James Joyce en la UNED

Historia de una decepción

James Joyce, Painting by Jacques-Émile Blanche, Public domain, via Wikimedia Commons

Cuando tenía dieciséis años me leí las obras completas de Kafka (que me gustaron mucho), y ya, con la carrerilla que llevaba, me leí a continuación el Ulises de James Joyce (que me gustó bastante menos).

Hay ladrillos que solo puedes digerir cuando eres muy joven, en esa edad en que combinas la avidez por aprender con la inocencia, y en la que, si te aburres miserablemente viendo la última película polaca aclamada por la crítica, piensas que es culpa tuya porque todavía no te has arado lo suficiente. Afortunadamente, esa docilidad ante la pedantería es un mal propio de la adolescencia, del que la mayoría de nosotros nos acabamos curando. Y no es que de adulto dejes de consumir mierdas, pero consumes mierdas sin pretensiones intelectuales, y lo haces cuando necesitas desconectar el cerebro, no en los momentos en que este está funcionando a pleno rendimiento.

Y sí, ya sé que muchos consideran el Ulises una obra cumbre de la literatura universal. A mí me pareció y me sigue pareciendo un tostón. No soy muy amigo del virtuosismo y la experimentación cuando estas se miran el ombligo, y leer un montón de páginas sin puntos y comas no me enamora.

Ahora bien, que me haya vuelto algo más intolerante no significa que me haya dejado de gustar aprender. Por eso, el año pasado decidí volver a entrar en una universidad, esta vez en la UNED, y la experiencia fue buena. En concreto, disfruté mucho la asignatura «Teoría del Estado constitucional y constitucionalismo histórico español», cuyos dos manuales, ambos del profesor Torres del Moral, me parecieron muy interesantes.

Este año, en cambio, no he tenido tanta suerte. En el primer cuatrimestre cursé una asignatura que ya no me entusiasmó, pero la debacle ha venido ahora, con la que decidí preparar para la segunda parte del curso.

Cuando me llegó a casa el manual, hace ya tiempo, lo abrí con interés. Pero en cuanto empecé a leer fue como reencontrarme con James Joyce; un Joyce con comas, es cierto, pero sin puntos. En el cuarto párrafo del libro tuve que recorrer más de veinte líneas hasta llegar al primer punto y seguido, salvando por el camino más de quince verbos, treinta preposiciones, cincuenta determinantes y cuarenta adjetivos. No es ya que yo me perdiera leyéndolo, es que la sensación era que el propio autor también se había extraviado, y que, cuando por fin se detuvo, no fue porque hubiese llegado adonde quería ir, sino simplemente porque se había quedado sin aliento y necesitaba coger aire antes de lanzarse de nuevo.

Y, como yo también había quedado agotado, decidí aparcar el libro una temporada, con la esperanza de encontrarlo un poco más legible cuando regresase a él. Pero no. Como era previsible, cuando lo retomé hace unas semanas descubrí que ese tiempo de maduración no había conseguido ablandar la parrafada; y que tampoco ayudaba nada saltársela, porque el resto no era mucho mejor.

Así, aunque en otros casos los párrafos eran cortos y estaban bien puntuados, me resultaban absolutamente incomprensibles. Los leía una, dos, tres veces, buscando ese momento de iluminación que al final solía aparecer cuando peleabas con una traducción particularmente difícil de latín. Pero, si en el bachillerato, tras un duro combate, por fin conseguías captar la idea que Cicerón había dejado en el texto, aquí la sensación era que el autor se había dejado la idea olvidada fuera del texto.

Luego había apartados enteros que tenían ese aire anárquico de las reuniones de vecinos, en las que los participantes saltan adelante y atrás por los puntos del orden del día, quejándose de los buzones cuando estás con el tejado y del tejado cuando estás con los buzones.

Llegó un momento en que, como el libro me oscurecía más que me aclaraba un punto concreto, busqué información en Internet, solo para descubrir que algunos de esos párrafos ilegibles, en teoría escritos por una de las autoras del manual, eran copias de un artículo de otro de los autores del manual, pero copias tan literales que conservaban incluso las mismas erratas sin corregir.

Ahí fue cuando decidí tirar la toalla. A estas alturas yo estudio por placer, no para graduarme, y tengo demasiados libros pendientes como para empecinarme en vadear pegamento, por usar la frase con que Lord Tennyson describía la experiencia de leer a Ben Jonson.

Confieso que he estado tentado de citar aquí algunos de esos párrafos del dichoso manual para que el lector pudiese juzgar por sí mismo, pero al final decidí no hacerlo, porque no me parecía justo poner en la picota a ningún profesor en concreto. En este libro están muy mal escritos apartados de distintos autores, y lo mismo pasa en otros manuales de la UNED a los que he tenido acceso. Así pues, creo que no estamos ante un problema personal sino institucional. Lo cuestionable aquí son los criterios que llevan a una universidad a decidir que es admisible producir textos de pésima calidad, así como el proceso editorial que permite que se publiquen libros que conservan fallos clamorosos edición tras edición.

Y sí, es cierto que en los programas tienen buen cuidado de indicarte que eres libre para preparar las asignaturas manejando otros textos, pero, dejando aparte que eso no es excusa para publicar algo malo, lo cierto es que tanto el programa como los exámenes suelen estar hechos a la medida de un libro concreto. Si este es bueno, estupendo. Pero si no, te están poniendo delante una pared y pidiéndote que la escales.

Eso es muy triste. La función de una institución educativa debería ser ayudar y orientar a los alumnos, no ponerles las cosas difíciles. No hacerles perder miserablemente el tiempo. No tratarlos como a un público cautivo.

Y lo siento, sobre todo, por quienes no están ahí por placer sino por necesidad. Creo que se merecen algo mejor. Creo que se merecen un mínimo de respeto.

Democracia no es partidocracia

En defensa de la independencia del Poder Judicial

Photo by Joel & Jasmin Førestbird on Unsplash

El debate entre quienes justifican que los partidos nombren a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial y quienes estamos en contra continúa.

El argumento de los primeros es conocido y lo podemos enunciar así:

«Puesto que la justicia emana del pueblo, es lógico y legítimo que sean sus representantes quienes elijan a la totalidad del órgano de gobierno del Poder Judicial»

Hace poco ya escribí otro artículo contra ese argumento, centrándome en la primera parte del mismo y en el concepto de pueblo. Señalé que no hay que confundir a la mayoría del pueblo con la totalidad del pueblo, y que era necesario asegurar la independencia del Poder Judicial para proteger los derechos de las minorías y del individuo frente a las voluntades mayoritarias.

Hoy, en cambio, me voy a centrar en la segunda parte del argumento y en el concepto de representantes, porque creo que se está dando por sentado que, para que alguien actúe legítimamente en representación de otros, basta con que haya sido elegido por ellos. Y creo que esa es una idea bastante ingenua. Cuando hablamos de representación democrática, ser elegido es condición necesaria pero no es condición suficiente. Hacen falta además mecanismos de supervisión y control que aseguren que esos representantes se mantienen fieles a su mandato. Porque sería absurdo sostener que sigue habiendo legitimidad cuando no hay fidelidad.

En definitiva, de lo que estoy hablando es del problema agente-principal, que se presenta siempre que alguien delega en otra persona la representación o gestión de sus intereses. Es muy difícil que los intereses del primero estén perfectamente alineados con los del segundo, por lo que, si no hay mecanismos para evitarlo, el representante o gestor puede acabar primando los suyos propios por delante de los de sus mandantes.

El ejemplo clásico es el de los accionistas y los directores de las empresas. Que los equipos directivos hayan sido nombrados por el accionariado no basta para asegurar que vayan a actuar de forma leal. Por eso, por mucho que esa elección se suela producir o renovar en plazos mucho más cortos que el de una legislatura, que los gestores de una empresa salgan de una votación no significa que se les otorgue una carta blanca para hacer lo que quieran. Si sobrepasan ciertas líneas, su gestión podrá ser denunciada, se les podrán exigir indemnizaciones e incluso perseguirlos penalmente.

Y, en nuestro país, donde hemos tenido tantos escándalos de corrupción política, debería ser evidente que el hecho de que nuestros representantes hayan salido de las urnas no ha bastado nunca para asegurar que actúen de forma fiel.

Por eso, creo que es una idea pésima permitirle a los partidos que puedan mantener el control absoluto del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, influir directamente en los nombramientos de aquellos tribunales más implicados en el control de los aforados. Porque, obviamente, un requisito imprescindible para que los mecanismos de control funcionen es que el controlado por ellos no pueda controlarlos a su vez. No creo que nadie considerase buena idea que los directivos de las empresas pudiesen determinar los miembros de los tribunales que los juzgarían en caso de incurrir en un delito de administración desleal.

