqueta nueva. Si la usamos es porque aporta algo más, pero ¿el qué?

Creo que la clave está en una frase del artículo, en la que anima a los científicos, que alardean de su «escepticismo específico», a adoptar el «escepticismo radical» del posmodernismo. La aportación sería, pues, la radicalidad.

Y, en mi opinión, es justo esa radicalidad la que abre la puerta a todos los problemas.

El escepticismo radical: cuando posmodernistas y conspiranoicos confluyen

El problema del escepticismo radical es que ofrece un instrumento para deslegitimar la ciencia, la lógica y la racionalidad. Es exactamente el mismo instrumento que usan los conspiranoicos: una regresión al infinito. Da igual qué prueba me ofrezcas; yo siempre puedo dar un paso atrás y cuestionarla. Si a un antivacunas le presentas un estudio científico, responderá argumentando que quienes lo firmaron están comprados; si señalas que quienes lo firman son científicos de prestigio, respaldados por instituciones importantes, dirá que estas también están compradas. Cualquier nuevo dato puede ser desmontado ampliando la conspiración todo lo que haga falta. Es más, cada nuevo dato se convertirá en una prueba adicional de lo poderosa que es la conspiración. Un seguidor del posmodernismo usará una jerga más elaborada y confusa, pero su estrategia será exactamente la misma: rechazar cualquier punto de anclaje. Todos los que intentes fijar, hasta el mejor clavo de acero hundido en la pared de granito, podrá ser denunciado como un producto de la visión hegemónica.

Y eso deja inermes a la ciencia y a la argumentación razonada. No se puede avanzar hacia ninguna conclusión si te niegas a aceptar, aunque sea de forma crítica y provisional, la validez de las premisas.

Pero, ¿a dónde nos conduce entonces ese escepticismo radical?

¿Un mundo sin verdades?

A primera vista, parece que adoptar el escepticismo radical debería conducirnos a un mundo sin verdades, en el que habría que aceptar que cualquier afirmación tiene exactamente el mismo valor que cualquier otra, puesto que todas son imposibles de demostrar.

Sin embargo, eso es imposible por una sencilla razón: el ser humano es tan capaz de vivir en un mundo sin verdades como lo es de vivir en un mundo sin aire. Por mucho que, cuando nos ponemos filosóficos, aceptemos que toda verdad puede ser cuestionada, nuestra vida diaria se sostiene porque aceptamos algunas afirmaciones como más válidas que otras. En definitiva, podemos vivir siendo escépticos, pero no escépticos absolutos.

Así pues, al final, lo que hace el escepticismo radical no es conducirnos a un imposible mundo vacío de certezas. Esa no es la última parada del viaje. Simplemente, al debilitar las verdades de base racional, el posmodernismo despeja el terreno para que lo ocupen rápidamente las de otro tipo: los dogmas; sí, esos mismos dogmas que Chambers rechazaba en su artículo.

La naturaleza del dogma

¿Y en qué se diferencian los argumentos racionales y los dogmas?

Un argumento racional es discutible y, por tanto, su fortaleza se demuestra en la capacidad que tenga para sostenerse sobre sus propios pies cuando es sometido a crítica.

El dogma, en cambio, es una verdad indiscutible, porque su fuerza procede de algo exterior al mismo, que lo pone fuera del alcance de la crítica racional.

En las religiones tradicionales esa fuente última de fuerza eran los dioses. Los seguidores del posmodernismo, puesto que la mayoría de ellos se declaran ateos, han tenido que prescindir de las deidades, pero eso no les ha impedido recurrir a todo el resto de recursos que habitualmente se usan para blindar los dogmas.

Así, en un curioso reciclaje del misticismo, se reivindican las experiencias subjetivas, confiriéndoles a algunas de ellas el carácter de incuestionables; se deslegitima o persigue implacablemente a los críticos; se repiten machaconamente consignas hasta cargarlas de la inercia del mantra; y, por último, que no haya Dios no significa que no haya profetas. Hay toda una serie de autores que se pueden citar, autores de disciplinas y corrientes que se mueven a un nivel teórico lo suficientemente alejado de la realidad empírica como para que sus afirmaciones no sean falsables y que están dispuestos a ofrecer justificaciones sofisticadas para cualquier consigna.