Así pues, podemos debatir mucho sobre cuál puede ser la mejor manera de elegir a los vocales del CGPJ y de regular los ascensos en el Poder Judicial, pero creo que una de las peores soluciones posibles ha sido la de cederle un control tan extenso a los partidos. Eso, lejos de responder al principio de que la justicia emana del pueblo, lo pone en peligro, porque una justicia independiente es necesaria tanto para proteger los derechos de todo el pueblo como para asegurar que los representantes se mantienen fieles al pueblo.

En definitiva, una justicia independiente es requisito tanto para evitar que una democracia derive hacia una dictadura de la mayoría como que lo haga hacia una partidocracia. Porque hay una diferencia, y fundamental, entre que los partidos sean un instrumento para que el Estado sirva al ciudadano, y que los partidos instrumentalicen el Estado para ponerlo a su propio servicio.

Una crítica a Salvador Illa desde el punto de vista de la filosofía

El ministro de Sanidad y el principio de cooperación de Paul Grice

Salvador Illa (© Ministro de la Presidencia, Gobierno de España)

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En este artículo voy a criticar la labor de Salvador Illa como ministro. Sin embargo, no voy a tratar el aspecto que, sin duda, sería el más importante: la gestión sanitaria. Creo que eso es algo que merece un análisis profundo, para el que ni tengo información suficiente ni soy la persona adecuada. Por eso, aquí me voy a limitar a otro aspecto: el comunicativo.

Cuando un país se enfrenta a una gran crisis, creo que las autoridades, aparte de gestionar bien, deben de intentar comunicar bien. Una nación que se enfrenta a una situación dramática necesita orientación: que se le explique qué está pasando y cómo tiene que intentar lidiar con ello. En definitiva, necesita liderazgo.

Y, puesto que el ministro Illa, es licenciado en Filosofía, creo que es apropiado valorar su ejercicio comunicativo desde la perspectiva de uno de los filósofos más importantes en el campo del lenguaje, Paul Grice, quien propuso el llamado principio de cooperación. Este principio describe cuatro categorías bajo las que se engloban una serie de máximas que los participantes en un proceso comunicativo deberían seguir cuando comparten un objetivo común.

Examinemos, pues, esas categorías, y veamos si Salvador Illa se ha atenido a las reglas; es decir, si estaba cooperando a la hora de comunicarse con nosotros.

1. Cantidad

En ella Grice incluye dos máximas:

1- Haz tu contribución tan informativa como sea necesario (para los propósitos del acto comunicativo).

2- No la hagas más informativa de lo necesario.

Bueno, pues mi opinión es que Illa incumplió ambas reglas.

Con respecto a la primera, recuerdo haber seguido con impaciencia algunas de sus ruedas de prensa en marzo y abril, viendo como estas, a pesar de ser bastante largas, avanzaban hacia su final sin que se abordasen algunas cuestiones fundamentales.

Se puede argumentar que en aquellos momentos era lógico que el Gobierno careciese de mucha información, pero es un argumento que no me convence. Como ya escribí en otra ocasión, la forma correcta de actuar, cuando te faltan datos, no es el silencio, sino decir qué datos te faltan, por qué te faltan y qué pasos estás dando para intentar obtenerlos. A la hora de resolver problemas, no es solo importante ofrecer soluciones sino también identificar adecuadamente las incógnitas.

Pero esa no fue la actitud ni de Illa ni del Gobierno del que forma parte. De hecho, que se tardase semanas en aceptar preguntas en directo y que, aún después de aceptarlas, no se permitiese repreguntar demuestra que se había decidido que había temas que se prefería esquivar, guiando nuestra atención por un sendero bien delimitado.

Y, con respecto a la segunda regla, la de no dar más información de la necesaria, podemos recordar todas aquellas ruedas de prensa en que se nos bombardeaba con detalles de la operación Balmis. Se nos vendía información al peso, como si fueran patatas, en lo que parecía una estrategia diseñada para inundar el espacio comunicativo y arrinconar las críticas.

2. Calidad

Esta categoría contiene una supermáxima: «Intenta hacer que tu contribución sea veraz», que se desglosa en dos reglas:

1 – No digas aquello que crees falso.

2- No digas aquello para lo que careces de evidencia.

¿Fue Illa siempre fiel a la verdad? Pues no. Estos enlaces (1, 2, 3, 4, 5, 6) permiten ver un buen número de veces en que no lo fue. Y tampoco es que haya destacado por la cantidad de veces en las que ha rectificado y se ha disculpado por haber suministrado información no veraz.

3. Relación

Esta categoría contiene una solar máxima: sé relevante.

Con lo que dije antes de la operación Balmis, ya debería quedar claro que la estrategia comunicativa del Gobierno incluía inundarnos con información poco relevante para tapar los huecos.

Sin embargo, aparte de esa estrategia colegiada, hay que señalar que el propio Salvador Illa parece particularmente propenso a ser poco relevante en sus comunicaciones. Y no se trata tanto de que hable de temas que no vienen al caso como de su capacidad para la retórica vacía. Un buen ejemplo lo tenemos en sus respuestas a los periodistas en esta rueda de prensa (vídeo n.º dos en este enlace), en las que se dedicó a hilar y repetir un buen número de obviedades y fórmulas hechas:

«el Gobierno va a actuar, debe de actuar, con máxima prudencia»; «el Gobierno tiene (…) la responsabilidad de actuar con máxima prudencia»; «escuchando a todo el mundo»; «el conjunto de la sociedad»; «un esfuerzo de reconstrucción conjunto»; «trabajar todos juntos para reconstruir»; «a unirse a este esfuerzo de reconstrucción tan necesario para el conjunto de la sociedad española»; «el Gobierno ha actuado hasta ahora y va a seguir actuando con máxima prudencia»; «este es un Gobierno que escucha»; «el Gobierno está actuando en esto con la sociedad»; «escuchándonos vamos a seguir avanzando»; «el Gobierno (…) va a actuar con máxima prudencia y cautela»; «escucharemos todos los planteamientos que pueda haber, pero vamos a actuar con muchísima prudencia»; «lo estamos haciendo con mucha prudencia»

Quien se sienta con humor para ello puede ver la rueda por sí mismo e intentar anotar la información concreta que queda después de apartar toda la paja. Ya avanzo que no es mucha.

4. Estilo

En este caso la supermáxima es «sé perspicuo» (lo que, paradójicamente, significa «sé claro»). Esto se desgrana en cuatro máximas más específicas:

1- Evita la oscuridad en la expresión.

2- Evita la ambigüedad.

3- Sé breve.

4- Sé ordenado.

De nuevo, invito al lector a ver las ruedas de prensa de Illa para comprobar hasta qué punto sigue estas reglas.

A mí el ministro no me parece particularmente oscuro ni tampoco desordenado, pero sí exasperantemente ambiguo y repetitivo. Preciso, claro y conciso no son adjetivos que yo usaría para describir sus intervenciones. La proporción contenido/palabras es francamente mala.

¿Hasta qué punto es esto grave?

Habrá a quien el hecho de que Illa se mostrase más político que cooperativo a la hora de comunicarse no le parezca particularmente grave. Al fin y al cabo, esa suele ser la tónica en nuestra clase dirigente. A la hora de hablar, son vendedores, no informadores.

Mi visión es más crítica. En los meses de marzo y abril tuve que tomar decisiones de calado, unas decisiones que me afectaban no solo a mí sino a otras personas, algunas de las cuales se enfrentaban a situaciones dramáticas. Por eso, leí y vi todo lo que pude, con el fin de intentar tomar esas decisiones manejando la mejor información disponible, por incompleta que esta fuera. Incluso en situaciones de incertidumbre, o precisamente todavía más en las situaciones incertidumbre, la calidad de la información que manejas puede marcar una diferencia importante. Y, por eso, ver que las comunicaciones gubernamentales ocupaban mi tiempo con retórica vacía no me sentó bien. En aquellos momentos, el Gobierno era el órgano que podía disponer de los mejores datos, y no me pareció leal que los manejase con criterios de política de partido más que de política de Estado. Por no hablar de que encima a veces mintieran.

Y habría que mencionar también la labor del Ministerio de Sanidad a la hora de informar y concienciar a los ciudadanos sobre las medidas de protección. Creo que ahí tampoco se ha hecho un buen trabajo, lo que, en una situación de crisis sanitaria, implica una mayor morbilidad y mortalidad.

¿Es Illa el único que incumple las máximas de Paul Grice?

No. De hecho creo que es fácil señalar casos peores, tanto en el Gobierno y los partidos que lo apoyan como en la oposición.

Pero el que haya muchos políticos malos no convierte al que es malo en bueno. Lo único que hace es mostrar que nuestro sistema no promociona adecuadamente a los mejores y que los políticos de valía (que también los hay) no lo tienen fácil para alcanzar las primeras filas. La política es un juego en el que muchos de los mejores naipes acaban en el montón de los descartes.

Por otra parte, una crisis tan tremenda como esta es uno de esos momentos decisivos que retan a quienes ocupan cargos públicos y les exigen que muestren su capacidad y su sentido de Estado. Y, en mi opinión, Salvador Illa no estuvo a la altura. Donde hacía falta liderazgo, ofreció retórica gastada. Y sí, es cierto que envuelta en unas formas correctas, pero espero que no hayamos llegado ya al punto de considerar que la buena educación es mérito suficiente para ser ministro o presidente de una autonomía.

Y, por eso, que ahora Salvador Illa se considere a sí mismo la persona adecuada para encabezar la lista de su partido en las elecciones catalanas no hace que mi opinión de él mejore.

Cuando la polarización se desborda

Una reivindicación de la verdad como ancla de la democracia

Edificio del Capitolio, cortesía de snappygoat.com y pixabay.com

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Hace poco el politólogo Pedro Abellán publicaba un tuit en el que decía que polarización y crispación no son lo mismo, y que, precisamente, la grandeza de la democracia liberal está en que permite convivir a quienes piensan muy distinto.

Estoy de acuerdo con esas afirmaciones. De hecho, aunque normalmente la crispación siempre sobra, no puede haber una verdadera democracia sin un cierto grado de polarización. Una sociedad en la que todos piensan o fingen pensar lo mismo no es una sociedad democrática. La diversidad de ideas es una riqueza en el terreno político, de la misma forma que lo es en el científico o en el artístico.

Ahora bien, me gustaría añadir dos matices, uno cuantitativo y otro cualitativo. En primer lugar, con la polarización ocurre como con todo: a partir de cierto momento podemos tener de más. La capacidad de la democracia para gestionar desacuerdos es grande, pero no infinita. Y, en segundo lugar y más importante, eso se nota especialmente cuando la polarización desborda el terreno de los valores y abre una brecha significativa en nuestra percepción de lo que es la realidad.

Mientras la diferencia sea fundamentalmente de valores, en la mayoría de los casos se puede alcanzar algún tipo de compromiso. Si tú crees que hay que primar la seguridad por encima de la libertad y yo creo lo contrario, podemos pactar un punto intermedio. Pero ¿qué consenso es posible entre un terraplanista y alguien que piensa que la Tierra es básicamente una esfera?, ¿van a pactar que es un cubo?

Y el problema ahora mismo es que la polarización se ha extendido por el eje de las certezas, haciendo que mucha gente viva en realidades alternativas.

El asalto al Capitolio de los Estados Unidos es un buen ejemplo. Evidentemente, en él participaron todo tipo de elementos, incluyendo algunos de clara filiación totalitaria. Pero también los habría que estaban sinceramente convencidos de estar defendiendo la democracia de un fraude electoral. Lo que los colocaba, pues, a un lado de la barrera y no al otro no era tanto una cuestión de valores como de percepciones. La verdad dentro de su burbuja era distinta que fuera de ella.

Sin embargo, es justo señalar que el subjetivismo no es algo exclusivo de ningún punto del espectro político. La relación con la verdad objetiva se ha diluido en bastantes grupos distintos. Así, mientras buena parte de la derecha norteamericana ha abrazado con alegría las teorías conspirativas del trumpismo o sigue defendiendo ideas tan anacrónicas como el creacionismo, buena parte de la izquierda ha derivado hacia el relativismo epistemológico y se dedica a reivindicar la validez de las creencias y experiencias personales en pie de igualdad con la ciencia. Donde unos esgrimen la Biblia, otros exhiben los nombres de filósofos como Feyerabend, Derrida, Butler, etc. Y no es que en este lado del Atlántico estemos mejor. Basta con darse una vuelta por el mercado periodístico para comprobar que hay oferta de prejuicios para cubrir todos los gustos.

La política apela continuamente a nuestras emociones al tiempo que se nos ofrece todo un menú de coartadas teóricas para negar aquellas realidades que no encajan con nuestro discurso favorito. Y así, aunque sea por caminos distintos, muchos han llegado al mismo punto: el de reivindicar el derecho a escoger en qué verdad prefieren vivir.

Y la democracia liberal puede sobrevivir a muchas cosas, pero no a la renuncia de que existe una verdad. Porque, si no la hay, ¿qué sentido tiene debatir, contrastar ideas, pretender que es posible consensuar nada mínimamente razonable? Los únicos regímenes políticos coherentes en un mundo sin verdades objetivas son aquellos que se basan en la fuerza como instrumento para imponer una de las muchas visiones alternativas de la realidad; es eso o la anarquía. Si es tan válido afirmar que la Tierra es plana como que es esférica, lo que se enseñe en las escuelas va a depender únicamente de quién tenga el poder para imponer su programa. No se trata de debatir, sino de gritar más fuerte.

Por lo tanto, si queremos defender la democracia y el marco de libertad que esta nos proporciona, una de las mejores formas que tenemos de hacerlo es reivindicando la idea de que existe la verdad, una verdad que no depende de nuestros gustos e intereses, una verdad que a menudo duele, pero que no deja de serlo porque duela.

Y eso no significa que en nuestra esfera privada no podamos conservar la libertad de decidir creer lo que nos dé la gana. Lo que significa es que no podemos intentar imponerle nuestras creencias a los demás por otra fuerza que no sea la del argumento racional.

A estas alturas deberíamos haber sido capaces de dejar las guerras de religión definitivamente atrás. Y, sin embargo, da la impresión de que nos estamos deslizando de vuelta a ellas, aunque esta vez sean religiones políticas más que teístas. Quizá porque una cosa es haber dejado de creer en Dios y otra muy distinta haber dejado de encontrar reconfortante el cobijarse en la fe.

Confesiones de un inútil

Cuando uno se derrota a sí mismo

Yellow Slippery Road Signage, Skitterphoto, (CC0)

Hay una parte de lo que somos que nos viene dada. Podemos intentar luchar contra ella y pulirla un poco, pero está ahí.

Yo soy una persona muy despistada, o abstraída, o ambas cosas a la vez. Eso me suele crear problemas en la vida cotidiana, en la laboral, y también, lamentablemente, en la personal. Para empezar, no se me da nada bien percibir lo que los demás esperan de mí, lo que a menudo me hace decepcionarlos y parecer más frío de lo que soy, y tampoco ayuda el que se me olviden los nombres (incluyendo el de una expareja que quería darme su nuevo número de teléfono), o que no salude a los conocidos que me cruzo por la calle. O bien no los veo, o bien no me da tiempo a recordar de qué me suenan antes de decidirme a levantar la mano; sobre todo porque soy más prudente y lento desde que una vez saludé efusivamente a una enemiga declarada.

Esa forma de ser, evidentemente, ha llenado mi vida de anécdotas curiosas, y aquí voy a recuperar tres de las más representativas, empezando por una relacionada con estas fechas.

Nochebuena, hace dos años

La cena era con la familia de mi mujer. Ella ya se había ido dos días antes a casa de su madre, pero me había dejado comprado el billete de tren y yo lo único que tenía que hacer era bajar a la estación. Teniendo en cuenta que la nuestra es una ciudad pequeña y que llevo tomando trenes en dicha estación desde que era niño, no parecía una misión complicada. De hecho, dediqué apenas unos segundos a decidir cómo iría hasta allí: a tal hora cogería el autobús en la parada delante de mi casa, el mismo que usaba habitualmente para ir a la piscina, y bajaría así al centro. Y, efectivamente, a la hora planeada, monté en el autobús, tomé asiento y me sumergí en mis pensamientos. Esa mañana había leído tres artículos muy interesantes, a los cuales les estaba dando vueltas.

Sin embargo, unos cinco minutos más tarde empecé a tener la sensación de que algo no encajaba y miré alrededor desconcertado. ¿Qué hacía el autobús en aquella calle? No era donde debía estar. Pero, ¿por qué? Entonces caí en la cuenta que el autobús que yo había tomado no era «el que me lleva siempre adonde quiero ir», sino, literalmente, «el que me lleva siempre a la piscina», y que la piscina y la estación de tren están y siempre han estado en dos direcciones opuestas.

Presa del pánico, salté del asiento y me bajé en cuanto pude.

Alguien más espabilado que yo habría recordado o visto que a treinta metros había una parada de taxis. Yo ni lo recordé ni lo vi; quizá es que no había ninguno. A lo más que llegué fue a cruzar la calle y examinar impotente el mapa de rutas de la parada de autobuses de enfrente. Pero me resultó incomprensible. Había muchos números y colores, y demasiado miedo a perder el tren. Así que, tras echar un vistazo al reloj, me puse a caminar todo lo rápido que pude rumbo a la estación.