Conclusión

Está muy bien decir que el posmodernismo, con su actitud crítica, es antidogmático, pero la realidad es otra: al ofrecer instrumentos para minar la credibilidad de la ciencia y la racionalidad, ha abierto una brecha que permite al dogmatismo recuperar buena parte del terreno perdido en los últimos siglos. Y, si bien es cierto que no vivimos en tiempos proclives a las religiones tradicionales, el posmodernismo les ha ofrecido a los movimientos políticos instrumentos para que algunos de ellos se conviertan en auténticas religiones políticas.

Así pues, paradójicamente, el escepticismo radical para lo que realmente ha servido es para que muchos puedan recorrer el círculo completo y regresar al reconfortante mundo de la fe. A menudo quienes más aseguran que es imposible tener certezas son los que más cómodos se sienten imponiendo las suyas.

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Cuando hablamos de feminismo

Image by Yannick Duchscher from Pixabay

No voy a descubrir nada nuevo si digo que el feminismo se ha convertido en uno de los ejes de polarización en los últimos años.

Eso ha tenido como consecuencia que los debates sobre cualquier tema relacionado con el mismo estén llenos de gente que los patrulla con la armadura puesta, guerreros vocacionales que no están tan interesados en seguir los argumentos con curiosidad filosófica como en repartir garrotazos a quienes perciben como enemigos. En consecuencia, aventurarse a emitir una opinión en ese campo se parece mucho a participar en uno de aquellos míticos programas de Humor Amarillo, en los que los concursantes estaban en continuo peligro de que los arrollase una bola gigante, los arrojase al agua una barrera giratoria o los atacase un monstruo anónimo que esperaba agazapado tras la puerta del laberinto.

Da igual el cuidado con que intentes construir tu argumento. En el valle de las falsas dicotomías, siempre va a haber quien descubra las «verdaderas» intenciones ocultas en tus palabras, quien confunda explicar con justificar, la parte con el todo y criticar A con defender B. Incluso cuando intentas adoptar un tono conciliador, habrá quien salte a acusarte de condescendencia. En definitiva, no hay forma de hacerlo bien. Podrás esquivar uno o dos obstáculos, pero no tardarás en rodar por el suelo, caer en un charco o encontrarte acosado por un troll.

Y esa lleva siendo ya unos años también mi experiencia. Aunque siempre he defendido lo que es el punto esencial del feminismo -la absoluta igualdad de derechos-, desde hace un tiempo me he vuelto bastante crítico con lo que considero la deriva dogmática y acientífica de una parte del movimiento. Sin embargo, a la hora de debatir siempre he procurado atenerme a dos reglas: la primera es intentar sostener mis críticas con argumentos, y la segunda es procurar centrarlas más en las ideas, los actos y las políticas que en las personas. Pero he podido comprobar que en esta copia de Humor Amarillo pasa lo mismo que en la versión original: esas dos reglas valen bastante menos que un buen casco. A estas alturas me han insultado ya con casi todas las letras del alfabeto (la ñ, la x y la y afortunadamente todavía resisten), ha habido quien me ha explicado que a mí lo que realmente me gusta es que haya violadores sueltos por la calle, y quien me ha diagnosticado como maltratador, putero y pedófilo.

Y si cuento todo esto no es porque quiera obtener mis propios cupones de victimización, sino simplemente para ilustrar lo que creo que es la norma. Los insultos vuelan en todas direcciones, y cualquiera que se aventure a asomarse al campo de batalla, sea para criticar al movimiento feminista, sea para defenderlo, se expone a ser víctima del fuego cruzado.

Sin embargo, que hayamos permitido que el debate se degrade de esta manera tiene una serie de consecuencias nefastas.

La primera es que nos hacemos daño. Por mucho que creas que ya estás curtido, siempre hay algún insulto o acusación particularmente injusto o inoportuno que te hiere. Y cuando no son los que van dirigidos a ti, te duelen los lanzados contra algún tercero al que ves esforzándose por exponer una opinión de buena fe.