Me llevó un buen rato y por el camino me adelantaron no menos de tres autobuses procedentes de donde yo venía, incluyendo el «autobús que me lleva siempre a la piscina», que, lógicamente, también se convierte a ratos en el «autobús que vuelve siempre de la piscina». Pero, a pesar de que esa nueva prueba de mi torpeza hizo mella en mi moral, conseguí llegar a la estación a tiempo

Allí, cansado y empapado de sudor, monté en el tren, busqué mi plaza y, una vez aposentado en ella, volví a sumergirme en mis pensamientos, aunque ahora estos ya no giraban en torno a ningún artículo sino a la eterna pregunta: ¿por qué?

El regreso a la universidad

Cuando llevaba unos años trabajando, decidí que sería buena idea cursar otra carrera, pero lo que no recordaba es lo difícil que puede llegar a ser matricularse. En este caso todavía más, porque me hacía falta llevar el título de licenciado, que nunca había ido a recoger.

Ha pasado tiempo y no recuerdo con exactitud toda la secuencia de acontecimientos, pero lo que sé es lo siguiente: que la administrativa que me atendió, y que, según un conocido común, es una persona muy amable, se exasperó conmigo y puso cara de estar a punto de llamarme idiota, que tuve un duro combate con la máquina de fotos, que me dejé olvidado el recién recogido título de licenciado en las escaleras donde me había sentado a rellenar los impresos, que volví corriendo a por él, y que, cuando por fin fui al cajero del campus donde tenía que hacer el pago, no recordaba el PIN de mi tarjeta. A todo esto, eran más de las doce de la mañana del último día de plazo.

Recuerdo estar allí parado, mirando la pantalla y pensando: «Lo dejo. Esto no es para mí. Lo dejo».

Sin embargo, le había contado a tanta gente mis planes que no podía afrontar la vergüenza de confesar lo sucedido. Por eso, aunque no recuerdo cómo lo resolví ni cuántas carreras más tuve que echar para ello, al final conseguí matricularme.

Pero la historia no acaba ahí.

Conciliar trabajo y estudios no era tan fácil como parecía. Y, además, como yo estudiaba por placer, todo me parecía profundizar poco. El resultado fue que al final del curso solo me decidí a examinarme de una asignatura, la que menos me interesaba de todas.

El examen me salió razonablemente bien. Aunque en una pregunta flojeé bastante, quedé satisfecho con las otras cuatro. Así que me sentía bastante optimista al ir a consultar el tablón de anuncios.

Sin embargo, cuando encontré mi nombre en la lista, junto a él solo había dos letras: M.H. ¿M.H.? ¿Qué demonios era M.H.? Miré hacia arriba y hacia abajo. Aparte de los inevitables «No presentado», el resto de los alumnos tenían notas reconocibles: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente; las mismas que yo solía poner en mi labor de profesor de instituto¹. Solo yo tenía aquellas dos enigmáticas letras junto al nombre. Las estuve mirando un buen rato, con la esperanza de que mutasen por sí solas en algo comprensible.

Y entonces comprendí lo que había ocurrido: al final no me había matriculado bien y por eso el profesor no había podido introducir en el sistema el notable que me correspondía. Se me cayó el alma a los pies. Tanto correr de un lado a otro, tanto pelear con las máquinas, tanto sobreponerme y seguir luchando, para nada. La burocracia me había vencido.

Pero, junto a la decepción, empecé a sentir enfado. No me parecía justo que nadie me hubiese avisado de que no podían calificarme. Así que decidí bajar a la secretaría a protestar. Por suerte, a medio camino caí al fin en la cuenta de lo que significaban aquella M y aquella H, y me libré de que me quitaran, por evidente incompatibilidad mental, la primera matrícula de mi vida.

El centro comercial

Mis tíos vivían en otra provincia y, cuando iba a visitarlos, pasaba por un pueblo donde habían construido un gran área comercial; esto es, un aparcamiento enorme (sí, realmente gigantesco), junto al que había un edificio también grande con distintas tiendas y un supermercado.

Un día, cuando regresaba de comer con mis tíos, decidí parar allí a hacer la compra.

No debía de ser una hora muy concurrida, porque en el aparcamiento había literalmente cientos de plazas libres y no me costó nada aparcar. Encontrar una moneda para el carrito fue un poco más difícil y tuve que registrar todo el coche; pero por fin, equipado con mi nuevo vehículo, me dirigí al supermercado.

No hay una forma suave de decirlo: no conseguí encontrar la entrada. Y no, yo tampoco me lo explico.

No vi a nadie entrando, no vi a nadie saliendo. Las pocas personas que distinguí a lo lejos, en aquel enorme aparcamiento, cargaban sus bolsas en el coche y se montaban demasiado rápido para que yo pudiera preguntarles. No era cuestión de echar a correr hacia ellos gritando.

Empujé el carrito todo a lo largo de una de las fachadas del edificio. Después empujé el carrito a lo largo de otra fachada. Una vez más y otra vez más. Me dediqué a hacer maniobras por aquel espacio desolado, procurando aparentar que realmente sabía a dónde iba. Pasé así unos minutos, esperando a Godot, hasta que por fin, todavía fingiendo normalidad, devolví el carrito junto a sus compañeros y regresé al coche.

Me sentía frustrado, muy frustrado, pero, como siempre intento ser buen ciudadano y tengo cierta tendencia a lo literal, cuando arranqué seguí fielmente las flechas del suelo que me indicaban el camino de salida: recto, giro a la izquierda, otro trecho recto, otro giro a la izquierda, una rotonda, otro trecho…

Debí de recorrer cerca de un kilómetro por aquel aparcamiento desierto hasta llegar al fin a la salida, que estaba justo al lado de donde había aparcado el coche.

«Imbécil», dijo una voz en mi cabeza. «No hay remedio. Eres un completo imbécil».

Siempre recuerdo una novela de P.G. Wodehouse en la que el narrador describía a un personaje diciendo que era esa persona que siempre lo hace todo, desde jugar al tenis hasta preparar una ensalada, un poco mejor que los demás.

Yo no soy así.

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¹ Sé que es una débil defensa, pero en los institutos los profesores no poníamos matrículas en las asignaturas. Estas se concedían a los alumnos que tenían las notas medias más altas en el conjunto del curso.

Judicatura y clasismo

Hablemos de elitismo y endogamia en los poderes del Estado

John Walter Huddleston, Vanity Fair, 28 February 1874

Desde hace un tiempo se oyen continuas acusaciones de que el Poder Judicial es un reducto elitista y un tanto endogámico, de difícil acceso para aquellos con menos medios económicos.

Pero, ¿hasta qué punto son justas estas acusaciones? ¿Nacen de una observación objetiva de la realidad o forman parte de un relato ideológico?

Podemos empezar por decir que probablemente haya algo de razón en esas afirmaciones por un sencillo motivo, y es que la falta de movilidad social es un problema general en nuestro país. Una de las principales razones para ello es que los alumnos de las clases más bajas tienen un nivel de fracaso escolar desproporcionadamente alto, lo que limita sus posibilidades desde mucho antes de que puedan siquiera plantearse el presentarse a unas oposiciones.

Ahora bien, si se trata de un mal general, eso no justificaría poner el foco específicamente en la carrera judicial. ¿Es el acceso a esta más clasista que a otras profesiones de alta cualificación? ¿Hay más endogamia en la carrera judicial que en otras?

Para intentar responder a esas preguntas contamos con algunos datos. Según este documento del CGPJ, de la promoción que inició el Curso en la Escuela Judicial en 2019, el 4,89 % de los alumnos tenía un familiar (hasta segundo grado de consanguineidad) juez o magistrado, un 20,65 un familiar ejerciendo otra profesión jurídica, y el 74,46% no tenía ningún familiar que trabajase en el ramo. En cuanto al nivel de estudios de los padres, en el 66,85% de los casos al menos uno de los progenitores tenía estudios superiores frente a un 33,15% en el que no.

¿Es eso mucho o poco? ¿Cuál es el nivel educativo de los progenitores de quienes aprueban el MIR, por ejemplo? ¿Hasta qué punto es habitual que se repitan en la misma familia el mismo oficio o los mismos estudios?

Desgraciadamente, no he podido responder a esas preguntas de forma fiable, porque no he encontrado suficientes datos.