La segunda es que esa agresividad nos hace menos libres. Creo que todos nos abstenemos alguna vez de decir lo que pensamos por simple cansancio, porque no nos apetece tener que aguantar otro chaparrón o tener que volver a explicar que cuando decíamos A no estábamos diciendo Z.

La tercera es el empobrecimiento en la utilidad de los debates. Cuanto más insultos y mentiras hay en ellos, menos sirven para que podamos aprender algo y descubrir nuevas perspectivas. Muy al contrario, para lo único que suelen acabar sirviendo es para reforzar los prejuicios de cada uno. Si te han insultado o has insultado, cambiar de opinión se hace mucho más cuesta arriba.

Pero la cuarta y la peor consecuencia de todas es que esto causa un daño tremendo a las víctimas. En primer lugar, la degradación del debate dificulta hacer diagnósticos acertados y encontrar buenas soluciones. Las ideologías pueden ser muy útiles a la hora de movilizarnos, pero es muy peligroso dejar que sean ellas las que deciden cuál es la verdad. Y cuanto más crispados estamos, más fácil es que estemos dispuestos a abrazar explicaciones simples y soluciones mágicas a problemas complejos.

Además, una de las características más temibles de las ideologías es su capacidad para entumecer selectivamente nuestra empatía. En vez de preocuparnos todas las víctimas, unas pasan a preocuparnos mucho mientras que otras empiezan a estorbarnos. Entre el relato y la víctima que no encaja en él, hay quienes no tienen escrúpulos en sacrificar a la víctima para preservar la integridad de su relato. En el mejor de los casos, se la ignora; en el peor, se la culpa y se la convierte en objeto de escarnio. Los hechos dejan de importar y son los prejuicios de cada uno los que deciden de forma automática quién es víctima y quién es victimario, a quien creer ciegamente y a quien negar de forma implacable el beneficio de la duda.

Pero para alguien que ha sufrido realmente un daño, verse además prejuzgado y humillado de esa manera tiene que resultar demoledor. Nadie elige voluntariamente ser víctima y, por eso, despreciar a alguien porque no es el tipo correcto de víctima es un acto despiadado.

Así pues, es por todos esos motivos por los que me gustaría que fuésemos capaces de rebajar el tono y debatir un poco más civilizadamente. Pero sé que no va a ocurrir. Hay demasiada gente que ha descubierto que se siente muy a gusto vistiendo la armadura, y por eso a los demás no nos queda sino ajustarnos bien el casco e intentar ser más ágiles a la hora de brincar de piedra en piedra. Quizá consigamos al menos dar algún salto memorable.

Nos vemos en el próximo charco.

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James Joyce en la UNED

James Joyce, Painting by Jacques-Émile Blanche, Public domain, via Wikimedia Commons

Cuando tenía dieciséis años me leí las obras completas de Kafka (que me gustaron mucho), y ya, con la carrerilla que llevaba, me leí a continuación el Ulises de James Joyce (que me gustó bastante menos).

Hay ladrillos que solo puedes digerir cuando eres muy joven, en esa edad en que combinas la avidez por aprender con la inocencia, y en la que, si te aburres miserablemente viendo la última película polaca aclamada por la crítica, piensas que es culpa tuya porque todavía no te has arado lo suficiente. Afortunadamente, esa docilidad ante la pedantería es un mal propio de la adolescencia, del que la mayoría de nosotros nos acabamos curando. Y no es que de adulto dejes de consumir mierdas, pero consumes mierdas sin pretensiones intelectuales, y lo haces cuando necesitas desconectar el cerebro, no en los momentos en que este está funcionando a pleno rendimiento.

Y sí, ya sé que muchos consideran el Ulises una obra cumbre de la literatura universal. A mí me pareció y me sigue pareciendo un tostón. No soy muy amigo del virtuosismo y la experimentación cuando estas se miran el ombligo, y leer un montón de páginas sin puntos y comas no me enamora.

Ahora bien, que me haya vuelto algo más intolerante no significa que me haya dejado de gustar aprender. Por eso, el año pasado decidí volver a entrar en una universidad, esta vez en la UNED, y la experiencia fue buena. En concreto, disfruté mucho la asignatura «Teoría del Estado constitucional y constitucionalismo histórico español», cuyos dos manuales, ambos del profesor Torres del Moral, me parecieron muy interesantes.