Ahora bien, cuando he debatido estas cuestiones con otra gente, ha habido quien me ha señalado que, en cualquier caso, es más problemático que haya jueces familiares de jueces que médicos familiares de médicos, porque el judicial es uno de los poderes del Estado. Esa es una crítica razonable y que nos ofrece un nuevo marco comparativo: ¿es más elitista, cerrado y endogámico el Poder Judicial que el Legislativo o el Ejecutivo?

De nuevo, el ideal sería tener encuestas detalladas para poder hacer comparaciones. Pero, a falta de ellas, voy a señalar una serie de datos que me parecen llamativos. Aun a riesgo de incurrir en el sesgo de selección, creo que nos van a permitir hacernos una idea de a) hasta qué punto la clase política es o no un reflejo sociológicamente fiel del pueblo al que representa, b) hasta qué punto el poder y el estatus tienden a transmitirse de una generación a otra en las mismas familias, y c) hasta qué punto los políticos se mueven en círculos abiertos y poco endogámicos o, por el contrario, en círculos más bien cerrados, donde las relaciones personales tienen un peso significativo.

Hagamos, pues, un pequeño recorrido.

Presidentes del Gobierno desde la llegada de la democracia

Adolfo Suárez. Su hijo, Adolfo Suárez Yllana, es actualmente diputado en el Congreso.

Leopoldo Calvo-Sotelo. Hijo de un letrado del Consejo de Estado, era sobrino del que fue ministro de Hacienda con Primo de Rivera y uno de los políticos más relevantes durante la Segunda República (José Calvo Sotelo); yerno de un ministro franquista (José Ibáñez Martín); cuñado de un ministro de González (Fernando Morán López); tío de una ministra de Zapatero (Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo); padre de un secretario de Estado y presidente de Correos (Víctor María Calvo-Sotelo); padre de un subsecretario de Estado (Leopoldo Calvo-Sotelo); y tío del presidente del grupo Ferrovial (Rafael del Pino Calvo-Sotelo).

Felipe González. Su exmujer, Carmen Romero, fue diputada al Congreso y al Parlamento Europeo.

José María Aznar. Su mujer, Ana Botella, fue concejal y alcaldesa de Madrid.

José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo que sé, no tiene ningún familiar directo dedicado a la política a un nivel relevante.

Mariano Rajoy. El suyo es uno de esos casos en los que la tradición de estudiar derecho está claramente asentada en la familia. Su abuelo, Enrique Rajoy Leloup, fue catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los redactores del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. Su padre, también jurista, fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Uno de sus hermanos era notario, y los otros dos, registradores de la propiedad, como el propio expresidente.

Pedro Sánchez. Por lo que sé, no tiene ni ha tenido familiares dedicados directamente a la actividad política. Sí que es cierto, sin embargo, que su padre fue director general del INAEM y ocupó altos cargos en el Ministerio de Agricultura. Por otra parte, creo que es lícito señalar las suspicacias que ha provocado el hecho de que a Begoña Gómez, su esposa, se le haya dado la codirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense sin que estén claros los méritos que atesora para ello.

El Gobierno actual

Puesto que hay veintidós ministros, me voy a limitar a los cuatro vicepresidentes.

Carmen Calvo. Su hermano, José Calvo Poyato, fue alcalde de Cabra, diputado en el Parlamento Andaluz y diputado provincial en la Diputación de Córdoba. Su exmarido, Manuel Pérez Yruel, destacado sociólogo, fue portavoz del Gobierno Andaluz.

Pablo Iglesias. Su tío abuelo, Manuel Turrión de Eusebio, fue diputado en el Congreso. Su pareja actual, Irene Montero, es ministra. Y una de sus parejas anteriores, Tania Sánchez, fue también diputada en el Congreso y es actualmente diputada a la Asamblea de Madrid.

Nadia Calviño. Su padre, José María Calviño, fue director de RTVE con el primer Gobierno de Felipe González.

Teresa Ribera. Su padre, José Manuel Ribera Casado, es catedrático emérito de geriatría y miembro de la Real Academia de Medicina. Su marido, Mariano Bacigalupo, es consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia

Conclusión

Con lo que he señalado, creo que es razonable decir que sería fácil acusar a los otros Poderes del Estado de practicar y tolerar el elitismo y la endogamia. No es, además, un problema exclusivo ni de la derecha, ni de la izquierda; ni de la vieja, ni de la nueva política. Ahí están los casos de las dinastías Fabra y Baltar; los hermanos Garzón; Ramón Espinar y su padre; Jordi Pujol y Oriol Pujol; Teresa Rodríguez y José María González, Kichi; Esperanza Aguirre; etc., etc.

Y sí, vuelvo a insistir en que se podría decir que los datos que aporto sufren del sesgo de selección y que el ideal sería que pudiésemos manejar estadísticas más completas. Ahora bien, si no hay estadísticas que permitan certificar con absoluta seguridad que el Poder Judicial es, de hecho, menos elitista y endogámico que los otros, tampoco las hay para sostener lo contrario.

Por eso, creo que es lícito preguntarse el porqué de la insistencia en lanzar esa acusación, especialmente cuando viene de quienes han tenido ejemplos muy cercanos de endogamia, ejemplos que no parecen haber querido ni ver ni acotar.

Quizá lo que ocurra entonces es que, más que una genuina preocupación social, lo que hay es interés en mantener un relato que se ve como políticamente rentable. Por un lado, permitiría competir por los votos de los ya convencidos de que la judicatura es un reducto clasista. Por otro, seguir socavando el prestigio del Poder Judicial y justificar un mayor control sobre el mismo.

Todo lo cual no quiere decir, por supuesto, que no sea bueno buscar maneras de facilitar el acceso a la carrera judicial de los que vienen de las familias más desfavorecidas. Pero no solo a la carrera judicial. Hay otros ámbitos en los que vendría bien abrir las puertas e inyectar talento.

Mi (mala) experiencia con la pedagogía

Sobre el abismo entre la teoría y la realidad

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He de decir que tengo la misma opinión de los pedagogos que de cualquier otro colectivo profesional: estoy convencido de que tendrán su cuota proporcional de imbéciles y su cuota de gente muy válida. Por lo tanto, mi crítica no va dirigida a ellos, así como tampoco a la pedagogía en sí, sino más bien al papel que se le ha dado a esta en determinadas situaciones.

Durante la primera parte de mi vida laboral fui profesor de instituto, y uno de los requisitos para desempeñar ese trabajo fue hacer el Curso de Adaptación Pedagógica, un curso impartido por pedagogos, psicólogos y profesores en activo, con una duración de unos pocos meses.

Bueno, pues lo diré con claridad: algunos de los profesores que en teoría me estaban enseñando a ser buen profesor se cuentan entre los peores profesores que he tenido en mi vida. De hecho, creo que en ese curso no aprendí absolutamente nada.

Se podría pensar que fue simplemente una anomalía desafortunada, pero es que la experiencia se repitió durante los años siguientes. De vez en cuando tuve que hacer algún otro cursillo o soportar (sí, soportar es la palabra) una charla de algún psicólogo o pedagogo enviado desde arriba para explicarnos a los profesores cómo dar clase, y que de nuevo demostraron ser dolorosas exhibiciones de cómo no dar clase. La única vez que aprendí algo tangible fue a bailar unas cuantas danzas de distintos países, danzas que, por desgracia, he olvidado por falta de oportunidades para su práctica, porque he de confesar que nunca me animé a ejecutarlas en el aula al tiempo que le explicaba a mis alumnos los pronombres relativos.

¿Qué falló?

A primera vista, que los licenciados en disciplinas que nada tenían que ver con la enseñanza recibiésemos algún tipo de formación antes de ponernos a dar clase parece lógico. Y también parece lógico que esa formación la impartiesen especialistas en pedagogía. Así pues, ¿qué es lo que falló?

Creo que el problema está en lo que entendemos por ser especialista en un tema y las capacidades que le atribuimos a alguien por serlo.

Antes de hacer prescripciones, es decir, de poder decir cómo actuar sobre la realidad, cualquier disciplina científica tiene que realizar una larga travesía del desierto: un periodo puramente investigativo y descriptivo, que le permita empezar a comprender cómo funciona esa realidad sobre la que quiere actuar.

Sin embargo, la tentación de hacer prescripciones antes de tener la capacidad para ello siempre está ahí, como muestra la historia de la disciplina prescriptiva por excelencia, la medicina, que, junto a tratamientos muy eficaces, acumula también su largo historial de otros inútiles o incluso perjudiciales. Si me llamas para que prescriba, prescribiré, porque uno no se gana bien la vida diciendo todo el rato «No lo sé».

Y la pedagogía, en comparación con la medicina y otras disciplinas, va con retraso a la hora de tener capacidad para prescribir por tres motivos:

En primer lugar, su materia de estudio, el funcionamiento de la mente humana, es de las más complejas que existen. Es mucho más sencillo predecir el resultado de combinar ácido acético con bicarbonato de sodio que el de combinar un cerebro adolescente con la filosofía de Nietzsche.