Este año, en cambio, no he tenido tanta suerte. En el primer cuatrimestre cursé una asignatura que ya no me entusiasmó, pero la debacle ha venido ahora, con la que decidí preparar para la segunda parte del curso.

Cuando me llegó a casa el manual, hace ya tiempo, lo abrí con interés. Pero en cuanto empecé a leer fue como reencontrarme con James Joyce; un Joyce con comas, es cierto, pero sin puntos. En el cuarto párrafo del libro tuve que recorrer más de veinte líneas hasta llegar al primer punto y seguido, salvando por el camino más de quince verbos, treinta preposiciones, cincuenta determinantes y cuarenta adjetivos. No es ya que yo me perdiera leyéndolo, es que la sensación era que el propio autor también se había extraviado, y que, cuando por fin se detuvo, no fue porque hubiese llegado adonde quería ir, sino simplemente porque se había quedado sin aliento y necesitaba coger aire antes de lanzarse de nuevo.

Y, como yo también había quedado agotado, decidí aparcar el libro una temporada, con la esperanza de encontrarlo un poco más legible cuando regresase a él. Pero no. Como era previsible, cuando lo retomé hace unas semanas descubrí que ese tiempo de maduración no había conseguido ablandar la parrafada, y que tampoco ayudaba nada saltársela, porque el resto no era mucho mejor.

Así, aunque en otros casos los párrafos eran cortos y estaban bien puntuados, me resultaban absolutamente incomprensibles. Los leía una, dos, tres veces, buscando ese momento de iluminación que al final solía aparecer cuando peleabas con una traducción particularmente difícil de latín. Pero, si en el bachillerato, tras un duro combate, por fin conseguías captar la idea que Cicerón había dejado en el texto, aquí la sensación era que el autor se había dejado la idea olvidada fuera del texto.

Luego había apartados enteros que tenían ese aire anárquico de las reuniones de vecinos, en las que los participantes saltan adelante y atrás por los puntos del orden del día, quejándose de los buzones cuando estás con el tejado y del tejado cuando estás con los buzones.

Llegó un momento en que, como el libro me oscurecía más que me aclaraba un punto concreto, busqué información en Internet, solo para descubrir que algunos de esos párrafos ilegibles, en teoría escritos por una de las autoras del manual, eran copias de un artículo de otro de los autores del manual, pero copias tan literales que conservaban incluso las mismas erratas sin corregir.

Ahí fue cuando decidí tirar la toalla. A estas alturas yo estudio por placer, no para graduarme, y tengo demasiados libros pendientes como para empecinarme en vadear pegamento, por usar la frase con que Lord Tennyson describía la experiencia de leer a Ben Jonson.

Confieso que he estado tentado de citar aquí algunos de esos párrafos del dichoso manual para que el lector pudiese juzgar por sí mismo, pero al final decidí no hacerlo, porque no me parecía justo poner en la picota a ningún profesor en concreto. En este libro están muy mal escritos apartados de distintos autores, y lo mismo pasa en otros manuales de la UNED a los que he tenido acceso. Así pues, creo que no estamos ante un problema personal sino institucional. Lo cuestionable aquí son los criterios que llevan a una universidad a decidir que es admisible producir textos de pésima calidad, así como el proceso editorial que permite que se publiquen libros que conservan fallos clamorosos edición tras edición.

Y sí, es cierto que en los programas tienen buen cuidado de indicarte que eres libre para preparar las asignaturas manejando otros textos, pero, dejando aparte que eso no es excusa para publicar algo malo, lo cierto es que tanto el programa como los exámenes suelen estar hechos a la medida de un libro concreto. Si este es bueno, estupendo. Pero si no, te están poniendo delante una pared y pidiéndote que la escales.

Eso es muy triste. La función de una institución educativa debería ser ayudar y orientar a los alumnos, no ponerles las cosas difíciles. No hacerles perder miserablemente el tiempo. No tratarlos como a un público cautivo.

Y lo siento, sobre todo, por quienes no están ahí por placer sino por necesidad. Creo que se merecen algo mejor. Creo que se merecen un mínimo de respeto.

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