En segundo lugar, aunque la pedagogía, en cuanto arte práctico, es tan antigua como el hombre, es relativamente joven en cuanto ciencia dedicada a hacer investigaciones sistemáticas.

Y, en tercer lugar, se enfrenta a los problemas comunes de las ciencias sociales, en las que no suele ser nada fácil aislar las distintas variables que se entremezclan en situaciones complejas, llevar a cabo experimentos en condiciones de laboratorio, o medir los resultados con métricas precisas.

Que conste que, a pesar de todo ello, no tengo ninguna duda de que la pedagogía está avanzando y que va a ser una ciencia que va a aportar mucho. Pero eso no quita para que crea que, con demasiada frecuencia, el Ministerio y las consejerías de Educación han tendido a sobrestimar su capacidad para realizar prescripciones en el presente. Los pedagogos que se cruzaron en mi camino eran gente muy bienintencionada, pero con nula experiencia en el arte práctico de dar clase, y cuya única aportación fue recitarme algunas vaguedades y obviedades. Sinceramente, a esas alturas yo no necesitaba que alguien me explicase que la adolescencia es una edad conflictiva o que es fundamental motivar a los alumnos.

Además, otro de los motivos que me llevaron a desconfiar de la pedagogía fue vivir en directo algunos de sus giros bruscos. Durante unos años se daban las clases con materiales basados en una determinada teoría supuestamente «científica», y de repente venían a decirte que se había demostrado que esa teoría estaba completamente infundada, pero que ahora sí que habían descubierto la auténtica piedra filosofal, que tenías que abrazar con la fe del converso. Y no estamos hablando de modificaciones menores, sino de giros de ciento ochenta grados, como si en medicina de la noche a la mañana te dijesen que los antibióticos en realidad nunca habían servido para nada.

Ahora bien, para ser justos, hay que decir que todo esto no es sino manifestación de un problema que tampoco es que sea exclusivo de la pedagogía, aunque quizá en esta se note algo más: el abismo entre teoría y realidad. Un abismo que, a nada que te descuides, asoma en muchos otros terrenos, desde la arquitectura hasta la política, y con resultados igualmente desastrosos.

Y ojo, que nadie interprete esto como un ataque a las teorías, de las que soy un gran admirador. Las considero grandes instrumentos de conocimiento, así como soy consciente del obstáculo para progresar que supone el quedarse atrapado en los hábitos, en el «siempre se ha hecho así». Pero, por mucho que aprecie las teorías, a estas alturas he sido testigo demasiadas veces del peligro que supone cegarse con ellas hasta el punto de perder el contacto con la realidad.

Por eso, aunque creo que hay una lugar para los teóricos puramente especulativos, considero que la mayor parte de los trabajos los desempeñan mejor quienes son capaces de mantener un pie a cada lado del riachuelo, con uno apoyado en la teoría y el otro en la realidad. Y por eso me irrita cuando veo a quienes desde lo alto de un púlpito o desde detrás de una mesa de despacho pretenden explicarle cómo es la realidad a los que están lidiando con ella cada día en las trincheras.

Porque un tonto atrapado en la rutina puede ser un obstáculo para el progreso, pero a menudo son más peligrosos los tontos que se han quedado pegados a una teoría y pretenden iluminar el mundo con ella.

Una crítica a las políticas de identidad

Por qué creo que nos abocan a un mayor nivel de confrontación

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Mi impresión es que desde hace unos años el centro de gravedad del debate político se ha ido desplazando desde los problemas, las ideas y las ideologías hacia las identidades.

Obviamente, siempre han sido cosas relacionadas. Para afrontar los problemas necesitamos ideas, y nuestras identidades, aunque en parte nos vienen dadas por nuestros genes, en otra buena parte se construyen con nuestras ideologías e ideas. Además, hay veces en que es la identidad la que está en el núcleo del problema, como ocurre en los casos de discriminación.

Sin embargo, el hecho de que desplazarse hacia las identidades no suponga el paso de un compartimento estanco a otro no significa que el cambio sea trivial. Creo que es muy relevante en la medida en que ese cambio nos sitúa en un marco conceptual mucho más proclive al enfrentamiento, y ello por toda una serie de motivos, de los cuales voy a exponer a continuación algunos.

Es mucho más fácil cambiar de idea que cambiar de identidad

Si por alguna razón yo tenía metida en la cabeza la idea de que los setos de mirto son mejores que los de tejo, pero leo un artículo bien razonado que argumenta lo contrario, es fácil que cambie de opinión. Al fin y al cabo, esa idea no forma parte ni de lo que yo siento que soy ni de lo que los demás perciben que soy. Nunca me he comprometido públicamente en favor del mirto; no pertenezco a una organización ecologista que haya hecho bandera de la lucha por el mirto; no he tenido ninguna discusión en una cena familiar con mi cuñado durante la cual él se haya dedicado a burlarse de mis correligionarios y de mí llamándonos «mirtitos pijoprogres»; y tampoco tengo amigos que se vayan a sentir decepcionados por mi apoyo al tejo, y me vayan a a mirar con los ojos dolidos de quien acaba de descubrir otro fascista.

Por eso, un solo artículo bien razonado puede bastar para convencerme. E incluso, aunque no me convenza del todo, estaré más dispuesto a aceptar la posibilidad de estar equivocado.

En otros temas, en cambio, transigir sabría a traición.

Los términos del debate

Cuando discutimos la posible solución a un problema, solemos hablar en términos de eficacia. Cuando discutimos una idea, en términos de certeza o correspondencia con la realidad. Pero, cuando debatimos sobre lo identitario, tendemos a hacerlo en términos de opresores y oprimidos.

Juegos de suma cero

La perspectiva de que lo que se está haciendo es resolver problemas nos predispone hacia la noción de progreso, y el progreso es, en principio, algo de lo que todos nos podemos beneficiar.

En cambio, cuando concibes la realidad como una lucha entre opresores y oprimidos, es fácil que veas los asuntos en disputa como juegos de suma cero, en los que alguien tiene que perder para que otros puedan ganar.

Es cierto que hay voces que tienen buen cuidado de señalar que acabar con la discriminación es algo que nos beneficiaría a todos. Pero esas voces a menudo quedan ahogadas por otras más enfadadas, que plantean los debates en términos de saldar deudas.

Las identidades como bloques

Es mucho más fácil dilucidar la verdad y, por consiguiente, ponerse de acuerdo cuanto más concreto es lo que está en discusión.

Por otra parte, cuando se discuten las ideas una a una, yo puedo estar de acuerdo con A en un caso y con B en otro.

Pero las identidades, todavía en mayor medida que las ideologías, suelen implicar la adopción de bloques, ya no solo de ideas, sino incluso de comportamientos. Una identidad puede darte pautas sobre cómo vestir, cómo comer, qué vocabulario o qué lengua usar, a quién admirar y a quién detestar.

Por eso, en el momento en que en el debate político ganan peso las identidades frente a las ideas, es más fácil que, sea lo que sea lo que está en discusión, yo acabe identificándome siempre con A y nunca con B. Así pues, todos los debates tienden a parecerse a los que se dan en el Congreso: no sirven parar progresar hacia una verdad común, sino para escenificar los enfrentamientos y cohesionar los bandos.

La sabiduría de las multitudes

Uno de los argumentos para defender que todo el mundo participe de forma directa o indirecta en la toma de decisiones es que existe una sabiduría en las multitudes, que puede llegar incluso a superar a las de los pequeños grupos de expertos. Ahora bien, para que esa sabiduría se manifieste, se tienen que dar ciertas condiciones, y una de ellas es que cada una de las personas que constituyen la multitud opine de forma básicamente independiente.

Eso se pierde cuando lo que yo voy a opinar no lo dicta mi experiencia sino mi identidad tribal. El conocimiento específico que cada individuo puede aportar queda ahogado por la necesidad de encajar. Al fin y al cabo, es mucho más fácil aglutinar tribus en torno a prejuicios y dogmas comunes que en torno a experiencias diversas. Así pues, yo puedo no ser capaz siquiera de reconocer los mirtos cuando los tengo delante, pero, si mi tribu grita que son buenos, seré el primero en defenderlos.

La elección de temas y la agenda política

Cuando uno tiene que colaborar con gente con la que tiene profundos desacuerdos, a menudo la estrategia más productiva es aparcar de momento aquello en lo que hay diferencias y centrarse en donde no las hay. Eso permite poner en marcha una dinámica de cooperación.

Pero, por el contrario, la forma más fácil de definir una identidad es por oposición a las demás. Por eso, cuando el debate político se articula en torno a las identidades, la tendencia es a poner el foco en aquello donde no hay acuerdo. Además, los partidos se suman pronto a esa dinámica, puesto que, en una sociedad dividida, les es más fácil captar votos en caladeros específicos que apelando al conjunto. Y por eso sus mensajes y sus políticas buscan agitar todavía más esos sentimientos identitarios.

En consecuencia, en la agenda política acaban cobrando protagonismo todos aquellos asuntos que sirven para subrayar las divisiones. Y, entretanto, temas tan graves como el suicidio, la pobreza infantil o la baja productividad quedan enterrados bajo el ruido, porque son a la vez complejos de solucionar y poco útiles como arma arrojadiza.

La democracia como número

Cuando hay que tomar una decisión, el ideal es que se pueda tomar por consenso, que nadie se quede con la sensación de que ha tenido que ceder en todo para que otros ganen en todo.

Pero, en el momento en que nos blindamos en las identidades y los debates dejan de servir para acercar posturas, nos vemos abocados a otra concepción de la democracia, la numérica, en el que quienes consiguen articular una mayoría imponen su visión sobre los derrotados.

Estamos entonces ante una política de giros bruscos, en la que cada cambio de poder va seguido de un deshacer para volver a hacer.

Sin embargo, dos matices

Habrá quien argumente que la política, tal y como se venía practicando hasta ahora, no ha demostrado ser capaz de eliminar las discriminaciones, y habrá también quien señale que para mí es fácil criticar las políticas de identidad, ya que, como hombre blanco heterosexual, la mía se beneficia del statu quo.

Ambas cosas son ciertas. Y, con respecto a la segunda, no queda sino reconocer que es posible que, si mi identidad fuese otra, mi visión también lo fuese.

Pero, en cuanto a la primera, he de señalar que el hecho de que hasta ahora no hayamos conseguido resolver de manera satisfactoria el problema de la discriminación no implica que el tránsito hacia las políticas de identidad vaya a dar mejores resultados. Por los motivos ya expuestos, tengo mis dudas. No creo que la solución a que haya grupos discriminados vaya a venir por lo que puede fomentar el enfrentamiento entre grupos. Sigo pensando, quizá ingenuamente, que la solución tiene que venir por reafirmar una y otra vez el concepto de ciudadanía, un concepto que no se define por oposición a otros sino por la igualdad esencial de derechos, en todo momento, en toda circunstancia y para todos.

Pero, en cualquier caso, me gustaría oír argumentaciones contrarias; argumentaciones que, aunque no consigan hacerme cambiar de identidad, si puedan, a lo mejor, hacerme cambiar de idea.

Sobre bulos y censura

Y sobre los peligros de ampliar el poder del Estado

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Antes de empezar, una aclaración: este artículo no pretende ser una crítica a la famosa Orden PCM/1030/2020, recientemente aprobada, que regula un procedimiento de actuación contra la desinformación. No me considero capacitado para valorarla.

Pero, a raíz de dicha orden, volvieron a resucitar los debates sobre el daño que causan los bulos y sobre la necesidad de controlarlos, y volví a ver a gente que defendía la conveniencia de que el Estado interviniese de forma activa para combatir la difusión de mentiras, practicando la censura o incluso castigando como delito la propagación de información falsa. Y puesto que no estoy de acuerdo con esas opiniones, en este artículo intentaré argumentar por qué.

El problema y la solución

Cuando alguien defiende una solución para un problema, señalar que este existe es solo la mitad del trabajo. La otra mitad consiste en demostrar que la solución propuesta no va a causar más perjuicios que el propio problema. Y los defensores de la censura suelen hacer muy bien la primera parte, pero no tanto la segunda.

Nadie discute que las mentiras y los bulos pueden hacer daño. Por eso, insistir en ello no aporta nada. Donde no hay acuerdo es sobre si es factible articular un sistema para eliminarlos que funcione de forma eficaz, que no dé muchos falsos positivos, y que no acabe sirviendo como un arma al servicio de unos intereses frente a otros.

Porque darle al Estado el poder de decidir qué es verdad y qué es mentira es darle un poder inmenso. Y por eso mismo solo solemos concedérselo en casos muy concretos y exigiéndole que lo haga mediante procesos cargados de garantías.

La falacia del caso extremo

A la hora de justificar soluciones radicales, como son los poderes extraordinarios, hay un recurso típico que es el de centrar el debate en los casos extremos, aquellos que provocan una reacción casi instintiva. Si buscas casos lo suficientemente extremos, puedes llegar a justificarlo casi todo.

De hecho, es un recurso tan efectivo como clásico. Hace ya más de dos siglos que Jeremy Bentham planteó lo que se conoce como el ticking time bomb scenario: si hay una bomba de relojería que puede matar a una multitud de personas inocentes, ¿no estaría justificado torturar a un terrorista para hacerle confesar dónde la ha puesto?

Pero, a la hora de aprobar que el Estado pueda usar medidas coercitivas, es mejor no pensar tanto en los casos extremos como en las situaciones normales, y plantearse adónde nos puede llevar el abrir esa puerta y empezar a deslizarse por esa pendiente. Porque la realidad, la triste realidad, es que cualquier poder es susceptible de ser mal utilizado. De hecho, los Estados que torturan no suelen hacerlo para salvar de las bombas a multitudes inocentes sino para mantenerlas sometidas.

¿Qué es verdad?

Los defensores de la censura suelen considerar que es relativamente sencillo determinar qué es verdad y qué es mentira. De nuevo es porque ponen los ojos en los casos extremos, como la afirmación de que beber lejía puede ser una cura para la COVID-19.

Pero lo cierto es que, en cuanto nos desplazamos aunque solo sea un poco del extremo, las cosas se vuelven mucho más confusas. En primer lugar, en el momento en que entran en juego los matices y la selección de datos, es mucho más difícil determinar qué es verdad y qué no. Por eso, en un titular de un periódico podemos leer que alguien había propuesto una medida, mientras que en el titular de otro medio se dirá que lo que había hecho esa persona fue reconocer que no se había propuesto formalmente dicha medida. El paro ha subido o ha bajado según el momento desde el que empezamos a contar. Las mascarillas y los corticoides no eran buenos para combatir el coronavirus en febrero, pero sí lo eran en octubre. Etc., etc.

Además, si el hecho de que una creencia sea falsa bastase para considerar que no debe ser difundida, íbamos a tener un problema grave con las religiones. La afirmación, por ejemplo, de que la madre de Jesús era virgen no parece muy compatible con lo que nos dice la ciencia.

Por eso, para justificar censurar un bulo no bastaría con que sea una afirmación falsa, sino que habría que considerarla además peligrosa. Pero determinar qué es peligroso es todavía más difícil y discutible que determinar qué es falso, porque implica especular sobre posibles consecuencias futuras.

Ante eso, los defensores de la censura argumentarán que no se trata de aplicarla en los casos dudosos sino solo en los evidentes. Pero, dejando aparte que tampoco solemos estar de acuerdo en qué es lo evidente, eso nos empuja de vuelta hacia el punto del que partimos: el caso extremo.

Democracia y verdad

Si uno echa un vistazo al mundo y a la historia, es fácil ver que donde mejor prospera la verdad no suele ser en las sociedades donde se le ha dado al Estado la potestad de establecerla, sino en aquellas donde se considera una cuestión abierta que hay que ir resolviendo en el debate público.

La mentira como oligopolio

Muchos políticos mienten. Mienten diputados, mienten senadores y mienten portavoces parlamentarios. Muchos políticos mienten cuando están en la oposición y siguen haciéndolo cuando están en el Gobierno. Y no hay trazas de que tengan intención de dejar de hacerlo.

Por lo tanto, cuando se habla de que el poder pueda perseguir los bulos, no se está hablando de erradicar completamente la mentira del debate público. De lo que en realidad se está hablando es de establecer un monopolio o un oligopolio sobre la misma.

La mejor arma contra la desinformación es la verdad

Si un Gobierno realmente quiere combatir la desinformación, tiene alternativas a practicar la censura. Puede empezar por decir la verdad de forma sistemática. Puede ofrecer a los ciudadanos información clara, cierta y relevante. Puede asegurarse de que la televisión pública sea un medio riguroso y objetivo, y no un órgano de propaganda.

De la misma forma que el fuego prende mejor en los campos descuidados, los bulos prenden mejor allí donde se ha sembrado la desconfianza. Cuando un ciudadano ve que las autoridades le mienten alguna que otra vez, se vuelve más susceptible de creer lo que le susurren otras voces. Si la televisión pública muestra un sesgo ideológico, es más fácil que el resto de medios también lo hagan.

Por eso, quizá la mejor forma y la más sencilla de combatir la desinformación no sea practicar la censura, sino construir un sólido muro de verdad. Y, como ya comenté en otra ocasión, los Gobiernos y los partidos que los apoyan están en una situación privilegiada para hacerlo, porque siempre hay micrófonos dispuestos a amplificar sus voces. Así pues, si aprovechasen esos micrófonos para decir la verdad, si cada vez que hablan reforzasen un poquito su credibilidad, puede que acabasen dejando muy poco espacio para los bulos.

En cambio, otorgarles el poder de decidir qué es verdad a quienes tienen por costumbre mentir cuando les conviene me parece una idea peligrosa.

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A raíz de los comentarios de @asombrada_muy, a quien se los agradezco, he matizado el artículo para dejar claro que no mienten todos los políticos. De hecho, hay algunos que me consta que tienen una relación bastante fiel con la verdad a pesar de que no es lo que el sistema parece favorecer.

«La justicia emana del pueblo»

Una reflexión sobre el significado de esa frase

Constitución Española de 1978, cortesía de Wikimedia Commons

Que una Constitución democrática afirme que los poderes del Estado emanan del pueblo es lógico e incluso redundante, porque la democracia se asienta sobre el principio de que el pueblo es el soberano y el origen último de todo poder.

Sin embargo, a veces oímos a algunos esgrimir esa frase para ir más allá. Se señala que, puesto que los jueces no han sido elegidos directamente por la ciudadanía, el Poder Judicial carece de una legitimidad democrática equiparable a la del Legislativo y debería, por tanto, quedar subordinado a este.

Yo no estoy de acuerdo con esa inferencia y creo que quienes la extraen parten de un error de concepto: el de confundir a la mayoría del pueblo (y sus derechos) con la totalidad del pueblo (y los suyos).

La regla de la mayoría y los derechos individuales

A diferencia de la democracia en la Grecia clásica, las modernas democracias liberales se han articulado reconociendo que va a haber siempre una tensión entre la regla de la mayoría y la necesidad de proteger los derechos de las minorías. En otras palabras, es necesario encontrar un punto de equilibrio que permita a la mayoría gobernar pero sin llegar a ejercer una dictadura.

No todos los países han seguido el mismo camino a la hora de intentar resolver ese conflicto. Reino Unido, por ejemplo, ha recorrido el suyo propio, pero en muchos otros países, incluyendo el nuestro, la solución que se ha elegido es la de no reconocerle la supremacía al Poder Legislativo, sino otorgársela a la Constitución, una Constitución que, si está bien redactada, debería reflejar no la voluntad de una parte más o menos amplia del pueblo, sino el mayor grado de consenso que sea razonable conseguir en el conjunto del pueblo. No puede, por tanto, transcribir directamente el programa de una parte del espectro político, sino que tiene que aspirar a crear un marco dentro del que puedan convivir todos los partidos democráticos.

Es evidente, sin embargo, que cualquier Constitución, por muy bien redactada que esté, siempre será un fracaso parcial. En primer lugar, porque siempre va a haber puntos en los que la sociedad esté fracturada y una parte sienta que está siendo sometida a la dictadura del resto. Y, en segundo lugar, porque las Constituciones, por su carácter defensivo, siempre van a tener un sesgo hacia el statu quo. Ambos son problemas graves, sin duda, pero a los que de momento no hemos sido capaces de encontrarles soluciones perfectas, solo razonables.

La función de la Constitución

Las constituciones suelen tener muchos artículos, por lo que es evidente que cumplen toda una variedad de funciones. Una de las principales es la de regular el funcionamiento de los distintos Poderes, que serán, por tanto, plenamente legítimos en cuanto se organicen y funcionen de acuerdo a esas reglas. Y en los Estados descentralizados, la Constitución cumple también la importante función de regular otra distribución del poder: la territorial.

Ahora bien, si nos preguntamos cuál es la función última y esencial de la Constitución, esta sería la ya aludida de proteger los derechos del individuo y de las minorías frente a la voluntad de las mayorías, y el principal mecanismo para ello es el de la separación de poderes.

Eso se plasma muy bien en ese artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que a mí tanto me gusta citar:

16. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución.

La separación de poderes

Pero, una vez establecida la conveniencia de que haya una separación de poderes, se plantea la cuestión de cómo conseguirla, y se suele intentar lograrlo aplicando dos reglas:

a) Que un poder no pueda dominar a los otros.

b) Que los miembros de cada uno de los poderes sean elegidos con mecanismos y ritmos distintos.

La primera es evidentemente imprescindible, pero es fácil ver que la segunda también lo es, porque, si se elige a quienes constituyen todos los poderes de una manera parecida, tendremos una separación formal, pero en la práctica representarán los mismos intereses, los de la mayoría, sin contrapeso alguno.

A este respecto, es oportuno hacer dos comentarios:

El primero es que en los sistemas de gobierno parlamentario la separación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo ya está atenuada, puesto que es el primero el que elige al segundo. Y cuando un partido obtiene una mayoría absoluta, lo normal es que el Gobierno ejerza un control férreo sobre las cámaras mediante la disciplina de partido.

El segundo es que en España la separación entre el Legislativo y el Judicial se ha visto también mermada desde que el primero decidió modificar la ley para hacerse con el control absoluto del Consejo General del Poder Judicial, lo que permite a los partidos determinar los nombramientos para los tribunales que más les afectan.

Poderes encarnados por hombres, no por ángeles

«Si los hombres fuesen a ser gobernados por ángeles, no harían falta controles internos ni externos sobre el gobierno».

James Madison, El Federalista, n.º 51.

Es importante recordar, además, que los teóricos de la separación de poderes nunca fueron tan ingenuos como para aspirar a que alguno de ellos fuese a estar encarnado por seres angelicales, sin sus propios intereses y sesgos. Por eso, la independencia del Poder Judicial no se justifica con la idea de que los jueces vayan a ser personas más puras que los parlamentarios. Si realmente tuviésemos un mecanismo que garantizase encontrar seres inmaculados, lo lógico sería emplearlo para seleccionar a los parlamentarios en primer lugar. Pero, puesto que no lo tenemos, lo que va a garantizar la pureza de los comportamientos es someter la naturaleza humana a controles externos.

Así pues, lo que realmente se pretende es que el poder no acabe concentrado en quienes comparten ambiciones comunes, sino repartido entre quienes puedan tenerlas distintas. En palabras, de nuevo, de James Madison: «que la ambición contrarreste la ambición».

Ese es el motivo por el que quienes afirman que sería inútil devolverle a la judicatura la capacidad de elegir a los miembros de su propio órgano de gobierno, con el argumento de que los jueces tampoco están libres de intereses, yerran el tiro. Ya sabemos que no nos movemos en el terreno de la utopía. Pero de lo que se trata es de intentar evitar que las ambiciones de jueces y parlamentarios se alineen unas con otras; algo que sí puede ocurrir si los ascensos de los primeros dependen de los segundos. ¹

La imparcialidad e independencia del Poder Judicial

En España el acceso a la carrera judicial se hace principalmente por la vía de la oposición. Eso cumple la regla que señalábamos antes de asegurar que no todos los miembros de los distintos poderes se elijan por el mismo mecanismo, pero es evidente que no basta por sí solo para asegurar que los jueces sean siempre impecables. Por ello, no solo es lícito sino también necesario mantener un debate continuo sobre las distintas formas en que se pueda mejorar el sistema, tanto en lo que se refiere al acceso como al funcionamiento.

Ahora bien, a la hora de afrontar ese debate conviene distinguir entre quienes realmente se embarcan en él porque aspiran a mejorar la imparcialidad del sistema y quienes, en cambio, esgrimen los posibles defectos como excusa para socavar la independencia del Poder Judicial. Estos segundos nos hacen un flaco servicio, porque imparcialidad e independencia no deben presentarse nunca como fines contrapuestos. Es cierto que, desgraciadamente, puede haber independencia sin imparcialidad, pero lo que desde luego no va a haber nunca es imparcialidad sin independencia.

Por eso, conviene recordar que esta última no es ningún privilegio de los jueces sino un derecho de los ciudadanos, y un derecho que más nos vale defender. Nos va la democracia en ello.

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¹ Es justo decir que, como me ha señalado algún juez, los miembros de la carrera no se limitan a pedir que se les devuelva la capacidad de elegir a doce de los veinte vocales del CGPJ, sino que también señalan la conveniencia de establecer criterios objetivos para dichos nombramientos y poner coto así al papel que puedan jugar en ellos las ambiciones. No se trataría solo de repartir el poder sino de someter este a la ley.

(Este texto, como todos los de este blog, está en continuo proceso de revisión, por lo que ha experimentado algunos cambios menores).